16 de mayo de 2025
Daniel Noboa declaró como grupos armados organizados al Frente Oliver Sinisterra, Disidencias Comuneros del Sur y Comandos de la Frontera
Mario Ramos
@EstrategoPol
Entre los años 2007 y 2017 (11 años), en Ecuador se realizaron al menos 1.339 operativos contra la minería ilegal, según datos oficiales (Fuentes: Informes del Ministerio del Ambiente (MAE). Reportes del sector seguridad y defensa. Noticias de medios como El Comercio y El Universo que cubrieron varios de estos operativos). Estas intervenciones fueron ejecutadas principalmente por la Fuerza Pública (FF.AA. y Policía Nacional), en coordinación con el Ministerio del Ambiente y otras instituciones.
Estos operativos tuvieron mayor intensidad después de 2011. El gobierno de ese momento declaró la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional.
Las zonas más intervenidas fueron: Las provincias de Zamora Chinchipe, El Oro, Esmeraldas y Napo, donde la minería ilegal estaba más extendida. En muchos casos, se decomisaron o inutilizaron dragas, excavadoras y balsas mineras utilizadas en ríos como el Zamora y el Napo.
Impacto ambiental: Estos operativos buscaban frenar la contaminación por mercurio y cianuro, así como la deforestación causada por la minería no regulada.
Sería interesante que se nos informe cuantos operativos contra la minería ilegal se realizaron en los gobiernos MOLANO (Moreno-Lasso-Noboa). Pero partiendo del supuesto que en estos gobiernos también realizaron algunos cientos o decenas de operativos contra la minería ilegal, la pregunta es: ¿Por qué ahora ese operativo tuvo un desenlace fatal? Once militares ecuatorianos asesinados, por un GDO denominado ‘Comandos de frontera’ que hasta ese momento era desconocido en el país (o al menos yo lo desconocía) y no consta en el decreto No. 111 (9/enero/2024) con el cual Noboa se inventa el conflicto armado interno, y declara como actores no estatales beligerantes y terroristas a 22 GDO, algunos de los cuales, siguen siendo desconocidos, o al menos no tienen una exposición mediática como otros.
Me llamó la atención que en un principio se informó que la emboscada fue en la línea de frontera con Colombia, pero pronto hubo personas en las redes sociales que informaron que el Alto Punino no es en ese sector, sino prácticamente en el límite entre las provincias de Orellana y Napo, es decir, muy adentro en nuestro territorio, evidenciando la pérdida de control territorial por parte de la Fuerza Pública.
También me llamó la atención que muy pronto circuló en redes sociales, una: “Carta de un soldado al Ecuador” donde se dice cosas como estas: (…) “¿Dónde están ahora los defensores de derechos humanos? (…) Nos exigen dar la vida, pero nos atan las manos con normas que muchas veces protegen más al delincuente que al ciudadano honesto… (…). Es decir, discursos cliché que se dicen hace mucho, que evidencian la autoría de donde proviene. Está muy claro que existen suficientes normas legales para enfrentar esas situaciones. ¿Entonces qué se quiere posicionar? ¿Acaso ir preparando a la población para echar abajo la Constitución con los pretextos y discursos falaces que suele usar siempre el neoliberalismo?
Suponiendo que existiera una guerra real como dice Noboa, bueno, de acuerdo a la Trilogía de Clausewitz que la estudian muy bien en las academias militares, se requiere de la unión de pueblo, ejército y gobierno para ganarla. Y me pregunto, se puede ganar una guerra con la institucionalidad de seguridad y defensa destruida. Se puede ganar una guerra, cuando una parte importante de esa trilogía ha perdido conciencia histórica y empatía con el pueblo. O acaso creen en las FF.AA. que después del cruel asesinato de los cuatro niños, entre otros hechos, la lista es larga, buena parte del pueblo todavía tiene confianza en sus FF.AA. Se puede ganar una guerra con un gobierno que ha perdido legitimidad, por no decir que ya no goza de ninguna.
Dudo que se investigue como debe ser ese lamentable hecho. Dudo que se sancione a los responsables de ese fracasado operativo, que como el desenlace lo evidenció, demostró graves falencias en su preparación y realización. Dudo que en las FF.AA. se cuestionen seriamente lo que está sucediendo realmente en el país, y dejen de creer en la película de cartón que les pasan todos los días.
11:45 p. m. · 12 mayo 2025
@EstrategoPol
Entre los años 2007 y 2017 (11 años), en Ecuador se realizaron al menos 1.339 operativos contra la minería ilegal, según datos oficiales (Fuentes: Informes del Ministerio del Ambiente (MAE). Reportes del sector seguridad y defensa. Noticias de medios como El Comercio y El Universo que cubrieron varios de estos operativos). Estas intervenciones fueron ejecutadas principalmente por la Fuerza Pública (FF.AA. y Policía Nacional), en coordinación con el Ministerio del Ambiente y otras instituciones.
Estos operativos tuvieron mayor intensidad después de 2011. El gobierno de ese momento declaró la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional.
Las zonas más intervenidas fueron: Las provincias de Zamora Chinchipe, El Oro, Esmeraldas y Napo, donde la minería ilegal estaba más extendida. En muchos casos, se decomisaron o inutilizaron dragas, excavadoras y balsas mineras utilizadas en ríos como el Zamora y el Napo.
Impacto ambiental: Estos operativos buscaban frenar la contaminación por mercurio y cianuro, así como la deforestación causada por la minería no regulada.
Sería interesante que se nos informe cuantos operativos contra la minería ilegal se realizaron en los gobiernos MOLANO (Moreno-Lasso-Noboa). Pero partiendo del supuesto que en estos gobiernos también realizaron algunos cientos o decenas de operativos contra la minería ilegal, la pregunta es: ¿Por qué ahora ese operativo tuvo un desenlace fatal? Once militares ecuatorianos asesinados, por un GDO denominado ‘Comandos de frontera’ que hasta ese momento era desconocido en el país (o al menos yo lo desconocía) y no consta en el decreto No. 111 (9/enero/2024) con el cual Noboa se inventa el conflicto armado interno, y declara como actores no estatales beligerantes y terroristas a 22 GDO, algunos de los cuales, siguen siendo desconocidos, o al menos no tienen una exposición mediática como otros.
Me llamó la atención que en un principio se informó que la emboscada fue en la línea de frontera con Colombia, pero pronto hubo personas en las redes sociales que informaron que el Alto Punino no es en ese sector, sino prácticamente en el límite entre las provincias de Orellana y Napo, es decir, muy adentro en nuestro territorio, evidenciando la pérdida de control territorial por parte de la Fuerza Pública.
También me llamó la atención que muy pronto circuló en redes sociales, una: “Carta de un soldado al Ecuador” donde se dice cosas como estas: (…) “¿Dónde están ahora los defensores de derechos humanos? (…) Nos exigen dar la vida, pero nos atan las manos con normas que muchas veces protegen más al delincuente que al ciudadano honesto… (…). Es decir, discursos cliché que se dicen hace mucho, que evidencian la autoría de donde proviene. Está muy claro que existen suficientes normas legales para enfrentar esas situaciones. ¿Entonces qué se quiere posicionar? ¿Acaso ir preparando a la población para echar abajo la Constitución con los pretextos y discursos falaces que suele usar siempre el neoliberalismo?
Suponiendo que existiera una guerra real como dice Noboa, bueno, de acuerdo a la Trilogía de Clausewitz que la estudian muy bien en las academias militares, se requiere de la unión de pueblo, ejército y gobierno para ganarla. Y me pregunto, se puede ganar una guerra con la institucionalidad de seguridad y defensa destruida. Se puede ganar una guerra, cuando una parte importante de esa trilogía ha perdido conciencia histórica y empatía con el pueblo. O acaso creen en las FF.AA. que después del cruel asesinato de los cuatro niños, entre otros hechos, la lista es larga, buena parte del pueblo todavía tiene confianza en sus FF.AA. Se puede ganar una guerra con un gobierno que ha perdido legitimidad, por no decir que ya no goza de ninguna.
Dudo que se investigue como debe ser ese lamentable hecho. Dudo que se sancione a los responsables de ese fracasado operativo, que como el desenlace lo evidenció, demostró graves falencias en su preparación y realización. Dudo que en las FF.AA. se cuestionen seriamente lo que está sucediendo realmente en el país, y dejen de creer en la película de cartón que les pasan todos los días.
11:45 p. m. · 12 mayo 2025
16 de mayo de 2025
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Rusia Today RT
Moscú 16.05.2025 Entrevista al analista Alexis Ponce: DURO CUESTIONAMIENTO A NOBOA TRAS ÉSTE DECLARAR QUE PEDIRÁ A PRESIDENTE DE COLOMBIA GUSTAVO PETRO UNA DIZQUÉ "COORDINACIÓN MILITAR CONJUNTA" para así regionalizar su "guerra" falsa. |
Ponce refiere las denuncias de periodistas sobre oficiales de Casa Presidencial Militar involucrados en avisar a delincuentes de la mafia de la minería ilegal, acerca del operativo, por lo cual emboscaron a 11 soldados; refiere el reciente embarque millonario de bananas con cocaína detectado y detenido en Rusia el 13 de mayo, mismo día de la posesión de Noboa en la Asamblea Nacional, cuestiona que no incluya a la mafia Albanesa en su lista de "guerra", advierte de la intención de Noboa y de quienes están detrás de éste, en regionalizar las operaciones de bandera falsa, cortinas de humo y su "guerra" falseta.
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18 de mayo de 2025
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Melania Carrión
@melaniacarrion Algunas alertas del proyecto de ley económico urgente: 1. Incluye temas innecesarios que ya constan en leyes como la LSPE 2. Crea por ley un régimen para la impunidad frente a violaciones de DDHH hasta con “jueces especializados”. 3. Confunde temas de seguridad, derecho humanitario, penales y económico. 4. Instituye el clientelismo político como política pública de seguridad. 5. Consagra sin límites la discrecionalidad para regímenes tributarios excepcionales. 6. Legaliza la narrativa del “CANI” 7. Abre la puerta para la persecución a líderes sociales y defensores de DDHH 8. No cumple con los criterios para la calificación como urgente en materia económica. 9. Incluye disposiciones contrarias al bloque de constitucionalidad. |
ALERTA ECUADOR: Grave retroceso democrático en marcha.
La ley "económica urgente" enviada por Daniel Noboa es todo, menos urgente… y mucho menos económica. Normaliza la impunidad en violaciones de DD.HH. Confunde seguridad con derecho penal y tributario Legaliza el clientelismo como política pública Criminaliza la defensa de derechos Otorga discrecionalidad tributaria sin límites Viola principios constitucionales Y ni siquiera cumple criterios de urgencia económica *No es una ley, es una amenaza.* La Calle
@radiolacalle #ENTREVISTA | El gobierno de Daniel Noboa no está dimensionando la magnitud de problema de minería ilegal en nuestra Amazonía. El fundador del colectivo Napo Ama La Vida, José Moreno, asegura que el crimen organizado se ha fortalecido por el silencio de las autoridades locales de control. Además tienen una lista de requerimientos, como declarar en emergencia a la provincia. |
19 de mayo de 2025
"TODO, MENOS LA DICTADURA!" (Don Eloy Alfaro)
Repudio totalmente el infame proyecto de ley, mal llamado "proyecto económico urgente", emitido por Noboa y su clan de poder oligárquico, que buscan concretar una desembozada, vengativa, feroz e impune dictadura civil - militar - policíaca con fachada presidencialista, y un gobierno basado en el Código Penal, no en la Constitución, arrasando con TODO lo que el Ecuador había avanzado en materia de Derechos Humanos desde el retorno a la democracia en 1979. Solicito a la comunidad latinoamericana, angloamericana, europea y euroasiática, a mis amistades y hermandades de DDHH, luchadores sociales, pacifistas, intelectuales y periodistas en EEUU, Rusia, México, Portugal, Colombia, España, Cuba, Alemania, Bolivia, Inglaterra, Argentina, Dinamarca, Brasil, Suiza, Chile, Francia, Venezuela, Canadá, Perú, Bélgica y Uruguay, para que estén alertas frente a la aceleración y consolidación del proyecto fascistoide y de ocupación extranjera del fraudulento regímen empresarial en el país. La plutocracia local y sus aliados extranjeros, nos retrocedieron al oligárquico Siglo 19. Pues bien... entonces volveremos para defender a nuestra Patria y nuestros hijos, junto con Juan Montalvo, Manuela Sáenz, Roberto Andrade, Antonio José de Sucre, Manuela Espejo, Juanita Terrazas, Eloy Alfaro, Luis Vargas Torres, y Dolores de Veintimilla. Quito, 19. 05. 2025 Alexis Ponce Defensor de DDHH Ecuador |
Mi hijo era #Campesino, no era comando de frontera
Padre rompe el silencio y pide justicia por la muerte de su hijo en operativo militar en Orellana #LuisAlbertoGuelardo llegó esta mañana a la morgue sin imaginar que encontraría el cuerpo de su hijo. La versión oficial del Ejército Ecuatoriano indicaba que un “guerrillero” había sido abatido en un enfrentamiento armado en la provincia de Orellana, pero para él, esa historia no encaja con la verdad. “El nunca fue parte de ningún grupo armado. Mi hijo era campesino, trabajaba en la minería desde hace años en Punino. Vivía allí, la gente lo conoce. No tenía armas, ni siquiera le gustaban. Le tenía miedo a las armas”, expresó con dolor. Según el padre, su hijo habría sido interceptado por militares y, al negarse a entregar su teléfono celular, fue supuestamente asesinado. “Por no dar su celular lo mataron. Luego le pusieron un fusil, solo para justificar lo que hicieron. Eso no es justicia”, dijo entre lágrimas. El joven, según su familia, nunca tuvo antecedentes, ni vínculos con grupos armados. “Ese teléfono ahora está desaparecido. Timbra y timbra, pero nadie responde. ¿Por qué lo mataron si era un trabajador? Solo queremos que se diga la verdad”, añadió don Luis. La madre del joven, Ana Lidia, aún no ha dado declaraciones públicas, pero los familiares en conjunto exigen justicia. “Pedimos que esto no se quede así. Que se investigue quién dio la orden, quién disparó, y por qué le arrebataron la vida a alguien inocente”, señalaron. El Ejército informó que se trató de un enfrentamiento con integrantes del grupo armado ilegal GIA Comandos de la Frontera. En su comunicado oficial, aseguraron que el individuo abatido disparó contra una patrulla, por lo cual respondieron con el uso legítimo de la fuerza. En el lugar dijeron haber encontrado un fusil. Sin embargo, esta versión es cuestionada por la familia. “¿Dónde están las pruebas de que era un comando? Nosotros sí tenemos pruebas de que era un humilde trabajador. Que muestren ellos las suyas. ¿O están pagando justos por pecadores?”, cuestionó el padre. Mientras las operaciones militares continúan en la zona para desarticular presuntas redes armadas, queda en manos de las autoridades esclarecer este caso que ha conmovido a la comunidad. “Lo único que queremos es justicia. Mi hijo era campesino, no era comando de frontera”, repite una y otra vez el padre, con el corazón destrozado y la esperanza de que la verdad algún día salga a la luz. 
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20 de mayo de 2025
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La vicepresidenta María José Pinto confirma que su gobierno nos convirtió en Haití.
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"El proyecto (de ley contra la economía criminal) apunta a demostrar lo que es la Corte Constitucional, una corte conspiradora", dijo el periodista Carlos Vera (20/mayo/2025 - Teleamazonas)
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21 de mayo de 2025
“Hemos visto como el crimen organizado toma economías locales de familias. Hay negocios cerrados, familias empobrecidas, fuentes de empleos reducidos”, sostuvo Pablo Dávila.
De acuerdo con cifras del mismo Gobierno Nacional, que constan en el proyecto de ley enviado al Legislativo, hasta abril de este 2025, se han registrado 3.084 homicidios a escala nacional. Todo esto pese al denominado «Plan Fénix» del Ejecutivo.
De acuerdo con cifras del mismo Gobierno Nacional, que constan en el proyecto de ley enviado al Legislativo, hasta abril de este 2025, se han registrado 3.084 homicidios a escala nacional. Todo esto pese al denominado «Plan Fénix» del Ejecutivo.
22 de mayo de 2025
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Ernesto Damián
@ErnstPazmi Sobre la designación de Diana Salazar parte 2. - El “Beneplácito” de un País para que una persona sea embajador/a de otro en su territorio, es el consentimiento que da el Estado receptor, una vez revisada la carpeta de la persona propuesta; si bien no implica automáticamente que esa persona ingresa al servicio exterior desde ese momento sino desde la presentación de sus “cartas credenciales” ( Art. 13 Convención de Viena), pero sí implica y se entiende que la persona propuesta a más de cumplir varios requisitos adicionales, goza de la confianza del Estado acreditante pues pasaría a ser subordinado/a del Ejecutivo; - SIN EMBARGO, Diana Salazar, al momento de la obtención del beneplácito, ejercía sus funciones como Fiscal General del Estado es decir la Titularidad de la Acción Penal (Art.195 CRE) lo que exige que el ejercicio de sus funciones se desarrolle en el marco de la INDEPENDENCIA DE OTRAS FUNCIONES, entre otros principios fundamentales. - A partir de aquello se vuelve pertinente analizar a profundidad la presumible existencia de conductas que se pueden adecuar a infracciones penalmente relevantes tanto de la señora Salazar como del presidente: conflicto de intereses por ejemplo, ya que su atribución para ejercer la acción penal pública se veía necesariamente limitada al tratarse del Ejecutivo (Presidente), por ser su acreditante ante el Estado de Argentina; tráfico de influencias del presidente con la ex Fiscal, quien aprovechando su posición pudo obtener preferencias (acuerdo de impunidad) para no impulsar, desviar, archivar o evadir acciones penales específicas; y lo que le encanta a la Fiscalía Asociación ilícita o delincuencia organizada. - Sin duda se abre una necesidad de análisis profundo, pues los hechos evidencian posibles actuaciones colusorias que en un Estado de Derecho deberían ser investigadas y sancionadas. 
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Kevin José Collaguazo
@KevinJoseColla
Examen desde teoría económica de la “política económica” a través de la ley de urgencia económica enviada por @DanielNoboaOk a la @AsambleaEcuador . ¿Es benefactora? ¿Carece de fundamento económico?
1.- Teoría Monetaria Moderna: - En un régimen de soberanía monetaria, el Estado puede financiar gasto público con creación de moneda. - está dolarizado, por lo que no emite su propia moneda, y no puede usar los mecanismos TMM.
- Toda expansión fiscal debe financiarse vía tributación o deuda sin emisión monetaria, el margen para incentivos fiscales es reducido - Una rebaja del 30% en impuesto a la renta implica menor recaudación, por tanto, menos recursos para gasto público, sin compensación vía emisión moneda.
2.- Hyman Minsky advertía que un sistema financiero sin regulación prudencial se vuelve inestable. - Al derogar parte del ingreso tributario sin crear un contrapeso (ej: crédito público a PYMES), se deja al Estado con menos capacidad para actuar como prestamista de última instancia.
3.- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) -Art. 104 COPFP prohíbe a entidades del sector público “realizar donaciones o asignaciones no reembolsables” salvo excepción reglamentaria del Presidente, y siempre que exista partida presupuestaria previa
- El proyecto autoriza donaciones privadas con rebaja fiscal, incentivando flujos hacia FFAA/PNA sin que ello sea “asignación no reembolsable” del presupuesto estatal, pero sí impacta el presupuesto vía menor recaudo. Choca con la lógica del COPFP.
4.- Programación Fiscal Plurianual: - El Art. 87 del COPFP obliga a una programación fiscal plurianual (2025-2028) y evaluación de sostenibilidad antes de aprobar incentivos que afecten ingresos permanentes . -Falta de estudio de impacto fiscal específico para estos incentivos.
@KevinJoseColla
Examen desde teoría económica de la “política económica” a través de la ley de urgencia económica enviada por @DanielNoboaOk a la @AsambleaEcuador . ¿Es benefactora? ¿Carece de fundamento económico?
1.- Teoría Monetaria Moderna: - En un régimen de soberanía monetaria, el Estado puede financiar gasto público con creación de moneda. - está dolarizado, por lo que no emite su propia moneda, y no puede usar los mecanismos TMM.
- Toda expansión fiscal debe financiarse vía tributación o deuda sin emisión monetaria, el margen para incentivos fiscales es reducido - Una rebaja del 30% en impuesto a la renta implica menor recaudación, por tanto, menos recursos para gasto público, sin compensación vía emisión moneda.
2.- Hyman Minsky advertía que un sistema financiero sin regulación prudencial se vuelve inestable. - Al derogar parte del ingreso tributario sin crear un contrapeso (ej: crédito público a PYMES), se deja al Estado con menos capacidad para actuar como prestamista de última instancia.
3.- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) -Art. 104 COPFP prohíbe a entidades del sector público “realizar donaciones o asignaciones no reembolsables” salvo excepción reglamentaria del Presidente, y siempre que exista partida presupuestaria previa
- El proyecto autoriza donaciones privadas con rebaja fiscal, incentivando flujos hacia FFAA/PNA sin que ello sea “asignación no reembolsable” del presupuesto estatal, pero sí impacta el presupuesto vía menor recaudo. Choca con la lógica del COPFP.
4.- Programación Fiscal Plurianual: - El Art. 87 del COPFP obliga a una programación fiscal plurianual (2025-2028) y evaluación de sostenibilidad antes de aprobar incentivos que afecten ingresos permanentes . -Falta de estudio de impacto fiscal específico para estos incentivos.
24 de mayo de 2025
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25 de mayo de 2025
27 de mayo de 2025
ECUADOR, MEHR VOM GLEICHEN WIE, ECUADOR MORE OF THE SAME, ECUADORPI MUSLOKUNAPAM: ECUADOR, MÁS DE LO MISMO.
La puesta en escena del discurso presidencial confirmó lo que muchos ya sabíamos y otros no querían admitir: el proyecto de Daniel Noboa no representa una ruptura con el pasado reciente, sino su continuidad más perfeccionada. No hay novedad, solo una versión más sofisticada y autoritaria de la misma línea neoliberal aplicada por Moreno y Lasso. Ecuador se enfrenta hoy a un proyecto de corte fascista, que combina demagogia, culto a la imagen, control social a través del miedo y represión abierta a toda disidencia.
El discurso que ofreció Noboa no fue más que una reiteración de los mismos ejes vacíos: empleo, inversión y guerra contra el crimen. Ninguna ruta clara, ningún número concreto, ninguna estrategia con tiempos y recursos definidos. Lo único que sí quedó claro fue su decisión de continuar profundizando el modelo neoliberal, precarizar aún más el rol del Estado, destruir la institucionalidad democrática, y consolidar el miedo como herramienta de poder. Los 1300 millones recaudados con el aumento del IVA no sirvieron para invertir en seguridad ni en desarrollo, sino para cumplir con los acreedores externos. No hubo mención al Plan Fénix, ni a la reactivación económica, ni a políticas sociales, ni a la defensa de los derechos humanos. Nada que denote interés por el bienestar común, por la Democracia, sus instituciones y por la gente.
Lo que sí hubo fue espectáculo: 21 minutos de gesticulación calculada, maquillaje político y símbolos cuidadosamente seleccionados. Lo banal como núcleo de la política. La prensa y las élites se apresuraron a aplaudir su elocuencia, no por su contenido, sino porque representa su narrativa, esa que divide al país entre “los buenos” y “los correístas”. El resultado es un relato autoritario, anti pluralista, profundamente clasista y funcional a los intereses del gran capital. Como dice Freud: “Las multitudes no han conocido jamás la sed de la verdad. Demandan ilusiones a las cuales no pueden renunciar”. El gobierno lo sabe, y por eso apuesta a lo irreal como estrategia.
El nuevo discurso no es más que la prolongación del anterior. Un discurso construido desde el desprecio a la política como herramienta de transformación, y desde el marketing como técnica de manipulación. Es la continuación del modelo de Moreno y Lasso, maquillado con juventud, redes sociales y un lenguaje vaciado de contenido. Su verdadera esencia es la persecución política, la represión legalizada, la destrucción de la Corte Constitucional y la apropiación de todo poder institucional. Lo que se avecina es un nuevo tipo de fascismo: con camisas negras, sin dictadura formal, pero con democracia instrumentalizada.
Como advierte Juan Vera: “Configurar la amenaza de lo desconocido es uno de los recursos del populismo… porque el miedo es una de nuestras emociones básicas y, el instinto de supervivencia, otro de nuestros impulsos primarios”. La derecha lo entendió y lo explotó. La izquierda, en cambio, se vio atrapada en la moderación, en el intento de parecer razonable frente a un adversario que no juega con reglas democráticas. Y así, mientras la derecha instala su relato de odio, exclusión y banalidad, la izquierda se ha mantenido muchas veces distante, tibia, y poco dispuesta a disputar el sentido común.
UNA REVOLUCIÓN QUE DEBE RENOVARSE PARA VENCER
Frente a este escenario, la Revolución Ciudadana no puede seguir apelando únicamente a su pasado ni repetir los códigos de una política que ya no conecta con amplios sectores de la sociedad. Es hora de una renovación profunda: de discurso, de formas, de narrativas, de organización. La RC debe volver a hablarle al país desde las entrañas de su gente, desde el territorio, desde el dolor y las esperanzas de los de abajo. No puede permitir que la derecha capture el sentido común de los sectores medios y populares, ni que la banalidad siga suplantando la política.
El reto es doble. Por un lado, desmontar el relato oficialista, que se sostiene en la falsa promesa de orden mediante la represión, en la ilusión de un país “emprendedor” mientras se privatiza todo, y en la criminalización del otro como enemigo. Por otro lado, reconstruir una alternativa real y tangible que hable de justicia social, de dignidad, de democracia verdadera, y que sea capaz de emocionar, de convocar y de movilizar. Porque no se trata solo de resistir, sino de disputar el futuro.
Es momento de volver a las calles, a los barrios, a los campos, a los mercados. De hablar con la gente y no solo en redes. De dejar de temer al conflicto, porque el conflicto es parte de la política. La RC debe recuperar su carácter de movimiento, de articulador de fuerzas populares diversas, sin pretender unanimidades, pero construyendo consensos básicos sobre lo común. No se trata de imponer una línea, sino de construir una comunidad política amplia que comparta principios fundamentales: la defensa de la vida, de los derechos, del Estado como garante del bien común, de la democracia como proyecto colectivo.
Hay que convocar a las nuevas generaciones, que no cargan con las divisiones del pasado, y que entienden que el mundo se transforma en la medida en que nos comprometemos con él. Como señala Thomas Friedman: “Nuestra democracia solo puede funcionar si los votantes saben cómo funciona el mundo, y así poder tomar decisiones inteligentes sobre políticas y ser menos susceptibles de caer presos de los demagogos”. Educar políticamente no es adoctrinar, es ofrecer herramientas para pensar críticamente y decidir libremente.
La RC tiene que tejer alianzas, acompañar gobiernos seccionales, articular luchas territoriales, y sobre todo, recuperar el habla. Hablar claro. Nombrar lo que pasa. Nombrar el fascismo. Nombrar la injusticia. Nombrar la esperanza. Porque nos renovamos o seguiremos siendo derrotados. Y para renovarnos, debemos volver a mirar con humildad y atención. Mirar a la gente, mirarla a los ojos. Escuchar los susurros, los miedos, las rabias y los sueños. Descubrir en el silencio del entorno la potencia de una sociedad que resiste, que camina, que no se resigna.
La política no puede seguir siendo espectáculo para unos pocos ni trinchera de rencores. Tiene que volver a ser encuentro, construcción de sentido y acción colectiva. Si no logramos reencantar a quienes hoy sienten que la política no es suya, si no logramos convocar a nuevas formas de esperanza, habremos cedido el país a los mercaderes del miedo. Y esa sería una derrota no solo electoral, sino histórica.
Ecuador, mehr vom Gleichen wie, Ecuador more of the same, Ecuadorpi muslokunapam: Ecuador, más de lo mismo. Pero también puede ser Ecuador el país que se renueva, que vuelve a creer, que camina con la gente y construye su futuro con dignidad.
Pedro Cornejo Calderón
27/5/2025
La puesta en escena del discurso presidencial confirmó lo que muchos ya sabíamos y otros no querían admitir: el proyecto de Daniel Noboa no representa una ruptura con el pasado reciente, sino su continuidad más perfeccionada. No hay novedad, solo una versión más sofisticada y autoritaria de la misma línea neoliberal aplicada por Moreno y Lasso. Ecuador se enfrenta hoy a un proyecto de corte fascista, que combina demagogia, culto a la imagen, control social a través del miedo y represión abierta a toda disidencia.
El discurso que ofreció Noboa no fue más que una reiteración de los mismos ejes vacíos: empleo, inversión y guerra contra el crimen. Ninguna ruta clara, ningún número concreto, ninguna estrategia con tiempos y recursos definidos. Lo único que sí quedó claro fue su decisión de continuar profundizando el modelo neoliberal, precarizar aún más el rol del Estado, destruir la institucionalidad democrática, y consolidar el miedo como herramienta de poder. Los 1300 millones recaudados con el aumento del IVA no sirvieron para invertir en seguridad ni en desarrollo, sino para cumplir con los acreedores externos. No hubo mención al Plan Fénix, ni a la reactivación económica, ni a políticas sociales, ni a la defensa de los derechos humanos. Nada que denote interés por el bienestar común, por la Democracia, sus instituciones y por la gente.
Lo que sí hubo fue espectáculo: 21 minutos de gesticulación calculada, maquillaje político y símbolos cuidadosamente seleccionados. Lo banal como núcleo de la política. La prensa y las élites se apresuraron a aplaudir su elocuencia, no por su contenido, sino porque representa su narrativa, esa que divide al país entre “los buenos” y “los correístas”. El resultado es un relato autoritario, anti pluralista, profundamente clasista y funcional a los intereses del gran capital. Como dice Freud: “Las multitudes no han conocido jamás la sed de la verdad. Demandan ilusiones a las cuales no pueden renunciar”. El gobierno lo sabe, y por eso apuesta a lo irreal como estrategia.
El nuevo discurso no es más que la prolongación del anterior. Un discurso construido desde el desprecio a la política como herramienta de transformación, y desde el marketing como técnica de manipulación. Es la continuación del modelo de Moreno y Lasso, maquillado con juventud, redes sociales y un lenguaje vaciado de contenido. Su verdadera esencia es la persecución política, la represión legalizada, la destrucción de la Corte Constitucional y la apropiación de todo poder institucional. Lo que se avecina es un nuevo tipo de fascismo: con camisas negras, sin dictadura formal, pero con democracia instrumentalizada.
Como advierte Juan Vera: “Configurar la amenaza de lo desconocido es uno de los recursos del populismo… porque el miedo es una de nuestras emociones básicas y, el instinto de supervivencia, otro de nuestros impulsos primarios”. La derecha lo entendió y lo explotó. La izquierda, en cambio, se vio atrapada en la moderación, en el intento de parecer razonable frente a un adversario que no juega con reglas democráticas. Y así, mientras la derecha instala su relato de odio, exclusión y banalidad, la izquierda se ha mantenido muchas veces distante, tibia, y poco dispuesta a disputar el sentido común.
UNA REVOLUCIÓN QUE DEBE RENOVARSE PARA VENCER
Frente a este escenario, la Revolución Ciudadana no puede seguir apelando únicamente a su pasado ni repetir los códigos de una política que ya no conecta con amplios sectores de la sociedad. Es hora de una renovación profunda: de discurso, de formas, de narrativas, de organización. La RC debe volver a hablarle al país desde las entrañas de su gente, desde el territorio, desde el dolor y las esperanzas de los de abajo. No puede permitir que la derecha capture el sentido común de los sectores medios y populares, ni que la banalidad siga suplantando la política.
El reto es doble. Por un lado, desmontar el relato oficialista, que se sostiene en la falsa promesa de orden mediante la represión, en la ilusión de un país “emprendedor” mientras se privatiza todo, y en la criminalización del otro como enemigo. Por otro lado, reconstruir una alternativa real y tangible que hable de justicia social, de dignidad, de democracia verdadera, y que sea capaz de emocionar, de convocar y de movilizar. Porque no se trata solo de resistir, sino de disputar el futuro.
Es momento de volver a las calles, a los barrios, a los campos, a los mercados. De hablar con la gente y no solo en redes. De dejar de temer al conflicto, porque el conflicto es parte de la política. La RC debe recuperar su carácter de movimiento, de articulador de fuerzas populares diversas, sin pretender unanimidades, pero construyendo consensos básicos sobre lo común. No se trata de imponer una línea, sino de construir una comunidad política amplia que comparta principios fundamentales: la defensa de la vida, de los derechos, del Estado como garante del bien común, de la democracia como proyecto colectivo.
Hay que convocar a las nuevas generaciones, que no cargan con las divisiones del pasado, y que entienden que el mundo se transforma en la medida en que nos comprometemos con él. Como señala Thomas Friedman: “Nuestra democracia solo puede funcionar si los votantes saben cómo funciona el mundo, y así poder tomar decisiones inteligentes sobre políticas y ser menos susceptibles de caer presos de los demagogos”. Educar políticamente no es adoctrinar, es ofrecer herramientas para pensar críticamente y decidir libremente.
La RC tiene que tejer alianzas, acompañar gobiernos seccionales, articular luchas territoriales, y sobre todo, recuperar el habla. Hablar claro. Nombrar lo que pasa. Nombrar el fascismo. Nombrar la injusticia. Nombrar la esperanza. Porque nos renovamos o seguiremos siendo derrotados. Y para renovarnos, debemos volver a mirar con humildad y atención. Mirar a la gente, mirarla a los ojos. Escuchar los susurros, los miedos, las rabias y los sueños. Descubrir en el silencio del entorno la potencia de una sociedad que resiste, que camina, que no se resigna.
La política no puede seguir siendo espectáculo para unos pocos ni trinchera de rencores. Tiene que volver a ser encuentro, construcción de sentido y acción colectiva. Si no logramos reencantar a quienes hoy sienten que la política no es suya, si no logramos convocar a nuevas formas de esperanza, habremos cedido el país a los mercaderes del miedo. Y esa sería una derrota no solo electoral, sino histórica.
Ecuador, mehr vom Gleichen wie, Ecuador more of the same, Ecuadorpi muslokunapam: Ecuador, más de lo mismo. Pero también puede ser Ecuador el país que se renueva, que vuelve a creer, que camina con la gente y construye su futuro con dignidad.
Pedro Cornejo Calderón
27/5/2025
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Proyecto de ley económica urgente contra la criminalidad coorporativiza y debilita el Estado
Proyecto de LEY ECONÓMICA URGENTE contra la criminalidad exacerbara el gasto tributario y coorporativiza el Estado. No se enfoca en el control efectivo del financiamiento de las actividades ilícitas.
Observatorio de la dolarización Kevin José Collaguazo
En los últimos años Ecuador ha enfrentado una escalada inédita de violencia asociada al crimen organizado. Datos recientes indican que, en el primer trimestre de 2025, los homicidios crecieron un 65% respecto al mismo período del año anterior (El Comercio, 2025), acumulándose tasas de violencia históricas que convierten al país en uno de los más inseguros de América Latina (ACAPS, 2024). Para hacer frente a esta emergencia, el gobierno ha propuesto la “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal vinculada al Conflicto Armado Interno”, declarada económica urgente. Este proyecto combina medidas de seguridad reforzada con incentivos fiscales destinados a debilitar las redes financieras criminales. Sin embargo, desde una perspectiva postkeynesiana y jurídica, surgen dudas sobre la viabilidad y la justicia de sus disposiciones. En esta introducción se plantea la tensión entre la urgente necesidad de acción contra la criminalidad y los desafíos estructurales de la economía ecuatoriana (dolarización, informalidad) y de su ordenamiento legal, que serán analizados en el presente artículo.
I. Análisis desde la Teoría Económica
La ilusión fiscal en una economía dolarizada: Una mirada desde la MMT
El proyecto de ley propone incentivos tributarios (como rebajas impositivas a donaciones para las Fuerzas de Orden) con la expectativa de canalizar recursos privados hacia la seguridad pública. Sin embargo, desde la Teoría Monetaria Moderna (MMT) se advierte que Ecuador carece de soberanía monetaria para financiar gasto adicional: al estar dolarizado, cada gasto público debe cubrirse con impuestos, deuda o reservas (Kelton, 2020; Acosta & Cajas, 2021), lo que incluye las medidas alternativas de gestión de la liquidez para el buen vivir. En este sentido, el gobierno no es un mero intermediario de los recursos con fines redistributivos (absorbe de un sector para colocarlos en otro), sino un eficaz catalizador de las capacidades nacionales (por ejemplo, promoviendo la industrialización). Una forma de“ilusión fiscal” consiste en creer que se puede aliviar la carga fiscal mediante exenciones o incentivos, cuando en realidad esto reduce los ingresos estatales sin generar nueva liquidez ni aumentar el PIB potencial. Por ejemplo, el Artículo 32 del proyecto otorga una rebaja del 30% en el impuesto a la renta por donaciones a las Fuerzas Armadas y Policía. El Ministerio de Economía estima que esto costaría unos USD 280–360 millones anuales en recaudación (Ministerio de Economía, 2024), monto equivalente a decenas de hospitales o escuelas. Según Kelton (2020), en una economía dolarizada tales incentivos solo serían sostenibles si se compensaran con nuevas fuentes de ingresos (por ejemplo, gravando actividades ilícitas como la minería ilegal) y con mecanismos estrictos de anticorrupción y antievasión fiscal.
Kalecki y la lucha distributiva en la política fiscal
En la misma línea, los incentivos tributarios deben evaluarse en el contexto de alta informalidad. El 64% de la economía sigue operando al margen de la banca y los controles estatales (INEC, 2023), lo que dificulta la tributación. Además, solo una minoría de empresas (aprox. 5%) tiene ingresos suficientes para aprovechar el beneficio fiscal, como reconoce el propio SRI (2023). Esto refuerza la crítica de Kalecki (1943), quien señaló que la política fiscal suele reflejar conflictos distributivos de clase: los grandes capitales consiguen exenciones y privilegios, mientras la mayoría contribuye con cargas fijas. En efecto, el incentivo regresivo del Art. 32 beneficia a empresarios pudientes capaces de donar, en detrimento de políticas fiscales universales (por ejemplo, renta básica) que aliviarían la desigualdad (Guerra, 2025). La propuesta ignora además impuestos progresivos: no grava fortunas altas ni rentas de actividades extractivas ilegales, a pesar de que, según estimaciones recientes, las economías ilícitas (incluida la minería ilegal) generan unos USD 1.200 millones al año para grupos delictivos (Baires, 2024). En resumen, desde Kalecki se interpreta este diseño como la reproducción de privilegios: el proyecto privatiza de hecho la seguridad al favorecer donantes ricos y no profundiza en los impuestos sobre riqueza (Kalecki, 1943; Guerra, 2025).
Inestabilidad financiera y riesgo Minskyano
Por otro lado, siguiendo la hipótesis de fragilidad financiera de Minsky (1986), una liberación precipitada de controles puede inducir inestabilidad. El proyecto de ley plantea decomisar bienes de “economías criminales” (Art. 14), pero no prevé medidas adicionales para cerrar agujeros financieros legales. Palley (2013) advirtió que, sin una regulación complementaria, los flujos ilícitos migran a nuevos canales; por ejemplo, el proyecto no contempla controles intensivos sobre el capital especulativo ni mecanismos avanzados de rastreo de activos (más allá de medidas tradicionales). Además, según el Observatorio de Seguridad Nacional, los grupos criminales se han comportado como empresas en expansión que reinvierten ganancias en sectores como la minería ilegal (Baires, 2024). Así, dado que los incentivos actuales del proyecto (rebajas fiscales) no exigen inversiones productivas en sectores estratégicos, podrían agravar la desigualdad crediticia señalada por Kregel (2008): se premia la acumulación de liquidez por parte de algunos sin crear empleo ni desarrollo real. Un ejemplo ilustrativo es Colombia, donde estímulos fiscales similares en la década pasada inflaron el mercado de seguridad privada mientras las inversiones en economía productiva languidecían (Ocampo, 2015). En conclusión, la aplicación aislada de incentivos fiscales en un contexto de fragilidad institucional y financiera puede generar burbujas y desequilibrios, en lugar de fortalecer sosteniblemente la seguridad ciudadana (Minsky, 1986; Palley, 2013).
II. Análisis de Contradicciones Normativas
El proyecto de ley presenta inconsistencias con el marco jurídico ecuatoriano vigente, particularmente en materia fiscal y de planificación. A continuación, se examinan estas contradicciones y sus implicaciones.
Incompatibilidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP)
La propuesta normativa muestra también discrepancias con el ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente. En materia fiscal y de planificación, se colisionan principios constitucionales y legales. El Art. 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP, 2010) prohíbe asignar rebajas o gasto público sin que exista partida presupuestaria aprobada en el presupuesto general del Estado. Sin embargo, el Artículo 32 del proyecto permite recibir donaciones privadas con rebaja fiscal del 30% directamente a las Fuerzas del Orden, sin que pasen por la programación anual (Art. 87 COPLAFIP). Esto viola el principio de responsabilidad fiscal: para destinar fondos (o renunciar a ingresos) debió haberse incluido previamente en el presupuesto y contado con autorización del Ministerio de Economía. En la práctica, la rebaja unilateral de impuestos sin partida generaría un agujero fiscal permanente, contraviniendo el Art. 286 de la Constitución (2008), que exige que los gastos corrientes se financien con ingresos corrientes. En otras palabras, el Estado no puede crear obligaciones fiscales continuas sin respaldo financiero; de lo contrario, se afecta la sostenibilidad presupuestaria.
También hay conflicto con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP, 2004). El proyecto no establece mecanismos claros de registro público de los donantes ni de las áreas receptoras de los recursos, contraviniendo el derecho a la información y al control social (Art. 10 LOTAIP). Al permitir donaciones exentas de impuestos sin fiscalización pública, se abre la puerta a falta de transparencia sobre quién financia a las Fuerzas Armadas y cómo se usan esos fondos. Esto genera riesgos de corrupción y opacidad contrarios al espíritu de la norma.
Adicionalmente, principalmente en cuanto a los incentivos tributarios, puede entrar en contradicción con los principios tributarios que consagra la Constitución en el Art. 300: “generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”.
I. Análisis desde la Teoría Económica
La ilusión fiscal en una economía dolarizada: Una mirada desde la MMT
El proyecto de ley propone incentivos tributarios (como rebajas impositivas a donaciones para las Fuerzas de Orden) con la expectativa de canalizar recursos privados hacia la seguridad pública. Sin embargo, desde la Teoría Monetaria Moderna (MMT) se advierte que Ecuador carece de soberanía monetaria para financiar gasto adicional: al estar dolarizado, cada gasto público debe cubrirse con impuestos, deuda o reservas (Kelton, 2020; Acosta & Cajas, 2021), lo que incluye las medidas alternativas de gestión de la liquidez para el buen vivir. En este sentido, el gobierno no es un mero intermediario de los recursos con fines redistributivos (absorbe de un sector para colocarlos en otro), sino un eficaz catalizador de las capacidades nacionales (por ejemplo, promoviendo la industrialización). Una forma de“ilusión fiscal” consiste en creer que se puede aliviar la carga fiscal mediante exenciones o incentivos, cuando en realidad esto reduce los ingresos estatales sin generar nueva liquidez ni aumentar el PIB potencial. Por ejemplo, el Artículo 32 del proyecto otorga una rebaja del 30% en el impuesto a la renta por donaciones a las Fuerzas Armadas y Policía. El Ministerio de Economía estima que esto costaría unos USD 280–360 millones anuales en recaudación (Ministerio de Economía, 2024), monto equivalente a decenas de hospitales o escuelas. Según Kelton (2020), en una economía dolarizada tales incentivos solo serían sostenibles si se compensaran con nuevas fuentes de ingresos (por ejemplo, gravando actividades ilícitas como la minería ilegal) y con mecanismos estrictos de anticorrupción y antievasión fiscal.
Kalecki y la lucha distributiva en la política fiscal
En la misma línea, los incentivos tributarios deben evaluarse en el contexto de alta informalidad. El 64% de la economía sigue operando al margen de la banca y los controles estatales (INEC, 2023), lo que dificulta la tributación. Además, solo una minoría de empresas (aprox. 5%) tiene ingresos suficientes para aprovechar el beneficio fiscal, como reconoce el propio SRI (2023). Esto refuerza la crítica de Kalecki (1943), quien señaló que la política fiscal suele reflejar conflictos distributivos de clase: los grandes capitales consiguen exenciones y privilegios, mientras la mayoría contribuye con cargas fijas. En efecto, el incentivo regresivo del Art. 32 beneficia a empresarios pudientes capaces de donar, en detrimento de políticas fiscales universales (por ejemplo, renta básica) que aliviarían la desigualdad (Guerra, 2025). La propuesta ignora además impuestos progresivos: no grava fortunas altas ni rentas de actividades extractivas ilegales, a pesar de que, según estimaciones recientes, las economías ilícitas (incluida la minería ilegal) generan unos USD 1.200 millones al año para grupos delictivos (Baires, 2024). En resumen, desde Kalecki se interpreta este diseño como la reproducción de privilegios: el proyecto privatiza de hecho la seguridad al favorecer donantes ricos y no profundiza en los impuestos sobre riqueza (Kalecki, 1943; Guerra, 2025).
Inestabilidad financiera y riesgo Minskyano
Por otro lado, siguiendo la hipótesis de fragilidad financiera de Minsky (1986), una liberación precipitada de controles puede inducir inestabilidad. El proyecto de ley plantea decomisar bienes de “economías criminales” (Art. 14), pero no prevé medidas adicionales para cerrar agujeros financieros legales. Palley (2013) advirtió que, sin una regulación complementaria, los flujos ilícitos migran a nuevos canales; por ejemplo, el proyecto no contempla controles intensivos sobre el capital especulativo ni mecanismos avanzados de rastreo de activos (más allá de medidas tradicionales). Además, según el Observatorio de Seguridad Nacional, los grupos criminales se han comportado como empresas en expansión que reinvierten ganancias en sectores como la minería ilegal (Baires, 2024). Así, dado que los incentivos actuales del proyecto (rebajas fiscales) no exigen inversiones productivas en sectores estratégicos, podrían agravar la desigualdad crediticia señalada por Kregel (2008): se premia la acumulación de liquidez por parte de algunos sin crear empleo ni desarrollo real. Un ejemplo ilustrativo es Colombia, donde estímulos fiscales similares en la década pasada inflaron el mercado de seguridad privada mientras las inversiones en economía productiva languidecían (Ocampo, 2015). En conclusión, la aplicación aislada de incentivos fiscales en un contexto de fragilidad institucional y financiera puede generar burbujas y desequilibrios, en lugar de fortalecer sosteniblemente la seguridad ciudadana (Minsky, 1986; Palley, 2013).
II. Análisis de Contradicciones Normativas
El proyecto de ley presenta inconsistencias con el marco jurídico ecuatoriano vigente, particularmente en materia fiscal y de planificación. A continuación, se examinan estas contradicciones y sus implicaciones.
Incompatibilidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP)
La propuesta normativa muestra también discrepancias con el ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente. En materia fiscal y de planificación, se colisionan principios constitucionales y legales. El Art. 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP, 2010) prohíbe asignar rebajas o gasto público sin que exista partida presupuestaria aprobada en el presupuesto general del Estado. Sin embargo, el Artículo 32 del proyecto permite recibir donaciones privadas con rebaja fiscal del 30% directamente a las Fuerzas del Orden, sin que pasen por la programación anual (Art. 87 COPLAFIP). Esto viola el principio de responsabilidad fiscal: para destinar fondos (o renunciar a ingresos) debió haberse incluido previamente en el presupuesto y contado con autorización del Ministerio de Economía. En la práctica, la rebaja unilateral de impuestos sin partida generaría un agujero fiscal permanente, contraviniendo el Art. 286 de la Constitución (2008), que exige que los gastos corrientes se financien con ingresos corrientes. En otras palabras, el Estado no puede crear obligaciones fiscales continuas sin respaldo financiero; de lo contrario, se afecta la sostenibilidad presupuestaria.
También hay conflicto con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP, 2004). El proyecto no establece mecanismos claros de registro público de los donantes ni de las áreas receptoras de los recursos, contraviniendo el derecho a la información y al control social (Art. 10 LOTAIP). Al permitir donaciones exentas de impuestos sin fiscalización pública, se abre la puerta a falta de transparencia sobre quién financia a las Fuerzas Armadas y cómo se usan esos fondos. Esto genera riesgos de corrupción y opacidad contrarios al espíritu de la norma.
Adicionalmente, principalmente en cuanto a los incentivos tributarios, puede entrar en contradicción con los principios tributarios que consagra la Constitución en el Art. 300: “generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”.
Omisión de la Programación Fiscal Plurianual
Por otro lado, el proyecto omite una evaluación plurianual exigida por ley. Según el Art. 87 COPLAFIP, todo incentivo fiscal debe ser analizado en un horizonte de mediano plazo para garantizar su sostenibilidad. El proyecto no presenta un estudio de impacto fiscal multianual: se desconoce cómo evolucionaría el déficit presupuestario en 4 años si persiste la rebaja del 30%. Tampoco aborda el principio constitucional de progresividad tributaria (Art. 300 Constitución, 2008), al legitimar un beneficio uniforme para los que donan grandes sumas. En resumen, las inconsistencias con la normativa legal implican que la propuesta, en su forma actual, incumple procedimientos mínimos de control presupuestario y de transparencia exigidos por el Derecho ecuatoriano.
III. Recomendaciones para fortalecer el marco legal y fiscal
Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Financiera
Para afrontar las economías ilícitas de manera integral, proponemos complementar la propuesta gubernamental con reformas estructurales. En primer lugar, es urgente robustecer el sistema de inteligencia financiera. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha mostrado limitaciones operativas: según su último informe, solo el 12% de alertas de lavado concluyó en sentencia, y casi la mitad de las transacciones sospechosas son en efectivo sin seguimiento automatizado (UAFE, 2023). Se recomienda obligar a transacciones electrónicas en sectores de riesgo (minería, comercio exterior, construcción) y penalizar el uso injustificado de efectivo. Por ejemplo, podrían prohibirse transacciones en efectivo superiores a USD 3.000 —sancionando con multas crecientes— como ya lo hace parcialmente el SRI en ciertos casos (Resolución SRI 2023). Complementariamente, es menester crear un Sistema Nacional de Riesgo Financiero que integre datos en tiempo real de la UAFE, la Superintendencia de Bancos, el Registro de la Propiedad y el SRI, siguiendo modelos internacionales de monitoreo de ilícitos económicos. Este sistema permitiría detectar patrones de blanqueo y capitales fugados con mayor eficiencia.
Es importante que este Sistema de Inteligencia Financiera sea considerado una prioridad de seguridad nacional y, por tanto, no pueda ser vulnerado mediante, por ejemplo, incentivos para la atracción de la inversión extranjera.
Control del Efectivo y Desmonetización de las Economías Ilícitas
En segundo lugar, se sugiere controlar el uso de efectivo y “desmonetizar” las redes ilícitas. Datos oficiales señalan que el 82% de las incautaciones de la Policía (2020-2023) correspondió a billetes de USD 50 y 100 (Policía Antinarcóticos, 2023). Dado que en Ecuador gran parte de la economía informal se maneja fuera del sistema bancario (INEC, 2023), los delincuentes aprovechan los billetes de alta denominación para movilizar ganancias. Proponemos establecer límites estrictos al efectivo: impedir operaciones por encima de un porcentaje del salario básico acumulado (por ejemplo, 10% en un mes) sin registro bancario, con multas proporcionales (5–20%). Ya existen precedentes locales: en 2023 el SRI exigió facturación electrónica para la compra-venta de vehículos sobre USD 10.000, reduciendo la evasión. Adicionalmente, los bancos podrían rastrear y reportar seriales de billetes grandes en transacciones sospechosas, estrategia que el Banco Central y la Fiscalía usan en casos de extorsión (Banco Central de Ecuador, 2024). Estas medidas dificultan la circulación de efectivo ilícito y empujan a criminales hacia canales monitorizados.
Reformas Fiscales para Sostenibilidad y Equidad
Finalmente, se requieren reformas fiscales profundas para que el financiamiento de la seguridad sea sostenible y equitativo. El SRI estima que la rebaja del 30% costaría alrededor de USD 280 millones anuales (SRI, 2024), a la vez que solo el 5% de empresas puede aplicar al beneficio. Se puede convertir este incentivo en una herramienta condicionada: vincular la deducción fiscal a comprobantes de gasto en seguridad ciudadana en bienes estandarizados (por ejemplo, drones, cámaras, capacitación policial) auditados por la Contraloría. Para evitar posibles conflictos de interés, estos gastos deberían realizarse para dotar de equipamiento a la policía en lugares priorizados por el gobierno y distintos al cantón en el que la empresa se encuentre domiciliada. Además, conviene diversificar los ingresos públicos creando tributos específicos. Por ejemplo, instaurar un control permanente a la minería ilegal y al tráfico de drogas. Asimismo, se debería implementar un impuesto progresivo sobre fortunas y herencias, o sobre los sectores extractivos formales (petróleo, minería, hidroeléctricas), de modo que las élites económicas contribuyan más al financiamiento social. Estas propuestas van en línea con la recomendación de expertos de cobrar más a quienes más pueden pagar (Primicias, 2025) y romper la paradoja de un sistema tributario que hoy beneficia a pocos (Guerra, 2025). De esta forma, se restablecería la capacidad fiscal del Estado para invertir en programas de largo plazo (educación, salud, desarrollo rural) que atacan las raíces socioeconómicas de la violencia.
A forma de conclusión…
El debate debe profundizar en las medidas que efectivamente desarticulen la economía criminal. Existen preguntas que se pueden plantear para que investigadores, académicos y la ciudadanía en general se pronuncien sobre este o futuros proyectos de ley:
Por otro lado, el proyecto omite una evaluación plurianual exigida por ley. Según el Art. 87 COPLAFIP, todo incentivo fiscal debe ser analizado en un horizonte de mediano plazo para garantizar su sostenibilidad. El proyecto no presenta un estudio de impacto fiscal multianual: se desconoce cómo evolucionaría el déficit presupuestario en 4 años si persiste la rebaja del 30%. Tampoco aborda el principio constitucional de progresividad tributaria (Art. 300 Constitución, 2008), al legitimar un beneficio uniforme para los que donan grandes sumas. En resumen, las inconsistencias con la normativa legal implican que la propuesta, en su forma actual, incumple procedimientos mínimos de control presupuestario y de transparencia exigidos por el Derecho ecuatoriano.
III. Recomendaciones para fortalecer el marco legal y fiscal
Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Financiera
Para afrontar las economías ilícitas de manera integral, proponemos complementar la propuesta gubernamental con reformas estructurales. En primer lugar, es urgente robustecer el sistema de inteligencia financiera. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha mostrado limitaciones operativas: según su último informe, solo el 12% de alertas de lavado concluyó en sentencia, y casi la mitad de las transacciones sospechosas son en efectivo sin seguimiento automatizado (UAFE, 2023). Se recomienda obligar a transacciones electrónicas en sectores de riesgo (minería, comercio exterior, construcción) y penalizar el uso injustificado de efectivo. Por ejemplo, podrían prohibirse transacciones en efectivo superiores a USD 3.000 —sancionando con multas crecientes— como ya lo hace parcialmente el SRI en ciertos casos (Resolución SRI 2023). Complementariamente, es menester crear un Sistema Nacional de Riesgo Financiero que integre datos en tiempo real de la UAFE, la Superintendencia de Bancos, el Registro de la Propiedad y el SRI, siguiendo modelos internacionales de monitoreo de ilícitos económicos. Este sistema permitiría detectar patrones de blanqueo y capitales fugados con mayor eficiencia.
Es importante que este Sistema de Inteligencia Financiera sea considerado una prioridad de seguridad nacional y, por tanto, no pueda ser vulnerado mediante, por ejemplo, incentivos para la atracción de la inversión extranjera.
Control del Efectivo y Desmonetización de las Economías Ilícitas
En segundo lugar, se sugiere controlar el uso de efectivo y “desmonetizar” las redes ilícitas. Datos oficiales señalan que el 82% de las incautaciones de la Policía (2020-2023) correspondió a billetes de USD 50 y 100 (Policía Antinarcóticos, 2023). Dado que en Ecuador gran parte de la economía informal se maneja fuera del sistema bancario (INEC, 2023), los delincuentes aprovechan los billetes de alta denominación para movilizar ganancias. Proponemos establecer límites estrictos al efectivo: impedir operaciones por encima de un porcentaje del salario básico acumulado (por ejemplo, 10% en un mes) sin registro bancario, con multas proporcionales (5–20%). Ya existen precedentes locales: en 2023 el SRI exigió facturación electrónica para la compra-venta de vehículos sobre USD 10.000, reduciendo la evasión. Adicionalmente, los bancos podrían rastrear y reportar seriales de billetes grandes en transacciones sospechosas, estrategia que el Banco Central y la Fiscalía usan en casos de extorsión (Banco Central de Ecuador, 2024). Estas medidas dificultan la circulación de efectivo ilícito y empujan a criminales hacia canales monitorizados.
Reformas Fiscales para Sostenibilidad y Equidad
Finalmente, se requieren reformas fiscales profundas para que el financiamiento de la seguridad sea sostenible y equitativo. El SRI estima que la rebaja del 30% costaría alrededor de USD 280 millones anuales (SRI, 2024), a la vez que solo el 5% de empresas puede aplicar al beneficio. Se puede convertir este incentivo en una herramienta condicionada: vincular la deducción fiscal a comprobantes de gasto en seguridad ciudadana en bienes estandarizados (por ejemplo, drones, cámaras, capacitación policial) auditados por la Contraloría. Para evitar posibles conflictos de interés, estos gastos deberían realizarse para dotar de equipamiento a la policía en lugares priorizados por el gobierno y distintos al cantón en el que la empresa se encuentre domiciliada. Además, conviene diversificar los ingresos públicos creando tributos específicos. Por ejemplo, instaurar un control permanente a la minería ilegal y al tráfico de drogas. Asimismo, se debería implementar un impuesto progresivo sobre fortunas y herencias, o sobre los sectores extractivos formales (petróleo, minería, hidroeléctricas), de modo que las élites económicas contribuyan más al financiamiento social. Estas propuestas van en línea con la recomendación de expertos de cobrar más a quienes más pueden pagar (Primicias, 2025) y romper la paradoja de un sistema tributario que hoy beneficia a pocos (Guerra, 2025). De esta forma, se restablecería la capacidad fiscal del Estado para invertir en programas de largo plazo (educación, salud, desarrollo rural) que atacan las raíces socioeconómicas de la violencia.
A forma de conclusión…
El debate debe profundizar en las medidas que efectivamente desarticulen la economía criminal. Existen preguntas que se pueden plantear para que investigadores, académicos y la ciudadanía en general se pronuncien sobre este o futuros proyectos de ley:
- ¿Quiénes aportarían a la seguridad nacional para evitarse impuestos?
- ¿Ese criterio puede garantizar que se cuente con los suficientes recursos para combatir la delincuencia?
- ¿Qué entienden los beneficiarios de exenciones como seguridad nacional? ¿La reducción de los homicidios? ¿La reducción de los delitos contra la propiedad privada? ¿O será acaso la represión de las protestas que pongan en riesgo sus exenciones e incentivos?
- En ese mismo sentido, ¿el delegar el financiamiento de la seguridad al 5% de las empresas no genera un conflicto de interés en las fuerzas del orden?
Referencias
- ACAPS. (2024). Incremento de la violencia criminal en Ecuador ante el conflicto armado interno. Informe.
- Acosta, A., Cajas Guijarro, J., & Jácome Estrella, H. (2021). Ecuador: Grietas económicas estructurales. Buscando un enfoque de totalidad [Documento de trabajo]. Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina Región Andina.
- Baires, L. (2024, 27 de febrero). Crimen organizado en Ecuador se vuelca cada vez más a la minería ilegal de oro. Diálogo Américas.
- El Comercio. (2025, 21 de abril). Ecuador registró 2.361 homicidios en el primer trimestre de 2025; este es el incremento respecto a 2024. Ecuador.
- Guerra, S. W. (2025, 19 de mayo). El sistema tributario de Ecuador beneficia a pocos y presiona a muchos: ¿cómo salir del laberinto? Revista Gestión, Primicias.
- Kalecki, M. (1943). Political aspects of full employment. Political Quarterly.
- Kelton, S. (2020). The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy. PublicAffairs.
- Minsky, H. P. (1986). Stabilizing an Unstable Economy. Yale University Press.
- Ministerio de Fconomía v Finanzas del Fcuador (2024 octubre). Proaramación Fiscal 2025-2028.
- shared prosperity and the role of economics.Cambridge University Press.
- Servicio de Rentas Internas. (2024). Boletín técnico anual: Informe de recaudación tributaria 2023 [PDF]. Quito: Servicio de Rentas Internas. Recuperado de https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/26e9870b-9664-4712-87be-5b0ac71d8207/Bolet%C3%ADn%20T%C3%A9cnico%20Anual_2023.pdf
- Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). (2023). Informe anual 2023 sobre lavado de activos. Ministerio de Gobierno, Ecuador.
- Constitución de la República del Ecuador (2008). Arts. 286, 300.
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) (2010). Arts. 87, 104.
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) (2004). Art. 10.
- Kregel, J. A. (2008). Changes in the U.S. financial system and the subprime crisis (Levy Economics Institute Working Paper No. 530). Levy Economics Institute of Bard College. https://doi.org/10.2139/ssrn.1123937
- Ocampo, J. A. (2015). Los retos del desarrollo latinoamericano a la luz de la historia. Cuadernos de Economía, 34(66), 479–506.
9 de junio de 2025
El retorno encubierto de la tabla de drogas, los allanamientos sin orden judicial y un estado de excepción permanente y sin control constitucional son parte de las inquietudes de juristas y legisladores.
Punto Noticias.- La noche del sábado 7 de junio de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 84 votos a favor, la Ley de Solidaridad Nacional.
Una ley que ha generado polémica por los distintos puntos que fueron aprobados “diez días antes del plazo”, según reveló la Asamblea Nacional en un comunicado.
Pero, ¿cuáles son los temas polémicos que tiene esta nueva ley?, que ha sido cuestionada por un sector de la sociedad por supuestamente vulnerar derechos y ser contraria a tratados internacionales.
A continuación, Radio Pichincha explica las principales propuestas aprobadas en esta polémica ley, que, según las autoridades, es una de las piedras angulares para combatir al crimen organizado.
¿Tabla de drogas en la Ley de Solidaridad?
Uno de los temas polémicos es el probable regreso de la tabla de drogas, que fue criticado por el presidente Daniel Noboa.
La Ley sustituye el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señalando “parámetros” para determinar el uso personal de sustancias estupefacientes. Así, menciona que estos parámetros se determinarán y actualizarán “mediante una resolución conjunta” entre el Ministerio de Salud Pública, Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.
Este hecho fue criticado por algunos legisladores.
El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Xavier Lasso, señaló que en 2023, el presidente Daniel Noboa, al comienzo de su mandato, se grabó un video, donde aparecía destruyendo unos papeles que representaban la tabla de droga.
Según el primer mandatario, la tabla fue impuesta por la RC y había ocasionado el incremento del narcotráfico y la destrucción de los jóvenes.
“Y ahora, en este proyecto de Ley, reforman el artículo 228 del COIP para introducir parámetros de consumo de la droga. ¿Se dieron cuenta que era necesario diferenciar consumo y tráfico de droga?”, indicó Xavier Lasso.
La asambleísta Christina Jácome también se refirió a este tema. La legisladora indicó que, con la aprobación de la Ley, resucita la “famosa” tabla de umbrales, mal llamada tabla de consumo de drogas. “Pero ahora bajo nueva etiqueta: parámetros de consumo”, indicó.
Conflicto armado interno, sin control
El artículo 6 de la mencionada ley señala los alcances del Conflicto Armado Interno. Allí se establece que este existe desde “el inicio de las hostilidades”. Así, para efectos de aplicación, el presidente de la República lo hará a través de la emisión del respectivo Decreto Ejecutivo.
Ante ello, el abogado Mauro Andino indicó que el contenido de la Ley incumple varios dictámenes de la Corte Constitucional (CC), como los alcances del conflicto armado interno:
Por ejemplo, en el dictamen 11-24-EE/24, se menciona que la Corte declara la “inconstitucionalidad” de la causal de conflicto armado interno, debido a que los argumentos presentados por el presidente Noboa “no permiten verificar, a través del cumplimiento de requisitos de organización e intensidad”, la configuración de este conflicto.
Andino agregó que la Ley permite que el presidente de la República, a través de un decreto ejecutivo, declare conflicto armado interno “en el momento que quiera”.
El legislador añadió que en la nueva norma no existe control constitucional de la CC y ningún control político de la Asamblea. “Se trata de un estado de excepción permanente y camuflado”, indicó Andino.
Allanamientos sin orden judicial
La Ley reforma el numeral 5 del artículo 482, del COIP. Así, establece que los allanamientos, por conflicto armado interno, estarán sujetos “a control posterior del juez especializado” para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción, crimen organizado y otros delitos.
“La institución a cargo del allanamiento deberá remitir el informe respectivo en el término máximo de 24 horas de realizado el mismo. El juez especializado verificará la legalidad de la actuación”, menciona la Ley.
Ante ello, Andino indicó que ahora se permitirán allanamientos sin orden judicial. “Basta un informe de inteligencia para que policías y militares irrumpan en tu vivienda. Después un juez calificará la legalidad de lo actuado, pero en una audiencia reservada”, señaló.
Prisión preventiva e indulto
La Ley reforma el artículo 542, del Código Orgánico Integral Pena (COIP). Y establece que, cuando la persona procesada sea miembro activo de la Policía o de las Fuerzas Armadas, y el hecho investigado tenga relación con su deber legal, en el marco del conflicto armado interno, en ningún caso se aplicará prisión preventiva, arresto domiciliario ni uso de dispositivo electrónico.
“En su lugar, el servidor policial o militar continuará realizando sus respectivas funciones en el lugar de trabajo asignado, siendo su jefe inmediato el responsable de reportar quincenalmente que el servidor se encuentra en territorio nacional”, indica la Ley.
El abogado constitucionalista, André Benavides, señaló que este punto es positivo debido a que los policías y militares están expuestos en los centros de rehabilitación social a grupos de delincuencia organizada.
Benavides agregó que los policías y militares tienen su accionar “en ejercicio de sus funciones y dentro del marco de la legalidad”. Pero si actúan fuera de sus funciones y atribuciones, y van más allá de lo que le dice la ley, “sí tienen que tener prisión preventiva”.
Por ejemplo, si a un policía le encuentran con droga o a un militar le encuentran traficando armas, “ahí sí tiene que tener prisión preventiva porque no es en ejercicio de las funciones”, indicó el jurista.
Por su parte, Andino agregó que con la Ley se podrá indultar a policías y militares en la investigación previa, durante la instrucción o el juicio. “Ahora lo adornan como ‘diferido’, es decir, se hará realidad cuando el fallo esté en firme. Arbitrariedad e impunidad de la mano”.
Deducción tributaria
La Ley de Solidaridad además reforma el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Aquí menciona que los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía o las Fuerzas Armadas en bienes inmuebles, equipamiento y suministros, obtendrán una rebaja del impuesto a la renta causado del periodo fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado.
Andino señaló que con esta reforma habrá “menos recaudación fiscal, menos servicios públicos y menos seguridad”.
Mientras que Benavides, al hacer un balance completo de la Ley de Solidaridad, indicó que cualquier medida legislativa que combata el crimen organizado y el terrorismo es positivo. Sin embargo, menciona que esta Ley tiene algunas deficiencias, por el trámite en la forma.
“No es una ley económico urgente, ni tampoco tiene unidad de materia”, indicó.
Punto Noticias.- La noche del sábado 7 de junio de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 84 votos a favor, la Ley de Solidaridad Nacional.
Una ley que ha generado polémica por los distintos puntos que fueron aprobados “diez días antes del plazo”, según reveló la Asamblea Nacional en un comunicado.
Pero, ¿cuáles son los temas polémicos que tiene esta nueva ley?, que ha sido cuestionada por un sector de la sociedad por supuestamente vulnerar derechos y ser contraria a tratados internacionales.
A continuación, Radio Pichincha explica las principales propuestas aprobadas en esta polémica ley, que, según las autoridades, es una de las piedras angulares para combatir al crimen organizado.
¿Tabla de drogas en la Ley de Solidaridad?
Uno de los temas polémicos es el probable regreso de la tabla de drogas, que fue criticado por el presidente Daniel Noboa.
La Ley sustituye el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señalando “parámetros” para determinar el uso personal de sustancias estupefacientes. Así, menciona que estos parámetros se determinarán y actualizarán “mediante una resolución conjunta” entre el Ministerio de Salud Pública, Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.
Este hecho fue criticado por algunos legisladores.
El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Xavier Lasso, señaló que en 2023, el presidente Daniel Noboa, al comienzo de su mandato, se grabó un video, donde aparecía destruyendo unos papeles que representaban la tabla de droga.
Según el primer mandatario, la tabla fue impuesta por la RC y había ocasionado el incremento del narcotráfico y la destrucción de los jóvenes.
“Y ahora, en este proyecto de Ley, reforman el artículo 228 del COIP para introducir parámetros de consumo de la droga. ¿Se dieron cuenta que era necesario diferenciar consumo y tráfico de droga?”, indicó Xavier Lasso.
La asambleísta Christina Jácome también se refirió a este tema. La legisladora indicó que, con la aprobación de la Ley, resucita la “famosa” tabla de umbrales, mal llamada tabla de consumo de drogas. “Pero ahora bajo nueva etiqueta: parámetros de consumo”, indicó.
Conflicto armado interno, sin control
El artículo 6 de la mencionada ley señala los alcances del Conflicto Armado Interno. Allí se establece que este existe desde “el inicio de las hostilidades”. Así, para efectos de aplicación, el presidente de la República lo hará a través de la emisión del respectivo Decreto Ejecutivo.
Ante ello, el abogado Mauro Andino indicó que el contenido de la Ley incumple varios dictámenes de la Corte Constitucional (CC), como los alcances del conflicto armado interno:
Por ejemplo, en el dictamen 11-24-EE/24, se menciona que la Corte declara la “inconstitucionalidad” de la causal de conflicto armado interno, debido a que los argumentos presentados por el presidente Noboa “no permiten verificar, a través del cumplimiento de requisitos de organización e intensidad”, la configuración de este conflicto.
Andino agregó que la Ley permite que el presidente de la República, a través de un decreto ejecutivo, declare conflicto armado interno “en el momento que quiera”.
El legislador añadió que en la nueva norma no existe control constitucional de la CC y ningún control político de la Asamblea. “Se trata de un estado de excepción permanente y camuflado”, indicó Andino.
Allanamientos sin orden judicial
La Ley reforma el numeral 5 del artículo 482, del COIP. Así, establece que los allanamientos, por conflicto armado interno, estarán sujetos “a control posterior del juez especializado” para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción, crimen organizado y otros delitos.
“La institución a cargo del allanamiento deberá remitir el informe respectivo en el término máximo de 24 horas de realizado el mismo. El juez especializado verificará la legalidad de la actuación”, menciona la Ley.
Ante ello, Andino indicó que ahora se permitirán allanamientos sin orden judicial. “Basta un informe de inteligencia para que policías y militares irrumpan en tu vivienda. Después un juez calificará la legalidad de lo actuado, pero en una audiencia reservada”, señaló.
Prisión preventiva e indulto
La Ley reforma el artículo 542, del Código Orgánico Integral Pena (COIP). Y establece que, cuando la persona procesada sea miembro activo de la Policía o de las Fuerzas Armadas, y el hecho investigado tenga relación con su deber legal, en el marco del conflicto armado interno, en ningún caso se aplicará prisión preventiva, arresto domiciliario ni uso de dispositivo electrónico.
“En su lugar, el servidor policial o militar continuará realizando sus respectivas funciones en el lugar de trabajo asignado, siendo su jefe inmediato el responsable de reportar quincenalmente que el servidor se encuentra en territorio nacional”, indica la Ley.
El abogado constitucionalista, André Benavides, señaló que este punto es positivo debido a que los policías y militares están expuestos en los centros de rehabilitación social a grupos de delincuencia organizada.
Benavides agregó que los policías y militares tienen su accionar “en ejercicio de sus funciones y dentro del marco de la legalidad”. Pero si actúan fuera de sus funciones y atribuciones, y van más allá de lo que le dice la ley, “sí tienen que tener prisión preventiva”.
Por ejemplo, si a un policía le encuentran con droga o a un militar le encuentran traficando armas, “ahí sí tiene que tener prisión preventiva porque no es en ejercicio de las funciones”, indicó el jurista.
Por su parte, Andino agregó que con la Ley se podrá indultar a policías y militares en la investigación previa, durante la instrucción o el juicio. “Ahora lo adornan como ‘diferido’, es decir, se hará realidad cuando el fallo esté en firme. Arbitrariedad e impunidad de la mano”.
Deducción tributaria
La Ley de Solidaridad además reforma el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Aquí menciona que los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía o las Fuerzas Armadas en bienes inmuebles, equipamiento y suministros, obtendrán una rebaja del impuesto a la renta causado del periodo fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado.
Andino señaló que con esta reforma habrá “menos recaudación fiscal, menos servicios públicos y menos seguridad”.
Mientras que Benavides, al hacer un balance completo de la Ley de Solidaridad, indicó que cualquier medida legislativa que combata el crimen organizado y el terrorismo es positivo. Sin embargo, menciona que esta Ley tiene algunas deficiencias, por el trámite en la forma.
“No es una ley económico urgente, ni tampoco tiene unidad de materia”, indicó.