22 de abril de 2026
Diagnóstico para una política pública de seguridad ciudadana en el Ecuador: Soberanía, narcotráfico y Estado Fallido 2017-2025
CENAE Por: PhD. Shura Koniev Rosero Cartagena.
Abstract
Ecuador sufre los últimos siete años de un incremento crítico de la violencia. Los índices de asesinatos, robos, secuestros y extorciones sobrepasan cualquier indicador de años anteriores. El narcotráfico y la operación de cárteles trasnacionales ha llevado al Estado Ecuatoriano a declarar el país en “conflicto armado interno y declarar como “terroristas” a la delincuencia organizada.
En este contexto, los factores estructurales como la pobreza y los factores estructurados como el debilitamiento y desmontaje del Estado han hecho del país uno de los más inseguros del mundo Llevándolo casi al colapso. La pérdida de soberanía, falta de institucionalidad y descontrol territorial lo han convertido posiblemente en un Estado Fallido. Esta investigación pretende abordar el problema desde múltiples aristas y de manera multidimensional establecer los elementos que han llevado al Ecuador un ejemplo de la problemática trasnacional de la violencia. Propone un diagnóstico de la violencia como factor multidimensional para garantizar una política pública adecuada que permita la generación de estrategias para atender el problema.
Key Words: Ecuador, soberanía, violencia, Estado fallido
Ecuador sufre los últimos siete años de un incremento crítico de la violencia. Los índices de asesinatos, robos, secuestros y extorciones sobrepasan cualquier indicador de años anteriores. El narcotráfico y la operación de cárteles trasnacionales ha llevado al Estado Ecuatoriano a declarar el país en “conflicto armado interno y declarar como “terroristas” a la delincuencia organizada.
En este contexto, los factores estructurales como la pobreza y los factores estructurados como el debilitamiento y desmontaje del Estado han hecho del país uno de los más inseguros del mundo Llevándolo casi al colapso. La pérdida de soberanía, falta de institucionalidad y descontrol territorial lo han convertido posiblemente en un Estado Fallido. Esta investigación pretende abordar el problema desde múltiples aristas y de manera multidimensional establecer los elementos que han llevado al Ecuador un ejemplo de la problemática trasnacional de la violencia. Propone un diagnóstico de la violencia como factor multidimensional para garantizar una política pública adecuada que permita la generación de estrategias para atender el problema.
Key Words: Ecuador, soberanía, violencia, Estado fallido
Abstract
Ecuador has suffered a critical increase in violence in the last seven years. The rates of murders, robberies, kidnappings and extortions surpass any indicator of previous years. Drug trafficking and the operation of transnational cartels has led the Ecuadorian State to declare the country in “internal armed conflict” and declare organized crime “terrorists.”
In this context, structural factors such as poverty and structured factors such as the weakening and dismantling of the State have made the country one of the most insecure in the world, leading it to almost collapse. The loss of sovereignty, lack of institutionality and lack of territorial control have turned it into a Failed State. This article aims to address the problem from multiple angles and in a multidimensional manner to establish the elements that have brought Ecuador an example of the transnational problem of violence. This thesis proposes a diagnosis of violence as a multidimensional factor to guarantee an adequate public policy that allows the generation of strategies to address the problem
Key Words
Ecuador, Public policy, citizen security, sovereignty, violence, failed state
Ecuador has suffered a critical increase in violence in the last seven years. The rates of murders, robberies, kidnappings and extortions surpass any indicator of previous years. Drug trafficking and the operation of transnational cartels has led the Ecuadorian State to declare the country in “internal armed conflict” and declare organized crime “terrorists.”
In this context, structural factors such as poverty and structured factors such as the weakening and dismantling of the State have made the country one of the most insecure in the world, leading it to almost collapse. The loss of sovereignty, lack of institutionality and lack of territorial control have turned it into a Failed State. This article aims to address the problem from multiple angles and in a multidimensional manner to establish the elements that have brought Ecuador an example of the transnational problem of violence. This thesis proposes a diagnosis of violence as a multidimensional factor to guarantee an adequate public policy that allows the generation of strategies to address the problem
Key Words
Ecuador, Public policy, citizen security, sovereignty, violence, failed state
Objetivo general
Desarrollar un diagnóstico multidimensional de la violencia en el Ecuador para la creación de política pública de seguridad ciudadana, tomando en cuenta la amenaza de Estado Fallido.
Objetivos específicos
Desarrollar diagnóstico multidimensional de la violencia en el Ecuador 2017-2024 Generar propuestas para política pública en seguridad ciudadana
Analizar la amenaza de Estado Fallido
Metodología
La presente investigación usará el método de análisis mixto, el cual requiere la utilización tanto de lo cualitativo como de lo cuantitativo para explorar el objeto que estamos estudiando. En este caso particular nos enfrentamos al análisis de la violencia y su amenaza al Estado. Sin embargo, para ello requerimos de cifras e indicadores que nos faciliten la comprobación de los elementos que tratamos. Además, cómo se verá a continuación utilizaremos el método de análisis comparativo para recalcar que la violencia y la amenaza al Estado Ecuatoriano es parte de un ciclo de violencia que ya ha estado en América Latina.
Introducción
Durante el 2007 al 2017 el Ecuador se presentaba al mundo como un país cuyos índices de desigualdad habían disminuido de manera acelerada. Al mismo tiempo que se desarrollaban procesos de modernización y reinstitucionalización del Estado. De muchas maneras la calidad de vida de los ciudadanos fue acompañada con procesos de mejoramiento de la institucionalidad. El control de las fronteras, la nueva dotación de sistemas de seguridad, la opción de una política integral de seguridad ciudadana, la construcción de cárceles modernas, y una política de rehabilitación, fue la tónica de la Revolución Ciudadana durante 10 años. En el período comprendido entre 2007 al 2017 Ecuador vivió una época de baja violencia y criminalidad, lo que lo llevó a ser el segundo país en América Latina con la tasa de homicidios más baja en 2017, solo por detrás de Chile (Obando, 2017).
A partir del 2017 con el gobierno del presidente neoliberal Lenin Moreno las condiciones de seguridad e institucionalidad entran en una crisis profunda, cuyas consecuencias se decantan con los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa. En estos tres periodos los índices de violencia en el Ecuador fueron creciendo de manera exponencial, llevando al país a una declaratoria de “guerra interna”, algo nunca visto en su vida republicana. En este contexto, el fenómeno de la violencia en el Ecuador es el producto de múltiples factores desencadenados de manera multidimensional. Es posible que la violencia sea fruto de la puesta en marcha de la profundización de políticas neoliberales que contemplan la reducción del Estado, el desfinanciamiento del mismo y la anulación de políticas sociales. Mientras que por otra parte es el marco geopolítico lo que puede explicar la violencia, pues Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú, principales productores y exportadores de alcaloides a Estados Unidos y la Unión Europea.
Otra manera de explicar este fenómeno puede ser el elemento monetario. Ecuador usa al dólar como moneda principal y esto facilita el lavado de dinero producto de actividades ilícitas, además de una laxa política de control financiero y de lavado debido al debilitamiento de sus instituciones y los casos que el periodismo ecuatoriano ha ido develando en estos últimos años lo confirman.
En este análisis multidimensional es importante tomar en cuenta los factores estructurales. Desde el 2017 Ecuador ha sufrido un proceso de incremento de las desigualdades sociales y económicas. Esta crisis profunda lo ha convertido en un lugar idóneo para las economías informales, que al no encontrar respuesta institucional pasaron a formar parte de las estructuras delictivas. Al carecer de instituciones fuertes, desmanteladas por los recortes tales como justicia, seguridad y rehabilitación social fruto de los recortes presupuestarios impuestos por el Fondo Monetario Internacional, ha sido relativamente fácil para el crimen organizado ejercer una fuerte influencia en ellas.
En este contexto podemos analizar la violencia en el Ecuador como resultado de una profunda crisis de soberanía, pues el crimen organizado trasnacional se toma un importante sector de su economía y política. Y finalmente esta crisis sistémica da paso a la perdida por parte del Estado de su capacidad de regular y regularse en el entorno social. Desde esta perspectiva podemos hablar para el caso ecuatoriano de un concepto que se vino acuñando desde los años 90, el concepto de Estado Fallido el cual abordaremos más adelante.
Neoliberalismo y violencia
Al comenzar la presidencia de Lenin Moreno en 2017, el Ecuador entró en una etapa de progresiva desinstitucionalización del Estado y de un proceso continuo de abandono y atomización de lo público. El paradigma neoliberal de Moreno centrado en la idea del Estado mínimo generó la “fusión” y desaparición de muchos ministerios. Uno de ellos fue el ministerio de Justicia y Cultos encargado de articular al Consejo de la Judicatura, la defensoría del Pueblo y el sistema carcelario. Estas instituciones se convirtieron en subsecretarías, programas o direcciones, desarticuladas de la visión integral. Al debilitarlas una gran parte del Estado se hizo permeable al crimen organizado, bandas delictivas y narcotráfico. Mientras la seguridad ciudadana estaba manejada por el ministerio del Interior y el ministerio de Defensa que articulaba a las Fuerzas Armadas, éstas quedaron separadas también de una política planificada. De hecho, se desmanteló la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) que organizaba la política pública estatal.
A partir del 2017 año en el que terminó el gobierno del presidente Rafael Correa los indicadores económicos del Ecuador se desplomaron. Cerca de 5,5 millones de ecuatorianos se convirtieron en desempleados, subempleados o empleados precarios, cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. El costo de vida según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC:2023) llegó a los 700 dólares mensuales en el 2022, y para el 2024 fue de 880 dólares mensuales. mientras el Salario Básico Unificado (SBU) llegó a los 460 dólares para este mismo periodo. En términos comparativos con otros países de la región, Ecuador se convirtió en un país con un salario bajo y cuya capacidad adquisitiva se redujo considerablemente. La crisis económica ha ido derivando en una verdadera recesión económica. Los salarios bajos y el empleo informal implican un número menor de consumidores, una contracción de las pequeñas industrias del país y también de los proveedores de servicios. Para autores como Roberto Briceño-León (2012), existe una imbricación entre violencia y crisis económica, pero sobre todo se expresa a partir de un debilitamiento de la institucionalidad y la falta de control.
El índice de Gini en el Ecuador en el 2022 era de 0,45, siendo que 0 es total equidad y 1 total inequidad. Según los datos escogidos por el Banco mundial para junio del 2023 el índice de Gini se ubicó en 0,467. A junio del 2023 27 de cada 100 ecuatorianos estaban en situación de pobreza , viviendo con menos de 3 dólares al día. Para junio del 2023 cerca de 4,9 millones de ecuatorianos estaban en situación de pobreza. Según el reporte del Instituto de Estadísticas y Censos INEC. Según Human Right Watch en el 2021 la tasa de homicidios en el Ecuador era de 13, 7 homicidios por cada 100 mil. En el 2002 25,9, 43 por cada 100 mil, en el 2024 45-48 por cada 100 mil. Por otra parte 10,8% de los ecuatorianos viven en condición de pobreza extrema, es decir que viven con 1,6 USD al día. En el sector rural 46 de cada 100 ecuatorianos vive en situación de pobreza.
Según una publicación del grupo Faro titulada diagnostico pobreza estructural en el Ecuador 2019 el Ecuador es el segundo país con la tasa más alta de desnutrición crónica en menores de cinco años. (Diego Martínez y Tathiana Borja, 2024).
La crisis económica y la nula inversión en el sector público se agudizaron. Un factor a destacar es que en el Ecuador hay dos rubros que mantienen el circulante de dólares, esto es las remesas de los migrantes ecuatorianos quienes los últimos 7 años aportaron al país cerca de 30 mil millones de dólares. Según la Asociación Española de Ciencia Regional (2024) solamente en el año 2023 ingresaron al Ecuador 5.477 millones de dólares por concepto de remesas lo que equivale al 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB). El segundo rubro es la economía del narcotráfico, ésta introdujo a través del lavado de activos cerca de 21,3 mil millones de dólares en los últimos 7 años. El Centro Estratégico de Geopolítica CELAG cifró en 3.500 millones de dólares el dinero que se lava en el Ecuador cada año, lo que implicaría cerca del 5% del PIB.
La falta de instituciones de control, el recorte de ministerios especializados coordinados, la crisis estructural y estructurada por el sistema neoliberal, benefició y beneficia directamente al crimen organizado, pues este se nutre de la debilidad de las economías nacionales, convirtiéndose en un lugar perfecto para el lavado de dinero y el crecimiento de una economía paralela. Ecuador es hoy uno de los países más violentos del mundo, para el 2025 obtuvo una tasa de muertes violentas de 50.9 por cada 100.000 habitantes. Lo que lo convierte en el país más violento de América Latina.
Desarrollar un diagnóstico multidimensional de la violencia en el Ecuador para la creación de política pública de seguridad ciudadana, tomando en cuenta la amenaza de Estado Fallido.
Objetivos específicos
Desarrollar diagnóstico multidimensional de la violencia en el Ecuador 2017-2024 Generar propuestas para política pública en seguridad ciudadana
Analizar la amenaza de Estado Fallido
Metodología
La presente investigación usará el método de análisis mixto, el cual requiere la utilización tanto de lo cualitativo como de lo cuantitativo para explorar el objeto que estamos estudiando. En este caso particular nos enfrentamos al análisis de la violencia y su amenaza al Estado. Sin embargo, para ello requerimos de cifras e indicadores que nos faciliten la comprobación de los elementos que tratamos. Además, cómo se verá a continuación utilizaremos el método de análisis comparativo para recalcar que la violencia y la amenaza al Estado Ecuatoriano es parte de un ciclo de violencia que ya ha estado en América Latina.
Introducción
Durante el 2007 al 2017 el Ecuador se presentaba al mundo como un país cuyos índices de desigualdad habían disminuido de manera acelerada. Al mismo tiempo que se desarrollaban procesos de modernización y reinstitucionalización del Estado. De muchas maneras la calidad de vida de los ciudadanos fue acompañada con procesos de mejoramiento de la institucionalidad. El control de las fronteras, la nueva dotación de sistemas de seguridad, la opción de una política integral de seguridad ciudadana, la construcción de cárceles modernas, y una política de rehabilitación, fue la tónica de la Revolución Ciudadana durante 10 años. En el período comprendido entre 2007 al 2017 Ecuador vivió una época de baja violencia y criminalidad, lo que lo llevó a ser el segundo país en América Latina con la tasa de homicidios más baja en 2017, solo por detrás de Chile (Obando, 2017).
A partir del 2017 con el gobierno del presidente neoliberal Lenin Moreno las condiciones de seguridad e institucionalidad entran en una crisis profunda, cuyas consecuencias se decantan con los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa. En estos tres periodos los índices de violencia en el Ecuador fueron creciendo de manera exponencial, llevando al país a una declaratoria de “guerra interna”, algo nunca visto en su vida republicana. En este contexto, el fenómeno de la violencia en el Ecuador es el producto de múltiples factores desencadenados de manera multidimensional. Es posible que la violencia sea fruto de la puesta en marcha de la profundización de políticas neoliberales que contemplan la reducción del Estado, el desfinanciamiento del mismo y la anulación de políticas sociales. Mientras que por otra parte es el marco geopolítico lo que puede explicar la violencia, pues Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú, principales productores y exportadores de alcaloides a Estados Unidos y la Unión Europea.
Otra manera de explicar este fenómeno puede ser el elemento monetario. Ecuador usa al dólar como moneda principal y esto facilita el lavado de dinero producto de actividades ilícitas, además de una laxa política de control financiero y de lavado debido al debilitamiento de sus instituciones y los casos que el periodismo ecuatoriano ha ido develando en estos últimos años lo confirman.
En este análisis multidimensional es importante tomar en cuenta los factores estructurales. Desde el 2017 Ecuador ha sufrido un proceso de incremento de las desigualdades sociales y económicas. Esta crisis profunda lo ha convertido en un lugar idóneo para las economías informales, que al no encontrar respuesta institucional pasaron a formar parte de las estructuras delictivas. Al carecer de instituciones fuertes, desmanteladas por los recortes tales como justicia, seguridad y rehabilitación social fruto de los recortes presupuestarios impuestos por el Fondo Monetario Internacional, ha sido relativamente fácil para el crimen organizado ejercer una fuerte influencia en ellas.
En este contexto podemos analizar la violencia en el Ecuador como resultado de una profunda crisis de soberanía, pues el crimen organizado trasnacional se toma un importante sector de su economía y política. Y finalmente esta crisis sistémica da paso a la perdida por parte del Estado de su capacidad de regular y regularse en el entorno social. Desde esta perspectiva podemos hablar para el caso ecuatoriano de un concepto que se vino acuñando desde los años 90, el concepto de Estado Fallido el cual abordaremos más adelante.
Neoliberalismo y violencia
Al comenzar la presidencia de Lenin Moreno en 2017, el Ecuador entró en una etapa de progresiva desinstitucionalización del Estado y de un proceso continuo de abandono y atomización de lo público. El paradigma neoliberal de Moreno centrado en la idea del Estado mínimo generó la “fusión” y desaparición de muchos ministerios. Uno de ellos fue el ministerio de Justicia y Cultos encargado de articular al Consejo de la Judicatura, la defensoría del Pueblo y el sistema carcelario. Estas instituciones se convirtieron en subsecretarías, programas o direcciones, desarticuladas de la visión integral. Al debilitarlas una gran parte del Estado se hizo permeable al crimen organizado, bandas delictivas y narcotráfico. Mientras la seguridad ciudadana estaba manejada por el ministerio del Interior y el ministerio de Defensa que articulaba a las Fuerzas Armadas, éstas quedaron separadas también de una política planificada. De hecho, se desmanteló la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) que organizaba la política pública estatal.
A partir del 2017 año en el que terminó el gobierno del presidente Rafael Correa los indicadores económicos del Ecuador se desplomaron. Cerca de 5,5 millones de ecuatorianos se convirtieron en desempleados, subempleados o empleados precarios, cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. El costo de vida según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC:2023) llegó a los 700 dólares mensuales en el 2022, y para el 2024 fue de 880 dólares mensuales. mientras el Salario Básico Unificado (SBU) llegó a los 460 dólares para este mismo periodo. En términos comparativos con otros países de la región, Ecuador se convirtió en un país con un salario bajo y cuya capacidad adquisitiva se redujo considerablemente. La crisis económica ha ido derivando en una verdadera recesión económica. Los salarios bajos y el empleo informal implican un número menor de consumidores, una contracción de las pequeñas industrias del país y también de los proveedores de servicios. Para autores como Roberto Briceño-León (2012), existe una imbricación entre violencia y crisis económica, pero sobre todo se expresa a partir de un debilitamiento de la institucionalidad y la falta de control.
El índice de Gini en el Ecuador en el 2022 era de 0,45, siendo que 0 es total equidad y 1 total inequidad. Según los datos escogidos por el Banco mundial para junio del 2023 el índice de Gini se ubicó en 0,467. A junio del 2023 27 de cada 100 ecuatorianos estaban en situación de pobreza , viviendo con menos de 3 dólares al día. Para junio del 2023 cerca de 4,9 millones de ecuatorianos estaban en situación de pobreza. Según el reporte del Instituto de Estadísticas y Censos INEC. Según Human Right Watch en el 2021 la tasa de homicidios en el Ecuador era de 13, 7 homicidios por cada 100 mil. En el 2002 25,9, 43 por cada 100 mil, en el 2024 45-48 por cada 100 mil. Por otra parte 10,8% de los ecuatorianos viven en condición de pobreza extrema, es decir que viven con 1,6 USD al día. En el sector rural 46 de cada 100 ecuatorianos vive en situación de pobreza.
Según una publicación del grupo Faro titulada diagnostico pobreza estructural en el Ecuador 2019 el Ecuador es el segundo país con la tasa más alta de desnutrición crónica en menores de cinco años. (Diego Martínez y Tathiana Borja, 2024).
La crisis económica y la nula inversión en el sector público se agudizaron. Un factor a destacar es que en el Ecuador hay dos rubros que mantienen el circulante de dólares, esto es las remesas de los migrantes ecuatorianos quienes los últimos 7 años aportaron al país cerca de 30 mil millones de dólares. Según la Asociación Española de Ciencia Regional (2024) solamente en el año 2023 ingresaron al Ecuador 5.477 millones de dólares por concepto de remesas lo que equivale al 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB). El segundo rubro es la economía del narcotráfico, ésta introdujo a través del lavado de activos cerca de 21,3 mil millones de dólares en los últimos 7 años. El Centro Estratégico de Geopolítica CELAG cifró en 3.500 millones de dólares el dinero que se lava en el Ecuador cada año, lo que implicaría cerca del 5% del PIB.
La falta de instituciones de control, el recorte de ministerios especializados coordinados, la crisis estructural y estructurada por el sistema neoliberal, benefició y beneficia directamente al crimen organizado, pues este se nutre de la debilidad de las economías nacionales, convirtiéndose en un lugar perfecto para el lavado de dinero y el crecimiento de una economía paralela. Ecuador es hoy uno de los países más violentos del mundo, para el 2025 obtuvo una tasa de muertes violentas de 50.9 por cada 100.000 habitantes. Lo que lo convierte en el país más violento de América Latina.
Elaborado por: Insight Crime, 2025
Por otra parte, la violencia en el Ecuador se ha consolidado en lugares donde existe mayores índices de pobreza y abandono del Estado. La tasa de homicidios en el área metropolitana de Guayaquil ascendió a 47.8, situando a la ciudad como la vigésimo cuarta ciudad más violenta del mundo según el Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. (2022, p. 9).
En cantones y localidades de la costa ecuatoriana la violencia es tan extrema que se producen 114 asesinatos por cada 100.000 habitantes, como es el caso de Nueva Prosperina ubicada al Sur de la ciudad de Guayaquil donde en el 2023 se registraron 566 asesinatos. Ubicándola en la tercera localidad más peligrosa del mundo. Durante el 2023-2024 se registraron cerca de 16 mil muertes violentas en todo el país.
Podemos inferir según el mapa que se muestra a continuación que existe una relación estrecha entre las rutas de almacenamiento, transporte y embarque de las drogas con los registros de violencia más altos. Es así que localidades como Machala, Duran, Guayaquil, Portoviejo ubicados en la costa ecuatoriana y que tienen importantes rutas como la panamericana E32 conectadas a puertos, son las más afectadas por la violencia. En muchos casos es el control territorial de las rutas lo que promueve el enfrentamiento entre bandas rivales y las víctimas colaterales del conflicto son los ciudadanos y sus familias.
En cantones y localidades de la costa ecuatoriana la violencia es tan extrema que se producen 114 asesinatos por cada 100.000 habitantes, como es el caso de Nueva Prosperina ubicada al Sur de la ciudad de Guayaquil donde en el 2023 se registraron 566 asesinatos. Ubicándola en la tercera localidad más peligrosa del mundo. Durante el 2023-2024 se registraron cerca de 16 mil muertes violentas en todo el país.
Podemos inferir según el mapa que se muestra a continuación que existe una relación estrecha entre las rutas de almacenamiento, transporte y embarque de las drogas con los registros de violencia más altos. Es así que localidades como Machala, Duran, Guayaquil, Portoviejo ubicados en la costa ecuatoriana y que tienen importantes rutas como la panamericana E32 conectadas a puertos, son las más afectadas por la violencia. En muchos casos es el control territorial de las rutas lo que promueve el enfrentamiento entre bandas rivales y las víctimas colaterales del conflicto son los ciudadanos y sus familias.
Ecuador-Ciudadesviolentas-tasas-de-homicidios-26.2.2024 Primicias
Violencia y estado fallido
El concepto de estado fallido ha sido utilizado para dar cuenta de aquellos países que presentan rupturas en su sistema y estructura. Los autores han ejemplificado casos como los de Somalia (Rebollo, 2018) México (Miranda, 2014) y Colombia (Bagley, 2000). Para ilustrar, la pérdida del control territorial y otros elementos de lo que se considera Estado Fallido. De las experiencias de estos tres países se puede sustraer que hay elementos comunes en un Estado Fallido:
Herman y Rartner (1992-1993) consideran que un Estado puede definirse como fallido cuando pone en peligro a sus propios ciudadanos y vecinos a causa del flujo de refugiados, inestabilidad política, conflictos o revoluciones. También se lo puede identificar cuando subsiste una crisis económica, disminución de la renta, inflación, desempleo o el índice de desarrollo humano disminuye como muestra de la desatención estatal (Flórez, 2011). Por otra parte, para autores como Jean Marie Grose (1996) existen cinco tipos de estados fallidos: 1. Anarchicstates; donde no hay poder político centralizado. 2. Phantomstates; sólo hay una autoridad limitada de Estado. 3. Anemicstates; Estados con escasos recursos que se encuentran en guerra contra grupos secesionistas. 4. Capturedstates; Estados que están manejados por grupos étnicos. 5. Abortedstates; no hay poder único que posea el monopolio de la fuerza.
En este contexto el estado fallido refiere a la perdida del Estado de su capacidad de conservar el monopolio legítimo de la fuerza y canalizar las tensiones sociales dentro de un marco jurídico e institucional. En palabras de Rotberg (2002) el estado es fallido cuando no tiene la capacidad o la voluntad para realizar las funciones que le competen. Según este autor existen cuatro tipos de Estados: el fuerte, el débil, el fracasado y el colapsado. El estado fallido es un grado entre el Estado colapsado y el Estado fracasado (Rotberg, 2002). Entre las prioridades más características de los estados fallidos figura el que no protege a sus ciudadanos de la violencia o lo hacen según sus propios intereses particulares económicos y políticos. Otra característica es que son estados forajidos, cuyas cúpulas se desentienden del derecho y los tratados internacionales” (Chomsky, 2007, p. 49)
Por otra parte, algo que nos hace utilizar la categoría de estado fallido en el Ecuador, es que existe una relación entre la acumulación de capital por parte de las oligarquías y la acumulación de poder de los grupos mafiosos. Estas élites propician un estado fallido, a través de la ineficacia en prestar seguridad tanto interna como externa (pérdida del monopolio de la fuerza), la imposibilidad para prestar servicios básicos a los ciudadanos (apagones en el Ecuador), inestabilidad institucional, alta corrupción, crisis económicas, deficiencias jurídicas, luchas culturales, inseguridad constante, entre otras.
Según el medio de comunicación Ecuavisa (2024), en el Ecuador se ha producido unas 92 masacres en el primer semestre del 2024, más del doble reportado en el 2022 (Ecuavisa, 07 de agosto del 2024). Según este medio de prensa más de 340 personas han sido víctimas de delitos contra la vida. En este contexto, el presidente Daniel Noboa hizo la declaratoria de “Conflicto Armado Interno (Decreto 111)” Mediante el cual las bandas criminales que operan en el Ecuador pasaron a ser consideradas organizaciones “terroristas” y objetivos militares.
El decreto del presidente Daniel Noboa resulta polémico, entre otras cosas porque permite que las Fuerzas Armadas en combinación y coordinación con la Policía Nacional patrullen el país, rol para el que constitucionalmente no se encuentran habilitadas, pues la protección civil compete a la Policía Nacional. Al referirse a “conflicto armado interno” en condiciones en las cuales se enfrenta no a una fuerza militar o guerrillera sino a bandas delincuenciales. Sin embargo, pese al decreto y los múltiples estados de excepción, los niveles de violencia se dispararon tanto a finales del 2023, como durante el 2024. Es importante colocar a continuación algunas definiciones respecto a lo que se considera Conflicto Armado Interno.
El derecho internacional define conflicto armado como un enfrentamiento violento entre dos bandos o grupos que genera muerte y destrucción material (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2008). En este contexto distingue dos tipos: el que implica a partes beligerantes dentro de un solo Estado (conflictos armados no internacionales o internos) y el que implica a fuerzas armadas de dos o más estados (Conflictos armados internacionales). Acorde con esta definición, el Comité Internacional de la Cruz Roja, considera que para que se les considere de esta manera deben tener al menos dos condiciones para alcanzar la categoría de “conflicto armado interno”. En primer lugar, los grupos beligerantes deben tener un mínimo de organización; y, en segundo lugar, los enfrentamientos deben alcanzar ciertos niveles de actividad de combatientes y tropas que se enfrentan. Mientras Amnistía Internacional advierte que en dichos conflictos pueden producirse abusos de los derechos humanos ataques deliberados contra civiles, el uso de armas que no discriminan y el reclutamiento de niños soldados.
Según las declaraciones de los cuerpos de seguridad ecuatorianos y que justifican este decreto en el Ecuador tienen su actividad “22 organizaciones declaradas como terroristas y actores estatales beligerantes” las que operan a nivel nacional y que cumplirían con las características determinadas por Amnistía Internacional por estar organizados, reclutar menores, y estar enfrentados entre sí. Estos según los organismos de seguridad ecuatorianos: Águilas, Águilas Killer, AK47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gángster, Kater Piler, Lagartos, Los p.27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones.
En este contexto los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) se encuentran relacionados con los grandes cárteles del narcotráfico internacional. De hecho, según las investigaciones del Europol (2024) son parte de una mega estructura criminal que genera gran parte la violencia en el país, ligados a los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación (JNG), la Mafia Albanesa (Clan Farruca) e italiana (Ndrangheta) y las mafias de los vecinos países de Colombia (cartel del Golfo) y Perú (remanentes de Sendero Luminoso). Además, en la frontera con Colombia operarían grupos conocidos como BACRIM o Bandas Criminales como resultado de los remanentes de grupos armados paramilitares de extrema derecha y algunas disidencias guerrilleras.
La infiltración de estas estructuras criminales, bandas delincuenciales y grupos armados ilegales que cruzan las fronteras hacia territorio ecuatoriano, también debe hacerse extensivo al mismo gobierno e instituciones; demostrando la falta de control y la perdida cada vez más evidente del monopolio legítimo de la fuerza de sus organizaciones de justicia y el debilitamiento de su soberanía y su sistema democrático.
México, Colombia y Ecuador como Estados Fallidos
América Latina ha sufrido el embate de la violencia a lo largo y ancho del continente, las víctimas se cuentan por miles en un incesante círculo de terror. Desde una perspectiva comparada tanto México, Ecuador y Colombia poseen similitudes respecto a elementos que pueden ubicarlos como Estados Fallidos. Durante los años 80 y 90 gobernaron en México partidos políticos de corte neoliberal amparados por la Doctrina del Shock y las exigencias del Fondo Monetario Internacional. el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional el PAN dominaron la escena política nacional mexicana. Durante estos gobiernos el país centroamericano se transformó en uno de los más peligrosos del mundo y la violencia trastocó tanto el orden democrático como la posibilidad de una gobernanza efectiva.
De manera similar Colombia sufrió la arremetida del narcotráfico en las mismas décadas, y sus imbricaciones con la política se hicieron presentes en los dos partidos de derecha más representativos del país, el Partido Liberal y el Partido Conservador. En ambos países se hicieron notorias las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. Los ajustes económicos, la violencia política y el narcotráfico llevaron a estos países latinoamericanos a perder gran parte del control sobre su territorio. Mientras la narcopolítica se instauraba como algo cotidiano debilitando sus instituciones.
En Ecuador durante los años 80 y 90 la violencia gubernamental fue el detonante de la crisis de representación política y el inicio de la dolarización. En el año 2000 de la mano del gobierno de Jamil Mahuad no solo se perdió la soberanía monetaria sino que además esto abrió el camino para que el país se convirtiera en un importante centro de lavado de dinero del narcotráfico. Las políticas neoliberales y de ajuste estructural en el Ecuador sembraron las bases para un periodo de violencia económica, represión política y sobre todo el ingreso de miles de millones de dólares fruto de actividades ilícitas. Podríamos incluso decir que la dolarización en el Ecuador facilitó de manera “conveniente” una economía del “narco” a fin a las organizaciones delictivas de los países vecinos.
Las similitudes con el Ecuador, México y Colombia nos hacen pensar que la violencia de los grupos delictivos nacionales y trasnacionales tienen que ver con factores multidimensionales. La larga guerra civil en Colombia y la guerra entre narcos en México nos presentan una crisis institucional generalizada, pérdida de garantías y control territorial por parte del Estado, expansión del paramilitarismo y la infiltración del narcotráfico en el sistema político y de justicia. En los tres casos existió un Estado en permanente crisis institucional e incapaz de controlar el territorio, proveer a sus pobladores de salud, educación y los niveles mínimos de seguridad, además de una crisis de representación política que se ha agudizado los últimos años (Herman y Ratner 1992-1993).
En el escenario geopolítico Ecuador se ha ido decantando en un Estado Fallido. La migración y la falta de control de las fronteras lo ha hecho vulnerable. En los últimos 3 años cerca de 300 mil ecuatorianos han salido del país huyendo de la pobreza y la violencia. Muchos de ellos, cerca de 60 mil personas migraron a Estados Unidos a través de la selva del Darién atravesando centroamericana. Durante esta nueva crisis migratoria miles desaparecieron en la frontera con México, víctimas de las redes de tráfico de personas y de los cárteles del narcotráfico que operan en esas zonas. Las autoridades ecuatorianas no han establecido políticas mínimas de protección para los migrantes y sus familias durante estos últimos siete años. Es decir, un Estado en crisis e incapaz al igual que en México y Colombia en su momento histórico particular de atender los requerimientos de sus pobladores. Presentando además una severa crisis de gobernanza, fiabilidad en las fuerzas del orden, justicia, control territorial y el sistema en general. La ausencia de una institucionalidad legitimada y reconocible tanto al interior como al exterior derivó en el empoderamiento de las mafias y cárteles como lo plantea Noam Chomsky en su libro Estados fallidos el abuso de poder y el ataque a la democracia (2007).
De igual forma las instituciones del Estado no pueden controlar o hacer uso legítimo de la violencia sino que muchas veces direccionan esa fuerza según los intereses que le planteen las organizaciones delincuenciales (Dávalos, 2023). Esto les garantiza un marco de impunidad al ejercer influencia y control sobre el sistema de justicia, las Fuerzas Armadas y la policía. Además, se debilitaron las instituciones al no entregarlas todos los recursos para operar. El ajuste estructural vino en el gobierno de Lenin Moreno, subyugado por el Fondo Monetario Internacional, lo cual produjo el debilitamiento institucional y el casi nulo gasto público continuó con Guillermo Lasso y terminó de colapsar todo el sistema con Daniel Noboa.
La situación estratégica del Ecuador
Son varios los factores que contribuyen a la expansión del narcotráfico en el Ecuador y la violencia que genera. Ecuador es un país pequeño en extensión, con poco control fronterizo, con dolarización y baja bancarización que facilita el lavado de dinero. Cuenta además con una amplia superficie costanera navegable con deficiente control marítimo y aéreo (Insihgt crime, 2024). Entre el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2022 la Dirección Nacional antidrogas incautó 619 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (los resultados 2023-24 por actualizar).
La situación estratégica del Ecuador lo hace apetecible para el transporte de narcóticos, pues comparte frontera con Colombia y Perú. El auge de las bandas criminales en la frontera colombiana no es nuevo, pero se ha agudizado por la facilidad con que estas logran construir un tejido de negocios para el lavado del dinero fruto del narcotráfico. En la frontera conviven enormes problemas sociales, pobreza, exclusión. En zonas fronterizas como Esmeraldas el abandono ha generado el desarrollo de la minería ilegal, la trata de personas y migrantes, el lavado de dinero y una consistente presencia de fuerzas irregulares y bandas criminales. La frontera norte también es el lugar a través del cual se envían enormes cantidades de droga a través del mar, utilizando los puestos clandestinos de la zona costera del pacífico ecuatoriano.
Según Insight Crime (2024) entre el año 2019 y 2021, Colombia posee el 65% de los cultivos de coca a nivel mundial, seguido de Perú con el 24% y Bolivia con el 11%. Según este mismo estudio se afirma que las organizaciones delictivas producen de manera más eficiente la cocaína por hectárea. Paradójicamente existen en este país 7 bases norteamericanas.
El concepto de estado fallido ha sido utilizado para dar cuenta de aquellos países que presentan rupturas en su sistema y estructura. Los autores han ejemplificado casos como los de Somalia (Rebollo, 2018) México (Miranda, 2014) y Colombia (Bagley, 2000). Para ilustrar, la pérdida del control territorial y otros elementos de lo que se considera Estado Fallido. De las experiencias de estos tres países se puede sustraer que hay elementos comunes en un Estado Fallido:
- Disolución sistemática de las condiciones mínimas de vida para la población, sobre todo los más vulnerables, niños, ancianos, personas en condición de vulnerabilidad.
- Incumplimiento de los derechos humanos y de la continuidad del Estado de derecho.
- Precariedad de servicios estatales en los que las instituciones del Estado son corrompibles y represivas.
Herman y Rartner (1992-1993) consideran que un Estado puede definirse como fallido cuando pone en peligro a sus propios ciudadanos y vecinos a causa del flujo de refugiados, inestabilidad política, conflictos o revoluciones. También se lo puede identificar cuando subsiste una crisis económica, disminución de la renta, inflación, desempleo o el índice de desarrollo humano disminuye como muestra de la desatención estatal (Flórez, 2011). Por otra parte, para autores como Jean Marie Grose (1996) existen cinco tipos de estados fallidos: 1. Anarchicstates; donde no hay poder político centralizado. 2. Phantomstates; sólo hay una autoridad limitada de Estado. 3. Anemicstates; Estados con escasos recursos que se encuentran en guerra contra grupos secesionistas. 4. Capturedstates; Estados que están manejados por grupos étnicos. 5. Abortedstates; no hay poder único que posea el monopolio de la fuerza.
En este contexto el estado fallido refiere a la perdida del Estado de su capacidad de conservar el monopolio legítimo de la fuerza y canalizar las tensiones sociales dentro de un marco jurídico e institucional. En palabras de Rotberg (2002) el estado es fallido cuando no tiene la capacidad o la voluntad para realizar las funciones que le competen. Según este autor existen cuatro tipos de Estados: el fuerte, el débil, el fracasado y el colapsado. El estado fallido es un grado entre el Estado colapsado y el Estado fracasado (Rotberg, 2002). Entre las prioridades más características de los estados fallidos figura el que no protege a sus ciudadanos de la violencia o lo hacen según sus propios intereses particulares económicos y políticos. Otra característica es que son estados forajidos, cuyas cúpulas se desentienden del derecho y los tratados internacionales” (Chomsky, 2007, p. 49)
Por otra parte, algo que nos hace utilizar la categoría de estado fallido en el Ecuador, es que existe una relación entre la acumulación de capital por parte de las oligarquías y la acumulación de poder de los grupos mafiosos. Estas élites propician un estado fallido, a través de la ineficacia en prestar seguridad tanto interna como externa (pérdida del monopolio de la fuerza), la imposibilidad para prestar servicios básicos a los ciudadanos (apagones en el Ecuador), inestabilidad institucional, alta corrupción, crisis económicas, deficiencias jurídicas, luchas culturales, inseguridad constante, entre otras.
Según el medio de comunicación Ecuavisa (2024), en el Ecuador se ha producido unas 92 masacres en el primer semestre del 2024, más del doble reportado en el 2022 (Ecuavisa, 07 de agosto del 2024). Según este medio de prensa más de 340 personas han sido víctimas de delitos contra la vida. En este contexto, el presidente Daniel Noboa hizo la declaratoria de “Conflicto Armado Interno (Decreto 111)” Mediante el cual las bandas criminales que operan en el Ecuador pasaron a ser consideradas organizaciones “terroristas” y objetivos militares.
El decreto del presidente Daniel Noboa resulta polémico, entre otras cosas porque permite que las Fuerzas Armadas en combinación y coordinación con la Policía Nacional patrullen el país, rol para el que constitucionalmente no se encuentran habilitadas, pues la protección civil compete a la Policía Nacional. Al referirse a “conflicto armado interno” en condiciones en las cuales se enfrenta no a una fuerza militar o guerrillera sino a bandas delincuenciales. Sin embargo, pese al decreto y los múltiples estados de excepción, los niveles de violencia se dispararon tanto a finales del 2023, como durante el 2024. Es importante colocar a continuación algunas definiciones respecto a lo que se considera Conflicto Armado Interno.
El derecho internacional define conflicto armado como un enfrentamiento violento entre dos bandos o grupos que genera muerte y destrucción material (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2008). En este contexto distingue dos tipos: el que implica a partes beligerantes dentro de un solo Estado (conflictos armados no internacionales o internos) y el que implica a fuerzas armadas de dos o más estados (Conflictos armados internacionales). Acorde con esta definición, el Comité Internacional de la Cruz Roja, considera que para que se les considere de esta manera deben tener al menos dos condiciones para alcanzar la categoría de “conflicto armado interno”. En primer lugar, los grupos beligerantes deben tener un mínimo de organización; y, en segundo lugar, los enfrentamientos deben alcanzar ciertos niveles de actividad de combatientes y tropas que se enfrentan. Mientras Amnistía Internacional advierte que en dichos conflictos pueden producirse abusos de los derechos humanos ataques deliberados contra civiles, el uso de armas que no discriminan y el reclutamiento de niños soldados.
Según las declaraciones de los cuerpos de seguridad ecuatorianos y que justifican este decreto en el Ecuador tienen su actividad “22 organizaciones declaradas como terroristas y actores estatales beligerantes” las que operan a nivel nacional y que cumplirían con las características determinadas por Amnistía Internacional por estar organizados, reclutar menores, y estar enfrentados entre sí. Estos según los organismos de seguridad ecuatorianos: Águilas, Águilas Killer, AK47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gángster, Kater Piler, Lagartos, Los p.27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones.
En este contexto los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) se encuentran relacionados con los grandes cárteles del narcotráfico internacional. De hecho, según las investigaciones del Europol (2024) son parte de una mega estructura criminal que genera gran parte la violencia en el país, ligados a los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación (JNG), la Mafia Albanesa (Clan Farruca) e italiana (Ndrangheta) y las mafias de los vecinos países de Colombia (cartel del Golfo) y Perú (remanentes de Sendero Luminoso). Además, en la frontera con Colombia operarían grupos conocidos como BACRIM o Bandas Criminales como resultado de los remanentes de grupos armados paramilitares de extrema derecha y algunas disidencias guerrilleras.
La infiltración de estas estructuras criminales, bandas delincuenciales y grupos armados ilegales que cruzan las fronteras hacia territorio ecuatoriano, también debe hacerse extensivo al mismo gobierno e instituciones; demostrando la falta de control y la perdida cada vez más evidente del monopolio legítimo de la fuerza de sus organizaciones de justicia y el debilitamiento de su soberanía y su sistema democrático.
México, Colombia y Ecuador como Estados Fallidos
América Latina ha sufrido el embate de la violencia a lo largo y ancho del continente, las víctimas se cuentan por miles en un incesante círculo de terror. Desde una perspectiva comparada tanto México, Ecuador y Colombia poseen similitudes respecto a elementos que pueden ubicarlos como Estados Fallidos. Durante los años 80 y 90 gobernaron en México partidos políticos de corte neoliberal amparados por la Doctrina del Shock y las exigencias del Fondo Monetario Internacional. el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional el PAN dominaron la escena política nacional mexicana. Durante estos gobiernos el país centroamericano se transformó en uno de los más peligrosos del mundo y la violencia trastocó tanto el orden democrático como la posibilidad de una gobernanza efectiva.
De manera similar Colombia sufrió la arremetida del narcotráfico en las mismas décadas, y sus imbricaciones con la política se hicieron presentes en los dos partidos de derecha más representativos del país, el Partido Liberal y el Partido Conservador. En ambos países se hicieron notorias las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. Los ajustes económicos, la violencia política y el narcotráfico llevaron a estos países latinoamericanos a perder gran parte del control sobre su territorio. Mientras la narcopolítica se instauraba como algo cotidiano debilitando sus instituciones.
En Ecuador durante los años 80 y 90 la violencia gubernamental fue el detonante de la crisis de representación política y el inicio de la dolarización. En el año 2000 de la mano del gobierno de Jamil Mahuad no solo se perdió la soberanía monetaria sino que además esto abrió el camino para que el país se convirtiera en un importante centro de lavado de dinero del narcotráfico. Las políticas neoliberales y de ajuste estructural en el Ecuador sembraron las bases para un periodo de violencia económica, represión política y sobre todo el ingreso de miles de millones de dólares fruto de actividades ilícitas. Podríamos incluso decir que la dolarización en el Ecuador facilitó de manera “conveniente” una economía del “narco” a fin a las organizaciones delictivas de los países vecinos.
Las similitudes con el Ecuador, México y Colombia nos hacen pensar que la violencia de los grupos delictivos nacionales y trasnacionales tienen que ver con factores multidimensionales. La larga guerra civil en Colombia y la guerra entre narcos en México nos presentan una crisis institucional generalizada, pérdida de garantías y control territorial por parte del Estado, expansión del paramilitarismo y la infiltración del narcotráfico en el sistema político y de justicia. En los tres casos existió un Estado en permanente crisis institucional e incapaz de controlar el territorio, proveer a sus pobladores de salud, educación y los niveles mínimos de seguridad, además de una crisis de representación política que se ha agudizado los últimos años (Herman y Ratner 1992-1993).
En el escenario geopolítico Ecuador se ha ido decantando en un Estado Fallido. La migración y la falta de control de las fronteras lo ha hecho vulnerable. En los últimos 3 años cerca de 300 mil ecuatorianos han salido del país huyendo de la pobreza y la violencia. Muchos de ellos, cerca de 60 mil personas migraron a Estados Unidos a través de la selva del Darién atravesando centroamericana. Durante esta nueva crisis migratoria miles desaparecieron en la frontera con México, víctimas de las redes de tráfico de personas y de los cárteles del narcotráfico que operan en esas zonas. Las autoridades ecuatorianas no han establecido políticas mínimas de protección para los migrantes y sus familias durante estos últimos siete años. Es decir, un Estado en crisis e incapaz al igual que en México y Colombia en su momento histórico particular de atender los requerimientos de sus pobladores. Presentando además una severa crisis de gobernanza, fiabilidad en las fuerzas del orden, justicia, control territorial y el sistema en general. La ausencia de una institucionalidad legitimada y reconocible tanto al interior como al exterior derivó en el empoderamiento de las mafias y cárteles como lo plantea Noam Chomsky en su libro Estados fallidos el abuso de poder y el ataque a la democracia (2007).
De igual forma las instituciones del Estado no pueden controlar o hacer uso legítimo de la violencia sino que muchas veces direccionan esa fuerza según los intereses que le planteen las organizaciones delincuenciales (Dávalos, 2023). Esto les garantiza un marco de impunidad al ejercer influencia y control sobre el sistema de justicia, las Fuerzas Armadas y la policía. Además, se debilitaron las instituciones al no entregarlas todos los recursos para operar. El ajuste estructural vino en el gobierno de Lenin Moreno, subyugado por el Fondo Monetario Internacional, lo cual produjo el debilitamiento institucional y el casi nulo gasto público continuó con Guillermo Lasso y terminó de colapsar todo el sistema con Daniel Noboa.
La situación estratégica del Ecuador
Son varios los factores que contribuyen a la expansión del narcotráfico en el Ecuador y la violencia que genera. Ecuador es un país pequeño en extensión, con poco control fronterizo, con dolarización y baja bancarización que facilita el lavado de dinero. Cuenta además con una amplia superficie costanera navegable con deficiente control marítimo y aéreo (Insihgt crime, 2024). Entre el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2022 la Dirección Nacional antidrogas incautó 619 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (los resultados 2023-24 por actualizar).
La situación estratégica del Ecuador lo hace apetecible para el transporte de narcóticos, pues comparte frontera con Colombia y Perú. El auge de las bandas criminales en la frontera colombiana no es nuevo, pero se ha agudizado por la facilidad con que estas logran construir un tejido de negocios para el lavado del dinero fruto del narcotráfico. En la frontera conviven enormes problemas sociales, pobreza, exclusión. En zonas fronterizas como Esmeraldas el abandono ha generado el desarrollo de la minería ilegal, la trata de personas y migrantes, el lavado de dinero y una consistente presencia de fuerzas irregulares y bandas criminales. La frontera norte también es el lugar a través del cual se envían enormes cantidades de droga a través del mar, utilizando los puestos clandestinos de la zona costera del pacífico ecuatoriano.
Según Insight Crime (2024) entre el año 2019 y 2021, Colombia posee el 65% de los cultivos de coca a nivel mundial, seguido de Perú con el 24% y Bolivia con el 11%. Según este mismo estudio se afirma que las organizaciones delictivas producen de manera más eficiente la cocaína por hectárea. Paradójicamente existen en este país 7 bases norteamericanas.
Insight Crime 2024
Al atravesar Ecuador de norte a sur, el tránsito de la droga ha potenciado la corrupción, el enfrentamiento de bandas –en la calle y en las cárceles– y los homicidios. En febrero fue localizado un gran laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína a 15 kilómetros de la frontera colombiana, con capacidad para la producción de dos toneladas mensuales, de forma que Ecuador ya no solo es país de tránsito, sino que está entrando en la cadena de producción a partir de la pasta coca que llega de Colombia. Guayaquil también pasó a ser una salida de la coca cultivada en Perú.
En su último informe anual sobre la cocaína, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) constata la presencia en Guayaquil de traficantes de los Balcanes, entre ellos albaneses y miembros de grupos criminales italianos. Estos operan en colaboración con pandillas ecuatorianas, como los Choneros, los Tiguerones o los Lobos. De la droga incautada en 2021, el 33% estaba destinada a Europa, frente al 9% de 2019. El aumento de los transportes de droga colombiana a través de Ecuador se ve a la vez potenciado por la necesidad que tienen los carteles de dar salida a mayores cosechas en Colombia, donde en 2021 las hectáreas de cultivo de coca se incrementaron un 43% (en Perú lo hicieron un 30% y en Bolivia un 4%). Si en 2019, las autoridades ecuatorianas incautaron 82 toneladas de droga, en 2021 fueron ya 210 (el 90% era cocaína), como indica el informe de la ONUDD. Con ello, es el país de tránsito con mayor incautación, solo por detrás de Colombia, que es país productor. (Global Affairs and Strategic Studies, 2023).
Por otra parte, la frontera peruana se ha convertido desde hace varios años en un punto a través del cual ingresan drogas y armas hacia el Ecuador. Una frontera caliente y con poco resguardo. La producción de droga en Perú ha aumentado debido sobre todo al debilitamiento institucional y sus propios problemas políticos. Además de la conversión de fuerzas otrora revolucionarias en cárteles y los grupos paramilitares. Perú se ha convertido en un país sostenidamente productor de drogas, y estas son comercializadas y almacenadas en el Ecuador a través de las carreteras del sur del país.
El Ecuador se preciaba de ser una isla de paz, mientras era un lugar de tránsito de la droga sin que esto produjera una marcada violencia social. Hoy se ha convertido en un lugar de producción, almacenamiento, transporte y distribución. Siendo el principal foco de exportación de alcaloide hacia Europa que sale vía marítima a través de contendores de frutas como el banano. Sin embargo, hoy, el incremento de la actividad del narcotráfico ha generado una ola de actos violentos en distintas zonas del país por el control de los territorios.
Los carteles mexicanos, albaneses, la mafia italiana.
El Ecuador es el tercer país del mundo en decomiso de cocaína, detrás de EEUU y Colombia, según el Informe Mundial de las Drogas 2022 de la ONU. Esto ha ido aumentando exponencialmente. La Policía Antinarcóticos ecuatoriana en 2019 incautó 79 toneladas de droga, en 2020 unas 128 toneladas, en 2021 cerca de 190, en 2022 más de 201. En los primeros cuatro meses de 2023 ya se han decomisado en Ecuador más de 64 toneladas de drogas (Diwan, 2023).
Según el diario británico The Telegraph, también opera en Ecuador la mafia albanesa que trabaja con bandas locales y que es clave en el envío de droga a Europa. Esta mafia tiene una “escuela de sicarios” para niños y jóvenes en Guayaquil. La formación duraría alrededor de medio año y los “estudiantes” para graduarse deben asesinar a un pandillero rival (Pagina 12, 2024)
La debilidad estatal para hacer frente al problema se profundizó por los nexos de la fuerza pública con el crimen organizado. El embajador de los EEUU en Ecuador, Michael Fitzpatrick, advirtió sobre la presencia de “narco generales” en las instituciones de seguridad y también sobre la corrupción de funcionarios judiciales. Además del casi total control de las cárceles, los reos y los funcionarios del sistema carcelario.
El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y la fundación Panamericana para el Desarrollo, además de la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional identificaron a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la mafia de los Balcanes como los principales operadores trasnacionales del crimen en Ecuador. El cártel de Sinaloa conducido por el Chapo Guzmán con presencia en 17 estados de México y 54 países del mundo estaría operando en Ecuador desde el 2003. Su accionar se ubica en las regiones de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Los territorios con más violencia y asesinatos en todo el país. El Cartel Jalisco Nueva Generación que tiene una importante presencia en México y Estados Unidos, así como el Cartel de Sinaloa y sus ramificaciones han cambiado su negocio de transporte. Según fuentes periodísticas. Estos cárteles se han decantado por la generación de drogas sintéticas más baratas y fáciles de transportar y distribuir en Estados Unidos. Dejando el transporte de cocaína hacia los territorios de Europa, especialmente de Europa del Este. Su capacidad de influencia en el Ecuador creció debido al cambio de rutas del narcotráfico y se mantuvo intacta, creciendo los últimos años.
Dos recientes golpes policiales al Clan Farruku y a la Mafia Ndrangheta confirman la operación de estas redes (Primicias, 2023). La droga que comercializan sale de Ecuador. En el 2023, autoridades policiales europeas golpearon a las estructuras de ambos grupos delictivos. A partir de estos operativos, que dejaron cientos de detenidos en varios países, salieron a la luz conexiones con Ecuador, el país no solo sería el principal proveedor de droga para estas agrupaciones, sino que es uno de los destinos para lavar sus ganancias. Durante la investigación, que duró dos años, Europol capturó más de 10.000 kilos de cocaína y 10.000 kilos de hachís en diferentes puertos europeos
Europol (2023) dio a conocer los resultados de uno de los mayores golpes en contra de la Ndrangheta, la mafia de Calabria (sur de Italia) (Guardia Civil España, 2023). En el mega operativo participaron Italia, Alemania, Bélgica, Portugal y España. Las autoridades detuvieron a 155 personas en tres países y hay otras 23 órdenes de arresto por ejecutar. Se trata de una operación internacional con más de 2.770 agentes implicados. Durante las investigaciones, se pudo contabilizar el tráfico de hasta 280 kilos de heroína y 100 kilos de cocaína procedentes de Suramérica, específicamente, de Colombia. La operación reveló además la increíble ramificación de la Ndrangheta, la mafia más poderosa de Italia, tanto en el norte de Italia, pero también en países como Bélgica y Alemania. Si bien los operativos contra el Clan Farruku y la Mafia Ndrangheta fueron independientes, los reportes de las autoridades europeas revelan que ambas organizaciones estaban conectadas, su punto de encuentro es Ecuador y el narcotráfico (Primicias, 2023).
Las pandillas y la violencia
El fenómeno de la violencia en el Ecuador es multidimensional, pues la pobreza, la exclusión y la falta de trabajo construyen el entorno apropiado para la violencia. El narcotráfico recluta a través de las pandillas a niños y jóvenes entre los sectores marginados de la sociedad y los utiliza como “soldados” para controlar las zonas periféricas de las ciudades. En este contexto, las pandillas son el brazo armado de los carteles nacionales e internacionales.
La guerra entre pandillas parece desencadenarse en el 2020 cuando es asesinado el líder del cártel nacional más poderoso Los Choneros, lo que generó la segmentación de dicha organización. Los llamados Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) como los Tiguerones o los Lobos controlan las rutas por donde se almacena y moviliza la droga. Estos territorios se organizan y luchan por el control de las autopistas como la E32 que conecta las provincias costeras de El Oro con las localidades de Durán, Guayas, Manabí y Esmeraldas. Además de la violencia por el control de las rutas y los centros de almacenamiento como la localidad de Nueva Palestina. Las bandas delictivas nutren sus economías con otras actividades adicionales como el secuestro exprés, el sicariato y la extorción de pequeños comerciantes. Se ha desatado una verdadera industria de la violencia que moviliza grandes cantidades de dinero.
Solo en 2023 hubo 21.811 denuncias de extorsión en el país, comparando a los 862 casos de 2019, el incremento es del 2.430%. El mayor crecimiento se dio en 2023 (Primicias b, 2023). al menos 147 de las víctimas entre enero y mayo de 2024 son niños y adolescentes (Primicias c, 2023) Once masacres carcelarias y 413 presos asesinados en 21 meses. Seis cárceles en cinco ciudades han albergado las peores matanzas de la historia del sistema carcelario ecuatoriano. Ocurrieron entre 2021 y 2022 (Primicias d, 2023)
La violencia es general y estructurada y en el Ecuador adquiere diferentes formas y escalas. Por lo menos una docena de atentados con coches bomba se registraron en diferentes lugares. En agosto del 2023 por primera vez en su historia estallaron dos coches bomba en el centro norte de la capital. Esto sucedió previo a la recta final de las elecciones presidenciales. Desde el 23 de febrero de 2021 en Ecuador se produjeron once masacres carcelarias. Estas suman 412 víctimas y se han cometido en seis prisiones de cinco ciudades (Primicias d. 2023)
En su último informe anual sobre la cocaína, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) constata la presencia en Guayaquil de traficantes de los Balcanes, entre ellos albaneses y miembros de grupos criminales italianos. Estos operan en colaboración con pandillas ecuatorianas, como los Choneros, los Tiguerones o los Lobos. De la droga incautada en 2021, el 33% estaba destinada a Europa, frente al 9% de 2019. El aumento de los transportes de droga colombiana a través de Ecuador se ve a la vez potenciado por la necesidad que tienen los carteles de dar salida a mayores cosechas en Colombia, donde en 2021 las hectáreas de cultivo de coca se incrementaron un 43% (en Perú lo hicieron un 30% y en Bolivia un 4%). Si en 2019, las autoridades ecuatorianas incautaron 82 toneladas de droga, en 2021 fueron ya 210 (el 90% era cocaína), como indica el informe de la ONUDD. Con ello, es el país de tránsito con mayor incautación, solo por detrás de Colombia, que es país productor. (Global Affairs and Strategic Studies, 2023).
Por otra parte, la frontera peruana se ha convertido desde hace varios años en un punto a través del cual ingresan drogas y armas hacia el Ecuador. Una frontera caliente y con poco resguardo. La producción de droga en Perú ha aumentado debido sobre todo al debilitamiento institucional y sus propios problemas políticos. Además de la conversión de fuerzas otrora revolucionarias en cárteles y los grupos paramilitares. Perú se ha convertido en un país sostenidamente productor de drogas, y estas son comercializadas y almacenadas en el Ecuador a través de las carreteras del sur del país.
El Ecuador se preciaba de ser una isla de paz, mientras era un lugar de tránsito de la droga sin que esto produjera una marcada violencia social. Hoy se ha convertido en un lugar de producción, almacenamiento, transporte y distribución. Siendo el principal foco de exportación de alcaloide hacia Europa que sale vía marítima a través de contendores de frutas como el banano. Sin embargo, hoy, el incremento de la actividad del narcotráfico ha generado una ola de actos violentos en distintas zonas del país por el control de los territorios.
Los carteles mexicanos, albaneses, la mafia italiana.
El Ecuador es el tercer país del mundo en decomiso de cocaína, detrás de EEUU y Colombia, según el Informe Mundial de las Drogas 2022 de la ONU. Esto ha ido aumentando exponencialmente. La Policía Antinarcóticos ecuatoriana en 2019 incautó 79 toneladas de droga, en 2020 unas 128 toneladas, en 2021 cerca de 190, en 2022 más de 201. En los primeros cuatro meses de 2023 ya se han decomisado en Ecuador más de 64 toneladas de drogas (Diwan, 2023).
Según el diario británico The Telegraph, también opera en Ecuador la mafia albanesa que trabaja con bandas locales y que es clave en el envío de droga a Europa. Esta mafia tiene una “escuela de sicarios” para niños y jóvenes en Guayaquil. La formación duraría alrededor de medio año y los “estudiantes” para graduarse deben asesinar a un pandillero rival (Pagina 12, 2024)
La debilidad estatal para hacer frente al problema se profundizó por los nexos de la fuerza pública con el crimen organizado. El embajador de los EEUU en Ecuador, Michael Fitzpatrick, advirtió sobre la presencia de “narco generales” en las instituciones de seguridad y también sobre la corrupción de funcionarios judiciales. Además del casi total control de las cárceles, los reos y los funcionarios del sistema carcelario.
El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y la fundación Panamericana para el Desarrollo, además de la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional identificaron a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la mafia de los Balcanes como los principales operadores trasnacionales del crimen en Ecuador. El cártel de Sinaloa conducido por el Chapo Guzmán con presencia en 17 estados de México y 54 países del mundo estaría operando en Ecuador desde el 2003. Su accionar se ubica en las regiones de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Los territorios con más violencia y asesinatos en todo el país. El Cartel Jalisco Nueva Generación que tiene una importante presencia en México y Estados Unidos, así como el Cartel de Sinaloa y sus ramificaciones han cambiado su negocio de transporte. Según fuentes periodísticas. Estos cárteles se han decantado por la generación de drogas sintéticas más baratas y fáciles de transportar y distribuir en Estados Unidos. Dejando el transporte de cocaína hacia los territorios de Europa, especialmente de Europa del Este. Su capacidad de influencia en el Ecuador creció debido al cambio de rutas del narcotráfico y se mantuvo intacta, creciendo los últimos años.
Dos recientes golpes policiales al Clan Farruku y a la Mafia Ndrangheta confirman la operación de estas redes (Primicias, 2023). La droga que comercializan sale de Ecuador. En el 2023, autoridades policiales europeas golpearon a las estructuras de ambos grupos delictivos. A partir de estos operativos, que dejaron cientos de detenidos en varios países, salieron a la luz conexiones con Ecuador, el país no solo sería el principal proveedor de droga para estas agrupaciones, sino que es uno de los destinos para lavar sus ganancias. Durante la investigación, que duró dos años, Europol capturó más de 10.000 kilos de cocaína y 10.000 kilos de hachís en diferentes puertos europeos
Europol (2023) dio a conocer los resultados de uno de los mayores golpes en contra de la Ndrangheta, la mafia de Calabria (sur de Italia) (Guardia Civil España, 2023). En el mega operativo participaron Italia, Alemania, Bélgica, Portugal y España. Las autoridades detuvieron a 155 personas en tres países y hay otras 23 órdenes de arresto por ejecutar. Se trata de una operación internacional con más de 2.770 agentes implicados. Durante las investigaciones, se pudo contabilizar el tráfico de hasta 280 kilos de heroína y 100 kilos de cocaína procedentes de Suramérica, específicamente, de Colombia. La operación reveló además la increíble ramificación de la Ndrangheta, la mafia más poderosa de Italia, tanto en el norte de Italia, pero también en países como Bélgica y Alemania. Si bien los operativos contra el Clan Farruku y la Mafia Ndrangheta fueron independientes, los reportes de las autoridades europeas revelan que ambas organizaciones estaban conectadas, su punto de encuentro es Ecuador y el narcotráfico (Primicias, 2023).
Las pandillas y la violencia
El fenómeno de la violencia en el Ecuador es multidimensional, pues la pobreza, la exclusión y la falta de trabajo construyen el entorno apropiado para la violencia. El narcotráfico recluta a través de las pandillas a niños y jóvenes entre los sectores marginados de la sociedad y los utiliza como “soldados” para controlar las zonas periféricas de las ciudades. En este contexto, las pandillas son el brazo armado de los carteles nacionales e internacionales.
La guerra entre pandillas parece desencadenarse en el 2020 cuando es asesinado el líder del cártel nacional más poderoso Los Choneros, lo que generó la segmentación de dicha organización. Los llamados Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) como los Tiguerones o los Lobos controlan las rutas por donde se almacena y moviliza la droga. Estos territorios se organizan y luchan por el control de las autopistas como la E32 que conecta las provincias costeras de El Oro con las localidades de Durán, Guayas, Manabí y Esmeraldas. Además de la violencia por el control de las rutas y los centros de almacenamiento como la localidad de Nueva Palestina. Las bandas delictivas nutren sus economías con otras actividades adicionales como el secuestro exprés, el sicariato y la extorción de pequeños comerciantes. Se ha desatado una verdadera industria de la violencia que moviliza grandes cantidades de dinero.
Solo en 2023 hubo 21.811 denuncias de extorsión en el país, comparando a los 862 casos de 2019, el incremento es del 2.430%. El mayor crecimiento se dio en 2023 (Primicias b, 2023). al menos 147 de las víctimas entre enero y mayo de 2024 son niños y adolescentes (Primicias c, 2023) Once masacres carcelarias y 413 presos asesinados en 21 meses. Seis cárceles en cinco ciudades han albergado las peores matanzas de la historia del sistema carcelario ecuatoriano. Ocurrieron entre 2021 y 2022 (Primicias d, 2023)
La violencia es general y estructurada y en el Ecuador adquiere diferentes formas y escalas. Por lo menos una docena de atentados con coches bomba se registraron en diferentes lugares. En agosto del 2023 por primera vez en su historia estallaron dos coches bomba en el centro norte de la capital. Esto sucedió previo a la recta final de las elecciones presidenciales. Desde el 23 de febrero de 2021 en Ecuador se produjeron once masacres carcelarias. Estas suman 412 víctimas y se han cometido en seis prisiones de cinco ciudades (Primicias d. 2023)
Violencia y crisis carcelaria en el Ecuador
El sistema de rehabilitación penitenciaria redujo al mínimo el número de guardias penitenciarios y suspendió todos los programas de rehabilitación social. El sistema de aduanas redujo su personal de control al mínimo por las “políticas de austeridad fiscal” provocando el auge del contrabando y convirtiendo al país en puerto seguro para la exportación de drogas. Los sistemas de radares que existían para evitar el uso de pistas clandestinas para el contrabando y el narcotráfico, fueron desmantelados. Se redujeron al mínimo y se eliminaron varios proyectos de inversión para seguridad (Pablo Dávalos. 2023).
Ecuador es un país de 18 millones de habitantes que tiene una población penitenciaria de 39.000 personas. Su sistema carcelario está compuesto por 53 cárceles que en conjunto cuentan con la capacidad para albergar a unas 30.000 personas, pero que sin embargo acogen a casi 10.000 personas más. Por otra parte, la tasa de encarcelamiento en Ecuador fue de 215 presos por cada 100.000 habitantes en 2017, la cual se ha triplicado desde 2009, momento en que llegó a ser de 85 presos por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas en la historia del país.
Según el portal digital de noticias desde el 2020 han ocurrido más de 500 muertes violentas en las cárceles ecuatorianas. Incluidos 6 de los siete sicarios involucrados en el asesinato del candidato a la presidencia de la república Fernando Villavicencio. Las diez matanzas han estado ligadas a la guerra de las bandas narco delictivas. Todo empezó raíz de la muerte de José Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', quien lideraba a Los Choneros. Bandas que en su momento fueron aliadas a Los Choneros, como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, intentan arrebatar el control de las cárceles y del narcotráfico a sus ex socios a punta de muertes.
El 23 de febrero de 2021 cambió el panorama delictivo en Ecuador. Previamente Los Choneros y sus bandas aliadas se habían disputado las cárceles con grupos como Los Lagartos y Los Cubanos. Pero ese 23 de febrero, por primera vez, Los Lobos y Los Tiguerones, comandados por 'Pipo' y el 'Negro Willy', ordenaron ataques a las estructuras de Los Choneros en cuatro cárceles: Turi, en Azuay, CPL Cotopaxi, en Latacunga y la Regional y la 'Peni', en Guayaquil. De ese motín múltiple, 79 presos resultaron asesinados.
Para el 21 de julio de 2021 los grupos involucrados fueron los mismos que causaron la masacre del 23 de febrero. Esta vez hubo 27 muertos en dos prisiones. Ese 21 de julio hubo un nuevo actor. Se trata de los Águilas, otra célula que se desprendió de los Choneros, pero que sigue siendo una de sus aliadas en la batalla contra los Lobos y los Tiguerones. En la Penitenciaría del Litoral y en el CPL Cotopaxi, los Águilas intentaron tomar venganza contra los grupos que los atacaron en febrero (Primicias. 2024)
Esta fue la peor masacre de la historia de Ecuador y la quinta más sangrienta en Latinoamérica, con 119 víctimas, en la Penitenciaría del Litoral. La mayoría de las víctimas pertenecía a otra banda conocida como los Fatales, también nacida como célula de los Choneros. Hay dos hipótesis de las razones. La primera es que los Lobos y los Tiguerones los atacaron. La segunda es que los Fatales, en cambio, se habían acercado a esos grupos y por esa traición, los Águilas los liquidaron. (Primicias. 2024 )
En junio 2024 se registró el peor mes, los datos revelan que en el sexto mes de 2024 hubo 592 asesinatos. La ciudad de Manta es un ejemplo de la disputa entre bandas, lugar que se disputan entre los Lobos y los Choneros el 68% de las muertes violentas registradas durante 2024 se concentra entre Portoviejo y Manta. Un lugar donde el 94% de los asesinatos ocurre por violencia criminal. Los Pepes que operan en la ciudad son una fracción de los Lobos en guerra con los Choneros. El 3 de junio Daniel Noboa emitió el decreto 290, que dispone que la cúpula policial y militar ejerzan temporalmente funciones y atribuciones desde Manta.
Es innegable que los escándalos que presuntamente vinculan a magistrados y abogados como operadores del crimen organizado aparecen cada semana en el Ecuador. La violencia se ha enraizado de tal manera que incluso aquellos abogados, fiscales o jueces que no son comprados o trabajan para la delincuencia organizada, terminan siendo asesinados. Los escándalos en el sistema de justicia ecuatoriano desatan serios cuestionamientos a la institucionalidad misma del sistema. Se vincula a jueces y fiscales presuntamente de beneficiar a narcotraficantes con reducción de penas e incluso con su liberación cambiándoles el tipo de delito o condonándoles las sentencias. En diciembre del 2023 la fiscalía del Ecuador imputo a personas relacionadas con presunta vinculación con el narcotráfico. Jueces, fiscales, policías, secretarios, peritos, abogados, guías penitenciarios.
La ex fiscal del Guayas e incluso la ex comisionada colombiana Claudia Garzón son parte de los más de 40 detenidos, incluso al ex titular del Consejo de la Judicatura y un ex general de policía. Según la coalición Global Anticorrupción Transparencia Internacional (TI) concluye que en la región “la falta de transparencia del poder judicial favorece la impunidad de los poderosos y corruptos (Infobae 16 de julio del 2024). El informe de varias organizaciones ubica al Ecuador en el puesto número 34 de corrupción donde 0 es muy corrupto y 100 nada corrupto. En este sentido concluyó que en “Ecuador atraviesa una grave crisis de violencia y deterioro de la confianza en las instituciones públicas” (TI,2024). Como es de esperarse, estos escándalos debilitan la confianza de la ciudadanía en el sistema de operación y administración de la justicia en el Ecuador.
Human Right Watch ( HRW) pidió al presidente Noboa que ponga fin al control por parte de los militares de los centros carcelarios por violaciones a los derechos humanos ( EL PAÌS , 2024). Esto tras el decreto del 9 de enero, por el cual se notificó que el Ecuador se encontraba en Conflicto Armado Interno. Esta organización ha denunciado en una carta al presidente Noboa que cese el control de las cárceles por parte de efectivos militares. Manifiesta que muchas personas fueron ilegalmente detenidas y que no se ha observado los debidos procedimientos.
“Los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y algunos casos de tortura en prisión” (El País 2024). Por otra parte, los familiares de los detenidos acusan al gobierno de no proveer de alimentos a los detenidos. Los 11 mil internos de las cárceles pasaron hambre por los rubros adeudadados a la empresa que les daba el servicio de alimentación, esta deuda ascendería a 30 millones de dólares y el gobierno del presidente Noboa no habría pagado esos haberes vencidos. Esa deuda también incluye el desayuno escolar de un millón de niños (el País 2024)
En las cárceles ecuatorianas se vive otro tipo de violencia, lugares donde no hay agua potable, con carencia de medicinas y atención en salud y donde la alimentación precaria y de mala calidad no llega ni a un dólar diario por preso. Lugares donde no existen psiquiatras (hay 95 psicólogos y 5 psiquiatras para atender a los casi 40. 000 presos. Las mafias extorsionan a los presos y a sus familias a cambio de seguridad, alimento o un lugar donde poder dormir. Los presos son obligados a pagar unos 240 dólares al mes para poder sobrevivir lo que en termino económico es muy rentable para las mafias que operan dentro (InSight Crime, 2023).
La ausencia de política carcelaria desde el 2017 hasta el 2024 sufre una de las peores crisis de su historia. En 2017 Lenin Moreno centró sus esfuerzos en reducir el Estado. El gobierno hizo un recorte en el sistema penitenciario que pasó de 163 millones de dólares en 2017 a sólo 90 millones en el 2020. Esto hizo que fuera imposible la contratación de guías penitenciarios y el mantenimiento de las unidades carcelarias, su equipamiento tecnológico y de control. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el debilitamiento de la institucionalidad se presenta como resultado de una serie de medidas de gestión gubernamental motivadas por el recorte del gasto público que han provocado la precarización de recursos humanos y materiales, sumado a la expansión del fenómeno de la corrupción a todos los niveles.
En este sentido, con la reforma de 2018 se eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se crearon dos entidades, la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI. Este último, a cargo de la gestión penitenciaria se constituye como un servicio por lo que carece de rectoría y presencia territorial en comparación con un Ministerio (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022, p. 11). La crisis del sistema de justicia alcanza además a uno de los lugares más complejos, el sistema de cárceles y rehabilitación social. Desde el periodo de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa cerca de 500 personas privadas de la libertad (PPLs) han muerto al interior de los centros carcelarios.
En 2009 la población carcelaria de Ecuador era de 11 mil reclusos, pero en 2021 aumentó a 40 mil privados de libertad. Las personas privadas de libertad prácticamente son parte de los “activos” de las pandillas que operan en todo el país, son lo que podría llamarse “prisioneros dentro de las cárceles”. Por una parte, la guerra entre bandas y pandillas en las ciudades por el control territorial también se expande a las cárceles donde opera de la misma manera. Control sobre el territorio, control sobre la extorción, control sobre la gente.
Las bandas como los Chone Killers, los Lobos y los Tiguerones manejan parte del flujo de droga en el Ecuador y eso los convierte en organizaciones que conectan su poder también las cárceles. Al mismo tiempo estas organizaciones tienen contacto y son parte de organizaciones trasnacionales del narcotráfico como Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. La crisis es de tal magnitud que se requirió poner varias veces el sistema de rehabilitación social en emergencia para “contener” la ola de violencia. Paradójicamente el militarizar las cárceles no dio resultados, meses después de la militarización se incrementó la violencia y se requisaron ingentes cantidades de armas automáticas, explosivos y sistemas de comunicación.
Durante el 2023 y 2024 los operativos cubiertos por la prensa nacional mostraron al público la vida de lujo de los capos de la droga en las cárceles. Contaban con un control severo de la cárcel de igual manera que los territorios y rutas. Encontraron desde discotecas privadas hasta granjas de peces y otros lujos, todo esto a vista y paciencia de las autoridades. En estos lugares, también se cuestionó la probidad de los jueces, fiscales y abogados del sistema penitenciario nacional y de su principal institución el Servicio Nacional de Atención a los privados de libertad (SNAI). La denuncia del vocal del Consejo de Participación Ciudadana Abraham Verduga contra esta institución pidió que se investiguen las presuntas irregularidades en la SNAI. Se detectaron calificaciones de la conducta a los privados de libertad que en muchos casos les permitían salir en libertad o prelibertad. Estos beneficios serían presuntamente parte de un sistema de corrupción que se está investigando. La crisis carcelaria deviene también en una crisis integral del sistema de justicia y de todo el sistema político ecuatoriano.
Violencia en el sistema político
Desde el 2022 en el Ecuador se ha desatado una epidemia de asesinatos a candidatos políticos. Concejales, Alcaldes, Prefectos e incluso un candidato a la presidencia de la República cuentan como víctimas de la violencia que se desata en el Ecuador. Los casos de sicariato contra políticos ecuatorianos son tantos que es difícil contarlos uno a uno. Según fuentes de prensa cerca de 20 candidatos fueron víctimas de sicariato, entre los que se cuentan el candidato a la Alcaldía de Manta y el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Días antes de su muerte Villavicencio denunció amenazas por parte del cartel de Sinaloa, horas más tarde la organización los Lobos mediante un video reivindicaría este atentado.
Estos hechos parecen emular la violencia en Colombia que se llevó a miles de colombianos al mismo tiempo que generaba un éxodo de la población huyendo de la violencia. Estado fallido cuando los carteles dominaron todo el panorama político colombiano, asesinando a candidatos y controlando gran parte de su territorio. Sin embargo, podemos esbozar un caso que llevó a investigar al expresidente Guillermo Lasso. La violencia en el sistema político se hizo evidente tras el asesinato de Rubén Cherres, empresario guayaquileño quién presuntamente seria parte de la red del narcotráfico nacional vinculado a altas personalidades políticas del gobierno, así como también a la Mafia Albanesa.
Los portales digitales como La Posta (2022, 2023, 2024) realizaron un reportaje especial vinculando a la élite política ecuatoriana con la peligrosa Mafia Albanesa que exportaba droga a los puertos de Amberes, Frankfurt y Hamburgo en Europa. Lo impactante de este caso es que Rubén Cherres era parte del círculo íntimo del cuñado del expresidente Guillermo Lasso, el empresario Danilo Carrera. El asesinato de Rubén Cherres generó un escándalo que alteró profundamente el desarrollo político del Ecuador y dio paso a la llamada “muerte cruzada”. Un mecanismo constitucional para disolver la Asamblea Nacional y llamar a nuevas elecciones. Este mecanismo fue activado por el expresidente Guillermo Lasso para evitar el juicio político.
Estos hechos que requieren un estudio mayor. Sin embargo, nos muestra el complejo entramado entre política y crimen organizado en el Ecuador contemporáneo.
Conclusiones Preliminares
Durante esta breve presentación expongo las siguientes conclusiones.
El sistema de rehabilitación penitenciaria redujo al mínimo el número de guardias penitenciarios y suspendió todos los programas de rehabilitación social. El sistema de aduanas redujo su personal de control al mínimo por las “políticas de austeridad fiscal” provocando el auge del contrabando y convirtiendo al país en puerto seguro para la exportación de drogas. Los sistemas de radares que existían para evitar el uso de pistas clandestinas para el contrabando y el narcotráfico, fueron desmantelados. Se redujeron al mínimo y se eliminaron varios proyectos de inversión para seguridad (Pablo Dávalos. 2023).
Ecuador es un país de 18 millones de habitantes que tiene una población penitenciaria de 39.000 personas. Su sistema carcelario está compuesto por 53 cárceles que en conjunto cuentan con la capacidad para albergar a unas 30.000 personas, pero que sin embargo acogen a casi 10.000 personas más. Por otra parte, la tasa de encarcelamiento en Ecuador fue de 215 presos por cada 100.000 habitantes en 2017, la cual se ha triplicado desde 2009, momento en que llegó a ser de 85 presos por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas en la historia del país.
Según el portal digital de noticias desde el 2020 han ocurrido más de 500 muertes violentas en las cárceles ecuatorianas. Incluidos 6 de los siete sicarios involucrados en el asesinato del candidato a la presidencia de la república Fernando Villavicencio. Las diez matanzas han estado ligadas a la guerra de las bandas narco delictivas. Todo empezó raíz de la muerte de José Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', quien lideraba a Los Choneros. Bandas que en su momento fueron aliadas a Los Choneros, como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, intentan arrebatar el control de las cárceles y del narcotráfico a sus ex socios a punta de muertes.
El 23 de febrero de 2021 cambió el panorama delictivo en Ecuador. Previamente Los Choneros y sus bandas aliadas se habían disputado las cárceles con grupos como Los Lagartos y Los Cubanos. Pero ese 23 de febrero, por primera vez, Los Lobos y Los Tiguerones, comandados por 'Pipo' y el 'Negro Willy', ordenaron ataques a las estructuras de Los Choneros en cuatro cárceles: Turi, en Azuay, CPL Cotopaxi, en Latacunga y la Regional y la 'Peni', en Guayaquil. De ese motín múltiple, 79 presos resultaron asesinados.
Para el 21 de julio de 2021 los grupos involucrados fueron los mismos que causaron la masacre del 23 de febrero. Esta vez hubo 27 muertos en dos prisiones. Ese 21 de julio hubo un nuevo actor. Se trata de los Águilas, otra célula que se desprendió de los Choneros, pero que sigue siendo una de sus aliadas en la batalla contra los Lobos y los Tiguerones. En la Penitenciaría del Litoral y en el CPL Cotopaxi, los Águilas intentaron tomar venganza contra los grupos que los atacaron en febrero (Primicias. 2024)
Esta fue la peor masacre de la historia de Ecuador y la quinta más sangrienta en Latinoamérica, con 119 víctimas, en la Penitenciaría del Litoral. La mayoría de las víctimas pertenecía a otra banda conocida como los Fatales, también nacida como célula de los Choneros. Hay dos hipótesis de las razones. La primera es que los Lobos y los Tiguerones los atacaron. La segunda es que los Fatales, en cambio, se habían acercado a esos grupos y por esa traición, los Águilas los liquidaron. (Primicias. 2024 )
En junio 2024 se registró el peor mes, los datos revelan que en el sexto mes de 2024 hubo 592 asesinatos. La ciudad de Manta es un ejemplo de la disputa entre bandas, lugar que se disputan entre los Lobos y los Choneros el 68% de las muertes violentas registradas durante 2024 se concentra entre Portoviejo y Manta. Un lugar donde el 94% de los asesinatos ocurre por violencia criminal. Los Pepes que operan en la ciudad son una fracción de los Lobos en guerra con los Choneros. El 3 de junio Daniel Noboa emitió el decreto 290, que dispone que la cúpula policial y militar ejerzan temporalmente funciones y atribuciones desde Manta.
Es innegable que los escándalos que presuntamente vinculan a magistrados y abogados como operadores del crimen organizado aparecen cada semana en el Ecuador. La violencia se ha enraizado de tal manera que incluso aquellos abogados, fiscales o jueces que no son comprados o trabajan para la delincuencia organizada, terminan siendo asesinados. Los escándalos en el sistema de justicia ecuatoriano desatan serios cuestionamientos a la institucionalidad misma del sistema. Se vincula a jueces y fiscales presuntamente de beneficiar a narcotraficantes con reducción de penas e incluso con su liberación cambiándoles el tipo de delito o condonándoles las sentencias. En diciembre del 2023 la fiscalía del Ecuador imputo a personas relacionadas con presunta vinculación con el narcotráfico. Jueces, fiscales, policías, secretarios, peritos, abogados, guías penitenciarios.
La ex fiscal del Guayas e incluso la ex comisionada colombiana Claudia Garzón son parte de los más de 40 detenidos, incluso al ex titular del Consejo de la Judicatura y un ex general de policía. Según la coalición Global Anticorrupción Transparencia Internacional (TI) concluye que en la región “la falta de transparencia del poder judicial favorece la impunidad de los poderosos y corruptos (Infobae 16 de julio del 2024). El informe de varias organizaciones ubica al Ecuador en el puesto número 34 de corrupción donde 0 es muy corrupto y 100 nada corrupto. En este sentido concluyó que en “Ecuador atraviesa una grave crisis de violencia y deterioro de la confianza en las instituciones públicas” (TI,2024). Como es de esperarse, estos escándalos debilitan la confianza de la ciudadanía en el sistema de operación y administración de la justicia en el Ecuador.
Human Right Watch ( HRW) pidió al presidente Noboa que ponga fin al control por parte de los militares de los centros carcelarios por violaciones a los derechos humanos ( EL PAÌS , 2024). Esto tras el decreto del 9 de enero, por el cual se notificó que el Ecuador se encontraba en Conflicto Armado Interno. Esta organización ha denunciado en una carta al presidente Noboa que cese el control de las cárceles por parte de efectivos militares. Manifiesta que muchas personas fueron ilegalmente detenidas y que no se ha observado los debidos procedimientos.
“Los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y algunos casos de tortura en prisión” (El País 2024). Por otra parte, los familiares de los detenidos acusan al gobierno de no proveer de alimentos a los detenidos. Los 11 mil internos de las cárceles pasaron hambre por los rubros adeudadados a la empresa que les daba el servicio de alimentación, esta deuda ascendería a 30 millones de dólares y el gobierno del presidente Noboa no habría pagado esos haberes vencidos. Esa deuda también incluye el desayuno escolar de un millón de niños (el País 2024)
En las cárceles ecuatorianas se vive otro tipo de violencia, lugares donde no hay agua potable, con carencia de medicinas y atención en salud y donde la alimentación precaria y de mala calidad no llega ni a un dólar diario por preso. Lugares donde no existen psiquiatras (hay 95 psicólogos y 5 psiquiatras para atender a los casi 40. 000 presos. Las mafias extorsionan a los presos y a sus familias a cambio de seguridad, alimento o un lugar donde poder dormir. Los presos son obligados a pagar unos 240 dólares al mes para poder sobrevivir lo que en termino económico es muy rentable para las mafias que operan dentro (InSight Crime, 2023).
La ausencia de política carcelaria desde el 2017 hasta el 2024 sufre una de las peores crisis de su historia. En 2017 Lenin Moreno centró sus esfuerzos en reducir el Estado. El gobierno hizo un recorte en el sistema penitenciario que pasó de 163 millones de dólares en 2017 a sólo 90 millones en el 2020. Esto hizo que fuera imposible la contratación de guías penitenciarios y el mantenimiento de las unidades carcelarias, su equipamiento tecnológico y de control. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el debilitamiento de la institucionalidad se presenta como resultado de una serie de medidas de gestión gubernamental motivadas por el recorte del gasto público que han provocado la precarización de recursos humanos y materiales, sumado a la expansión del fenómeno de la corrupción a todos los niveles.
En este sentido, con la reforma de 2018 se eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se crearon dos entidades, la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI. Este último, a cargo de la gestión penitenciaria se constituye como un servicio por lo que carece de rectoría y presencia territorial en comparación con un Ministerio (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022, p. 11). La crisis del sistema de justicia alcanza además a uno de los lugares más complejos, el sistema de cárceles y rehabilitación social. Desde el periodo de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa cerca de 500 personas privadas de la libertad (PPLs) han muerto al interior de los centros carcelarios.
En 2009 la población carcelaria de Ecuador era de 11 mil reclusos, pero en 2021 aumentó a 40 mil privados de libertad. Las personas privadas de libertad prácticamente son parte de los “activos” de las pandillas que operan en todo el país, son lo que podría llamarse “prisioneros dentro de las cárceles”. Por una parte, la guerra entre bandas y pandillas en las ciudades por el control territorial también se expande a las cárceles donde opera de la misma manera. Control sobre el territorio, control sobre la extorción, control sobre la gente.
Las bandas como los Chone Killers, los Lobos y los Tiguerones manejan parte del flujo de droga en el Ecuador y eso los convierte en organizaciones que conectan su poder también las cárceles. Al mismo tiempo estas organizaciones tienen contacto y son parte de organizaciones trasnacionales del narcotráfico como Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. La crisis es de tal magnitud que se requirió poner varias veces el sistema de rehabilitación social en emergencia para “contener” la ola de violencia. Paradójicamente el militarizar las cárceles no dio resultados, meses después de la militarización se incrementó la violencia y se requisaron ingentes cantidades de armas automáticas, explosivos y sistemas de comunicación.
Durante el 2023 y 2024 los operativos cubiertos por la prensa nacional mostraron al público la vida de lujo de los capos de la droga en las cárceles. Contaban con un control severo de la cárcel de igual manera que los territorios y rutas. Encontraron desde discotecas privadas hasta granjas de peces y otros lujos, todo esto a vista y paciencia de las autoridades. En estos lugares, también se cuestionó la probidad de los jueces, fiscales y abogados del sistema penitenciario nacional y de su principal institución el Servicio Nacional de Atención a los privados de libertad (SNAI). La denuncia del vocal del Consejo de Participación Ciudadana Abraham Verduga contra esta institución pidió que se investiguen las presuntas irregularidades en la SNAI. Se detectaron calificaciones de la conducta a los privados de libertad que en muchos casos les permitían salir en libertad o prelibertad. Estos beneficios serían presuntamente parte de un sistema de corrupción que se está investigando. La crisis carcelaria deviene también en una crisis integral del sistema de justicia y de todo el sistema político ecuatoriano.
Violencia en el sistema político
Desde el 2022 en el Ecuador se ha desatado una epidemia de asesinatos a candidatos políticos. Concejales, Alcaldes, Prefectos e incluso un candidato a la presidencia de la República cuentan como víctimas de la violencia que se desata en el Ecuador. Los casos de sicariato contra políticos ecuatorianos son tantos que es difícil contarlos uno a uno. Según fuentes de prensa cerca de 20 candidatos fueron víctimas de sicariato, entre los que se cuentan el candidato a la Alcaldía de Manta y el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Días antes de su muerte Villavicencio denunció amenazas por parte del cartel de Sinaloa, horas más tarde la organización los Lobos mediante un video reivindicaría este atentado.
Estos hechos parecen emular la violencia en Colombia que se llevó a miles de colombianos al mismo tiempo que generaba un éxodo de la población huyendo de la violencia. Estado fallido cuando los carteles dominaron todo el panorama político colombiano, asesinando a candidatos y controlando gran parte de su territorio. Sin embargo, podemos esbozar un caso que llevó a investigar al expresidente Guillermo Lasso. La violencia en el sistema político se hizo evidente tras el asesinato de Rubén Cherres, empresario guayaquileño quién presuntamente seria parte de la red del narcotráfico nacional vinculado a altas personalidades políticas del gobierno, así como también a la Mafia Albanesa.
Los portales digitales como La Posta (2022, 2023, 2024) realizaron un reportaje especial vinculando a la élite política ecuatoriana con la peligrosa Mafia Albanesa que exportaba droga a los puertos de Amberes, Frankfurt y Hamburgo en Europa. Lo impactante de este caso es que Rubén Cherres era parte del círculo íntimo del cuñado del expresidente Guillermo Lasso, el empresario Danilo Carrera. El asesinato de Rubén Cherres generó un escándalo que alteró profundamente el desarrollo político del Ecuador y dio paso a la llamada “muerte cruzada”. Un mecanismo constitucional para disolver la Asamblea Nacional y llamar a nuevas elecciones. Este mecanismo fue activado por el expresidente Guillermo Lasso para evitar el juicio político.
Estos hechos que requieren un estudio mayor. Sin embargo, nos muestra el complejo entramado entre política y crimen organizado en el Ecuador contemporáneo.
Conclusiones Preliminares
Durante esta breve presentación expongo las siguientes conclusiones.
- El análisis sobre la violencia en el Ecuador requiere ser multidimensional, las causas y los actores son múltiples.
- El concepto de Estado Fallido es pertinente en la medida en que aporta un lugar (Estado) en absoluta crisis, el Ecuador. Sin capacidad de controlar su territorio, sin posibilidad de ofrecer seguridad a sus ciudadanos y que ha perdido el monopolio legítimo de la fuerza.
- El Ecuador se encuentra en una profunda crisis de soberanía en todos los sentidos. Seguridad, producción, control, decisiones políticas y estratégicas.
- Los grupos delincuenciales han permeado todo el aparato estatal y a sus instituciones. Lo que resta garantías a la ciudadanía en el ámbito jurídico y de seguridad
- No existe una política integral de seguridad y justicia y dentro de ello lo más visible es la crisis del sistema penitenciario.
- El sistema neoliberal de reducción del Estado y desfinanciamiento de la capacidad de control Estatal permite que gobiernos extranjeros y mafias actúen impunemente según sus intereses beneficiando en muchos casos al crimen organizado.
- La violencia se ha enraizado en los sectores populares, fruto de la lucha por los territorios de las pandillas y Grupos de Delincuencia Organizada. Los cuales responden a su vez a grupos de delincuencia trasnacionales como Ndrangheta o el Clan Farruco.
- La posición geoestratégica del Ecuador y la dolarización han beneficiado la expansión del crimen organizado en el Ecuador además de las condiciones estructurales de pobreza y exclusión.
Referencias bibliográficas
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