17 de diciembre de 2024
Ecuador autoriza a EEUU instalar base militar en islas Galápagos
Hispan TV
El Gobierno de Ecuador ha dispuesto la entrega de las islas Galápagos para la construcción de una base militar de EE.UU., pese a alertas y rechazos de expertos.
Con la decisión del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos, entran en vigor los tratados de cooperación militar de Estados Unidos con Ecuador firmados por el presidente Daniel Noboa el 15 de febrero de 2024.
De esta manera, buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos estadounidenses podrán instalarse en ese archipiélago ecuatoriano, ubicado en el océano Pacífico Sur y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, por la Unesco, en 1978.
El pasado 10 de diciembre fueron aprobados el Proyecto de seguridad integral en la región insular y el Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Quito y Washington.
Según el acuerdo de cooperación EE.UU.-Ecuador, los buques de guerra, buques de Estado, aeronaves y tripulaciones estadounidenses están exentas de impuestos administrativos y tendrán privilegios e inmunidades equivalentes a lo recibido por el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena.
El Gobierno de Noboa justifica que la presencia de militares y base estadounidense en el país es necesaria para “combatir actividades ilícitas en la región”, incluido el narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de que la Constitución de 2008 prohíbe la presencia de fuerzas o bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, a mediados de noviembre, Noboa envió a la Asamblea Nacional una reforma parcial a la Carta Magna para eliminar el artículo que prohíbe esa presencia de bases de otros países, pero la Legislatura todavía no lo trata.
Estados Unidos ya tenía una base militar en la ciudad portuaria ecuatoriana de Manta entre 1999 y 2009, la cual fue cerrada por orden del entonces presidente Rafael Correa para preservar la soberanía nacional y la integridad territorial del país.
La polémica decisión de Quito de permitir el establecimiento de una base militar estadounidense en Ecuador ha despertado alarmas tanto en el país, como en la región. El ex vicecanciller ecuatoriano Fernando Yépez dijo que la instalación de bases estadounidenses en Ecuador “es inaceptable, vergonzoso, peligroso, indigno servilismo colonial. No hay conciencia de la soberanía nacional, ni de los intereses del Ecuador, ni de las experiencias negativas con bases militares extranjeras”.
En septiembre pasado, también la plataforma regional Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) alertó que “admitir bases militares extranjeras en territorios de países de Nuestra América representa una amenaza para la paz y la estabilidad de toda la región”.
Muchos expertos creen que la iniciativa de Noboa, de dejar la seguridad nacional en manos de las fuerzas estadounidenses, responde más a un interés político que a un tema de bienestar social en Ecuador y argumentan que la presencia de una base estadounidense en el país entre 1999 y 2010 no contribuyó a la reducción de tasa de crímenes, y la cifra aumentó durante esa década.
ftm/ncl/rba
Con la decisión del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos, entran en vigor los tratados de cooperación militar de Estados Unidos con Ecuador firmados por el presidente Daniel Noboa el 15 de febrero de 2024.
De esta manera, buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos estadounidenses podrán instalarse en ese archipiélago ecuatoriano, ubicado en el océano Pacífico Sur y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, por la Unesco, en 1978.
El pasado 10 de diciembre fueron aprobados el Proyecto de seguridad integral en la región insular y el Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Quito y Washington.
Según el acuerdo de cooperación EE.UU.-Ecuador, los buques de guerra, buques de Estado, aeronaves y tripulaciones estadounidenses están exentas de impuestos administrativos y tendrán privilegios e inmunidades equivalentes a lo recibido por el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena.
El Gobierno de Noboa justifica que la presencia de militares y base estadounidense en el país es necesaria para “combatir actividades ilícitas en la región”, incluido el narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de que la Constitución de 2008 prohíbe la presencia de fuerzas o bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, a mediados de noviembre, Noboa envió a la Asamblea Nacional una reforma parcial a la Carta Magna para eliminar el artículo que prohíbe esa presencia de bases de otros países, pero la Legislatura todavía no lo trata.
Estados Unidos ya tenía una base militar en la ciudad portuaria ecuatoriana de Manta entre 1999 y 2009, la cual fue cerrada por orden del entonces presidente Rafael Correa para preservar la soberanía nacional y la integridad territorial del país.
La polémica decisión de Quito de permitir el establecimiento de una base militar estadounidense en Ecuador ha despertado alarmas tanto en el país, como en la región. El ex vicecanciller ecuatoriano Fernando Yépez dijo que la instalación de bases estadounidenses en Ecuador “es inaceptable, vergonzoso, peligroso, indigno servilismo colonial. No hay conciencia de la soberanía nacional, ni de los intereses del Ecuador, ni de las experiencias negativas con bases militares extranjeras”.
En septiembre pasado, también la plataforma regional Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) alertó que “admitir bases militares extranjeras en territorios de países de Nuestra América representa una amenaza para la paz y la estabilidad de toda la región”.
Muchos expertos creen que la iniciativa de Noboa, de dejar la seguridad nacional en manos de las fuerzas estadounidenses, responde más a un interés político que a un tema de bienestar social en Ecuador y argumentan que la presencia de una base estadounidense en el país entre 1999 y 2010 no contribuyó a la reducción de tasa de crímenes, y la cifra aumentó durante esa década.
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