1 de diciembre de 2025
Ecuador sumido en la narcoviolencia, la piratería y el sicariato
Un narcoestado aliado de Washington
Misión Verdad
Mientras el autoproclamado policía del mundo, Estados Unidos, acosa Venezuela y construye un relato criminalizador, su aliado Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, atraviesa una crisis de Estado que se agudizó tras la derrota estrepitosa en el referéndum del pasado 16 de noviembre.
El heredero del imperio bananero del país andino-amazónico buscaba aval popular para la instalación de bases militares estadounidenses, pero lo que logró fue detonar una implosión institucional que expuso las fisuras de un modelo de seguridad fallido y las contradicciones de una alianza geográfica con Washington que, lejos de contener la violencia, la ha exacerbado.
Mientras Estados Unidos despliega su poderío naval en aguas caribeñas y del Pacífico, en la periferia suramericana los pescadores de Ecuador y Perú son víctimas de una piratería narco que el gigante del norte parece no ver.
¿Al borde de una crisis de gobernabilidad?
El pasado 16 de noviembre de 2025 el "no" se impuso en las cuatro preguntas planteadas en la consulta, con porcentajes que fueron de 61% para la redacción de una nueva Constitución y 53% para la reducción a la mitad del número de congresistas. Una derrota que fue de lo electoral a lo simbólico dado que Noboa había presentado las reformas como un mecanismo para "fortalecer la seguridad nacional". Sufrió un revés que desnudó su desconexión con las mayorías.
En los días posteriores se desató una ola de renuncias en el gabinete ministerial, la más reciente de una cadena de inestabilidad que ya acumula más de 20 modificaciones desde que asumió el poder en noviembre de 2023. La salida de figuras claves como la ministra del Interior, Mónica Palencia, revela la fragilidad de un Ejecutivo que ha priorizado la imagen sobre la gobernabilidad y el fracaso de la militarización del combate al narco.
Lo que más preocupa a los sectores críticos es que el gobierno haya utilizado el referéndum para buscar aval ciudadano para la instalación de bases militares estadounidenses, una propuesta que resucita el viejo proyecto de la base de Manta cerrada en 2009 por Rafael Correa.
CNN informó en marzo pasado que Noboa había discutido con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago, el club del magnate —el estadounidense, cabe aclarar—, un "plan para militarizar Ecuador", lo que ahora se interpreta como un intento fallido de legitimar una agenda externa sin respaldo interno. Por otra parte, analistas señalan que "Noboa visita Israel y defiende a Netanyahu, pero pierde el respaldo de su propio pueblo".
Noboa como arte y parte de la violencia
Mientras Noboa prometía "mano dura", Ecuador se convertía en el país más violento de Sudamérica. La tasa de homicidios alcanzó 38,8 por cada 100 mil habitantes en 2024, cifra que quintuplica los niveles de 2019.
Un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés) reveló que Ecuador está entre los cuatro países con mayor índice de criminalidad. En cuatro años el país escaló 75 puestos; en 2021 estuvo en el 79 con 4,23 puntos de 10; en 2023 subió al puesto 10 con 7,07.
El incremento de la tasa de homicidios, que para finales de año se proyecta a 52 por cada 100 mil habitantes, se debe a que las estructuras internas de las organizaciones criminales se mantienen intactas pese a los frecuentes asesinatos de sus cabecillas, un fenómeno que ocurrió en México y ha derivado en la fragmentación masiva de las organizaciones criminales. Eso causa la proliferación de grupos disidentes violentos y la carencia de una política del Estado para combatirlos.
Otro punto que resalta el informe es el alcance de la infiltración de estos grupos en los sistemas judicial y político para influir en fallos y financiar campañas electorales. Este mes también se presentó un informe de criminalidad por parte de la Organización Crisis Group, con sede en Bruselas, que consideró el 2025 como el año más violento en la historia de Ecuador, por la cantidad de homicidios intencionales.
Este año la violencia no ha cedido. Ciudades como Guayaquil y Esmeraldas viven bajo asedio de bandas como los Choneros, los Lobos y los Tiguerones, con actividad significativa en narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, minería ilegal y trata de personas.
El heredero del imperio bananero del país andino-amazónico buscaba aval popular para la instalación de bases militares estadounidenses, pero lo que logró fue detonar una implosión institucional que expuso las fisuras de un modelo de seguridad fallido y las contradicciones de una alianza geográfica con Washington que, lejos de contener la violencia, la ha exacerbado.
Mientras Estados Unidos despliega su poderío naval en aguas caribeñas y del Pacífico, en la periferia suramericana los pescadores de Ecuador y Perú son víctimas de una piratería narco que el gigante del norte parece no ver.
¿Al borde de una crisis de gobernabilidad?
El pasado 16 de noviembre de 2025 el "no" se impuso en las cuatro preguntas planteadas en la consulta, con porcentajes que fueron de 61% para la redacción de una nueva Constitución y 53% para la reducción a la mitad del número de congresistas. Una derrota que fue de lo electoral a lo simbólico dado que Noboa había presentado las reformas como un mecanismo para "fortalecer la seguridad nacional". Sufrió un revés que desnudó su desconexión con las mayorías.
En los días posteriores se desató una ola de renuncias en el gabinete ministerial, la más reciente de una cadena de inestabilidad que ya acumula más de 20 modificaciones desde que asumió el poder en noviembre de 2023. La salida de figuras claves como la ministra del Interior, Mónica Palencia, revela la fragilidad de un Ejecutivo que ha priorizado la imagen sobre la gobernabilidad y el fracaso de la militarización del combate al narco.
Lo que más preocupa a los sectores críticos es que el gobierno haya utilizado el referéndum para buscar aval ciudadano para la instalación de bases militares estadounidenses, una propuesta que resucita el viejo proyecto de la base de Manta cerrada en 2009 por Rafael Correa.
CNN informó en marzo pasado que Noboa había discutido con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago, el club del magnate —el estadounidense, cabe aclarar—, un "plan para militarizar Ecuador", lo que ahora se interpreta como un intento fallido de legitimar una agenda externa sin respaldo interno. Por otra parte, analistas señalan que "Noboa visita Israel y defiende a Netanyahu, pero pierde el respaldo de su propio pueblo".
Noboa como arte y parte de la violencia
Mientras Noboa prometía "mano dura", Ecuador se convertía en el país más violento de Sudamérica. La tasa de homicidios alcanzó 38,8 por cada 100 mil habitantes en 2024, cifra que quintuplica los niveles de 2019.
Un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés) reveló que Ecuador está entre los cuatro países con mayor índice de criminalidad. En cuatro años el país escaló 75 puestos; en 2021 estuvo en el 79 con 4,23 puntos de 10; en 2023 subió al puesto 10 con 7,07.
El incremento de la tasa de homicidios, que para finales de año se proyecta a 52 por cada 100 mil habitantes, se debe a que las estructuras internas de las organizaciones criminales se mantienen intactas pese a los frecuentes asesinatos de sus cabecillas, un fenómeno que ocurrió en México y ha derivado en la fragmentación masiva de las organizaciones criminales. Eso causa la proliferación de grupos disidentes violentos y la carencia de una política del Estado para combatirlos.
Otro punto que resalta el informe es el alcance de la infiltración de estos grupos en los sistemas judicial y político para influir en fallos y financiar campañas electorales. Este mes también se presentó un informe de criminalidad por parte de la Organización Crisis Group, con sede en Bruselas, que consideró el 2025 como el año más violento en la historia de Ecuador, por la cantidad de homicidios intencionales.
Este año la violencia no ha cedido. Ciudades como Guayaquil y Esmeraldas viven bajo asedio de bandas como los Choneros, los Lobos y los Tiguerones, con actividad significativa en narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, minería ilegal y trata de personas.
La familia del presidente está vinculada con una de las empresas más cuestionadas en la cadena exportadora del banano, sector históricamente usado para el trasiego de cocaína. Distintas investigaciones revelan que Noboa y su hermano John son beneficiarios últimos de Lanfranco Holdings SA, sociedad offshore en Panamá que controla el 51% de Noboa Trading Co. Esta última fue interceptada en, al menos, tres ocasiones por la Policía Nacional con cargamentos de cocaína ocultos en contenedores de banano: 160 kg en 2020, 320 kg en 2022 y 76 kg en 2024, ya durante la presidencia de Noboa.
El presidente ha negado responsabilidad directa alegando que "miembros de mi familia están involucrados". Sin embargo, expertos como Franklin Ramírez, de Flacso Quito, señalan que desde el gobierno de Guillermo Lasso se consolidó una estructura de colusión entre crimen organizado y Estado, heredada y profundizada por Noboa. El nombramiento como ministro de Salud de Édgar Lama, abogado que defendió a un supervisor de embarques de Noboa Trading detenido por narcotráfico, refuerza las sospechas.
En este contexto, la estrategia de Noboa —basada en militarización y operativos policiales— ha fracasado. Como destaca The Grayzone, "el supuesto combate al narcotráfico del presidente ecuatoriano esconde una trama donde sus propios negocios familiares están en el centro del escándalo".
Los barcos que Trump no ataca
Mientras el Comando Sur estadounidense realiza bombardeos espectaculares contra embarcaciones "sospechosas" en el Caribe, la piratería en el Pacífico ecuatoriano y peruano se ha convertido en un punto ciego para Washington. Según reportajes de Mongabay publicados entre octubre y noviembre de este año, pescadores artesanales son víctimas constantes de piratas armados que los extorsionan, roban sus capturas y, en muchos casos, los secuestran o asesinan. Las comunidades costeras de Esmeraldas, Manabí y El Oro han quedado aisladas, sin protección del Estado ni reacción de las potencias marítimas.
Organizaciones criminales como Los Lobos operan con total libertad en las aguas fronterizas entre Ecuador y Perú usando lanchas rápidas y armamento pesado. Se ha documentado que las mujeres pescadoras han desertado del oficio por miedo a ser violadas o desaparecidas, lo cual ha transformado la economía local y ha profundizado el caos sin que se declare alguna "emergencia humanitaria". "La ausencia del Estado y la falta de políticas integrales permiten que narcos y piratas se disputen el control del litoral", señaló un experto en seguridad consultado.
Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado sus operativos en el Caribe, con ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas con el tráfico, pero en Ecuador, donde la mayor parte de la contaminación con drogas —70%— se realiza en el banano, fuera de las terminales —según la Comisión Europea—, no se observa acción coordinada. Esto sugiere que la política antidrogas de Washington prioriza objetivos geopolíticos sobre la seguridad real en la región.
La propuesta de Noboa de abrir las puertas a bases militares estadounidenses no responde a una amenaza real sino a una alianza ideológica con el trumpismo. La ironía es que, mientras Noboa corteja a Washington, su país se desangra entre el narcotráfico, la extorsión y el control territorial de las bandas criminales. La señal elocuente fue su viaje con "agenda clasificada" a Estados Unidos inmediatamente luego de ser derrotado en las urnas el pasado 16 de noviembre.
Ecuador vive una crisis multidimensional bajo el gobierno de Daniel Noboa: institucional, por la inestabilidad de su gabinete; social, por la escalada de violencia; económica, por la connivencia entre poder político y redes de narcotráfico; y geopolítica, por su subordinación a una agenda exterior que ignora las necesidades reales del país.
El revés electoral fue un grito de alerta que denota el rechazo popular a convertirse en plataforma militar de Estados Unidos mientras sus mares son tomados por piratas y sus calles por sicarios. La pregunta ahora no es si Noboa rectificará; la certeza es que este episodio desembocará en una represalia autoritaria que profundice el caos y la terapia de shock que requiere para alinear la economía a favor de intereses hegemónicos.
El presidente ha negado responsabilidad directa alegando que "miembros de mi familia están involucrados". Sin embargo, expertos como Franklin Ramírez, de Flacso Quito, señalan que desde el gobierno de Guillermo Lasso se consolidó una estructura de colusión entre crimen organizado y Estado, heredada y profundizada por Noboa. El nombramiento como ministro de Salud de Édgar Lama, abogado que defendió a un supervisor de embarques de Noboa Trading detenido por narcotráfico, refuerza las sospechas.
En este contexto, la estrategia de Noboa —basada en militarización y operativos policiales— ha fracasado. Como destaca The Grayzone, "el supuesto combate al narcotráfico del presidente ecuatoriano esconde una trama donde sus propios negocios familiares están en el centro del escándalo".
Los barcos que Trump no ataca
Mientras el Comando Sur estadounidense realiza bombardeos espectaculares contra embarcaciones "sospechosas" en el Caribe, la piratería en el Pacífico ecuatoriano y peruano se ha convertido en un punto ciego para Washington. Según reportajes de Mongabay publicados entre octubre y noviembre de este año, pescadores artesanales son víctimas constantes de piratas armados que los extorsionan, roban sus capturas y, en muchos casos, los secuestran o asesinan. Las comunidades costeras de Esmeraldas, Manabí y El Oro han quedado aisladas, sin protección del Estado ni reacción de las potencias marítimas.
Organizaciones criminales como Los Lobos operan con total libertad en las aguas fronterizas entre Ecuador y Perú usando lanchas rápidas y armamento pesado. Se ha documentado que las mujeres pescadoras han desertado del oficio por miedo a ser violadas o desaparecidas, lo cual ha transformado la economía local y ha profundizado el caos sin que se declare alguna "emergencia humanitaria". "La ausencia del Estado y la falta de políticas integrales permiten que narcos y piratas se disputen el control del litoral", señaló un experto en seguridad consultado.
Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado sus operativos en el Caribe, con ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas con el tráfico, pero en Ecuador, donde la mayor parte de la contaminación con drogas —70%— se realiza en el banano, fuera de las terminales —según la Comisión Europea—, no se observa acción coordinada. Esto sugiere que la política antidrogas de Washington prioriza objetivos geopolíticos sobre la seguridad real en la región.
La propuesta de Noboa de abrir las puertas a bases militares estadounidenses no responde a una amenaza real sino a una alianza ideológica con el trumpismo. La ironía es que, mientras Noboa corteja a Washington, su país se desangra entre el narcotráfico, la extorsión y el control territorial de las bandas criminales. La señal elocuente fue su viaje con "agenda clasificada" a Estados Unidos inmediatamente luego de ser derrotado en las urnas el pasado 16 de noviembre.
Ecuador vive una crisis multidimensional bajo el gobierno de Daniel Noboa: institucional, por la inestabilidad de su gabinete; social, por la escalada de violencia; económica, por la connivencia entre poder político y redes de narcotráfico; y geopolítica, por su subordinación a una agenda exterior que ignora las necesidades reales del país.
El revés electoral fue un grito de alerta que denota el rechazo popular a convertirse en plataforma militar de Estados Unidos mientras sus mares son tomados por piratas y sus calles por sicarios. La pregunta ahora no es si Noboa rectificará; la certeza es que este episodio desembocará en una represalia autoritaria que profundice el caos y la terapia de shock que requiere para alinear la economía a favor de intereses hegemónicos.
La mayor caída se concentra en las microempresas, que representan más del 90% de la reducción total.
Ecuador registró en 2024 una fuerte contracción en su tejido empresarial.
De acuerdo con el Registro Estadístico de Empresas 2024 del INEC, el país pasó de 1.173.985 empresas activas en 2023 a 1.073.524 en 2024, lo que significa 100.461 empresas menos, una caída del 8,6% a escala nacional.
El informe detalla que el segmento de microempresas fue el más afectado, con una disminución cercana a 101.900 negocios, lo que equivale a un -9,3% respecto al año previo.
Este rubro, que agrupa a los emprendimientos y actividades económicas más pequeñas del país, explica prácticamente toda la reducción del universo empresarial registrada en el periodo.
La caída no solo se refleja en el tamaño de las empresas. Por sectores, la contracción también fue generalizada.
El comercio, la actividad económica con mayor número de unidades productivas, perdió 50.700 empresas (-12,2%), seguido por la manufactura (-10,4%), la construcción (-11,6%) y la agricultura (-19,7%), esta última con la mayor caída relativa del año.
A nivel territorial, todas las provincias registraron disminuciones. Pichincha, que concentra la mayor actividad empresarial del país, perdió aproximadamente 26.700 empresas, equivalente a una caída del 8,2%.
En términos relativos, la provincia con la mayor reducción fue Morona Santiago, con un descenso del 19,7%.
Las cifras muestran una tendencia clara: menos empresas registran actividad económica formal en el país.
Ecuador registró en 2024 una fuerte contracción en su tejido empresarial.
De acuerdo con el Registro Estadístico de Empresas 2024 del INEC, el país pasó de 1.173.985 empresas activas en 2023 a 1.073.524 en 2024, lo que significa 100.461 empresas menos, una caída del 8,6% a escala nacional.
El informe detalla que el segmento de microempresas fue el más afectado, con una disminución cercana a 101.900 negocios, lo que equivale a un -9,3% respecto al año previo.
Este rubro, que agrupa a los emprendimientos y actividades económicas más pequeñas del país, explica prácticamente toda la reducción del universo empresarial registrada en el periodo.
La caída no solo se refleja en el tamaño de las empresas. Por sectores, la contracción también fue generalizada.
El comercio, la actividad económica con mayor número de unidades productivas, perdió 50.700 empresas (-12,2%), seguido por la manufactura (-10,4%), la construcción (-11,6%) y la agricultura (-19,7%), esta última con la mayor caída relativa del año.
A nivel territorial, todas las provincias registraron disminuciones. Pichincha, que concentra la mayor actividad empresarial del país, perdió aproximadamente 26.700 empresas, equivalente a una caída del 8,2%.
En términos relativos, la provincia con la mayor reducción fue Morona Santiago, con un descenso del 19,7%.
Las cifras muestran una tendencia clara: menos empresas registran actividad económica formal en el país.
4 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025
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La verdad de la Base de Manta
*Los medios ecuatorianos se inventaron una narrativa con base a un reportaje de The New York Times.* Buscaron lavar la derrota oficialista en la reciente consulta popular que terminó con un rotundo No a las bases militares extranjeras. Trataron de engañar a la población ecuatoriana con la versión de que la salida de la base estadounidense de Manta provocó un aumento del narcotráfico, cuando las cifras evidencian lo contrario. Ojalá llegue el día en que los medios dejen de promover odio e informen que si Ecuador está viviendo su año más violento es por el descontrol de las cárceles, puertos y fronteras, por el abandono de las UPC y por la falta de inversión social. |
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11 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025
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El Índice de Conflictos y Violencia Política 2025 señaló que Palestina ocupa el primer puesto . Según Forbes
El Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, elaborado por la entidad sin ánimo de lucro Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés), evalúa cada país mediante cuatro indicadores: letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados Según la lista difundida hoy, Palestina encabeza el índice por la gravedad y la extensión de la violencia, con enfrentamientos registrados en casi el 70% de Gaza y Cisjordania. La siguen Birmania y Siria, mientras que México ocupa el cuarto puesto, por delante de Ecuador, que sube 36 posiciones frente al año anterior hasta el sexto lugar, y Brasil, en el séptimo, ambos afectados por la acción de las bandas criminales. |
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Ecuador es el sexto país más peligroso del mundo: estudio internacional lo describe como un “epicentro de la violencia criminal”
Radio Pichincha
El color rojo intenso indica a los países más inseguros del mundo. Ecuador se ubica en el sexto lugar. Foto: ACLED.
El documento describe a Ecuador como “epicentro de violencia criminal con la tasa de homicidios más alta de la región”. Un escenario que amenaza con profundizarse dada la influencia de organizaciones delictivas y el incremento de la militarización estatal.
La organización internacional ACLED presentó su evaluación anual sobre conflictos y violencia política. Un documento que vuelve a colocar a Palestina, México y Ucrania entre los territorios con mayor riesgo para la población. El reporte contabiliza más de 204.000 eventos violentos y alrededor de 240.000 muertes en lo que va de 2025, lo que equivale a 550 incidentes diarios.
Países más afectados en América Latina: Ecuador en el sexto lugarEl Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, elaborado por ACLED con una metodología basada en cuatro variables --letalidad, impacto en civiles, expansión territorial y fragmentación de actores armados— vuelve a ubicar a Palestina en el primer lugar, debido al nivel de enfrentamientos en casi el 70% de Gaza y Cisjordania.
Birmania y Siria ocupan los siguientes puestos, mientras que México aparece cuarto. En esa misma categoría “extrema” figura Ecuador, que asciende 36 posiciones frente al informe anterior y se instala en el sexto lugar, impulsado por el crecimiento del crimen organizado y los homicidios. Brasil completa el bloque de los siete países más violentos.
Ucrania, aunque continúa registrando una violencia letal, aparece en la undécima posición, debido a que su conflicto está menos disperso geográficamente que otros. La lista también incluye a varios países de la región:
Bolivia queda en un nivel de violencia considerado “bajo o inactivo”.
Estados como Rusia (19) mantienen un impacto considerado “alto”, mientras que Israel (41), Estados Unidos (51), Alemania (59) y Francia (60) se ubican en rangos de menor actividad violenta.
Riesgos para 2026: Ecuador vuelve a encender las alarmasAdemás del balance de 2025, ACLED difundió su Lista de Seguimiento de Conflictos 2026, que identifica territorios donde se prevé una escalada de violencia y crisis humanitarias durante el próximo año.
El documento destaca nuevamente a Ecuador, al que describe como “epicentro de violencia criminal con la tasa de homicidios más alta de la región”, un escenario que amenaza con profundizarse dada la influencia de organizaciones delictivas y el incremento de la militarización estatal.
Otros puntos críticos señalados por ACLED incluyen Birmania, Pakistán, Sudán, el Sahel, el mar Rojo, Siria y el eje Ucrania-Rusia, así como el impacto de las operaciones de Israel en Medio Oriente, regiones marcadas por la inestabilidad y la ausencia de acuerdos duraderos.
La organización internacional ACLED presentó su evaluación anual sobre conflictos y violencia política. Un documento que vuelve a colocar a Palestina, México y Ucrania entre los territorios con mayor riesgo para la población. El reporte contabiliza más de 204.000 eventos violentos y alrededor de 240.000 muertes en lo que va de 2025, lo que equivale a 550 incidentes diarios.
Países más afectados en América Latina: Ecuador en el sexto lugarEl Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, elaborado por ACLED con una metodología basada en cuatro variables --letalidad, impacto en civiles, expansión territorial y fragmentación de actores armados— vuelve a ubicar a Palestina en el primer lugar, debido al nivel de enfrentamientos en casi el 70% de Gaza y Cisjordania.
Birmania y Siria ocupan los siguientes puestos, mientras que México aparece cuarto. En esa misma categoría “extrema” figura Ecuador, que asciende 36 posiciones frente al informe anterior y se instala en el sexto lugar, impulsado por el crecimiento del crimen organizado y los homicidios. Brasil completa el bloque de los siete países más violentos.
Ucrania, aunque continúa registrando una violencia letal, aparece en la undécima posición, debido a que su conflicto está menos disperso geográficamente que otros. La lista también incluye a varios países de la región:
- Colombia (14)
- Guatemala (17)
- Honduras (26)
- Venezuela (34)
- Perú (43)
- Chile (46).
Bolivia queda en un nivel de violencia considerado “bajo o inactivo”.
Estados como Rusia (19) mantienen un impacto considerado “alto”, mientras que Israel (41), Estados Unidos (51), Alemania (59) y Francia (60) se ubican en rangos de menor actividad violenta.
Riesgos para 2026: Ecuador vuelve a encender las alarmasAdemás del balance de 2025, ACLED difundió su Lista de Seguimiento de Conflictos 2026, que identifica territorios donde se prevé una escalada de violencia y crisis humanitarias durante el próximo año.
El documento destaca nuevamente a Ecuador, al que describe como “epicentro de violencia criminal con la tasa de homicidios más alta de la región”, un escenario que amenaza con profundizarse dada la influencia de organizaciones delictivas y el incremento de la militarización estatal.
Otros puntos críticos señalados por ACLED incluyen Birmania, Pakistán, Sudán, el Sahel, el mar Rojo, Siria y el eje Ucrania-Rusia, así como el impacto de las operaciones de Israel en Medio Oriente, regiones marcadas por la inestabilidad y la ausencia de acuerdos duraderos.
14 de diciembre de 2025
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NINGUNA CRISIS SE SUPERA CON LA SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA QUE TIENE ECUADOR EN SECTORES ESENCIALES
El Presupuesto General del Estado (PGE) una vez codificado incluye la programación presupuestaria actualizada del año una vez incorporadas todas las modificaciones correspondientes, y refleja de forma real los recursos y gastos autorizados para el ejercicio fiscal. El PGE 2025 codificó USD 7.181,8 millones para el sector Educación, pero hasta octubre 2025 apenas se han ejecutado (pagado) USD 3.683,0 millones, el 51,3 %. Para el sector Salud, el PGE codificó USD 4.879,1 millones, pero únicamente se han ejecutado (pagado) USD 1.976,3 millones, es decir, el 40,5 %. En el sector de Comunicaciones (obra pública), el PGE codificó USD 556,0 millones, pero solo se han desembolsado (pagado) USD 254,5 millones, el 45,8 %. Tan pobres porcentajes de ejecución presupuestaria a pesar de haber transcurrido diez meses evidencian la reiterada insuficiencia de recursos derivada del mal manejo económico acumulado, el deliberado desmantelamiento del Estado, y una ineficiente gestión administrativa. Esto no es un simple desajuste operativo. *LOS RESPONSABLES DE LA SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA* Indirectamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y directamente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El programa EFF aplicado al Ecuador impone condiciones altamente restrictivas que afectan directamente el crecimiento económico, la inversión pública y la demanda agregada. Estas condiciones incluyen metas estrictas de consolidación fiscal, reducción del déficit primario, sostenibilidad de la deuda y racionalización del gasto. Como resultado, la inversión pública se reduce sustancialmente y el gasto público agregado se contrae, afectando el consumo, el empleo y la recaudación tributaria. Las restricciones que el FMI impone al gasto y a la inversión públicos en medio del estancamiento real del crecimiento y del empleo solo pueden cumplirse mediante la reducción de la ejecución presupuestaria. Pero es el Ministerio de Economía y Finanzas quien finalmente subejecuta el presupuesto. La inversión pública es la variable de ajuste más rápida. Cuando el FMI exige reducción del déficit primario (ingresos menos egresos antes del pago de intereses de la deuda pública), metas cuantitativas estrictas y sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo, el gasto que invariablemente reducen es la inversión pública. Así es como el ajuste recae en forma regresiva sobre el ingreso de las familias. En países dolarizados, donde no se puede devaluar, no existe política monetaria propia y no hay emisión de dinero, el ajuste recae casi exclusivamente sobre el gasto público y el presupuesto de los hogares. El FMI demanda restricciones a subsidios, compras, masa salarial y gasto operativo. También incrementar impuestos y tarifas. Cumplir estas condiciones forzosamente disminuye los salarios reales, las compras de bienes y servicios, las transferencias y la inversión física y social. Todo lo anterior reduce la demanda agregada y con ella, la recaudación tributaria real. El programa del FMI recorta gasto e inversión, enfría la economía, reduce el empleo, disminuye el PIB real y contrae la base imponible. Por ello, aunque el FMI no exige explícitamente que el MEF subejecute el presupuesto aprobado ese es el resultado real y la responsabilidad es compartida. El Fondo Monetario Internacional nunca dice subejecute el presupuesto aprobado, genere atrasos, evite transferir a los GADs o a las universidades, congele Salud y Educación o paralice obras, pero exige reducir el gasto global, luego el MEF será el que determine cómo, cuándo y cuánto reducir. Ambos son responsables y además responsables en forma creciente porque a pesar del discurso de sostenibilidad fiscal es evidente que el PGE del año 2025 no es sostenible, tampoco el del 2026. *CONSECUENCIAS SOBRE LOS SERVICIOS ESENCIALES* En educación, apenas ejecutar el 51,3 % se traduce en escuelas sin mantenimiento, infraestructura deteriorada, retrasos en ampliaciones, falta de reposición de activos, equipamiento y pérdida de horas efectivas de aprendizaje. Se compromete el capital humano de generaciones enteras y se amplían penosas brechas educativas entre territorios y grupos sociales. En salud, ejecutar solo el 40,5 % implica hospitales sin insumos suficientes, listas de espera prolongadas, falta de mantenimiento de equipos, retrasos en contratación de personal, fallas en abastecimiento de medicamentos y deterioro de la atención primaria. Afecta directamente a la población de menores ingresos, que depende casi exclusivamente del sistema público. El resultado es mayor mortalidad evitable, agravamiento de enfermedades, diagnósticos tardíos y pérdida de productividad laboral por enfermedad. |
En obra pública y comunicaciones, ejecutar 45,8%, menos de la mitad de lo poco presupuestado, significa carreteras inconclusas, proyectos paralizados, deterioro de infraestructura existente y ausencia de inversiones estratégicas. Esto incrementa los costos logísticos, aísla territorios, frena cualquier posible integración de mercados y limita la atracción de inversión privada productiva.
*LA SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NO ES AHORRO CONTABLE* El presupuesto no ejecutado no es ningún ahorro contable sino el ingreso que no llegó a empresas, proveedores, trabajadores y territorios. Cada dólar no gastado en salud, educación u obra pública reduce la demanda de bienes y servicios, comprime la facturación de miles de empresas y limita la circulación de ingresos en la economía. El resultado es menos compras públicas, más servicios restringidos, menos empleo adecuado, mayor informalidad y menos encadenamientos productivos de micro y pequeñas empresas. Bajo la retórica de la consolidación fiscal en realidad se ejecuta una destrucción fiscal y social que debilita la capacidad de los hogares para cubrir la Canasta Básica Mensual. *AUMENTO DE DESIGUALDAD Y DETERIORO SOCIAL* La subejecución afecta con mayor dureza a los hogares de bajos ingresos que dependen del sistema público en educación, salud y servicios básicos, y que viven en cantones donde la obra pública es el principal motor de actividad económica. Se agravan la pobreza y la vulnerabilidad con enfermedades sin tratar, niños fuera del sistema educativo, jóvenes sin acceso a educación de calidad y hogares que deben destinar más ingresos a salud y transporte por falta de servicios públicos. Cuando el Estado no ejecuta lo aprobado para servicios esenciales se profundizan las brechas entre quienes pueden pagar servicios privados y quienes no. Servicios deteriorados, falta de empleo adecuado y pérdida de calidad de vida aumentan los conflictos sociales y la desconfianza institucional. La permanente subejecución no solo afecta el presente, también erosiona el crecimiento futuro. Un país que no invierte oportunamente en capital humano e infraestructura básica reduce su productividad, su capacidad de innovación y su competitividad. *NO TODOS LOS COSTOS SON REVERSIBLES* Un año de mala educación no se compensa con cursos posteriores. Se agravan las enfermedades no tratadas y generan mayores costos humanos y económicos. La infraestructura abandonada se deteriora y luego requiere inversiones más altas para ser rehabilitada. La subejecución opera como una desinversión encubierta de un presupuesto que se aprueba en el papel pero se niega en la práctica. Aprobar un PGE y luego no cumplirlo sobre todo daña a los sectores más sensibles, socava la credibilidad fiscal y crea malas expectativas. La proforma deja de ser un instrumento de política pública y se convierte en una declaración nominal no confiable y sin positivos efectos reales. Como la subejecución convive con el cumplimiento estricto del servicio de la deuda externa, refuerza la convicción de que el Gobierno prioriza a acreedores financieros externos por sobre la salud, educación y obra pública, aun cuando con ello se afecte la demanda interna y la capacidad de generar crecimiento con empleo. *MENSAJE A LA MINISTRA DE ECONOMÍA Y FINANZAS* En una economía dolarizada, sin instrumentos monetarios ni cambiarios, aplicar mecánicamente la receta estándar de consolidación fiscal del FMI produce efectos contractivos severos, destruye el tejido productivo y agrava la crisis que se pretende resolver. Ningún programa puede tener legitimidad si su cumplimiento exige paralizar la inversión pública, deteriorar los servicios esenciales, agravar las desigualdades y dañar las posibilidades de progreso de la gente. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene la responsabilidad directa de ejecutar el presupuesto conocido por la Asamblea Nacional y de garantizar que la Educación, Salud y obra pública reciban los recursos que el país requiere para funcionar. Subordinar la política fiscal a un esquema de ajustes que destruye demanda, empleo y capital humano es una decisión política, no una obligación técnica. Ecuador no saldrá de su ya larga crisis con un Estado paralizado, sino con uno que invierta en la gente y proteja a su población. Econ. Marco Flores T. Noviembre 23 de 2025 Fuente: OPF, MEF. |
¡Hoy se cumplen 2 años de DESgobierno, 730 días de venta de humo, 17.520 horas SIN logros para el Ecuador!
Sus "logros":
- $180 millones, PROGEN y AUSTRAL para los panas.
- $98 millones "PERDONADOS" a su familia por el SRI.
- $120 millones DESPERDICIADOS en 2 Consultas Populares.
- $150 millones en contrato para el Ordeño (accionista su Tía).
- $1800 millones RECAUDADOS por el INCREMENTO del IVA y la inseguridad se ha INCREMENTADO.
- 15.561 ASESINATOS, somos el 2do país Más violento del mundo .
- 5.000 Empleados públicos DESPEDIDOS.
- $200 millones de DEUDA a las clínicas dializadoras.
- Hospitales SIN medicinas y cayéndose a pedazos.
- Infraestructura vial en PÉSIMAS condiciones.
- Miles de personas en el DESEMPLEO.
- Se INCREMENTÓ el precio del diesel.
- Se INCREMENTÓ el precio de la gasolina.
- Negociaciones favorables para la exportación de banano.
- PERSECUCIÓN a sus adversarios políticos.
- INVASIÓN a una Embajada.
- ESCÁNDALO por estado de embriaguez en España.
-3 Personas asesinados y cientos de heridas en el último paro.
- etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc.
¡730 días, 0 obras!
Fuente: Redes Sociales
Sus "logros":
- $180 millones, PROGEN y AUSTRAL para los panas.
- $98 millones "PERDONADOS" a su familia por el SRI.
- $120 millones DESPERDICIADOS en 2 Consultas Populares.
- $150 millones en contrato para el Ordeño (accionista su Tía).
- $1800 millones RECAUDADOS por el INCREMENTO del IVA y la inseguridad se ha INCREMENTADO.
- 15.561 ASESINATOS, somos el 2do país Más violento del mundo .
- 5.000 Empleados públicos DESPEDIDOS.
- $200 millones de DEUDA a las clínicas dializadoras.
- Hospitales SIN medicinas y cayéndose a pedazos.
- Infraestructura vial en PÉSIMAS condiciones.
- Miles de personas en el DESEMPLEO.
- Se INCREMENTÓ el precio del diesel.
- Se INCREMENTÓ el precio de la gasolina.
- Negociaciones favorables para la exportación de banano.
- PERSECUCIÓN a sus adversarios políticos.
- INVASIÓN a una Embajada.
- ESCÁNDALO por estado de embriaguez en España.
-3 Personas asesinados y cientos de heridas en el último paro.
- etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc.
¡730 días, 0 obras!
Fuente: Redes Sociales
Por la memoria de cuatro guaguas asesinados por las fuerzas del orden. No perdimos la memoria, por los Hnos Restrepo, por los cuatro de las Malvinas, el país le dijo NO.
16 de diciembre de 2025
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INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
Un reportaje de la OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) revela, a partir de documentos confidenciales, cómo operaría una red de tráfico de cocaína desde Ecuador hacia Europa camuflada en exportaciones de fruta, especialmente banano* La investigación expone las conexiones entre cargamentos contaminados, empresas exportadoras y un capo del narcotráfico balcánico ya condenado, dejando al descubierto la ruta, los métodos y a los presuntos actores clave detrás de este esquema criminal. Un nuevo golpe al relato de que el narcotráfico solo pasa “de largo” por el país. |
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