26 de noviembre de 2024
EEUU extiende Orden Ejecutiva para aumentar presión sobre Nicaragua
El presidente saliente, Joe Biden, usó de pretexto el supuesto uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra los civiles por parte del gobierno de Daniel Ortega, y extendió la vitalidad del decreto para considerar a la nación sandinista una "amenaza" para la estabilidad en la región.
Al Mayadeen
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió la orden ejecutiva decretada en 2018 contra Nicaragua, según la cual se considera a ese país centroamericano una "inusual amenaza para la seguridad nacional".
Como justificación para su nueva presión sobre Managua, Biden describió la "violenta respuesta" del gobierno de Daniel Ortega a las protestas iniciadas en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social, manipuladas por la oposición para presentarlas como una exigencia de "democratización" de Nicaragua.
Según el mandatario norteño, los sandinistas hacen uso de la "violencia indiscriminada y tácticas represivas contra los civiles”, y esto se considera una amenaza para la estabilidad en la región.
Con esa excusa, Biden anunció la vigencia del decreto "más allá de la fecha de aniversario", lo cual constituye una nueva burla a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional.
Un comunicado de solidaridad emitido por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), condenó esta medida del presidente saliente, porque viola también el derecho a la libre determinación de la nación de Sandino y el principio de no injerencia en sus asuntos internos.
Tales medidas coercitivas unilaterales constituyen una amenaza insólita, ilegal y cada vez más regular a la paz y al derecho al desarrollo del pueblo nicaragüense, "y de decenas de países y miles de millones de seres humanos en todo el mundo”, puntualizó el documento.
Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó la infame orden ejecutiva, basada en supuestos, y expresó su solidaridad con el pueblo y gobierno de Nicaragua.
El ministerio para las Relaciones Exteriores denunció esta medida como un medio para justificar otras sanciones contra el pueblo nicaragüense.
Su comunicado resaltó lo incoherente de esa declaración, cuando fue Estados Unidos la potencia que invadió a la patria de Sandino, sostuvo la sangrienta dictadura de Anastasio Somoza y alimentó la violencia de las guerrillas terroristas conocidas como la Contra.
Lo único real detrás de esta orden ejecutiva, es el interés de Washington de irrespetar las leyes internacionales, con el propósito de desestabilizar a gobiernos que defienden su soberanía y su dignidad, aseguró el mensaje diplomático.
También enfatizó cómo una vez más, el gobierno de Estados Unidos somete al pueblo nicaragüense a criminales medidas y cubre de impunidad su intervencionismo imperialista.
Con este mensaje, el pueblo y Gobierno de Venezuela reiteraron su apoyo y solidaridad irrestricta a la dirección de la nación hermana y a su pueblo, y se unen a quienes condenan la renovada agresión contra Nicaragua.
El pasado miércoles, la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime una Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, en respuesta a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos y sus aliados de manera sistemática.
Con esta nueva ley buscan salvaguardar la soberanía nacional y proteger a los ciudadanos de medidas coercitivas internacionales, cuyo fin es debilitar la estabilidad económica y política del país centroamericano.
Para ello declararán nulas las sanciones violatorias del derecho internacional, y permitirán a las instituciones del Estado y los empleados públicos afectados solicitar la restitución de los servicios y la reparación de los daños ocasionados por la política imperial.
Como justificación para su nueva presión sobre Managua, Biden describió la "violenta respuesta" del gobierno de Daniel Ortega a las protestas iniciadas en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social, manipuladas por la oposición para presentarlas como una exigencia de "democratización" de Nicaragua.
Según el mandatario norteño, los sandinistas hacen uso de la "violencia indiscriminada y tácticas represivas contra los civiles”, y esto se considera una amenaza para la estabilidad en la región.
Con esa excusa, Biden anunció la vigencia del decreto "más allá de la fecha de aniversario", lo cual constituye una nueva burla a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional.
Un comunicado de solidaridad emitido por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), condenó esta medida del presidente saliente, porque viola también el derecho a la libre determinación de la nación de Sandino y el principio de no injerencia en sus asuntos internos.
Tales medidas coercitivas unilaterales constituyen una amenaza insólita, ilegal y cada vez más regular a la paz y al derecho al desarrollo del pueblo nicaragüense, "y de decenas de países y miles de millones de seres humanos en todo el mundo”, puntualizó el documento.
Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó la infame orden ejecutiva, basada en supuestos, y expresó su solidaridad con el pueblo y gobierno de Nicaragua.
El ministerio para las Relaciones Exteriores denunció esta medida como un medio para justificar otras sanciones contra el pueblo nicaragüense.
Su comunicado resaltó lo incoherente de esa declaración, cuando fue Estados Unidos la potencia que invadió a la patria de Sandino, sostuvo la sangrienta dictadura de Anastasio Somoza y alimentó la violencia de las guerrillas terroristas conocidas como la Contra.
Lo único real detrás de esta orden ejecutiva, es el interés de Washington de irrespetar las leyes internacionales, con el propósito de desestabilizar a gobiernos que defienden su soberanía y su dignidad, aseguró el mensaje diplomático.
También enfatizó cómo una vez más, el gobierno de Estados Unidos somete al pueblo nicaragüense a criminales medidas y cubre de impunidad su intervencionismo imperialista.
Con este mensaje, el pueblo y Gobierno de Venezuela reiteraron su apoyo y solidaridad irrestricta a la dirección de la nación hermana y a su pueblo, y se unen a quienes condenan la renovada agresión contra Nicaragua.
El pasado miércoles, la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime una Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, en respuesta a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos y sus aliados de manera sistemática.
Con esta nueva ley buscan salvaguardar la soberanía nacional y proteger a los ciudadanos de medidas coercitivas internacionales, cuyo fin es debilitar la estabilidad económica y política del país centroamericano.
Para ello declararán nulas las sanciones violatorias del derecho internacional, y permitirán a las instituciones del Estado y los empleados públicos afectados solicitar la restitución de los servicios y la reparación de los daños ocasionados por la política imperial.