5 de marzo de 2026

EEUU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

Los EEUU y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. 
La empresa estatal venezolana de extracción de oro, Minerven, ha firmado un acuerdo multimillonario para el suministro de oro a EEUU. Así lo informa Axios.
Según el medio, Minerven de Venezuela suministrará hasta 1 tonelada de oro en lingotes al comerciante de materias primas Trafigura. A su vez, el comerciante enviará el oro a las plantas de procesamiento en EEUU en el marco de un acuerdo separado con el gobierno estadounidense.
Venezuela abre las puertas a la inversión de "LAS MÁS GRANDES" empresas mineras de EEUU.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que su despacho presentará una reforma a la actual Ley de Minas que permita ampliar la normativa y abrir las puertas del país para atraer la inversión extranjera bajo la "fórmula virtuosa" de "ganar-ganar".
 https://sn-esp.site/JpKZ
 Venezuela anuncia AMPLIACIÓN de ley sobre recursos estratégicos
La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que su gobierno prepara la ampliación de la Ley de Minas, siguiendo el modelo de la nueva Ley de Hidrocarburos, para atraer inversión y optimizar el aprovechamiento de recursos estratégicos.
La reforma busca un esquema de "ganar-ganar" entre inversionistas y el país, destinando recursos a infraestructura y desarrollo económico.
Durante la visita del secretario estadounidense Doug Burgum, se destacó la participación de empresas mineras de EE.UU., listas para invertir miles de millones de dólares y generar empleos en Venezuela.
DETALLES: https://sn-esp.site/JpNH
Delcy Rodríguez agradece a Trump su "disposición" para fortalecer la cooperación binacional
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles a su par de EE.UU., Donald Trump, la "disposición" de su Gobierno para fortalecer la cooperación binacional entre Washington y Caracas.
"Agradezco al presidente Donald Trump la amable disposición de su Gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela", expresó la funcionaria en un mensaje en X como respuesta al mandatario estadounidense, quien previamente en Truth Social halagó su gestión.
 La actualidad completa, AQUÍ: https://sn-esp.site/JikY
Venezuela y Shell firman acuerdos de petróleo y gas
El gobierno venezolano, a través de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), firmó un acuerdo con Shell para la explotación y producción de petróleo y gas bajo la nueva Ley de Hidrocarburos, buscando generar empleo y prosperidad en el país.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez reafirmó su disposición a fortalecer la cooperación y la agenda diplomática con Estados Unidos, durante la visita del secretario del Interior Doug Burgum.
Burgum elogió la gestión de Rodríguez y anticipó más acuerdos y oportunidades de inversión en Venezuela, destacando que la nación está abierta a negocios internacionales.
 https://sn-esp.site/JpPJ
6 de marzo de 2026
Presidente Trump sobre el liderazgo iraní a CNN:
Va a funcionar como en Venezuela. Tenemos una líder maravillosa allí. Está haciendo un trabajo fantástico, y va a funcionar así.
No me molestan los líderes religiosos; trabajo con muchos y son fantásticos.
7 de marzo de 2026
8 de marzo de 2026
El Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum:
El viernes, hubo $100 millones de oro que llegaron de Venezuela a los Estados Unidos. Eso es tanto para fines industriales como para otros usos comerciales.
El pueblo de Venezuela va a erigir una estatua de Trump como un gran liberador. 
9 de marzo de 2026
 Trump: "Tenemos a Venezuela como nuestro nuevo socio, un gran socio"
El presidente de EEUU, Donald Trump, reiteró este lunes que Venezuela es ahora un "gran socio" para su país, por lo que minimizó el impacto para los estadounidenses del bloqueo del estrecho de Ormuz.
"Afecta mucho más a otros países que a Estados Unidos. A nosotros realmente no nos afecta. Tenemos mucho petróleo. Tenemos una enorme cantidad de petróleo y gas, mucho más de lo que necesitamos.", dijo el mandatario a la prensa.
 https://sn-esp.site/Jq5w
10 de marzo de 2026
Para intentar ser un pueblo construyéndose en un territorio, fuera del dominio humano capitalista, es necesario que pensemos y sintamos originalmente de manera radical entre todos y para todos; porque allí no es posible la traición.
 Asamblea Nacional de Venezuela aprueba reforma preliminar de la Ley de Minas
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, logró que la Asamblea Nacional aprobara en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica de Minas, con el objetivo de atraer inversión extranjera y aplicar “modelos exitosos” del sector energético.
La ley vigente data de 1999, durante el primer gobierno de Hugo Chávez, reemplazando la norma de 1945 sobre exploración y explotación de recursos minerales.
 https://sn-esp.site/Jqab
13 de marzo de 2026
El gobierno interino de Venezuela está en conversaciones con la administración de Trump para enviar al aliado clave de Maduro, Alex Saab, a los EEUU para enfrentar un proceso judicial por cargos que podrían incluir lavado de dinero. Saab fue detenido a principios de febrero después de ser destituido como ministro de Industria de Venezuela. - Bloomberg
Saab, un venezolano naturalizado originario de Colombia, fue detenido a principios de febrero poco después de ser destituido de su cargo de ministro de Industria. El gobierno no ha revelado públicamente los cargos en su contra.
Mientras tanto, los fiscales en Miami han obtenido una nueva acusación del gran jurado en preparación para una posible transferencia a los EEUU.
14 de marzo de 2026
 La Embajada de EEUU en Caracas, Venezuela, iza la bandera estadounidense por primera vez en 7 años tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. 
- ¿Recuerdan que ofrecieron una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro?
(Rubio: "Está en la lista de buscados y se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura")
- Sí, sí, exactamente!
- Bien, entre los informantes de nuestros servicios secretos estaba el chofer personal de Maduro, y otros dos eran sus guardaespaldas. Colaboraron con las autoridades estadounidenses y, básicamente, organizaron toda la operación (para secuestrar a Maduro). Por dinero, por supuesto. Pero Trump, qué vergüenza para él, se negó a pagarles la recompensa.
- Dios...
- Estos tipos lo arreglaron todo, y luego los engañaron.
Nota CENAE: Se percibe que responsabilizar del secuestro del presidente Maduro a un chofer y dos miembros del equipo de seguridad por traición, busca ocultar otras responsabilidades más graves que permitieron tal operación con facilidad. El viejo truco de buscar cabezas de turco.
18 de marzo de 2026
¿Quién será el NUEVO MINISTRO DE DEFENSA de Venezuela tras más de una década de Padrino López?
Delcy Rodríguez anunció que el general en jefe Gustavo González López reemplaza a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, mientras que el exministro asumirá “nuevas responsabilidades” dentro del gobierno.
González López posee amplia trayectoria militar: egresó de la Academia Militar en 1982, dirigió el Metro de Caracas y Los Teques, comandó la Milicia Bolivariana, fue ministro de Interior, Justicia y Paz, y lideró el SEBIN en dos periodos, además de presidir el Consejo de Seguridad e Inteligencia.
Desde enero de 2026, también encabeza la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), reforzando su rol estratégico en la seguridad del Estado.
 https://sn-esp.site/JqQ7
El general Gustavo González López, antes de su nombramiento, también dirigía la Guardia Presidencial en la cual fallecieron decenas de soldados cubanos .
aflojamiento_sanciones_.pdf
File Size: 219 kb
File Type: pdf
Descargar archivo
DEPARTAMENTO DEL TESORO
WASHINGTON, D.C.
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS (OFAC)
Regulaciones de Sanciones a Venezuela
31 CFR Parte 591
LICENCIA GENERAL N.º 52
​
Autorización de ciertas transacciones que involucran a Petróleos de Venezuela, S.A.
(a) Salvo lo dispuesto en el párrafo (c) de esta licencia general, se autorizan todas las transacciones prohibidas por la Orden Ejecutiva (E.O.) 13884 o la E.O. 13850 que involucren a Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), o a cualquier entidad en la que PdVSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50 % o más (colectivamente, “Entidades PdVSA”), realizadas por una entidad estadounidense establecida, siempre que:
  1. Cualquier contrato para dichas transacciones con PdVSA o con Entidades PdVSA especifique que las leyes de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos rigen el contrato y que cualquier resolución de disputas bajo el contrato tenga lugar en los Estados Unidos; y
  2. Cualquier pago monetario a una persona bloqueada, excluyendo pagos por impuestos locales, permisos o tasas, se realice en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, según lo especificado en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026 (“Foreign Government Deposit Funds”), o en cualquier otra cuenta según lo instruya el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Nota 1 al párrafo (a).
Para los fines de esta licencia general, el término “entidad estadounidense establecida” significa cualquier entidad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos en o antes del 29 de enero de 2025.

(b) Salvo lo dispuesto en el párrafo (c) de esta licencia general, se autorizan todas las transacciones que involucren al Gobierno de Venezuela que de otro modo estarían prohibidas por la Orden Ejecutiva 13884 y que sean necesarias para las actividades establecidas en el párrafo (a) de esta licencia general, siempre que cualquier pago monetario a una persona bloqueada, excluyendo pagos por impuestos locales, permisos o tasas, se realice en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, o en cualquier otra cuenta según lo instruya el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

(c) Esta licencia general no autoriza:
  1. Transacciones que de otro modo estén prohibidas por las Regulaciones de Sanciones a Venezuela (VSR), 31 CFR Parte 591, tales como las transacciones prohibidas por la Orden Ejecutiva 13808 relacionadas con bonos y ciertas otras deudas del Gobierno de Venezuela o de PdVSA, incluidas las transacciones para liquidar dichos bonos y deudas, así como las transacciones prohibidas por la Orden Ejecutiva 13835, incluidas aquellas relacionadas con la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en PdVSA, en Entidades PdVSA o en cualquier otra entidad en la que el Gobierno de Venezuela tenga una participación de propiedad del 50 % o más;
  2. La celebración de un acuerdo de conciliación o la ejecución de cualquier gravamen, sentencia, laudo arbitral, decreto u otra orden mediante ejecución, embargo o cualquier otro proceso judicial que pretenda transferir o alterar o afectar de otro modo bienes o intereses en bienes de cualquier persona bloqueada conforme a las VSR, incluyendo PdVSA o una Entidad PdVSA;
  3. Cualquier transacción que involucre a cualquier individuo o entidad identificados en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, excluyendo a PdVSA, así como cualquier entidad en la que una o más de esas personas identificadas en la lista SDN posean, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, una participación del 50 % o más, excluyendo a las Entidades PdVSA;
  4. Condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, que involucren canjes de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, moneda virtual o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petro;
  5. Cualquier transacción que involucre a una persona ubicada en o organizada bajo las leyes de la Federación de Rusia, la República Islámica de Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República de Cuba, o cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, por dichas personas o en una empresa conjunta con ellas;
  6. Cualquier transacción que involucre a una entidad ubicada en o organizada bajo las leyes de Venezuela o de los Estados Unidos que sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, por, o en una empresa conjunta con, una persona ubicada en o organizada bajo las leyes de la República Popular China;
  7. El desbloqueo de cualquier propiedad bloqueada conforme a las VSR; o
  8. Cualquier transacción que involucre una embarcación bloqueada.

(d) Cualquier persona que exporte, reexporte, venda, revenda o suministre petróleo de origen venezolano o productos petroquímicos de origen venezolano a países distintos de los Estados Unidos conforme a esta licencia general deberá proporcionar un informe detallado a:
[email protected]
y
[email protected]
identificando, para cada una de estas transacciones:
  1. Las partes involucradas;
  2. Una descripción de las transacciones, incluidos los productos, cantidades, valores, fechas de las transacciones y países de destino final; y
  3. Cualquier impuesto, tasa u otros pagos realizados al Gobierno de Venezuela.

(e) Los informes descritos en el párrafo (d) deberán presentarse diez días después de la ejecución de la primera de dichas transacciones y cada 90 días posteriormente mientras dichas transacciones continúen.

Nota a la Licencia General N.º 52.
Nada en esta licencia general exime a ninguna persona del cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales, incluida la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.

__________________________
Bradley T. Smith
Director
Oficina de Control de Activos Extranjeros
Fecha: 18 de marzo de 2026

Qué significa realmente esta Licencia General N.º 52 ​

Qué significa realmente esta Licencia General N.º 52 del Departamento del Tesoro de EEUU sobre Venezuela. El lenguaje legal es muy técnico, pero su efecto político-económico se puede entender en varios puntos clave.

1️⃣ Se permite nuevamente negociar con PDVSA (pero con condiciones). La licencia autoriza a empresas estadounidenses ya establecidas a realizar transacciones con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales.
Esto implica que empresas de EEUU pueden:
  • comprar o comercializar petróleo venezolano
  • participar en operaciones petroleras
  • realizar contratos comerciales con PDVSA
👉 Pero solo empresas existentes antes del 29 de enero de 2025.
Esto evita que nuevas compañías se creen solo para aprovechar la apertura.

2️⃣ EEUU controla los pagos al gobierno venezolano. El punto más importante es financiero.
Los pagos que normalmente irían al gobierno venezolano o a actores sancionados no se entregan directamente.
Deben ir a cuentas controladas por el gobierno estadounidense llamadas:
“Foreign Government Deposit Funds”
En la práctica significa:
  • Venezuela puede vender petróleo
  • pero EEUU puede supervisar o retener parte del dinero
Es un mecanismo de control financiero sobre los ingresos petroleros.

3️⃣ Permite exportaciones de petróleo venezolano. Las empresas que operen bajo esta licencia pueden:
  • exportar petróleo venezolano
  • vender productos petroquímicos venezolanos
Incluso a otros países, no solo a EEUU
Pero deben reportar cada operación al Departamento de Estado y al Departamento de Energía.
Los informes deben incluir:
  • compradores
  • cantidades
  • precios
  • destino final
  • pagos al gobierno venezolano
Esto crea un sistema de monitoreo directo del comercio petrolero.

4️⃣ Siguen existiendo restricciones importantes. La licencia no elimina las sanciones, solo flexibiliza algunas.
Continúan prohibidos:
  • operaciones con personas en la lista SDN de sancionados
  • pagos en oro
  • pagos con criptomonedas como el Petro
  • transacciones con empresas vinculadas a:
    • Rusia
    • Irán
    • Corea del Norte
    • Cuba
También limita operaciones con empresas vinculadas a China en ciertos casos.
Esto muestra el componente geopolítico de la licencia.

📊 Interpretación geopolítica. Esta medida refleja varios objetivos de Washington:
1. Asegurar suministro energético. Estados Unidos busca:
  • aumentar oferta mundial de petróleo
  • reducir presión de precios
Esto es relevante en el contexto de tensiones globales con Rusia y Irán.

2. Recuperar influencia sobre el petróleo venezolano. Durante años el petróleo venezolano se movió hacia:
  • China
  • India
  • mercados informales
La licencia busca reinsertarlo en circuitos supervisados por EEUU.

3. Mantener presión política. Aunque se permite comercio:
  • los pagos se controlan
  • las sanciones siguen vigentes
  • el sistema financiero sigue bajo vigilancia
Es una política de “alivio condicionado”, no una normalización.

✅ Conclusión:
La Licencia 52 relaja parcialmente las sanciones petroleras, permitiendo operaciones con PDVSA, pero mantiene el control financiero y geopolítico de EEUU sobre los ingresos petroleros venezolanos.
La cláusula más estratégica y poco comentada de la licencia es la restricción específica contra empresas vinculadas a China. No es casual: revela el trasfondo geopolítico del documento.

1️⃣ La cláusula contra China. El texto prohíbe transacciones con:
entidades en Venezuela o EEUU que estén controladas o en empresa conjunta con personas o entidades de la República Popular China.
Esto significa que empresas estadounidenses no pueden operar con PDVSA si el socio es chino.
El objetivo es limitar la influencia de China en el sector petrolero venezolano.

2️⃣ El problema estructural: China domina la deuda petrolera venezolana. Durante los años de sanciones, Venezuela sobrevivió gracias a financiamiento chino.
Los préstamos principales provinieron de:
  • China Development Bank
  • China National Petroleum Corporation (CNPC)
Estos créditos se pagaban con petróleo.
Resultado:
  • gran parte del crudo venezolano quedó comprometido como pago de deuda
  • empresas chinas entraron en proyectos petroleros conjuntos con PDVSA

3️⃣ La estrategia de EEUU: dividir el sector petrolero. La licencia crea un mecanismo de reingreso selectivo de empresas occidentales.
Pero con una condición:
👉 aislar a las empresas chinas de las nuevas operaciones.
Es decir:
  • EEUU permite operaciones
  • pero quiere evitar que China controle el flujo del petróleo venezolano hacia los mercados globales

4️⃣ Competencia por reservas estratégicas. Esto es importante porque Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
Principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Durante los años de sanciones:
  • China se volvió principal comprador indirecto
  • muchas exportaciones se hicieron mediante intermediarios
La nueva licencia intenta reconfigurar ese sistema.

5️⃣ El trasfondo: seguridad energética global. Estados Unidos busca tres objetivos simultáneos:
Aumentar oferta mundial de petróleo. Para moderar precios globales.
Reducir dependencia de productores adversarios. Particularmente de:
  • Rusia
  • Irán
Evitar que China controle nuevas fuentes. Especialmente en América Latina.

6️⃣ Por qué Cuba aparece también en la lista. La licencia prohíbe operaciones con entidades vinculadas a Cuba.
Esto responde a que Cuba:
  • recibe petróleo venezolano subsidiado
  • participa en logística y comercio petrolero regional
Washington busca impedir que el petróleo autorizado termine indirectamente en redes sancionadas.

7️⃣ El detalle más importante: control financiero. La licencia obliga a que pagos a actores sancionados vayan a:
Foreign Government Deposit Funds
Eso significa que el dinero puede quedar bajo supervisión del Tesoro estadounidense.
Es una herramienta típica de la Office of Foreign Assets Control (OFAC).

📊 Conclusión estratégica. La licencia no es simplemente un alivio de sanciones.
En realidad es una política de tres capas:
  1. Permitir producción petrolera venezolana
  2. Controlar el flujo de ingresos
  3. Limitar la penetración de China en el sector energético venezolano
En términos geopolíticos, es parte de la competencia entre:
  • Estados Unidos
  • China
por recursos energéticos y rutas comerciales en América Latina.
Hay indicios fuertes de que la Licencia General N.º 52 está diseñada principalmente para facilitar la operación de una empresa específica: Chevron Corporation. ⛽
No se menciona explícitamente en el documento, pero varios elementos del texto encajan casi perfectamente con la situación particular de esta compañía.

1️⃣ Chevron es la única gran petrolera estadounidense aún presente en Venezuela. Antes de las sanciones más duras (2019), varias empresas occidentales operaban en el país, pero con el tiempo la mayoría salió.
Chevron es prácticamente la única gran petrolera estadounidense que nunca abandonó completamente el país y mantiene participación en empresas mixtas con Petróleos de Venezuela, S.A..
Entre ellas:
  • Petropiar
  • Petroboscán
  • Petroindependiente
  • Petroindependencia
Muchas de estas operaciones están ubicadas en la Faja Petrolífera del Orinoco, la zona con las mayores reservas de crudo pesado del planeta.

2️⃣ La condición de “empresa estadounidense establecida”. La licencia solo autoriza operaciones a empresas creadas antes del 29 de enero de 2025.
Esto limita el beneficio a:
  • compañías que ya estaban operando antes de las sanciones
En la práctica, las únicas que cumplen plenamente son:
  • Chevron Corporation
  • algunas empresas de servicios petroleros estadounidenses
Pero Chevron es la única con participación directa en producción.

3️⃣ Control del dinero del petróleo. La licencia establece que ciertos pagos deben ir a fondos controlados por el Tesoro de EEUU.
Eso permite un esquema parecido al que ya se utilizó anteriormente:
1️⃣ Chevron produce petróleo en Venezuela
2️⃣ el petróleo se exporta
3️⃣ el dinero paga deudas y operaciones
4️⃣ el flujo financiero queda supervisado por Washington
Esto reduce el acceso directo del gobierno venezolano a esos ingresos.

4️⃣ Recuperar producción perdida. La producción petrolera venezolana cayó dramáticamente:
  • 1998 → ~3,4 millones barriles/día
  • 2020 → ~400 mil barriles/día
Parte de la estrategia estadounidense es recuperar producción rápidamente usando infraestructura ya existente.
Chevron tiene:
  • tecnología
  • capital
  • conocimiento de los campos
Por eso es el actor más viable para aumentar producción en el corto plazo.

5️⃣ Competencia energética con China. Otro objetivo es limitar el avance de empresas chinas como:
  • China National Petroleum Corporation
  • China Development Bank
Durante los años de sanciones, China se convirtió en el principal respaldo financiero del sector petrolero venezolano.
Permitir que Chevron vuelva a operar ayuda a reintroducir capital occidental en el sistema energético venezolano.

6️⃣ El contexto global del petróleo. La flexibilización también se conecta con el mercado mundial.
EEUU busca:
  • aumentar oferta global
  • estabilizar precios
  • reducir influencia de productores adversarios como
    • Rusia
    • Irán
El crudo venezolano es particularmente útil para refinerías del Golfo de México, diseñadas para procesar petróleo pesado.

📊 Conclusión estratégica. La Licencia 52 parece responder a una lógica muy concreta:
1️⃣ permitir un regreso controlado del petróleo venezolano al mercado
2️⃣ hacerlo a través de empresas estadounidenses existentes
3️⃣ limitar la influencia de China y otros actores sancionados
4️⃣ mantener control financiero sobre los ingresos petroleros
En términos prácticos, la empresa que más probablemente se beneficiará es Chevron Corporation.
Hay varios indicios de que medidas como la Licencia General 52 no solo responden al mercado petrolero, sino también a un cálculo político a mediano plazo sobre Venezuela. No significa que Washington espere un cambio inmediato, pero sí que está preparando condiciones para distintos escenarios futuros.

1️⃣ Mantener infraestructura operativa para un posible cambio. Si el sector petrolero venezolano colapsara completamente, reconstruirlo tomaría décadas.
Permitir operaciones limitadas con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) tiene un efecto importante:
  • mantiene campos petroleros activos
  • preserva infraestructura
  • evita pérdida total de capacidad técnica
Esto es clave si en el futuro surge un nuevo gobierno que quiera reintegrar la industria petrolera al sistema energético internacional.

2️⃣ Crear vínculos económicos con empresas occidentales. Cuando empresas como Chevron Corporation operan en un país, se crean:
  • contratos
  • inversiones
  • redes técnicas
  • dependencia tecnológica
Eso genera intereses económicos occidentales dentro del país.
Históricamente, esto facilita procesos de reintegración internacional después de cambios políticos.

3️⃣ Limitar el espacio estratégico de China. Durante los años de sanciones, China se convirtió en uno de los actores externos más importantes en el sector energético venezolano.
También participaron empresas vinculadas a Rusia.
Si esas potencias consolidaran completamente su presencia en el petróleo venezolano, un eventual nuevo gobierno tendría menos margen de maniobra geopolítica.
La licencia busca equilibrar ese tablero.

4️⃣ Mantener presión política sin aislar completamente al país. Las sanciones totales pueden producir efectos contraproducentes:
  • colapso económico profundo
  • migración masiva
  • mayor dependencia de aliados externos
Por eso la política actual combina dos elementos:
Presión:
  • sanciones financieras
  • restricciones tecnológicas
Flexibilización selectiva:
  • licencias petroleras
  • comercio supervisado
Esto permite mantener instrumentos de negociación.

5️⃣ Preparar un posible proceso de transición energética regional. El petróleo venezolano es estratégico por dos razones:
  1. Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo.
  2. Muchas refinerías del Golfo de México están diseñadas para crudos pesados, similares al venezolano.
Esto afecta directamente al sistema energético de Estados Unidos y del hemisferio occidental.
Por eso Washington intenta evitar que ese recurso quede totalmente alineado con China o Rusia.

6️⃣ Señal para actores internos venezolanos. Las licencias también envían un mensaje implícito a élites económicas y políticas dentro del país:
👉 la reintegración al mercado global es posible si cambian ciertas condiciones políticas.
En otras palabras:
  • el aislamiento no es irreversible
  • hay incentivos para una eventual normalización

📊 En síntesis. La Licencia 52 refleja una estrategia con tres horizontes temporales:
Corto plazo
  • aumentar oferta petrolera global
Mediano plazo
  • limitar la influencia de potencias rivales en Venezuela
Largo plazo
  • preservar condiciones para una eventual reintegración económica del país.
La Faja Petrolífera del Orinoco es uno de los activos energéticos más importantes del planeta y su relevancia estratégica podría aumentar durante la transición energética, algo que a menudo se malinterpreta. 
¿Por qué?

1️⃣ Las mayores reservas de petróleo del mundo. La Faja del Orinoco contiene aproximadamente:
  • más de 300 mil millones de barriles de reservas probadas
Esto coloca a Venezuela por encima de países como:
  • Arabia Saudita
  • Canadá
  • Irán
Es, literalmente, la mayor acumulación de petróleo del planeta.
El problema es que es crudo extrapesado, difícil y costoso de producir.

2️⃣ El petróleo pesado seguirá siendo necesario. La transición energética no elimina el petróleo rápidamente.
Incluso los escenarios más ambiciosos de descarbonización prevén que el petróleo seguirá siendo necesario durante décadas.
Sectores donde seguirá siendo crucial:
  • aviación
  • petroquímica
  • transporte marítimo
  • fertilizantes
  • plásticos y materiales industriales
Organismos como la International Energy Agency prevén que el petróleo seguirá siendo parte relevante del sistema energético hasta al menos mediados del siglo.

3️⃣ La paradoja de la transición energética. A medida que el mundo reduce inversión en nuevos proyectos petroleros, ocurre algo paradójico:
  • menos exploración
  • menos nuevos campos
  • menor oferta futura
Pero la demanda no desaparece inmediatamente.
Eso hace que los grandes campos ya conocidos se vuelvan aún más estratégicos.
Entre ellos está la Faja Petrolífera del Orinoco.

4️⃣ Ventaja geopolítica de EEUU. Otra razón clave es la geografía energética.
El petróleo venezolano está relativamente cerca de:
  • las refinerías del Golfo de México
  • los mercados del Atlántico
Esto es importante para Estados Unidos, especialmente frente a tensiones con:
  • Rusia
  • Irán
Controlar o influir en el suministro regional reduce riesgos estratégicos.

5️⃣ La lucha silenciosa por el Orinoco. En los últimos 20 años varios actores intentaron consolidar presencia en la Faja.
Entre ellos:
  • Chevron Corporation
  • China National Petroleum Corporation
  • Rosneft
Esto refleja que el Orinoco no es solo un recurso energético:
es un activo geopolítico global.

6️⃣ El verdadero problema: tecnología y capital. El petróleo del Orinoco requiere:
  • mejoradores de crudo
  • refinerías especializadas
  • grandes inversiones
Sin tecnología extranjera, Petróleos de Venezuela, S.A. tiene enormes dificultades para desarrollarlo.
Por eso las sanciones impactaron tanto la producción.

7️⃣ El potencial si se recupera la industria. Si Venezuela recuperara su capacidad petrolera, podría producir entre:
  • 3 y 4 millones de barriles diarios
Eso transformaría nuevamente el mercado energético global.
Pocos países tienen potencial de expansión tan grande.

📊 Conclusión estratégica. La Faja Petrolífera del Orinoco seguirá siendo crucial por tres razones:
1️⃣ concentra las mayores reservas del planeta
2️⃣ el petróleo seguirá siendo necesario durante décadas
3️⃣ su ubicación geográfica es estratégica para el hemisferio occidental, en esencia para EEUU.
Por eso, incluso en plena transición energética, Venezuela sigue siendo una pieza clave en el tablero energético mundial. 
¿Cómo Venezuela puede beneficiarse si EEUU tiene el control absoluto del negocio petrolero venezolano?
Puede pero de forma limitada y condicionada. El sistema está diseñado para permitir actividad económica sin que el gobierno venezolano tenga control libre sobre los ingresos.

1️⃣ El dinero no es de EEUU, pero queda bajo custodia. Las normas establecen que ciertos pagos deben ir a los “Foreign Government Deposit Funds” del Departamento del Tesoro.
Sin embargo, jurídicamente esos fondos siguen siendo propiedad del gobierno venezolano; EEUU los mantiene en custodia y control, y no pueden usarse sin autorización adicional.
Es decir:
  • el dinero no pasa directamente a Caracas
  • queda retenido o administrado bajo supervisión

2️⃣ Parte del dinero sí circula dentro de Venezuela. La licencia permite pagar costos operativos locales, por ejemplo:
  • salarios
  • servicios
  • permisos locales
  • gastos de operación
Estos pagos no tienen que ir a las cuentas del Tesoro.
Eso significa que la actividad petrolera puede generar:
  • empleo
  • actividad económica local
  • demanda de servicios
aunque el grueso de los ingresos petroleros esté controlado.

3️⃣ El objetivo real de EEUU. El esquema busca separar dos cosas:
  1. producción de petróleo
  2. control político del dinero
La idea es permitir que el petróleo fluya al mercado mundial, pero evitar que el gobierno venezolano reciba ingresos sin restricciones.
Por eso analistas legales señalan que el sistema da a EEUU “palanca de control considerable sobre el sector petrolero venezolano”.

4️⃣ Cómo podría beneficiarse Venezuela en teoría. Hay tres mecanismos posibles.
Aumento de actividad económica. Más producción implica:
  • empleo
  • contratos
  • servicios industriales
  • comercio local
Eso genera ingresos indirectos para la economía.

Uso condicionado de los fondos retenidos. En algunos escenarios, EEUU podría autorizar el uso de los fondos retenidos para:
  • infraestructura
  • importación de alimentos
  • pago de deuda
  • proyectos específicos
Esto ya ha ocurrido en otros países bajo sanciones.

En un supuesto escenario de normalización política. Si las sanciones cambian o se levantan, los fondos acumulados podrían liberarse total o parcialmente.
En ese caso, el país recibiría ingresos acumulados del petróleo vendido durante ese período.

5️⃣ El problema estructural. Con este sistema, Venezuela no controla plenamente su principal recurso.
Por eso algunos analistas lo describen como un modelo de: producción autorizada + soberanía financiera limitada.

6️⃣ Lo que realmente está en juego. Este esquema refleja una disputa geopolítica entre:
  • Estados Unidos
  • China
  • Rusia
sobre quién influirá en el futuro del sector petrolero de Venezuela.
La licencia permite producción, pero mantiene el control del sistema financiero internacional, donde EEUU tiene ventaja estructural.

✅ Conclusión
Con este esquema:
  • Venezuela puede producir petróleo
  • la economía puede recibir actividad y empleo
  • pero el control del dinero permanece condicionado por EEUU
Es un modelo diseñado para mantener influencia política mientras se evita el colapso total del sector petrolero.
19 de marzo de 2026
Venezuela recibe delegación del Senado de EE.UU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió a una delegación del Comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense para tratar la agenda bilateral y avanzar en la normalización de relaciones entre ambos países.
La reunión, calificada como “técnica” y “política”, busca fortalecer la cooperación en sectores estratégicos, especialmente en petróleo y gas, mientras se emplean mecanismos diplomáticos para resolver diferencias históricas con Washington.
https://sn-esp.site/JqWC
20 de marzo de 2026
Delcy Rodríguez anuncia el renovado Alto Mando Militar de Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció los nombres de quienes integrarán en lo sucesivo el Alto Mando Militar del país, que ha sido renovado tras la reciente designación del general en jefe Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa del país suramericano, en reemplazo de Vladimir Padrino López, quien ostentó esa posición desde 2014.

La cúpula quedó conformada de la siguiente manera:
Rafael David Prieto Martínez fue designado como comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Jesús Rafael Villamizar Gómez ocupará el cargo de segundo comandante estratégico operacional de la FANB.
Dilio Guillermo Rodríguez Díaz asume como nuevo inspector general de la FANB.
Rubén Dario Belzares Escobar será el comandante general del Ejército Bolivariano.
Jorge Alejandro Agüero Montes servirá como comandante general de la Armada Bolivariana.
Royman Antonio Hernández Briceño liderará la Aviación Militar Bolivariana, como su comandante general.
Juan Ernesto Sulbarán Quintero ha sido nombrado comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana.
Nayade Solevenly Lockiby Belmontes dirigirá la Milicia Bolivariana, en calidad de comandante general.

 https://sn-esp.site/JqXv
 Trump presume que EEUU tomó Venezuela "EN CUESTIÓN DE MINUTOS" 
"Me sentí muy orgulloso de lo que hice", insistió al respecto.
 https://sn-esp.site/Jr18
El ataque del 3 de enero fue la punta del iceberg de la “Operación Lanza del Sur”, iniciada en septiembre pasado.
La "base" de ese iceberg, sin embargo, fue y sigue siendo el bloqueo naval.
El impacto mayor del mismo, por cierto, no fue el de los petroleros que no salían sino el de los que no entraban: sin diluyentes (gracias al “rojo rojito” Rafael Ramírez que fue ministro de hidrocarburos de 2004 a 2014 y despilfarró sumas colosales en proyectos faraónicos, como el SIGMA al Norte de Paria y que puso todos los huevos en la canasta FAPO Faja Petrolífera del Orinoco: crudos extrapesados) no hay exportación de crudos pero, peor, no hay producción de diésel y gasolina para el consumo interno.
De no haber ocurrido el "revulsivo" del 3/1, hoy en día el país estuviera semi-paralizado.
Eso lo sabían perfectamente los "traidores" que dieron la orden de no activar los sistemas antiaéreos.
21 de marzo de 2026

Venezuela: entre la intervención imperial y el suicidio de clase

La sucesión de eventos deja poco lugar a las dudas: bajo el Gobierno de Delcy Rodríguez se ha producido alineamiento casi simbiótico entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense orientado a asegurar que la riqueza petrolera fluya bajo la supervisión del imperio.
El Salto         Joan López Fernández          Alejandro Pedregal
miembros de la Red Antiimperialista/Anti-Imperialist Network (AIN), anti-imperialist.net
La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses combinó bombardeos en Caracas y zonas estratégicas militares con una incursión terrestre que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su posterior traslado a Nueva York. La operación dejó más de 90 muertos, incluyendo a 32 miembros de las fuerzas especiales cubanas que combatieron para proteger a Maduro, causando algunas bajas a las fuerzas imperialistas antes de ser asesinados. 

Si bien es cierto que resulta extraño que Estados Unidos pudiese ejecutar la operación de secuestro contra Maduro y su esposa sin una gran resistencia, más allá de la ofrecida por el personal de seguridad del último anillo —la mayor parte de origen cubano, como los citados 32 mártires—, resultan quizá más sorprendentes las declaraciones del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Semanas después del secuestro de Maduro, Padrino aseguraba que era inviable sacar un avión de combate en el momento de la agresión dada la superioridad aérea de los Estados Unidos, con 150 aeronaves, y reconocía así que, a excepción de la guardia personal de la presidencia y unos pocos soldados apostados cerca de la residencia, las Fuerzas Armadas venezolanas no respondieron ante la agresión imperialista. 

No podemos hacer conjeturas sobre aspectos militares, puesto que no somos expertos ni manejamos toda la información necesaria sobre esa cuestión. No nos compete a nosotros. En cualquier caso, las propias palabras de Padrino López y los hechos acaecidos durante la agresión indican que, fuese por una u otra razón, la decisión fue la de no responder militarmente al ataque de los Delta Force durante la madrugada del pasado 3 de enero en Caracas. 

Para sorpresa de muchos, el secuestro de Maduro no produjo un colapso institucional ni inmediato ni absoluto. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y la jefatura de la Asamblea Nacional, a cargo de Jorge Rodríguez. Esta “pinza” permitió mantener cierta estabilidad formal, mientras se reorganizaba la administración de los recursos estratégicos del país y se aceleraba la implementación de políticas de adaptación al nuevo contexto.

La coordinación con Washington fue inmediata. El 15 de enero, el director de la CIA, John Ratcliffe, que apenas días antes dirigía la operación de agresión junto a Donald Trump en Florida, visitó Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez. Pocos días después se presentó y aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este cronograma evidencia un alineamiento casi simbiótico entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense orientado a asegurar que la riqueza petrolera fluya bajo la supervisión del imperio, blindando al mismo tiempo los intereses de grandes corporaciones y acreedores internacionales. Si este vínculo es resultado de una traición o de una claudicación es, por ahora, indiferente. Sin embargo, lo que cada día queda más claro es que, si se tratase de un repliegue táctico, parece difícil que este sea corregido sin dirección estratégica. Y esta última parece quedar lejos de las nuevas autoridades del país.

La liquidación de la soberanía petrolera: de Chávez a Delcy Rodríguez
La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos no es una modificación menor de la ley anterior, sino la consumación de un proceso de paulatino retroceso neoliberal que culmina ahora con la derogación sustancial de la ley de 2001, pilar del proyecto social chavista y conquista histórica de la soberanía venezolana.

La ley original de 2001, promulgada por Hugo Chávez en el marco de la Ley Habilitante, representó el pico de la nacionalización petrolera venezolana. Establecía la propiedad estatal exclusiva de los hidrocarburos en el subsuelo, el monopolio de PDVSA sobre la comercialización internacional, el control estatal mayoritario en todas las empresas mixtas, la planificación estatal de la inversión y la destinación prioritaria de la renta al desarrollo social.

A lo largo de los diferentes periodos de la administración de Maduro, y ante la crisis económica producto de las brutales sanciones, se implementaron políticas rentistas en busca liquidez y divisas que fueron minando la estructura socioeconómica chavista. Esto sentó las bases para una progresiva privatización de los recursos nacionales, pese a conservar el control comercial y la propiedad del petróleo en manos del Estado.

Fue en el 2022, bajo la asfixia que la post pandemia agregaba a las sanciones, cuando el gobierno de Maduro promulgó una reforma que modificó 21 artículos de la ley de 2001. Esta reforma mantenía la propiedad estatal formal, pero abría significativamente la participación privada. Permitía a empresas mixtas operar con mayor autonomía, flexibilizaba los requisitos de control mayoritario de PDVSA en nuevos proyectos y autorizaba acuerdos de servicios petroleros que la ley de 2001 había prohibido explícitamente. La reforma de 2022 también introdujo mecanismos de arbitraje internacional para conflictos con empresas privadas, socavando la jurisdicción exclusiva venezolana que Chávez había establecido.

Además, durante el período 2019-2024, Maduro otorgó licencias operativas a Chevron y otras corporaciones estadounidenses que permitían la explotación y comercialización directa en ciertas zonas, creando precedentes de control privado sobre la producción. Estas licencias, presentadas como “excepciones temporales” para reactivar la producción y aliviar la carga social de las sanciones, establecieron la arquitectura de dependencia que la reforma de 2026 ha acabado por consolidar legalmente.

La reforma de enero 2026 promovida por la administración de Delcy Rodríguez, configurada de acuerdo a las exigencias de la Orden Ejecutiva 14373 emitida por Trump el 9 de enero, consuma este proceso de erosión y representa una derogación sustancial de las bases económicas de la transformación social chavista. Muchos de los cambios introducidos reflejan mecanismos impuestos bajo la Ley Antibloqueo (2020) y la Ley de Zonas Económicas Especiales (2022) que flexibilizaban el papel gestor del sector privado, fundamentalmente mediante una amplia exención fiscal y ventajas aduaneras, mientras la LOH de 2026 elimina cualquier tipo de traba al control operativo de dicho sector. O, en otras palabras: lo que bajo Maduro fueron excepciones para sortear las sanciones, en la reforma de Rodríguez se formalizan para instaurar una subordinación abierta.

En primer lugar, la propiedad estatal exclusiva de los hidrocarburos en el subsuelo, que la Constitución de 1999 reafirmaba como principio irrenunciable y que incluso Maduro mantuvo formalmente, queda vaciada de contenido. Mientras el artículo 5 de la ley de 2001 declaraba que “los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la República”, la reforma de 2026 establece que los operadores privados extranjeros adquieren derechos de propiedad sobre la producción desde el momento de la extracción, pudiendo comercializarla directamente sin la intermediación estatal que caracterizaba al modelo chavista original. La diferencia cualitativa con la etapa de Maduro es que ahora esta comercialización directa se generaliza a todo el sector y se eliminan las restricciones de zona y temporalidad que mantenían un ámbito de control estatal.

En segundo lugar, la reforma elimina definitivamente el monopolio estatal de la comercialización internacional. La ley de 2001 establecía que PDVSA era la única entidad autorizada para exportar. La reforma de 2022 había permitido excepciones limitadas. La reforma de 2026 autoriza a Chevron, ExxonMobil, Shell y consorcios europeos como Repsol a comercializar directamente la totalidad o cuotas de la producción, debilitando la capacidad soberana de decidir a quién vender, bajo qué condiciones y a qué precio. Las empresas privadas determinan ahora el destino de los embarques, negociando directamente con refinadores y distribuidores, mientras el Estado venezolano recibe únicamente regalías y dividendos sujetos a mecanismos de control externo.

Esta subordinación comercial, además, se consolida mediante un marco restrictivo dictado desde Washington: las Licencias Generales 46, 50A y 52 emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense vetan taxativamente que el crudo venezolano llegue a manos de entidades radicadas en Rusia, China, Irán, Corea del Norte o Cuba, extendiendo la prohibición a toda sociedad que mantenga vínculos de propiedad o control con personas de dichos países.

La reforma de 2026, lejos de recuperar la autonomía comercial, institucionaliza estas barreras: mientras las transnacionales obtienen carta blanca para negociar directamente con refinadores occidentales, queda vetada toda operación con los socios históricos del chavismo. El Estado venezolano queda reducido a percibir regalías bajo supervisión foránea, sin capacidad de orientar los flujos petroleros hacia aquellos mercados que durante años garantizaron la sostenibilidad del proyecto bolivariano. De este modo se llega a una situación tan lamentable como surrealista, donde el ente sionista ha podido recibir crudo venezolano sin inconvenientes, mientras a Cuba se la deja a merced de la asfixia impuesta desde Washington.

En tercer lugar, la reforma deroga el control estatal sobre la inversión y la explotación. La ley de 2001 reservaba al Estado la planificación de la inversión. La reforma de 2022 había flexibilizado este control. La reforma de 2026 permite a los operadores privados determinar unilateralmente los niveles de inversión, la tecnología a utilizar y la política de reservas, eliminando cualquier obligación de consulta previa con las autoridades venezolanas. Las empresas extranjeras adquieren el derecho a importar equipos y personal sin restricciones, operando bajo régimen de extraterritorialidad fiscal y legal.

En cuarto lugar, la reforma destruye el marco de protección de la inversión social. La ley de 2001 establecía que la renta petrolera debía destinarse prioritariamente al desarrollo económico y social. La reforma de 2026 incluye cláusulas que permiten el arbitraje internacional para resolver conflictos, priorizando la protección de inversiones privadas frente a cualquier reclamo social. Los fondos derivados de la producción petrolera quedan sujetos a mecanismos de control externo. 

Por último, en quinto lugar, las citadas licencias impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense establecen, en la práctica, una arquitectura de subordinación fiscal que privilegia los intereses externos. Con su aceptación, y el refuerzo adicional de la reforma, la administración de Delcy Rodríguez queda sujeta a mecanismos de validación externa de sus presupuestos.

La reforma petrolera y la supervisión extranjera no son procesos aislados: constituyen un arreglo neocolonial disfrazado de normalización económica, donde la soberanía formal se mantiene mientras el control operativo se externaliza. En términos estratégicos, Venezuela ha pasado de ser un actor con capacidad relativa para definir su política energética, a pesar de sanciones y amenazas, a un subordinado cuyas decisiones críticas son tuteladas por Estados Unidos. 

Condena a Irán: alineamiento geopolítico como sumisión
La subordinación estructural se manifiesta también en la política exterior. Ante la reciente agresión imperialista contra Irán, que Estados Unidos y la entidad sionista lanzaron el 28 de febrero de 2026 de manera conjunta, dejando más de 200 muertos en las primeras horas (incluyendo 148 niñas asesinadas en el bombardeo de una escuela primaria en Minab), la administración de Delcy Rodríguez se apresuró a abandonar la tradicional alianza con Teherán. 

En un primer comunicado, adoptó una posición de condena tanto hacia la agresión imperial como hacia la respuesta del país atacado, cayendo en una vergonzosa y ridícula equidistancia. Este comunicado oficial, emitido el 1 de marzo de 2026, expresaba que el gobierno venezolano “condena y lamenta profundamente que se haya optado por la vía militar contra Irán”, y manifestaba consternación por las víctimas civiles. Sin embargo, el texto añadía de inmediato una referencia a “las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán”. De este modo, el Ejecutivo de Delcy Rodríguez negaba al país bombardeado el derecho a la legítima defensa, equiparando en un mismo plano al agresor y al agredido.

Esta posición, que el canciller Yván Gil terminó eliminando de sus redes sociales, representa la ruptura definitiva con el eje antiimperialista que Venezuela había construido durante dos décadas. La condena a la respuesta iraní, histórico aliado del chavismo, con quien se habían establecido fuertes alianzas y acuerdos de todo tipo, evidencia que la alineación con el imperialismo es ya un hecho consumado.

El comunicado venezolano no puede entenderse sin atender al contexto: la total apertura del sector petrolero al capital extranjero, la mencionada recepción en Caracas del director de la CIA y la siguiente llegada de la encargada de negocios estadounidense Laura Dogu, como representante diplomática, junto a las visitas de secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan; todo en pocas semanas, previas al reconocimiento del propio Trump de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.

La administración de Rodríguez no solo entrega el petróleo y se niega a enfrentar al imperio, sino que legitima políticamente la hegemonía estadounidense, rompiendo con la estela internacionalista y popular que el chavismo siempre había cuidado, defendido e impulsado. La condena a la resistencia iraní, que sin duda supone una condena a todo el Eje de la Resistencia antisionista y a todos los pueblos oprimidos por la entidad colonial, se presenta como “responsabilidad internacional” y “compromiso con la paz”. La nueva administración venezolana oculta así su entrega de la soberanía diplomática y da sepultura a la Venezuela solidaria e internacionalista que, también en tiempos de Maduro, el chavismo lideró.

La traición al proyecto chavista como suicidio de clase
Para comprender plenamente lo ocurrido en Venezuela, resulta bastante útil hacerlo a la luz de la teoría política de Amílcar Cabral, líder de la independencia de Guinea-Bisáu y Cabo Verde, uno de los pensadores más agudos de la liberación africana y del Tercer Mundo. Cabral formuló el concepto de “suicidio de clase” primero en su mensaje a los milicianos guineanos de 1964, para desarrollarlo después en múltiples intervenciones durante los años sesenta y setenta, particularmente en su discurso El arma de la teoría, pronunciado en la primera Conferencia Tricontinental de los Pueblos de Asia, África y América Latina, celebrada en La Habana en enero de 1966.

En 1974, en el contexto de la lucha de liberación de Guinea-Bisáu, Cabral profundizaba en esta teoría aplicándola a esa realidad concreta en su trabajo póstumo Guiné-Bissau: Nação Africana forjada na luta, publicado en 1974. La pequeña burguesía guineana, formada en la administración colonial portuguesa, debía elegir entre integrarse con el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) y sus bases campesinas, renunciando a sus privilegios de funcionarios coloniales, o mantenerse al margen y eventualmente colaborar con Portugal. Cabral no tenía ilusiones sobre las dificultades de esta elección. El dilema histórico de esta pequeña burguesía, según Cabral, es estrictamente binario: “o traiciona a la Revolución o se suicida como clase”. No hay tercera vía, posición intermedia o compromiso posible. Cualquier intento de mantener una postura equidistante termina, tarde o temprano, en la subordinación al imperialismo y la traición de los intereses nacionales.

Cuando las fuentes de riqueza de una nación se entregan a la gestión del imperio, el Estado renuncia voluntariamente a los instrumentos que le permitían decidir sobre su propio desarrollo

El suicidio de clase no era la desaparición física de los individuos, sino la destrucción de su condición de clase particular. Implicaba una transformación radical y consciente. Como explicaba Cabral, la pequeña burguesía debía “renunciar a la posición de clase que ocupa en la vida social” e “integrarse con las fuerzas populares, esto es, con los trabajadores y con los campesinos”. En otras palabras: abandonar voluntariamente sus privilegios de clase intermediaria, dejar de ser una clase separada y diferenciada del pueblo, e identificarse plenamente con las fuerzas populares como parte de un proyecto de liberación nacional y social. 

La traición de la revolución, la otra opción del dilema, ocurre cuando la burguesía preserva su existencia de clase y sus privilegios intermediarios mediante la subordinación al imperialismo. No renuncia a su posición, no se identifica con el pueblo, no destruye sus redes de poder. Por el contrario, negocia su supervivencia corporativa con el enemigo, convirtiéndose en burguesía compradora. Esta traición no siempre es explícita ni consciente. A menudo se presenta como “realismo”, “pragmatismo” o “tacticismo”. Pero su resultado es siempre el mismo: la consolidación de la dependencia estructural y el bloqueo de cualquier proyecto emancipatorio destinado a una verdadera independencia soberana, requisito indispensable para la desconexión de las jerarquías imperiales.

La teoría del suicidio de clase tiene implicaciones metodológicas profundas para el análisis político. Primero, establece que la liberación nacional no puede ser dirigida por la burguesía nacional ni por la pequeña burguesía que no se haya suicidado como clase. Segundo, demuestra que la independencia formal no equivale a liberación real si la dirección política preserva su carácter de clase intermedia subordinada. Tercero, señala que la lucha de clases continúa durante el proceso revolucionario y que la contradicción principal no es siempre entre el pueblo y el colonialismo externo, sino también entre el pueblo y sus propias direcciones que resisten el suicidio de clase.

Esta traición se presenta bajo una retórica de continuidad bolivariana, mantenimiento de símbolos y retóricas de responsabilidad histórica que emborronan la entrega de la renta petrolera a la gestión imperial.

La particularidad del caso venezolano es que la pequeña burguesía, sea esta traicionera o claudicadora, no es la clase colonial tradicional que Cabral analizaba, sino una burguesía burocrática forjada en el propio proceso del cambio revolucionario. Durante dos décadas de chavismo, esta clase ha acumulado experiencia de gestión estatal, ha construido redes de poder autónomas, ha desarrollado una identidad corporativa diferenciada y ha creado una base social de sustentación. El suicidio de clase implicaría renunciar a toda esta acumulación histórica, disolverse en las masas populares y reconfigurar el proyecto desde la base alineándose con el proletariado y el proyecto comunal. La traición permite, en cambio, preservar estructuras burocráticas y clientelares de poder adaptándolas al nuevo marco de subordinación. Una burguesía burocrática que controla el Estado y la renta petrolera tiene intereses materiales propios que pueden entrar en contradicción con un enfrentamiento directo contra el imperialismo.

Tras los rápidos y radicales cambios implementados por la administración de Delcy Rodríguez que hemos indicado, podemos observar amargamente cómo la burguesía nacional deja de administrar la independencia —propósito original del proyecto chavista— para, por el contrario, administrar la dependencia.

Todo ello se presenta, como no puede ser de otra manera, bajo una retórica de continuidad bolivariana, mantenimiento de símbolos y retóricas de responsabilidad histórica que emborronan la entrega de la renta petrolera a la gestión imperial, otrora la piedra angular del proyecto social chavista. A esto le acompaña una ruptura o un abandono de alianzas históricas como Irán o Cuba, mientras se asume sin rechistar la venta de los recursos nacionales al ente sionista, en una claudicación vergonzosa a los intereses de Estados Unidos.

La reforma petrolera de 2026 es el instrumento de esta entrega: la propiedad estatal del petróleo, pilar del proyecto de desarrollo soberano, se liquida en favor del control corporativo y se pone a merced del depósito del Tesoro de los Estados Unidos. Se trata de una forma sofisticada de dominación neocolonial porque dificulta la resistencia a la brutal agenda imperial. Efectivamente, las masas no enfrentan la presencia de un enemigo foráneo en forma de administración extranjera, sino a una élite que habla su idioma, usurpa sus símbolos, su folklore y mantiene una retórica patriótica, mientras pulveriza paso a paso los elementos centrales que el chavismo implementó durante décadas en busca de una ruptura histórica con la dependencia.

A modo de conclusión
La historia de los procesos de liberación enseña que si el proyecto revolucionario es el faro, la clase revolucionaria debe ser su guía. Como tal, su causa debe estar anclada en una estrategia histórica capaz de orientar incluso los repliegues tácticos más difíciles. Pero no puede haber repliegue táctico sin estrategia, ni estrategia sin bases materiales sobre las que sostenerla. La independencia económica no es un mero ornamento ideológico del proceso revolucionario: es su condición de posibilidad. Cuando las fuentes de riqueza de una nación se entregan a la gestión del imperio, cuando la renta que alimentaba el proyecto social se somete al control externo y cuando el Estado renuncia voluntariamente a los instrumentos que le permitían decidir sobre su propio desarrollo, ya no queda espacio para ninguna maniobra estratégica futura. Lo que se presenta como prudencia o realismo no es más que, en el mejor de los casos, la institucionalización de la claudicación; en el peor, de la traición. 

Esos mismos procesos de liberación nacional también han mostrado que ninguna revolución ha sobrevivido sin cuadros dispuestos a asumir los riesgos que exige la confrontación con el poder imperial. Las direcciones revolucionarias no están llamadas únicamente a administrar estructuras, sino a encarnar una voluntad histórica capaz de sostener el conflicto hasta sus últimas consecuencias. En la madrugada del 3 de enero, mientras el aparato estatal venezolano cerraba su apuesta por la negociación servil, quienes estuvieron dispuestos a dar la vida por ese proyecto fueron los 32 internacionalistas cubanos que cayeron defendiendo la residencia presidencial. Y en ese hecho, brutal y simbólico a la vez, se condensa el dilema que Cabral formuló hace décadas: frente al imperialismo, no hay vía de escape duradera entre el suicidio de clase y la traición. Todo lo demás —las retóricas, los símbolos, las apelaciones a la táctica— son apenas formas transitorias de nombrar una decisión que, tarde o temprano, la historia termina por revelar.
Hoy la alianza Estados Unidos - Israel, adelanta un tipo de guerra donde los objetivos son definidos como en los viejos tiempos de los imperios: sumisión a sus intereses.
Cualquier vía de negociación está supeditada a la aceptación de dicho fin. Para mayor precisión el diseño y plan de operaciones apunta a "vencer por sumisión", ojalá antes de iniciar las operaciones militares ofensivas, ahí juegan su papel las sanciones, los bloqueos navales, las amenazas y las operaciones quirúrgicas.
Pero al final se define por cuantos misiles pueden lanzarse desde la distancia para doblegar o terminar destruyendo y arrasando a quien no se someta o claudique.
Estamos, entonces, ante guerras de carácter existencial para imponer una especie de protectorados a la vieja usanza del imperio romano; si no te sometes, desapareces.
La historia ha mostrado los ejemplos, estamos ante guerras asimétricas donde la lógica es otra, es cuando las derrotas absolutas de los pueblos se hacen esquivas, la resistencia alarga en el tiempo la existencia colocando sobre el camino la victoria de los pueblos.
Ocupar militarmente un territorio siempre será un gran reto para los imperios. Para los pueblos es su escenario natural, que aunque difícil y dura la desigual lucha, será siempre el precio por la libertad y la independencia.
Los misiles en algún momento se acabarán o, si están ocupando el territorio, ellos mismos los inhabilitarán. Además los pueblos aprenden de estas guerras por la existencia, no queda otra opción distinta a la resistencia, lo único que se requiere es voluntad y valor.
Así, todo el despliegue del aparato militar, político e ideológico se enfila para la dominación absoluta de los pueblos de nuestra América y facilitado por estos entreguistas y aduladores del Imperio, como se está dando con la profundización del criminal bloqueo contra el pueblo cubano; configurando un mapa de recolonización y control absoluto de estos países en un escenario de guerras imperialistas en su desespero por mantener la hegemonía.
Cmdte. Antonio García ELN
24 de marzo de 2026
26 de marzo de 2026

Las sanciones de EEUU contra Venezuela continúan: beneficiarios corporativos y una sociedad en la mira

AntiWar.com           por Roger D. Harris
Tras el ataque militar de Washington del 3 de enero y la posterior y problemática distensión con Caracas, los medios corporativos sugieren un cambio significativo en la política hacia Venezuela, insinuando alivio para un país sometido durante mucho tiempo a coerción económica. Sin embargo, lejos de desmantelar el régimen de sanciones, Estados Unidos simplemente ha ajustado su aplicación mediante mecanismos de licencias, dejando intacta la estructura central de las medidas coercitivas.

Reuters informó que “Estados Unidos levanta algunas sanciones contra Venezuela”, seguido por noticias de que las sanciones se estaban “flexibilizando” aún más. Tanto NBC News como ABC News informaron igualmente que las sanciones habían sido “suavizadas”, mientras que Financial Times escribió que Washington “relaja las sanciones”. Posteriormente, Reuters señaló que “EEUU exime muchas de las sanciones”, y Los Angeles Times habló de un “alivio específico de las sanciones”. La Washington Office on Latin America (WOLA) describió una “gran flexibilización de las sanciones”.

Ni una sola sanción ha sido rescindida
En realidad, no existe evidencia de ninguna revocación de órdenes ejecutivas, eliminación de autoridades de sanciones relacionadas con Venezuela, y ciertamente tampoco de una terminación o suspensión formal del régimen de sanciones de Washington.

En una reunión del 21 de febrero a la que asistí en Venezuela, el viceministro contra el bloqueo, William Castillo, describió las sanciones como una “política de exterminio”. Estas medidas —“la agresión más cruel contra nuestro pueblo”— habían sido renovadas el día anterior por Donald Trump. Para hacerlo, tuvo que certificar primero la falsedad original fabricada por Barack Obama en 2015: que Venezuela representa una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Castillo citó 1.087 medidas impuestas por EEU. y otras 916 por su eco, la Unión Europea. Estas medidas coercitivas unilaterales tienen un efecto corrosivo sobre el apoyo popular al gobierno, que es precisamente el objetivo de esta forma de castigo colectivo, ilegal según el derecho internacional.

En 2023, Castillo describió la agresión económica de Washington como un medio para destruir Venezuela sin necesidad de invadirla. La resistencia exitosa de la Revolución Bolivariana —incluido un crecimiento positivo del PIB mientras el país estaba bajo asedio— sugiere por qué EEUU se sintió obligado a escalar con una incursión militar el 3 de enero, que dejó más de 100 muertos y el secuestro del jefe de Estado legítimo del país y de su esposa.

En palabras de Castillo, EEUU pasó de “una guerra sin pólvora… contra la población civil” a una guerra real. Tan grave como ha sido la agresión militar directa de EEUU —incluidas 157 muertes desde el pasado septiembre en presuntas interdicciones antidrogas contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental— el número de víctimas causado por las medidas económicas coercitivas ha sido mucho mayor. El ex relator especial de la Naciones Unidas, Alfred de Zayas, estimó que las sanciones han provocado más de 100.000 muertes en exceso.

Incluso existe literalmente un manual sobre cómo aplicar sanciones para infligir “dolor” a los civiles con “máxima eficacia”. El autor de The Art of Sanctions es Richard Nephew, ex alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos en la administración de Joe Biden, responsable de implementar tales políticas.

Licencias frente a sanciones
Lo que ha ocurrido en la práctica es una forma mucho más limitada de alivio dentro del régimen de sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha emitido licencias amplias que permiten ciertas operaciones principalmente con los sectores petrolero estatal (PDVSA) y aurífero (Minerven) de Venezuela.

Las licencias de OFAC establecen excepciones limitadas que benefician principalmente a corporaciones estadounidenses y otras extranjeras, no necesariamente al pueblo venezolano. Se autorizan actividades que de otro modo serían ilegales según la ley estadounidense, aunque dichas actividades son legales según el derecho internacional. Estas licencias incluyen condiciones, límites y requisitos de reporte, y pueden revocarse en cualquier momento.
En términos prácticos, las sanciones permanecen vigentes, aunque ciertas transacciones se permiten temporalmente bajo estrictas reglas de licenciamiento. “El resultado es un esquema híbrido en el que coexisten sanciones formales y licencias operativas, permitiendo flujos limitados de actividad económica”, según Misión Verdad.

Este arreglo flexible de sanciones combinadas con licencias permite que corporaciones estadounidenses y extranjeras obtengan beneficios del sistema coercitivo. Bajo un régimen de sanciones puras, el pueblo objetivo sufre abrumadoramente, pero también las empresas estadounidenses y extranjeras quedan excluidas. Bajo este sistema híbrido, se mantiene el control y se genera dinero.

Sin embargo, la mayoría de los inversores extranjeros son reacios a tomar decisiones importantes de inversión cuando existe incertidumbre, especialmente dada la reputación volátil del señor Trump. Una licencia temporal no proporciona la seguridad que las corporaciones normalmente requieren. Recuperar la industria petrolera venezolana requeriría “una inversión gigantesca”. Tales inversiones serán poco probables mientras Venezuela siga sancionada, independientemente de las licencias.

Enmarcado mediático y asignación de culpas
Mientras tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro y la “Primera Combatiente” Cilia Flores permanecen en una cárcel de Nueva York, al parecer en confinamiento solitario.

En relación con lo ocurrido el 3 de enero, las fuentes de los medios corporativos utilizan abrumadoramente términos relativamente anodinos como “caída”, “remoción” o “destitución”, en lugar de expresiones más directas como “secuestro” o “abducción”. Cuando la legalidad de este acto claramente ilegal de guerra es cuestionada por los medios o por los demócratas, el debate se limita principalmente a si el presidente Trump requería aprobación del Congreso.
Del mismo modo, la aplicación del derecho internacional respecto a la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales está en gran medida ausente de la cobertura mediática. Cuando aparecen cuestiones legales, tienden a centrarse en aspectos técnicos (por ejemplo, el arreglo de fondos controlado por EEUU), en lugar de cuestionar si las sanciones en sí mismas violan el derecho internacional.

Cuando los medios expresan preocupación por las restricciones de Washington, a menudo es porque aliviarlas “recompensaría a los leales a Maduro”. Aunque se reconoce la difícil situación del pueblo venezolano, la culpa se atribuye principalmente a la corrupción y a la mala gestión económica, con poco o ningún reproche hacia las sanciones.
Como señala el ex profesor de ciencia política de la Universidad de Oriente, Steve Ellner, la corrupción y la mala gestión sí existen. Pero el factor abrumador ha sido el régimen de sanciones. El bloqueo apuntó a la industria petrolera venezolana —que en un momento llegó a representar el 99 % de los ingresos por divisas— obligando al país a salir de los mercados normales denominados en dólares y a recurrir a mercados negros para sobrevivir.

Lo que Alfred de Zayas denomina la “industria de los derechos humanos” también muestra un conveniente punto ciego respecto a las sanciones. WOLA, por ejemplo, aboga por “abordar la compleja emergencia humanitaria”. Sin embargo, la ONG se opone firmemente al alivio de sanciones para la población, porque las medidas coercitivas son una herramienta de “presión” muy eficaz sobre el liderazgo.
​
El ex miembro del personal de WOLA David Smilde se centra en “restaurar” la democracia al estilo estadounidense mediante la imposición de presión sobre el “régimen”. Argumenta: “La transición democrática en Venezuela… requiere el apoyo de organizaciones internacionales”.
En contraste, la presidenta en funciones Delcy Rodríguez considera que poner fin a la injerencia de actores extranjeros en los asuntos internos de Venezuela es una condición previa para elecciones creíbles. En particular, pide que el “bloqueo y las sanciones de EE.UU. contra Venezuela cesen”. Mientras las sanciones sigan vigentes, Estados Unidos continúa siendo el mayor obstáculo para elecciones libres y justas en Venezuela.
29 de marzo de 2026
JD Vance: "Esto [Venezuela] es nuestro territorio. Controlamos nuestro territorio" 
El vicepresidente de EEUU JD Vance explica en la Fox que no hay necesidad de controlar el petróleo de Irak teniendo el de Venezuela más cerca, y recuerda la política exterior de su país en los últimos 200 años.
“¿Cómo ayuda al estadounidense promedio derrocar a un dictador en Venezuela?”
JD Vance: “Lo que significa es que vamos a poder controlar los increíbles recursos naturales de Venezuela. Garantiza energía de bajo coste”.