3 de julio de 2024
Noboa dispone un nuevo estado de excepción por conmoción interna en Ecuador
(Sputnik) — El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dispuso este 2 de julio un nuevo estado de excepción focalizado por "grave conmoción interna" y "conflicto armado interno", el cual regirá por 60 días.
"Este martes 2 de julio, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en las provincias de Guayas (suroeste), Los Ríos (centro oeste), Manabí (oeste), Orellana (noreste), Santa Elena (oeste), El Oro (sur) y en el cantón Camilo Poncé Enríquez de la provincia de Azuay (centro sur), por grave conmoción interna y conflicto armado interno", señaló la Presidencia en un comunicado oficial.
A la ciudadanía: pic.twitter.com/8ZWNY9bLs
Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) July 2, 2024
Esta nueva medida está contenida en el decreto ejecutivo número 318 firmado por el mandatario y tiene como fin fortalecer las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, de acuerdo con el texto.
El comunicado precisa que este decreto, de 49 páginas, cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), la cual elaboró un informe y concluyó que se ajusta al marco constitucional.
En el texto se dispone la suspensión del derecho la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, así como el derecho a la libertad de asociación y reunión, al tiempo que se disponen requisas de bienes, especialmente de armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios de origen ilícito y sin permiso de su porte o tenencia.
El artículo 7 dispone, además, que "continúe la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional" en los territorios afectados por la medida de excepción.
En mayo pasado, la Corte Constitucional hizo un llamado de atención a Noboa por falta de argumentaciones en el estado de excepción contenido en el decreto ejecutivo número 250.
El decreto ejecutivo 318 se argumenta que se requiere un régimen extraordinario para combatir a los grupos armados organizados que han evidenciado nexos con la justicia, en los procesos investigativos que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, como los casos Metástasis y Purga, en los cuales han sido implicados en corrupción jueces y exfuncionarios, entre otros.
"Este martes 2 de julio, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en las provincias de Guayas (suroeste), Los Ríos (centro oeste), Manabí (oeste), Orellana (noreste), Santa Elena (oeste), El Oro (sur) y en el cantón Camilo Poncé Enríquez de la provincia de Azuay (centro sur), por grave conmoción interna y conflicto armado interno", señaló la Presidencia en un comunicado oficial.
A la ciudadanía: pic.twitter.com/8ZWNY9bLs
Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) July 2, 2024
Esta nueva medida está contenida en el decreto ejecutivo número 318 firmado por el mandatario y tiene como fin fortalecer las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, de acuerdo con el texto.
El comunicado precisa que este decreto, de 49 páginas, cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), la cual elaboró un informe y concluyó que se ajusta al marco constitucional.
En el texto se dispone la suspensión del derecho la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, así como el derecho a la libertad de asociación y reunión, al tiempo que se disponen requisas de bienes, especialmente de armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios de origen ilícito y sin permiso de su porte o tenencia.
El artículo 7 dispone, además, que "continúe la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional" en los territorios afectados por la medida de excepción.
En mayo pasado, la Corte Constitucional hizo un llamado de atención a Noboa por falta de argumentaciones en el estado de excepción contenido en el decreto ejecutivo número 250.
El decreto ejecutivo 318 se argumenta que se requiere un régimen extraordinario para combatir a los grupos armados organizados que han evidenciado nexos con la justicia, en los procesos investigativos que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, como los casos Metástasis y Purga, en los cuales han sido implicados en corrupción jueces y exfuncionarios, entre otros.
9 de julio de 2024
En concreto, las organizaciones registran estos asesinatos en las cárceles:
- 2018: 15
- 2019: 30
- 2020: 51
- 2021: 348
- 2022: 147
- 2023: 89
12 de julio de 2024
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16 de julio de 2024
17 de julio de 2024
19 de julio de 2024
23 de julio de 2024
¿Qué son las “offshore” y para qué sirven?
Para lavar dinero sucio. Hay dinero sucio del narco. Dinero sucio de la corrupción. Dinero sucio de la evasión tributaria.
Se llaman empresas “offshore” porque en inglés eso significa “costas afuera” o “ultramar”. Es decir, lejos o en otro país.
Son empresas fantasmas, falsas, que solo existen en el papel para esconder a sus verdaderos propietarios. [quienes quieran aprender mucho más sobre esto busquen a Tax Justice Network o a Red de Justicia Fiscal o a Financial Transparency Coalition]
Generalmente se crean en los mal llamados paraísos fiscales - término que en realidad proviene de una mala traducción del inglés “tax haven” (no heaven) que quiere decir “guarida fiscal”. El término “guarida” proviene del lugar donde los piratas escondían los tesoros luego de robarlos. Y no debe sorprender que hoy en día muchos de esos paraísos fiscales de la Cuenca del Caribe son las guaridas de los piratas de antaño: los piratas del Caribe. [Si les interesó esto lean el libro de Nicholas Shaxson “Las Islas del Tesoro”]
Antes asaltaban tesoros a barcos. Ahora roban al pueblo con contratos a dedo (como Karpower), evadiendo impuestos (como Exportadora Noboa) o con prácticas corruptas de manipulación de mercado (como dirigiendo el tráfico al Puerto de Posorja, como los proyectos mineros a dedo o con la compra de armamento militar).
Pero siempre directa o indirectamente van a encontrar una offshore en la cadena del robo. Además hay bancos offshore y cuentas bancarias offshore. Las empresas offshore depositan el tesoro robado en los bancos offshore. Los banqueros ecuatorianos tienen grandes bancos offshore en Panamá, Curaçao y Miami, todos ellos paraísos fiscales.
Pregunten por qué los ‘nobles’ banqueros de un país ubicado entre los dos principales productores de cocaína del mundo habrían de tener muchos bancos offshore. En julio de 2022, antes que se vaya Lasso, declararon inconstitucional que se entregue la información de las offshores al SRI. Ahora piensen: ¿iban a permitir la victoria de quienes les tenemos estudiaditas a las offshore y cómo combatirlas con mecanismos de regulación y control? Noboa y sus ministros tiene muchas offshore y una “fundación”. Y ahí esconden sus negociados.
Hagamos un hilo aquí con todas las offshore que encontremos y que sean de relevancia para el País.
Última edición10:22 a. m. · 23 jul. 2024
Andrés Arauz
@ecuarauz
Para lavar dinero sucio. Hay dinero sucio del narco. Dinero sucio de la corrupción. Dinero sucio de la evasión tributaria.
Se llaman empresas “offshore” porque en inglés eso significa “costas afuera” o “ultramar”. Es decir, lejos o en otro país.
Son empresas fantasmas, falsas, que solo existen en el papel para esconder a sus verdaderos propietarios. [quienes quieran aprender mucho más sobre esto busquen a Tax Justice Network o a Red de Justicia Fiscal o a Financial Transparency Coalition]
Generalmente se crean en los mal llamados paraísos fiscales - término que en realidad proviene de una mala traducción del inglés “tax haven” (no heaven) que quiere decir “guarida fiscal”. El término “guarida” proviene del lugar donde los piratas escondían los tesoros luego de robarlos. Y no debe sorprender que hoy en día muchos de esos paraísos fiscales de la Cuenca del Caribe son las guaridas de los piratas de antaño: los piratas del Caribe. [Si les interesó esto lean el libro de Nicholas Shaxson “Las Islas del Tesoro”]
Antes asaltaban tesoros a barcos. Ahora roban al pueblo con contratos a dedo (como Karpower), evadiendo impuestos (como Exportadora Noboa) o con prácticas corruptas de manipulación de mercado (como dirigiendo el tráfico al Puerto de Posorja, como los proyectos mineros a dedo o con la compra de armamento militar).
Pero siempre directa o indirectamente van a encontrar una offshore en la cadena del robo. Además hay bancos offshore y cuentas bancarias offshore. Las empresas offshore depositan el tesoro robado en los bancos offshore. Los banqueros ecuatorianos tienen grandes bancos offshore en Panamá, Curaçao y Miami, todos ellos paraísos fiscales.
Pregunten por qué los ‘nobles’ banqueros de un país ubicado entre los dos principales productores de cocaína del mundo habrían de tener muchos bancos offshore. En julio de 2022, antes que se vaya Lasso, declararon inconstitucional que se entregue la información de las offshores al SRI. Ahora piensen: ¿iban a permitir la victoria de quienes les tenemos estudiaditas a las offshore y cómo combatirlas con mecanismos de regulación y control? Noboa y sus ministros tiene muchas offshore y una “fundación”. Y ahí esconden sus negociados.
Hagamos un hilo aquí con todas las offshore que encontremos y que sean de relevancia para el País.
Última edición10:22 a. m. · 23 jul. 2024
Andrés Arauz
@ecuarauz
26 de julio de 2024
Ecuador registró más de 25.000 homicidios en el primer semestre de 2024
QUITO (Sputnik) — Un total de 25.803 homicidios registró Ecuador desde el 1 de enero al 20 de junio de este año, según datos de la Policía Nacional revelados el 25 de julio por el parlamentario Leonardo Berrezueta, del opositor partido Revolución Ciudadana (izquierda).
"Las cifras son escalofriantes: Homicidios intencionales: 25.803, de los cuales apenas el 8,42 por ciento están resueltos. (…) demuestran el total fracaso de un plan que no existe y que tan solo es un invento del marketing político del gobierno actual", adelantó Berrezueta en la red social X.
El legislador precisó que los datos corresponden a la información oficial solicitada a la Policía Nacional desde curul, respecto a los homicidios intencionales y personas detenidas por esa causa en el marco de los estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa, desde el 1 de enero al 20 de junio de 2024.
Berrezueta precisó que la cifra de aprehendidos es de 10.467, de los cuales el 24,17% tiene prisión preventiva, mientras que el 48,82% se encuentra en condición de "sin dato".
Indicó que toda la documentación está respaldada y será presentada en su momento en el marco del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia.
El pasado 15 de julio, Palencia resaltó que las muertes violentas disminuyeron en un 18% a lo largo de los seis primeros meses del año, cuando ocurrieron 691 muertes violentas menos que en similar etapa de 2023.
Ecuador cumplió ya seis meses de la declaratoria de conflicto armado interno, medida adoptada por el presidente Noboa para enfrentar el crimen organizado, mientras actualmente rige un estado de excepción para 7 de las 24 provincias del país debido a la persistencia de números en rojo en cuanto a inseguridad.
El presidente Noboa presentó en la campaña electoral de 2023 su Plan Fénix, criticado por la ciudadanía debido a la continuidad de los hechos violentos, el incremento de las extorsiones y las llamadas "vacunas" o cobros que hace la delincuencia bajo la amenaza de quitarles protección a los negocios si no pagan por su "servicio".
El legislador precisó que los datos corresponden a la información oficial solicitada a la Policía Nacional desde curul, respecto a los homicidios intencionales y personas detenidas por esa causa en el marco de los estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa, desde el 1 de enero al 20 de junio de 2024.
Berrezueta precisó que la cifra de aprehendidos es de 10.467, de los cuales el 24,17% tiene prisión preventiva, mientras que el 48,82% se encuentra en condición de "sin dato".
Indicó que toda la documentación está respaldada y será presentada en su momento en el marco del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia.
El pasado 15 de julio, Palencia resaltó que las muertes violentas disminuyeron en un 18% a lo largo de los seis primeros meses del año, cuando ocurrieron 691 muertes violentas menos que en similar etapa de 2023.
Ecuador cumplió ya seis meses de la declaratoria de conflicto armado interno, medida adoptada por el presidente Noboa para enfrentar el crimen organizado, mientras actualmente rige un estado de excepción para 7 de las 24 provincias del país debido a la persistencia de números en rojo en cuanto a inseguridad.
El presidente Noboa presentó en la campaña electoral de 2023 su Plan Fénix, criticado por la ciudadanía debido a la continuidad de los hechos violentos, el incremento de las extorsiones y las llamadas "vacunas" o cobros que hace la delincuencia bajo la amenaza de quitarles protección a los negocios si no pagan por su "servicio".
Plan Fénix:
2 de agosto de 2024
Ecuador es el país con el mayor deterioro de la paz en América entre 2023 y 2024 según el @GlobPeaceIndex, Chile el tercero.
La diferencia: en 2024 Ecuador se ubica en el puesto 130 de 163 países, mientras que Chile está en el puesto 64. En 2017 Ecuador ocupaba el puesto 66.
@csr_costa
La diferencia: en 2024 Ecuador se ubica en el puesto 130 de 163 países, mientras que Chile está en el puesto 64. En 2017 Ecuador ocupaba el puesto 66.
@csr_costa
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12 de agosto de 2024
Mando o NO mando.
Varios oficiales Generales que han sido los que hemos aportado al desarrollo de la institución policial hemos visto cómo se está conduciendo actualmente la Policía Nacional y se ha llegado a las siguientes conclusiones:
1. Las designaciones de Comandantes Generales desde el año 2019 ha tenido una influencia y manipulación de María Paula Romo Rodríguez quien por gestiones directas con Moreno, Lasso y Noboa más la operadora fiel que trabaja en el departamento jurídico de la Presidencia de la República, Yolanda Salgado han acomodado a Generales en los mandos que obedecen a necesidades políticas y NO a necesidades de seguridad; esto inició con Patricio Carrillo que eliminó a la primera antigüedad de su promoción 49: Carlos Alulema y con el respaldo de MPRR hizo pedir la baja al Comandante General Nelson Villegas Ubillus y a toda la promoción 48.
2. Luego el ex Ministro de Gobierno Martínez destituyó a Patricio Carrillo por incompetente ya que en su mando inicia el incremento de los indicadores de violencia y delincuencia. María Paula Romo le pide al presidente Moreno que le nombre a Tannya Varela Coronel compañera de la misma promoción de Patricio Carrillo; quienes ya conocían de la investigación por narcotráfico León de Troya en la que estaba involucrado el cuñado del presidente Guillermo Lasso Mendoza a quienes le presentaron la información de las implicaciones de su cuñado Danilo Carrera Druef y de dónde sale la trama de corrupción que se designa por fiscalía como el 'caso encuentro' y para eso necesitaba sacar del mando a las promociones 50 y 51 para lo cual utilizando al ex embajador de EEUU Michael J. Fitzpatrick a quienes les presentaron alertas de inteligencia forjadas que nunca fueron judicialízalas o peor investigadas por la Dirección de Asuntos Internos de la PN, peor por la Fiscalía General pero ésta estrategia maquiavélica logró su cometido, sacó a los Generales honestos y se quedó el mando CORRUPTO liderado por la promoción 49; 52; 53 y 54.
3. Por el exceso de muertes violentas y el incremento de la delincuencia destituyen por incompetente a Tannya Gioconda Varela Coronel y por influencia de María Paula Romo Rodríguez designan a Carlos Fernando Cabrera Ron también compañero de Carrillo y Varela de la promoción 49 quien tenia la misión de dar sepultura a la investigación 'León de Troya' y así lo hacen en su corto período de CG. Cierran la investigación con apoyo de Fiscalía, Generales, pero gracias a la investigación del periodista Andersson Boscán y del Frente Parlamentario Anticorrupción liderado por +Fernando Villavicencio se logra descubrir la corrupción y vínculos con la mafia albanesa del gobierno de Guillermo Santiago Lasso Mendoza, la protección a la mafia albanesa de la madrina Tannya Gioconda Varela Coronel con el apoyo de los Generales Giovanni Gilberto Ponce Parra, Mauro José Vargas Villacís y Fausto Salinas Samaniego.
4. Nuevamente con el visto bueno de María Paula Romo Rodríguez y el efímero ministro del Interior Hernán Patricio Carrillo Rosero ponen de Comandante Generales a otro títere de la política Fausto Lenin Salinas Samaniego en cuyo mando llegó a su expresión máxima de descontrol la violencia e inseguridad unido a esto el caso +María Belén Bernal.
5. Sigue la confabulación y nuevamente MPRR y con el apoyo en la presidencia de la Dra. Yolanda Salgado pide a Guillermo Lasso que le designen de Comandante General a César Augusto Zapata Correa al cual lo ratificó por el mismo pedido de María Paula Romo Rodríguez al mismo presidente Daniel Noboa Azin.
6. Viendo la incapacidad de liderazgo en la Policía Nacional demostrada por los nefastos resultados del control de la violencia y la delincuencia, deciden cambiar a César Zapata por Víctor Hugo Zarate pero no lo dejan con mando ya que por pedido de María Paula Romo Rodríguez se deja al General Fausto Giovanny Buenaño Castillo, sobrino del viceministro de MPRR Patricio Pazmiño Castillo, es decir, hay un comandante general que tiene un General que es más antiguo y está en el Subcomando General por consiguiente ya sabemos quién es el títere y quien verdaderamente va ha liderar la Institución Policial; lo insólito de esto es que el General Fausto Giovanny Buenaño Castillo en el examen especial de Contraloría salió con responsabilidades PENALES por no justificar su patrimonio y siguió en la institución policial denotando qué hay un obscuro y gran poder político de corrupción que está protegiendo a éste y varios generales CORRUPTOS en la Policía Nacional del Ecuador.
Atte. Asociación de Generales de HONOR.
Fuente: Redes Sociales
Varios oficiales Generales que han sido los que hemos aportado al desarrollo de la institución policial hemos visto cómo se está conduciendo actualmente la Policía Nacional y se ha llegado a las siguientes conclusiones:
1. Las designaciones de Comandantes Generales desde el año 2019 ha tenido una influencia y manipulación de María Paula Romo Rodríguez quien por gestiones directas con Moreno, Lasso y Noboa más la operadora fiel que trabaja en el departamento jurídico de la Presidencia de la República, Yolanda Salgado han acomodado a Generales en los mandos que obedecen a necesidades políticas y NO a necesidades de seguridad; esto inició con Patricio Carrillo que eliminó a la primera antigüedad de su promoción 49: Carlos Alulema y con el respaldo de MPRR hizo pedir la baja al Comandante General Nelson Villegas Ubillus y a toda la promoción 48.
2. Luego el ex Ministro de Gobierno Martínez destituyó a Patricio Carrillo por incompetente ya que en su mando inicia el incremento de los indicadores de violencia y delincuencia. María Paula Romo le pide al presidente Moreno que le nombre a Tannya Varela Coronel compañera de la misma promoción de Patricio Carrillo; quienes ya conocían de la investigación por narcotráfico León de Troya en la que estaba involucrado el cuñado del presidente Guillermo Lasso Mendoza a quienes le presentaron la información de las implicaciones de su cuñado Danilo Carrera Druef y de dónde sale la trama de corrupción que se designa por fiscalía como el 'caso encuentro' y para eso necesitaba sacar del mando a las promociones 50 y 51 para lo cual utilizando al ex embajador de EEUU Michael J. Fitzpatrick a quienes les presentaron alertas de inteligencia forjadas que nunca fueron judicialízalas o peor investigadas por la Dirección de Asuntos Internos de la PN, peor por la Fiscalía General pero ésta estrategia maquiavélica logró su cometido, sacó a los Generales honestos y se quedó el mando CORRUPTO liderado por la promoción 49; 52; 53 y 54.
3. Por el exceso de muertes violentas y el incremento de la delincuencia destituyen por incompetente a Tannya Gioconda Varela Coronel y por influencia de María Paula Romo Rodríguez designan a Carlos Fernando Cabrera Ron también compañero de Carrillo y Varela de la promoción 49 quien tenia la misión de dar sepultura a la investigación 'León de Troya' y así lo hacen en su corto período de CG. Cierran la investigación con apoyo de Fiscalía, Generales, pero gracias a la investigación del periodista Andersson Boscán y del Frente Parlamentario Anticorrupción liderado por +Fernando Villavicencio se logra descubrir la corrupción y vínculos con la mafia albanesa del gobierno de Guillermo Santiago Lasso Mendoza, la protección a la mafia albanesa de la madrina Tannya Gioconda Varela Coronel con el apoyo de los Generales Giovanni Gilberto Ponce Parra, Mauro José Vargas Villacís y Fausto Salinas Samaniego.
4. Nuevamente con el visto bueno de María Paula Romo Rodríguez y el efímero ministro del Interior Hernán Patricio Carrillo Rosero ponen de Comandante Generales a otro títere de la política Fausto Lenin Salinas Samaniego en cuyo mando llegó a su expresión máxima de descontrol la violencia e inseguridad unido a esto el caso +María Belén Bernal.
5. Sigue la confabulación y nuevamente MPRR y con el apoyo en la presidencia de la Dra. Yolanda Salgado pide a Guillermo Lasso que le designen de Comandante General a César Augusto Zapata Correa al cual lo ratificó por el mismo pedido de María Paula Romo Rodríguez al mismo presidente Daniel Noboa Azin.
6. Viendo la incapacidad de liderazgo en la Policía Nacional demostrada por los nefastos resultados del control de la violencia y la delincuencia, deciden cambiar a César Zapata por Víctor Hugo Zarate pero no lo dejan con mando ya que por pedido de María Paula Romo Rodríguez se deja al General Fausto Giovanny Buenaño Castillo, sobrino del viceministro de MPRR Patricio Pazmiño Castillo, es decir, hay un comandante general que tiene un General que es más antiguo y está en el Subcomando General por consiguiente ya sabemos quién es el títere y quien verdaderamente va ha liderar la Institución Policial; lo insólito de esto es que el General Fausto Giovanny Buenaño Castillo en el examen especial de Contraloría salió con responsabilidades PENALES por no justificar su patrimonio y siguió en la institución policial denotando qué hay un obscuro y gran poder político de corrupción que está protegiendo a éste y varios generales CORRUPTOS en la Policía Nacional del Ecuador.
Atte. Asociación de Generales de HONOR.
Fuente: Redes Sociales
19 de agosto de 2024
El 45% de homicidios está concentrado en la provincia del Guayas, reconoce el Gobierno.
Durante la inauguración de la Cumbre Internacional de Seguridad, que se lleva adelante en Guayaquil, la ministra de Interior, Mónica Palencia, informó que durante el Gobierno de Daniel Noboa se han registrado 4.733 homicidios intencionales.
Palencia destacó que cuando Daniel Noboa recibió la Presidencia, su antecesor le presentó cifras alarmantes, donde se proyectaba que en el 2024 habría 11.504 muertes violentas.
“Lo real es que, al mes de estar en el Gobierno, en diciembre de 2023, terminamos con 8.154 muertes violentas”, agregó la ministra.
A criterio de Mónica Palencia, el presidente Daniel Noboa ha logrado controlar la inseguridad, a partir de la declaratoria de conflicto armado no internacional y el uso de estados de excepción, bajando la tasa de criminalidad del 26,51 al 21,83, del 1 de enero al 18 de agosto de 2024.
Durante la inauguración de la Cumbre Internacional de Seguridad, que se lleva adelante en Guayaquil, la ministra de Interior, Mónica Palencia, informó que durante el Gobierno de Daniel Noboa se han registrado 4.733 homicidios intencionales.
Palencia destacó que cuando Daniel Noboa recibió la Presidencia, su antecesor le presentó cifras alarmantes, donde se proyectaba que en el 2024 habría 11.504 muertes violentas.
“Lo real es que, al mes de estar en el Gobierno, en diciembre de 2023, terminamos con 8.154 muertes violentas”, agregó la ministra.
A criterio de Mónica Palencia, el presidente Daniel Noboa ha logrado controlar la inseguridad, a partir de la declaratoria de conflicto armado no internacional y el uso de estados de excepción, bajando la tasa de criminalidad del 26,51 al 21,83, del 1 de enero al 18 de agosto de 2024.
23 de agosto de 2024
Quito: ¿Quieren convertirla en un Puerto Príncipe, o en la Calabria de los Andes?
Dra. Valeria Larco
Parte 1
Link de base para el análisis: reportaje de diario la hora de Quito / 7.agosto 2024:
https://www.lahora.com.ec/pais/quito-bandas-delincuenciales-reparten-quito/
1. El entrar masivo a la capital de las bandas que desangran a las provincias de la Costa y que convirtieron a dos ciudades ecuatorianas entre las más violentas del mundo, podría tener muchos significados y, sobre todo, un interés geo-territorial nuevo de tres actores delincuenciales: A) las numerosas bandas criminales que no sólo cuidan los eslabones externos de la cadena del negocio empresarial privado más impunemente exitoso, es decir la protección exógena de los enormes embarques de droga al mundo que salen cada semana a Europa y del tráfico interno al menudeo, sino que se extralimitaron para controlar sistemáticamente actividades diarias como secuestros, extorsiones, "vacunas", trata, sicariato a paga, y otras actividades criminales que no desarticula la caricatural "declaración de guerra" y su "estado de conflicto interno" de un régimen sospechoso de tapar los grandes intereses de las mafias; B) las grandes mafias europeas transnacionales: la albanesa y la calabresa, a cuyos intereses las bandas delincuenciales matoniles protegen y que están ligadas al poder económico bancario y agro exportador en especial de banano y cannabis para uso industrial; y C) la mafia estatal relacionada a las dos anteriores, que controlan o se relacionan por provecho mutuo, instalada en una gran parte de la institucionalidad estatal, es decir en el Ejecutivo, MAGAP, Puertos, Policías y Fuerza Pública, Migración, así como en la Administración de Justicia, Fiscalía, etc.
2. Tampoco hay que olvidarse que muy junto a los tres actores delictivos anteriores, que convirtieron en pocos años al Estado ecuatoriano en narco-estado (entre 2019 y 2024) o "narco-régimen" más precisamente, está también enquistado el crimen organizado en el sector empresarial privado, en especial en dos grupos económicos poderosos: la banca y la agro-exportación, sobre todo de banano, actores privados de mucho poder e influencia mediática, a los que algunos autores ecuatorianos denominan "una lumpen-burguesía local".
3. Ese interés geo-territorial muy nuevo, pero que a la vez es una vieja aspiración de los tres actores delincuenciales nombrados, pudiera ser la "haitización a la ecuatoriana" del centro territorial simbólico y político de la Nacion misma, es decir la conversión de la capital del país, Quito, en lo que fue convertida años atrás la sufrida capital haitiana: Puerto Príncipe, como lo anticiparon algunos autores en análisis surgidos entre 2018 y 2024. La martirizada capital de Haití vive los peores niveles de delincuencia criminal organizada y la inundación territorial de bandas organizadas al milímetro, muchas de ellas con integrantes de la corrupta Fuerza Pública. No olvidemos la denuncia pública de que existirían 1.500 uniformados ecuatorianos relacionados a las bandas y de que Fiscalía no ha atrapado ni mandado en sus shows a ningún jefe narco prófugo.
4. Los dos grandes grupos europeos de narcotráfico transnacional que mandan en el gigantesco circuito delictivo mundial: los albaneses y los calabreses, ligados a grupos económicos nacionales poderosos, en especial banqueros y exportadores de banano, es decir grupos de poder económico-oligárquicos, podrían instruir "el copamiento de la capital", para primero controlar más de cerca su relación con el poder político sin el cual es imposible el delito mafioso transnacional más poderoso (drogas, armas trata de personas y exportación sicarial), el hacer demostración clara de ser una fuerza desquiciativa de la sociedad, el escalar el nivel de "sociedad inviable " y llegar a la etapa final: "estado fallido" como hicieron con Haití, que hizo de la importación de mercenarios colombianos, para que maten hasta su presidente, primera página roja en el mundo. Puede significar, además, que puedan descalabrar a los poderes locales opositores, Alcaldía de Quito y Prefectura de Pichincha, diferentes y disidentes al régimen controlador del trafico de cocaína en los narco-embarques de toneladas de bananas. Esa orden sería "luz verde" total y "hagan lo que les de la gana", es decir diversificar las operaciones delictivas y criminales de miles de "sus muchachos" de las diferentes bandas que ambos grandes mafias internacionales controlan para que cumplan tareas de protección, control, cuidado y disputa por los mercados internacionales de consumo de cocaína y otras drogas duras.
Este análisis continuará.
Dra. Valeria Larco
Parte 1
Link de base para el análisis: reportaje de diario la hora de Quito / 7.agosto 2024:
https://www.lahora.com.ec/pais/quito-bandas-delincuenciales-reparten-quito/
1. El entrar masivo a la capital de las bandas que desangran a las provincias de la Costa y que convirtieron a dos ciudades ecuatorianas entre las más violentas del mundo, podría tener muchos significados y, sobre todo, un interés geo-territorial nuevo de tres actores delincuenciales: A) las numerosas bandas criminales que no sólo cuidan los eslabones externos de la cadena del negocio empresarial privado más impunemente exitoso, es decir la protección exógena de los enormes embarques de droga al mundo que salen cada semana a Europa y del tráfico interno al menudeo, sino que se extralimitaron para controlar sistemáticamente actividades diarias como secuestros, extorsiones, "vacunas", trata, sicariato a paga, y otras actividades criminales que no desarticula la caricatural "declaración de guerra" y su "estado de conflicto interno" de un régimen sospechoso de tapar los grandes intereses de las mafias; B) las grandes mafias europeas transnacionales: la albanesa y la calabresa, a cuyos intereses las bandas delincuenciales matoniles protegen y que están ligadas al poder económico bancario y agro exportador en especial de banano y cannabis para uso industrial; y C) la mafia estatal relacionada a las dos anteriores, que controlan o se relacionan por provecho mutuo, instalada en una gran parte de la institucionalidad estatal, es decir en el Ejecutivo, MAGAP, Puertos, Policías y Fuerza Pública, Migración, así como en la Administración de Justicia, Fiscalía, etc.
2. Tampoco hay que olvidarse que muy junto a los tres actores delictivos anteriores, que convirtieron en pocos años al Estado ecuatoriano en narco-estado (entre 2019 y 2024) o "narco-régimen" más precisamente, está también enquistado el crimen organizado en el sector empresarial privado, en especial en dos grupos económicos poderosos: la banca y la agro-exportación, sobre todo de banano, actores privados de mucho poder e influencia mediática, a los que algunos autores ecuatorianos denominan "una lumpen-burguesía local".
3. Ese interés geo-territorial muy nuevo, pero que a la vez es una vieja aspiración de los tres actores delincuenciales nombrados, pudiera ser la "haitización a la ecuatoriana" del centro territorial simbólico y político de la Nacion misma, es decir la conversión de la capital del país, Quito, en lo que fue convertida años atrás la sufrida capital haitiana: Puerto Príncipe, como lo anticiparon algunos autores en análisis surgidos entre 2018 y 2024. La martirizada capital de Haití vive los peores niveles de delincuencia criminal organizada y la inundación territorial de bandas organizadas al milímetro, muchas de ellas con integrantes de la corrupta Fuerza Pública. No olvidemos la denuncia pública de que existirían 1.500 uniformados ecuatorianos relacionados a las bandas y de que Fiscalía no ha atrapado ni mandado en sus shows a ningún jefe narco prófugo.
4. Los dos grandes grupos europeos de narcotráfico transnacional que mandan en el gigantesco circuito delictivo mundial: los albaneses y los calabreses, ligados a grupos económicos nacionales poderosos, en especial banqueros y exportadores de banano, es decir grupos de poder económico-oligárquicos, podrían instruir "el copamiento de la capital", para primero controlar más de cerca su relación con el poder político sin el cual es imposible el delito mafioso transnacional más poderoso (drogas, armas trata de personas y exportación sicarial), el hacer demostración clara de ser una fuerza desquiciativa de la sociedad, el escalar el nivel de "sociedad inviable " y llegar a la etapa final: "estado fallido" como hicieron con Haití, que hizo de la importación de mercenarios colombianos, para que maten hasta su presidente, primera página roja en el mundo. Puede significar, además, que puedan descalabrar a los poderes locales opositores, Alcaldía de Quito y Prefectura de Pichincha, diferentes y disidentes al régimen controlador del trafico de cocaína en los narco-embarques de toneladas de bananas. Esa orden sería "luz verde" total y "hagan lo que les de la gana", es decir diversificar las operaciones delictivas y criminales de miles de "sus muchachos" de las diferentes bandas que ambos grandes mafias internacionales controlan para que cumplan tareas de protección, control, cuidado y disputa por los mercados internacionales de consumo de cocaína y otras drogas duras.
Este análisis continuará.
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"Y me podrás mandar a matar con tus amigotes y podrás pedirle a los flacos de Los Ríos que te hagan la vuelta", denuncia Andersson Boscán a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. El periodista de La Posta asegura que conoce "los muertos en los armarios de algunos que tienen pies de barro". Además, Boscán revela chats con la fiscal donde ella denosta la imagen de Fernando Villavicencio (+), tachándole de mafioso.
@DanielGranjaEc |
Los miserables de Ecuavisa siendo una vez más actores políticos e instalando en el imaginario de los mononeuronales que el juicio a la delincuente Diana Salazar es un "narcojuicio". Repugnantes tanto el entrevistador como la entrevistada.
@galosanchez20 
Como Presidenta de @FiscalizacionAN , nueve meses he venido denunciando:
@pameaguirre1 |
26 de agosto de 2024
27 de agosto de 2024
29 de agosto de 2024
Corte Constitucional niega pedido del Ejecutivo para echar abajo la publicación de la Ley de Lavado de Activos en el Registro Oficial
La decisión de la Corte favorece a la Asamblea. La entidad reaccionó al fallo afirmando que se “ha confirmado la legalidad de lo actuado por el Legislativo".
El Universo
La decisión de la Corte Constitucional (CC) se conoció este miércoles, 28 de agosto de 2024. La entidad emitió un dictamen desfavorable al pedido de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para declarar la inconstitucionalidad de la publicación en el Registro Oficial de la Ley de Lavado de Activos, que realizó la Asamblea Nacional el pasado 29 de julio.
Ese día, el Legislativo decidió enviar la normativa al Registro Oficial para su publicación sin tratar el veto parcial a la norma que realizó el presidente Daniel Noboa.
Esta última argumentó que el veto parcial llegó fuera del plazo establecido, es decir, hasta 30 días después de aprobada la norma. Según sus cuentas, el plazo vencía el 24 de julio, pero el veto de Noboa llegó el 25.
Por este hecho, el Ejecutivo a través de su Secretaría Jurídica solicitó que ese registro fuera declarado inconstitucional y que la Corte conozca “de oficio” el veto enviado.
Sin embargo, la CC negó la solicitud argumentando que la normativa ya se publicó en el Registro Oficial, lo cual no le permite “realizar el control de oficio de una objeción presidencial por razones de inconstitucionalidad. Si existiesen vicios suscitados en el procedimiento de formación de la norma, la vía para acusarlos es el control posterior mediante una acción pública de inconstitucionalidad”.
La decisión de la Corte favorece a la Asamblea Nacional. La entidad publicó un comunicado en el que señala que la CC “ha confirmado la legalidad de lo actuado por el Legislativo, negando la pretensión de la Secretaría Jurídica del Ejecutivo”.
En el documento, publicado en redes sociales, la Asamblea también señala que “el país no puede seguir cometiendo errores administrativos que entorpecen el buen funcionamiento del aparato público”.
En tanto, la Presidencia aún no ha reaccionado a esta decisión de la CC.
El presidente Noboa objetó el artículo 20 y la disposición general cuarta del proyecto de ley, que trata sobre la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El texto aprobado por el Parlamento, en el artículo 20 establece que la máxima autoridad de la UAFE sea elegida por la Asamblea de una terna enviada por el presidente de la República para un periodo de dos años, con la opción de ser reelegido por dos años más. (I)
Ese día, el Legislativo decidió enviar la normativa al Registro Oficial para su publicación sin tratar el veto parcial a la norma que realizó el presidente Daniel Noboa.
Esta última argumentó que el veto parcial llegó fuera del plazo establecido, es decir, hasta 30 días después de aprobada la norma. Según sus cuentas, el plazo vencía el 24 de julio, pero el veto de Noboa llegó el 25.
Por este hecho, el Ejecutivo a través de su Secretaría Jurídica solicitó que ese registro fuera declarado inconstitucional y que la Corte conozca “de oficio” el veto enviado.
Sin embargo, la CC negó la solicitud argumentando que la normativa ya se publicó en el Registro Oficial, lo cual no le permite “realizar el control de oficio de una objeción presidencial por razones de inconstitucionalidad. Si existiesen vicios suscitados en el procedimiento de formación de la norma, la vía para acusarlos es el control posterior mediante una acción pública de inconstitucionalidad”.
La decisión de la Corte favorece a la Asamblea Nacional. La entidad publicó un comunicado en el que señala que la CC “ha confirmado la legalidad de lo actuado por el Legislativo, negando la pretensión de la Secretaría Jurídica del Ejecutivo”.
En el documento, publicado en redes sociales, la Asamblea también señala que “el país no puede seguir cometiendo errores administrativos que entorpecen el buen funcionamiento del aparato público”.
En tanto, la Presidencia aún no ha reaccionado a esta decisión de la CC.
El presidente Noboa objetó el artículo 20 y la disposición general cuarta del proyecto de ley, que trata sobre la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El texto aprobado por el Parlamento, en el artículo 20 establece que la máxima autoridad de la UAFE sea elegida por la Asamblea de una terna enviada por el presidente de la República para un periodo de dos años, con la opción de ser reelegido por dos años más. (I)
30 de agosto de 2024
Entrevistas exclusivas y mensajes filtrados revelan cómo un aliado clave de los Estados Unidos armó la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales para enjuiciar selectivamente a los jefes de Estado ecuatorianos, persiguiendo brutalmente a Rafael Correa y su movimiento Revolución Ciudadana con pruebas endebles, mientras retrasaba las investigaciones sobre crímenes mucho más graves presuntamente cometidos por sus sucesores.
Los chats secretos recientemente filtrados obtenidos por The Grayzone exponen cómo la fiscal ecuatoriana Diana Salazar filtró información a un tema de una investigación en curso, socavando el enjuiciamiento de los asociados de los presidentes actuales y anteriores alineados con Estados Unidos, y actuó de la mano con el gobierno de Estados Unidos, que esencialmente seleccionó y controló los enjuiciamientos de Washington.
Las impactantes revelaciones de corrupción y la intromisión de Estados Unidos en la nación geopolíticamente crucial de América del Sur han sido ignoradas en gran medida por el gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación corporativos.
Por Oscar León
Los chats secretos recientemente filtrados obtenidos por The Grayzone exponen cómo la fiscal ecuatoriana Diana Salazar filtró información a un tema de una investigación en curso, socavando el enjuiciamiento de los asociados de los presidentes actuales y anteriores alineados con Estados Unidos, y actuó de la mano con el gobierno de Estados Unidos, que esencialmente seleccionó y controló los enjuiciamientos de Washington.
Las impactantes revelaciones de corrupción y la intromisión de Estados Unidos en la nación geopolíticamente crucial de América del Sur han sido ignoradas en gran medida por el gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación corporativos.
Por Oscar León
Una transcripción completa de este documental de Grayzone por Oscar León sigue:
“Invadir y ocupar un país históricamente ha tenido un alto costo, tanto financiero como en términos de vidas humanas. Sin embargo, en el siglo 21, donde prevalece la guerra asimétrica, la dominación de una nación se puede lograr a través de medios más sutiles. Ingrese lawfare—, un método más fácil y menos costoso de dirigir un país clave en el juego de ajedrez geopolítico.
A pesar de presidir el declive ecuatoriano desde un país con instituciones funcionales a lo que algunos ahora llaman un narcoestado, la Fiscal General Diana Salazar ha estado liderando recientemente lo que muchos críticos describen como una ‘cacería de brujas’ contra el Movimiento Revolucionario Ciudadana de izquierda, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción y el narcotráfico.
Si bien un puñado de casos de corrupción durante la década de Revolución Ciudadana en el poder están bien documentados, varios casos de alto perfil no se mantienen bajo escrutinio legal. Mientras tanto, los principales casos de corrupción y narcotráfico que involucran a políticos de derecha que apoyan los intereses corporativos globales han sido ignorados en gran medida por la prensa y silenciosamente introducidos en la impunidad por las autoridades. La narrativa propagada por los conglomerados mediáticos, que son propiedad de aquellos con participaciones claras en la batalla geopolítica, refuerza este sesgo, un factor que ha ayudado a la derecha a ganar las batallas culturales y electorales.
A medida que se acercan las elecciones generales, el Fiscal General Salazar ahora enfrenta un juicio en el Congreso. Salazar ha calificado públicamente la acción judicial como un ‘narcojuicio,’ alegando que intereses no especificados vinculados a carteles están detrás del caso. Esta narrativa ha ganado fuerza en los principales medios de comunicación, influyendo en los cálculos electorales.
El juicio fue llevado en parte por chats secretos recién filtrados, obtenidos por The Grayzone, que fueron escritos en una aplicación conocida por eliminar mensajes después de una sola visualización. Los mensajes muestran a Salazar filtrando información a un tema de una investigación en curso, negándose a procesar a los asociados de los presidentes ecuatorianos actuales y anteriores alineados con Estados Unidos, y actuando de la mano con el gobierno de Estados Unidos.
¿Los presidentes están siendo procesados selectivamente?
Salazar tuvo una mano en casos que involucraron a los últimos 3 ex presidentes de Ecuador — casos que no solo han decidido el destino de esos políticos sino también el destino político de todo el país. Las siguientes preguntas ilustran la disparidad en el tratamiento que Salazar dispensó a cada uno de estos casos.
¿Fue el caso Correa un caso sólido?
En abril de 2020, el ex presidente Rafael Correa fue considerado responsable de hasta mil millones de dólares en daños al estado y recibió una prohibición de por vida de ocupar cargos políticos. También fue sentenciado a ocho años de prisión. Este caso marcó un punto de inflexión en el panorama político ecuatoriano, particularmente porque, a pesar de las numerosas batallas legales en su contra, Correa ha sido proyectado constantemente para ganar cualquier elección en la que participó.
El 3 de mayo de 2020, la Fiscal General Diana Salazar reveló cargos contra 26 funcionarios de la administración de Correa en un caso comparable a una acusación de RICO. Salazar argumentó que una estructura bien organizada había estado recolectando sobornos a cambio de favores políticos y contratos gubernamentales. Si bien la evidencia parecía sugerir la existencia de tal estructura, no la vinculó de manera concluyente con el propio Correa.
Los cargos contra el ex presidente finalmente se centraron en el concepto de “influjo psíquico” y un préstamo de $6,000 que tomó y luego pagó a los fondos del partido. Esto llevó a la indignación de ambos lados, dado que “influjo psíquico” es un concepto legal que no existía anteriormente en la ley ecuatoriana. Para muchos, este cargo destacó la falta de evidencia suficiente para demostrar la culpa de Correa. Y para otros, en lugar de un caso “slam dunk,” fue visto como un argumento débil de la fiscalía.
En julio de 2024, surgieron acusaciones de que detrás de escena, numerosos jueces habían sido presionados para condenar a Correa. Wilman Terán, un juez de alto perfil que sentenció a Correa, testificó bajo juramento en una audiencia de la Asamblea Nacional que los enviados de la Fiscal General Salazar lo habían presionado repetidamente para obtener un veredicto de culpabilidad. Hoy, Rafael Correa permanece exiliado en Bélgica y se le prohíbe postularse para un cargo político en Ecuador. Su movimiento ha perdido las últimas tres elecciones.
¿Por qué el caso de Lenin Moreno lleva tanto tiempo?
La oficina de la Fiscalía General presentó 225 pruebas en el caso de corrupción y malversación de fondos contra el ex presidente Lenín Moreno, quien alejó a Ecuador de la izquierda latinoamericana y entró en la órbita de Estados Unidos. En el proceso, Moreno rompió numerosas promesas hechas al electorado, que lo eligió como izquierdista, pero rápidamente descubrió que gobernaba desde la derecha. Después de que Lenin Moreno supervisara la retirada de los ecuatorianos de UNASUR, una organización de países de América Latina ahora disuelta creada como contrapeso a la Organización de Estados Americanos dominada por Estados Unidos, entregó a Julian Assange a las autoridades británicas e impuso un programa de austeridad en nombre del FMI — deshaciendo una década de progreso social en el proceso.
En el camino, también nombró a Salazar como Fiscal General. Los críticos del movimiento Revolución Ciudadana alegan que ahora muestra que paga el favor protegiendo a Moreno de cualquier enjuiciamiento, una afirmación que se ve reforzada por los enlaces de Salazar con la embajada a los Estados Unidos. Salazar está en el corazón del acuerdo de cooperación interinstitucional en muchos frentes, firmado por el ex presidente Lasso y ratificado por el actual presidente Noboa.
Ecuador pasó de cero cooperación y posiblemente independencia de la influencia de Estados Unidos bajo Rafael Correa a la firma de una serie de tratados que dan a los agentes y militares de Estados Unidos total libertad para moverse y construir cualquier cosa, en cualquier parte del país con total inmunidad ante los tribunales locales, durante la próxima década.
En contraste con la agencia y el esfuerzo claramente puesto en el caso Correa, el caso Moreno avanza mucho más lentamente. A pesar de la abundante y casi definitiva evidencia de una red similar de corrupción contra Moreno, y sobornos de hasta 76 millones de dólares, su caso ha sido notablemente retrasado por tecnicismos legales.
De hecho, uno de los motivos del juicio político contra Salazar es - Incumplimiento del artículo 442 del Código Penal en los Documentos del INA o Caso Sinohydro - Este artículo requiere intervención hasta la conclusión del proceso. Los motivos del cargo indican que no hubo intervención durante más de dos años y tres meses después de la presentación de la queja.”
Después de 2 años más de investigación por parte de la Oficina de Salazar, y a pesar de los cargos presentados por soborno contra Moreno y algunos de los miembros de su familia, ninguno de los 25 sospechosos fueron detenidos.
El caso se suspende durante los próximos años, mientras que España envía información legal. En el momento de la producción de este documental en agosto de 2024, no está claro si alguno de los sospechosos irá a juicio.
Moreno también está acusado de crímenes contra la humanidad, por los crímenes cometidos en la represión de las protestas indígenas y sindicales de 2019. El hombre que presentó cargos, el entonces Defensor del Pueblo Freddy Carrión, posteriormente se convirtió en víctima del propio lawfare, quien fue detenido por Salazar y el gobierno de Moreno durante 3 años.
En el caso de Carrión, Salazar exigía una sentencia de 20 años por una acusación de “tener la intención de manipular”, eventualmente un panel de juezas negó las demandas de Salazar y liberó a Carrión, después de condenarlo a los 3 años que Carrión ya había cumplido.
Freddy Carrión, ex Defensor del Pueblo
Freddy Carrión: “En el momento en que fui nombrado Defensor del Pueblo, Diana Salazar era la candidata oficial de Lenin Moreno y la señora María Paula Romo para el cargo de Ministra de Justicia. Cuando los denuncié por crímenes de lesa humanidad, lo hice contra el entonces Presidente Lenin Moreno y la señora María Paula Romo, que era Ministra de Gobierno y Policía.
Sin lugar a dudas, nadie me perdonó por eso, especialmente el Sr. Moreno, que era Presidente de la República, y la propia señora Romo, que controlaba a la policía. Había una relación entre la Fiscal General Diana Salazar, el fiscal, y el gobierno, dado que el fiscal había sido colocado en esa posición por Moreno. Mi caso fue un favor para ellos a cambio de la cita del Fiscal General Salazar.”
El poder, especialmente el gobierno del ex presidente Lenin Moreno, junto con sus secuaces—porque no merecen otro nombre—como María Paula Romo, entonces Ministra de Gobierno, y Osvaldo Jarrín, entonces Ministro de Defensa y el comandante de la Policía Nacional, nunca me perdonarán porque los denuncié por crímenes de lesa humanidad.
Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. Son atemporales. Obviamente, esto los coloca en una situación muy delicada tanto política como globalmente.
En marzo de 2021, los denuncié a la Oficina del Fiscal General del Estado por crímenes de lesa humanidad. El protestas en Octubre 2019 causó un inmenso sufrimiento a las familias ecuatorianas cuando varias personas murieron debido a actos de ejecución extrajudicial. No podemos olvidar esto. La Fuerza Pública realizó acciones muy violentas contra los trabajadores.
FC: “Murieron unas 11 personas, seis de ellas debido a ejecuciones extrajudiciales, y 20 personas perdieron un ojo debido a las acciones violentas del Estado.
VO: Disparar a los manifestantes a los ojos fue y sigue siendo una tendencia, en muchos países del mundo, las fuerzas policiales han sido atrapadas intencionalmente apuntando a los ojos de los manifestantes.
Se determinó que el Estado tenía una práctica o política de represión sistemática dirigida efectivamente a causar daño a aquellas personas que estaban ejerciendo protesta social. Había un objetivo específico y una población específica. Eso nos llevó a establecer la Comisión de Verdad y Justicia que creamos en la Oficina de Defensores del Pueblo.”
VO: Las protestas de 2019 representaron una explosión social en respuesta a la realidad de que el gobierno ecuatoriano se había vuelto bruscamente hacia la derecha, a pesar de que había sido elegido en una plataforma de izquierda. Lenín Moreno traicionó efectivamente a sus votantes al implementar un plan de austeridad fiscal que puso fin a un período de inversión social de una década.
FC: Intentaban enviar un mensaje a cualquier autoridad pública: si procedes a denunciar actos de crímenes de lesa humanidad o cualquier violación grave de los derechos humanos, lo mismo te pasaría a ti como lo hizo con el defensor del pueblo. Por eso me pusieron en prisión.”
VO: “El hecho de que Carrión pasara tres años en la cárcel bajo detención preventiva, sin opción de fianza y sin sentencia, es claramente contrario a cualquier noción de estado de derecho. Es posible que sin la ayuda de su esposa, la abogada Prescilla Schettini, que presionó a las autoridades y a la opinión pública, el caso de Carriónnens aún no estaría resuelto.
Priscila Schettini, abogada, autora
Priscila Schettini: “Siempre supe que mi esposo era inocente.
Hemos tenido evidencia, accedido al archivo del caso y revisado todos los documentos disponibles. Hay videos que demuestran que los documentos fueron falsificados por el Fiscal General del Estado Diana Salazar de Ecuador, y que los informes policiales fueron alterados en complicidad con la Fiscalía. Oficiales de alto rango, como los generales Luna y Tania Varela, que estuvieron presentes el día de los eventos, participaron en la creación de esta situación.
El ex ministro del gobierno, Gabriel Martínez, estaba al tanto de esto desde temprano en la mañana. Además, el ex secretario de la Presidencia, Sr. Jorge Walter, informó a uno de los funcionarios que tenían el pleno apoyo del gobierno para derribar al ex Defensor del Pueblo y destituirlo de su cargo.
Además, hemos encontrado complicidad por parte de la Corte Nacional de Justicia, uno de los tribunales más altos del país. De los 21 jueces disponibles, creo que 20 ya han actuado en este caso.
Mientras trabajamos en el caso, descubrimos que los jueces son nombrados a discreción del presidente de la Corte Nacional, quien controla sus horarios y asigna jueces para asegurar resultados específicos en varias sentencias o resoluciones.
Como resultado, vemos un sistema judicial completamente selectivo y politizado.
Por decir la verdad, hablar y luchar por la inocencia de Freddyad, incluso la propia Fiscal General Diana Salazar solicitó medidas contra mí a un juez para silenciarme.
VO: “El 28 de noviembre de 2023, Salazar filtró información reservada al público, incluida la dirección de la casa de la familia Carrion-Schettini. Ambos estaban protegidos por el programa local de protección de testigos, y su ubicación era estrictamente un secreto, sin embargo, Salazar lo publicó, y siguieron una serie de ataques a la casa
PD: “Tomaron fotografías ocultas de mí. Me han intimidado, me han linchado en los medios y me han atacado físicamente. He presentado más de 13 denuncias ante la Fiscalía y hasta la fecha ninguna ha sido resuelta.
Entraron en mi casa. Han disparado fuera de mi casa, hombres con armas irrumpieron en nuestra casa, destrozaron la ventana de mi auto, me asaltaron y me apuntaron con un arma. Todo esto es parte de una campaña para silenciarnos a mí y a Freddy.
VO: Carrión afirma que el presidente Moreno, y los poderosos intereses geopolíticos y económicos detrás de él, desempeñaron un papel clave para mantenerlo en la cárcel bajo detención preventiva.
Carrión cree que esto sucedió porque, como Defensor del Pueblo, fue testigo de primera mano de lo que consideraba una caza de brujas contra el movimiento Alianza País o “Correísta”, y en algunos casos, comenzó a tomar medidas para defenderlos.”
Freddy Carrión: “El precio que tuve que pagar fue el encarcelamiento durante tres largos años de una manera completamente injusta, Óscar. Con mucho dolor y sufrimiento para mí y mi familia, me encontré completamente separado, silenciado y encerrado en prisión.
VO: Después de dejar la presidencia, Moreno viajó a los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se presentaron pruebas de sus acuerdos corruptos en los Tribunales ecuatorianos, Estados Unidos permitió que Moreno se fuera. Ahora reside en Paraguay bajo la protección del estatus diplomático ecuatoriano.
El próximo juicio político contra A.G. Salazar también la acusa de inacción en el caso, alegando que permitió “impunidad para los perpetradores y obstruyó la justicia para las víctimas de la violencia estatal Otro cargo es por su papel en el encarcelamiento de Freddy Carrión, diciendo:
“La omisión de las fiscalías ha permitido la fabricación de un caso, y la privación de libertad de una persona inocente.”
¿Salvó Salazar al banquero neoliberal Guillermo Lasso de los cargos de narcotráfico?
VO: Durante la última década, cuando el estado ecuatoriano se vio debilitado por las políticas de austeridad, los cárteles criminales internacionales se hicieron cargo de áreas clave del gobierno como puertos, fuerzas de seguridad, tribunales y cárceles. El país opera con dólares estadounidenses y ejerce un control mínimo sobre muchas instituciones, lo que lo convierte en un paraíso para los carteles, no solo por enviar drogas al resto del mundo sino también por lavar sus ganancias ilícitas.
Este aumento de las estructuras criminales y las operaciones de narco solo podría haber sido posible con la complicidad estatal en los niveles más altos. Lenín Moreno y el Fiscal General Salazar fueron fundamentales para desmantelar el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Como consecuencia, muchas instituciones estatales ecuatorianas centradas en la inversión social y la supervisión fueron cerradas o desfinanciadas, lo que llevó al colapso del sistema de justicia penal, que ha estado en curso desde 2019.
En abril, una carta de miembros de los Estados Unidos. El Congreso al presidente Biden destacó la evidencia que sugiere que una investigación antinarcóticos en Ecuador, conocida como el caso ‘León de Troya’, se detuvo debido a la presión del gobierno. De hecho, Rodney Rengel, el oficial de policía a cargo del caso, fue dado de baja de la fuerza como medida disciplinaria y tuvo que ir de incógnito para protegerse a sí mismo y a su familia después de recibir amenazas de muerte.
Anderson Boscan: Así que esto es importante, el gobierno de Lasso inició un proceso disciplinario en su contra. Supongo que el gobierno de Noboa detendría ese proceso disciplinario. Lo hicieron?.
Rodney Rengel, former detective de policía: No, me dieron la espalda. El Estado ecuatoriano me dio la espalda. Todavía estoy bajo tierra, esperando al menos algo de protección para mi familia. Este caso me ha quitado mucho, mi carrera, mi hogar, fue un alto precio a pagar, por investigar este caso y decir la verdad.
Anderson Boscan: ¿Qué le dice su caso a sus antiguos colegas detectives del grupo de trabajo contra las drogas?
Rengel Rodney: “Uff, les dice que miren hacia otro lado, que guarden silencio y no digan nada si alguna vez encuentran a alguien poderoso durante una investigación de drogas, que se hagan a un lado mejor, porque también pueden ser procesados y despedidos por ello.
VO: La investigación de Rengella expuso los tratos comerciales de personas cercanas al ex presidente Lasso con la Mafia Albanesa, o la organización de narcotráfico del Cártel de la Mafia de los Balcanes, que había prevalecido sobre otros grupos y había ganado el control de las rutas de tráfico de cocaína a Londres y el resto de Europa.
El caso de ‘León de Troya’ investigó inicialmente los vínculos entre Danilo Carrera, el cuñado de Lassoas y el empresario Rubén Cheres con Dritan Gjika, un jefe local de la Mafia de los Balcanes que sigue en libertad a pesar de los supuestos esfuerzos de las autoridades para desmantelar su organización.
Sin embargo, informes recientes revelaron que fuentes dentro de la oficina de la Fiscalía General habían avisado a la Mafia de los Balcanes sobre una redada planificada en España. Las autoridades locales todavía permiten que muchas compañías que se sabe que son propiedad de Gjika operen hasta el día de hoy.
Dado que estos cárteles están estrechamente vinculados a las mismas bandas criminales con las que el gobierno está teóricamente en guerra, estos incidentes plantean serias dudas sobre la sinceridad de los gobiernos ecuatorianos al procesar su ‘guerra contra el crimen
En un extraño giro de los acontecimientos, la Fiscal General Diana Salazar rebajó los cargos en el caso ‘León de Troya’ de narcotráfico al crimen organizado, en un caso en el que participaron muchas figuras poderosas, incluido el ex presidente Guillermo Lasso.
Salazar también abrió un segundo caso, llamado ‘Pampa,’ usando la misma evidencia. Pero en última instancia, solo procesó a operadores de nivel bajo y medio de la Mafia de los Balcanes y el estado, la mayoría de los cuales todavía están en libertad y operando. Estos casos proporcionaron una ventana a una posible manipulación política de la justicia.”
Rengel: “No entiendo por qué una investigación que comenzó como un caso de narcotráfico, se desvió como un caso de tráfico de influencias, y luego se abrió un nuevo caso, “pampa”, sobre narcotráfico.
¿Por qué algunos de los sospechosos en el caso fueron separados de otros en los casos “Encuentro” y “Pampa”? Al igual que el cuñado de Guillermo Lasso y otros como él para ser puesto en el caso del crimen organizado, con sentencias más bajas.
Y A.G. Salazar luego colocó a otros operadores de bajo nivel en el caso del narcotráfico, con sentencias más duras. Ella dividió a los sospechosos y dividió las investigaciones. Pero ambas investigaciones provienen exactamente del mismo caso, el “caso Leon de troya”.”
VO: “Ronny Aleaga, ex congresista y ex amigo personal del Fiscal General Salazar, es ahora un fugitivo que buscó refugio en Venezuela para escapar de lo que él llama ‘persecución política y muerte segura en una prisión ecuatoriana.’
La “Aleaga Leaks” proporciona una mirada más profunda a cómo el Fiscal General Salazar protegió al banquero neoliberal y al ex presidente Guillermo Lasso de un importante caso de narcotráfico que involucra a la Mafia de los Balcanes, los cárteles mexicanos y el Estado ecuatoriano.
Ronny Aleaga es acusado por la Fiscal General Diana Salazar de ser parte de una estructura del crimen organizado. Según la acusación, Aleaga trabajó con Leandro Norero, un narcotraficante que fue asesinado recientemente en prisión.
Si se demuestra que las acusaciones son ciertas, Aleaga habría actuado como operador político de una organización criminal que se infiltró en las instituciones democráticas y los partidos políticos ecuatorianos. Esta infiltración supuestamente llegó a los congresistas tanto del derechista Partido Social Cristiano como del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana.
Salazar y Aleaga tuvieron una estrecha amistad durante años, y Aleaga afirmó que grabó sus comunicaciones usando un segundo teléfono, para ‘propósitos de seguro.’ Estas grabaciones, verificadas y notariadas por Digital Forensics Ahora, una agencia de análisis forense de datos con sede en Florida, contiene mil quinientos chats de la aplicación Confide.
La “Aleaga Leaks” reveló algunos de los secretos más oscuros del poder, incluido el manipulación geopolítica de los sistemas de justicia para influir en la política local.”
Rony Aleaga, ex congresista, Revolución Ciudadana
Rony Aleaga: “En septiembre de 2023, antes de la segunda vuelta electoral en Ecuador, [Salazar] tuvo que procesar el caso León de Troya por narcotráfico y cambió el delito penal, [del narcotráfico a] crimen organizado y tráfico de influencias, que no tiene nada que ver con lo sucedido, es un delito más leve, para familiares del entonces Presidente de la República, Guillermo Lasso quienes estaban siendo acusados.
Ella cambió el tipo criminal del caso. Pero no solo eso, dijo “No voy a procesar [El séquito de Lassoasses] ahora debido a las elecciones [2023] No voy a beneficiar a la [Revolución Ciudadana].”
VO: Los siguientes son algunos de los chats con el Fiscal General Salazar grabados por Aleaga. Cuando se le preguntó sobre los chats, el Fiscal General Salazar declaró que su “atención no se desviará de los casos,” pero no negó explícitamente la veracidad de los chats. La Procuraduría General de la República se negó a utilizar los chats como evidencia en cualquier caso, cuestionando la credibilidad de la agencia forense y la cadena de custodia de la evidencia.
“Porque no hay narcotráfico allí. No hay narcotráfico en “Leon de Troya”. Comercialización de influencias. De hecho, voy a procesar este, después de las elecciones, para evitar ayudar a [Revolución Ciudadana]. Guillermo Lasso lo sabe.”
RA: “Imagina a un Fiscal General tomando ese enfoque en ese momento, en un tema político, cuando lo que tiene que hacer la Fiscalía es investigar el delito y castigar a los presuntamente responsables o culpables de ese delito, Ella no lo hizo.”
VO: Las políticas de austeridad impuestas durante casi una década han paralizado partes del estado, creando áreas fuera del control estatal. Estas áreas descuidadas se han convertido en caldo de cultivo para bandas criminales que trabajan con carteles de narco multimillonarios como el Cartel de Sinaloa, CJNG y la Mafia Albanesa.
Este aumento de las estructuras criminales y las operaciones de narco solo ha sido posible con complicidad estatal, en los niveles más altos.
RA: “La Fiscal General Diana Salazar cambió los cargos penales porque involucró a los familiares del presidente en ejercicio, permitiendo que estas bandas criminales se atrincheraran en Ecuador.
Han permitido que estas mafias se atrincheren. El caso León de Troya vincula claramente a la mafia albanesa y al ex Ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien está estrechamente vinculado al actual Presidente Daniel Noboa. Manzano, un alto ejecutivo de Noboa Corporation, abrió cuotas para las exportaciones de banano a Europa durante su mandato.
¿Y sabes quién se benefició de esas cuotas? Empresas fantasmas asociadas a la mafia albanesa. Estas compañías supuestamente exportan plátanos, pero los puertos europeos con frecuencia encuentran drogas ocultas en los envíos de banano ecuatorianos, incluidos los de las propias compañías del Presidente Noboaa.”
El caso también es preocupante para la Fiscal General Salazar, ya que se cree que alertó a Aleaga o, al menos, mantuvo un contacto cercano y compartió información confidencial con uno de los principales sospechosos de un caso bajo su jurisdicción.
Afortunadamente para ti no te atreviste a preguntarme nada sobre el juez. Porque, de lo contrario, te habría procesado.
Porque te pidieron que me lo dijeras. Para “La chica negra” que supuestamente era tu amante.
¿Estás dispuesto a ir a la cárcel? Porque estoy tratando de evitar eso.
La DEA lo sabe todo, ese es el problema. Tenemos que incluir todo en la investigación. No podemos saltarnos nada.
¿Tienes una escolta policial ahora? Presta atención, tus escoltas policiales registran cada uno de tus movimientos.
No te preocupes. Te estoy diciendo lo que estamos encontrando. Hasta que encontré elementos y le dije “leave”.
Confía en mí.
VO: Aleaga afirma que pudo escapar del país porque Salazar le avisó, justo antes de que se firmara su orden de arresto.
Influir en las elecciones para defender los intereses de Estados Unidos
VO: El 9 de agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado cuando salía de una manifestación política, pocos días antes de las elecciones generales. Hasta ese momento, la elección tuvo una clara líder: Luisa Gonzales, del Movimiento Revolución Ciudadana, quien lideró por 12 puntos y a punto de ganar en la primera vuelta con más del 50% de los votos.
Antes de su asesinato en 2023, se confirmaron las sospechas de que el candidato presidencial Fernando Villavicencio estaba en la nómina de Estados Unidos. Como informó Grayzone en 2021, fue uno de los muchos líderes sociales y periodistas que habían recibido fondos NED durante más de una década en un intento por apuntalar a la oposición de los gobiernos de Correa. Los mensajes filtrados de Aleagaa podrían proporcionar una confirmación de primera mano.
Inmediatamente después del asesinato, las principales noticias de TV y los políticos de derecha comenzaron a culpar al Movimiento Revolución Ciudadana y a Rafael Correa por el asesinato. El movimiento nunca se recuperó en las urnas y perdió las elecciones.
La responsabilidad del asesinato parecía recaer en Los Lobos, el brazo de aplicación de la mafia de los Balcanes. Ocho presuntos asesinos fueron detenidos de inmediato, pero todos ellos fueron asesinados rápidamente una vez que lo fueron de alguna manera, colocado en una prisión controlada por ...Los Lobos.”
“Quieren la cabeza de Rafael Correa.”
“Imagine, asesinaron a Fernando Villavicencio, quien, según [Diana Salazar]’ palabras, era un informante para el gobierno de los Estados Unidos. Es por eso que ofrecieron, en una recompensa histórica, $5 millones. El embajador de Estados Unidos y el secretario de estado ofrecieron $5 millones de información que condujo a la captura de los asesinos de Villavicencio.”
“Lo que es más, [los estadounidenses] iban a llevar a los sospechosos a Nueva York, porque mataron a un informante del Gobierno de Estados Unidos”
Es por eso que [los estadounidenses] están heridos. No harían tanto, ni siquiera por mí.
No trabajo para ellos, [Villavicencio] lo hizo.
“Pero ten cuidado, fue la banda criminal de Los Lobos quien mató a Villavicencio.
Hay un grupo de trabajo de la Unión Europea que investiga a los albaneses.
Esto es pesado. Hay 3 oficinas del FBI investigando esto. Su tecnología es impresionante.
Se trata de teléfonos. Por eso hay tanta información. Quieren la cabeza de Rafael Correa.
Dicen que [Revolución Ciudadana] se está levantando en las piscinas. Sí Rafael Correa. [Los estadounidenses] saben que si [Revolución Ciudadana] gana las elecciones, todos los [tratados bilaterales] están muertos.
Aleaga Rony
“Esto ocurrió con la complicidad e implicación del embajador de Estados Unidos. Durante una cena en la embajada con el Fiscal General, ya sabían y discutían quiénes eran los asesinos, específicamente el grupo criminal de Los Lobos. Sin embargo, no revelaron públicamente esta información mientras hubo un linchamiento mediático contra la organización política Revolución Ciudadana, acusándonos [por el asesinato].”
Me dijeron el lunes por la noche, en Estados Unidos. Residencia de Embajadores. Tan pronto como me fui, le pedí a un Abogado de mi oficina, la Oficina del Fiscal General, que comenzara a trabajar, cooperando con [los estadounidenses], pero los sospechosos fueron asesinados.
VO: A pesar de saber quién había matado a Villavicencio, Salazar se lo guardó para sí misma, para permitir que se extendiera la narrativa mediática de culpar del asesinato a Revolución Ciudadana.
“La Fiscal General del Estado ecuatoriano, Diana Salazar Méndez, ha sido la precursora de la persecución política. Ella ha actuado como un obispo en un macabro juego de ajedrez, utilizado para perseguir a todos los adversarios políticos de la derecha que se ha apoderado de Ecuador en este momento.
“voy a Washington DC. de verdad, esto está en un nivel realmente alto. Para Maduro, la investigación es por narcotráfico.”
Pero esta no fue la primera vez que Salazar influyó directamente en una elección. En 2021, justo antes de las elecciones, Salazar viajó a Colombia y anunció públicamente que el candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, había recibido dinero del ELN, un grupo guerrillero colombiano.
Estas acusaciones se desvanecieron rápidamente después de que Arauz perdió las elecciones. Una demanda fue finalmente presentada por Arauz contra Francisco Barbosa, el fiscal colombiano, después de que los expertos demostraron que la evidencia utilizada en la acusación pública era falsa.
¿Tomarse el control de todo el sistema judicial?
Utilizando chats del teléfono del fallecido narcotraficante Leandro Norero como evidencia, la Fiscal General ecuatoriana Diana Salazar presentó una serie de extensos casos anticorrupción, que resultaron en la detención de decenas de jueces y trabajadores judiciales. A primera vista, esto parecía ser una medida muy necesaria para un sistema de justicia plagado de corrupción. Pero, ¿podría ser que este caso también se usara como una herramienta para eliminar rivales, tomar el control y asegurar posiciones clave de poder dentro de las tres ramas del estado en nombre de los intereses de los Estados Unidos?
Como siempre, depende de en quién creas. Considere a Wilmer Terán, un ex juez a cargo de la “soborna case” contra el ex presidente Correa, quien fue detenido por órdenes de Diana Salazar en el contexto de un caso masivo que involucró a 900 personas.
Terán presentó sus propias charlas con Mayra Salazar, algunos sectores de la asamblea exigieron una investigación porque “Estos casos podrían llevar a delitos de tráfico de influencias, fraude procesal, malversación, conflicto de intereses e interferencia directa en el Consejo Judicial.”
Terán había cruzado a uno de los operadores de Salazar, el Juez Walter Macías, a quien Terán, entonces Presidente del Poder Judicial, había dado de baja disciplinariamente.
A pesar de que muchos jueces lo avalan, e incluso una carta oficial del Consejo Judicial que apoya a Terán y llama a la operación masiva un “golpe político contra la rama judicial,” la casa de Terán fue allanada, y fue enviado a confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad.
Cuando un panel de jueces competente dictaminó sobre una moción para transferir a Terán a una prisión de menor nivel de seguridad “donde pueda tener las condiciones para trabajar en su defensa,” su oficina fue allanada, y también fueron acusados de corrupción. Terán se había presentado recientemente bajo juramento en el Congreso para detallar cómo Salazar lo presionó a él y a otros enviando emisarios para obtener un veredicto de culpabilidad para Correa.
Actualmente, Salazar espera el comienzo de su juicio político. Sabiendo que tiene las alianzas políticas y los votos para evitar cualquier sanción significativa, tiene el control firme de la Fiscalía General mientras etiqueta públicamente a sus adversarios políticos como “narcos.”
Es bastante inédito que una Fiscal General ejerza tanta influencia sobre las tres ramas del estado y jueces, abriendo investigaciones a voluntad sobre opositores políticos que permanecen abiertos durante años sin una causa clara hasta que se encuentre uno, e influyendo en las elecciones.
El poder de una Fiscal General, apoyada por la derecha política, los Estados Unidos, su embajada y los medios de comunicación, se han tomado el control de la política ecuatoriana.
“Invadir y ocupar un país históricamente ha tenido un alto costo, tanto financiero como en términos de vidas humanas. Sin embargo, en el siglo 21, donde prevalece la guerra asimétrica, la dominación de una nación se puede lograr a través de medios más sutiles. Ingrese lawfare—, un método más fácil y menos costoso de dirigir un país clave en el juego de ajedrez geopolítico.
A pesar de presidir el declive ecuatoriano desde un país con instituciones funcionales a lo que algunos ahora llaman un narcoestado, la Fiscal General Diana Salazar ha estado liderando recientemente lo que muchos críticos describen como una ‘cacería de brujas’ contra el Movimiento Revolucionario Ciudadana de izquierda, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción y el narcotráfico.
Si bien un puñado de casos de corrupción durante la década de Revolución Ciudadana en el poder están bien documentados, varios casos de alto perfil no se mantienen bajo escrutinio legal. Mientras tanto, los principales casos de corrupción y narcotráfico que involucran a políticos de derecha que apoyan los intereses corporativos globales han sido ignorados en gran medida por la prensa y silenciosamente introducidos en la impunidad por las autoridades. La narrativa propagada por los conglomerados mediáticos, que son propiedad de aquellos con participaciones claras en la batalla geopolítica, refuerza este sesgo, un factor que ha ayudado a la derecha a ganar las batallas culturales y electorales.
A medida que se acercan las elecciones generales, el Fiscal General Salazar ahora enfrenta un juicio en el Congreso. Salazar ha calificado públicamente la acción judicial como un ‘narcojuicio,’ alegando que intereses no especificados vinculados a carteles están detrás del caso. Esta narrativa ha ganado fuerza en los principales medios de comunicación, influyendo en los cálculos electorales.
El juicio fue llevado en parte por chats secretos recién filtrados, obtenidos por The Grayzone, que fueron escritos en una aplicación conocida por eliminar mensajes después de una sola visualización. Los mensajes muestran a Salazar filtrando información a un tema de una investigación en curso, negándose a procesar a los asociados de los presidentes ecuatorianos actuales y anteriores alineados con Estados Unidos, y actuando de la mano con el gobierno de Estados Unidos.
¿Los presidentes están siendo procesados selectivamente?
Salazar tuvo una mano en casos que involucraron a los últimos 3 ex presidentes de Ecuador — casos que no solo han decidido el destino de esos políticos sino también el destino político de todo el país. Las siguientes preguntas ilustran la disparidad en el tratamiento que Salazar dispensó a cada uno de estos casos.
¿Fue el caso Correa un caso sólido?
En abril de 2020, el ex presidente Rafael Correa fue considerado responsable de hasta mil millones de dólares en daños al estado y recibió una prohibición de por vida de ocupar cargos políticos. También fue sentenciado a ocho años de prisión. Este caso marcó un punto de inflexión en el panorama político ecuatoriano, particularmente porque, a pesar de las numerosas batallas legales en su contra, Correa ha sido proyectado constantemente para ganar cualquier elección en la que participó.
El 3 de mayo de 2020, la Fiscal General Diana Salazar reveló cargos contra 26 funcionarios de la administración de Correa en un caso comparable a una acusación de RICO. Salazar argumentó que una estructura bien organizada había estado recolectando sobornos a cambio de favores políticos y contratos gubernamentales. Si bien la evidencia parecía sugerir la existencia de tal estructura, no la vinculó de manera concluyente con el propio Correa.
Los cargos contra el ex presidente finalmente se centraron en el concepto de “influjo psíquico” y un préstamo de $6,000 que tomó y luego pagó a los fondos del partido. Esto llevó a la indignación de ambos lados, dado que “influjo psíquico” es un concepto legal que no existía anteriormente en la ley ecuatoriana. Para muchos, este cargo destacó la falta de evidencia suficiente para demostrar la culpa de Correa. Y para otros, en lugar de un caso “slam dunk,” fue visto como un argumento débil de la fiscalía.
En julio de 2024, surgieron acusaciones de que detrás de escena, numerosos jueces habían sido presionados para condenar a Correa. Wilman Terán, un juez de alto perfil que sentenció a Correa, testificó bajo juramento en una audiencia de la Asamblea Nacional que los enviados de la Fiscal General Salazar lo habían presionado repetidamente para obtener un veredicto de culpabilidad. Hoy, Rafael Correa permanece exiliado en Bélgica y se le prohíbe postularse para un cargo político en Ecuador. Su movimiento ha perdido las últimas tres elecciones.
¿Por qué el caso de Lenin Moreno lleva tanto tiempo?
La oficina de la Fiscalía General presentó 225 pruebas en el caso de corrupción y malversación de fondos contra el ex presidente Lenín Moreno, quien alejó a Ecuador de la izquierda latinoamericana y entró en la órbita de Estados Unidos. En el proceso, Moreno rompió numerosas promesas hechas al electorado, que lo eligió como izquierdista, pero rápidamente descubrió que gobernaba desde la derecha. Después de que Lenin Moreno supervisara la retirada de los ecuatorianos de UNASUR, una organización de países de América Latina ahora disuelta creada como contrapeso a la Organización de Estados Americanos dominada por Estados Unidos, entregó a Julian Assange a las autoridades británicas e impuso un programa de austeridad en nombre del FMI — deshaciendo una década de progreso social en el proceso.
En el camino, también nombró a Salazar como Fiscal General. Los críticos del movimiento Revolución Ciudadana alegan que ahora muestra que paga el favor protegiendo a Moreno de cualquier enjuiciamiento, una afirmación que se ve reforzada por los enlaces de Salazar con la embajada a los Estados Unidos. Salazar está en el corazón del acuerdo de cooperación interinstitucional en muchos frentes, firmado por el ex presidente Lasso y ratificado por el actual presidente Noboa.
Ecuador pasó de cero cooperación y posiblemente independencia de la influencia de Estados Unidos bajo Rafael Correa a la firma de una serie de tratados que dan a los agentes y militares de Estados Unidos total libertad para moverse y construir cualquier cosa, en cualquier parte del país con total inmunidad ante los tribunales locales, durante la próxima década.
En contraste con la agencia y el esfuerzo claramente puesto en el caso Correa, el caso Moreno avanza mucho más lentamente. A pesar de la abundante y casi definitiva evidencia de una red similar de corrupción contra Moreno, y sobornos de hasta 76 millones de dólares, su caso ha sido notablemente retrasado por tecnicismos legales.
De hecho, uno de los motivos del juicio político contra Salazar es - Incumplimiento del artículo 442 del Código Penal en los Documentos del INA o Caso Sinohydro - Este artículo requiere intervención hasta la conclusión del proceso. Los motivos del cargo indican que no hubo intervención durante más de dos años y tres meses después de la presentación de la queja.”
Después de 2 años más de investigación por parte de la Oficina de Salazar, y a pesar de los cargos presentados por soborno contra Moreno y algunos de los miembros de su familia, ninguno de los 25 sospechosos fueron detenidos.
El caso se suspende durante los próximos años, mientras que España envía información legal. En el momento de la producción de este documental en agosto de 2024, no está claro si alguno de los sospechosos irá a juicio.
Moreno también está acusado de crímenes contra la humanidad, por los crímenes cometidos en la represión de las protestas indígenas y sindicales de 2019. El hombre que presentó cargos, el entonces Defensor del Pueblo Freddy Carrión, posteriormente se convirtió en víctima del propio lawfare, quien fue detenido por Salazar y el gobierno de Moreno durante 3 años.
En el caso de Carrión, Salazar exigía una sentencia de 20 años por una acusación de “tener la intención de manipular”, eventualmente un panel de juezas negó las demandas de Salazar y liberó a Carrión, después de condenarlo a los 3 años que Carrión ya había cumplido.
Freddy Carrión, ex Defensor del Pueblo
Freddy Carrión: “En el momento en que fui nombrado Defensor del Pueblo, Diana Salazar era la candidata oficial de Lenin Moreno y la señora María Paula Romo para el cargo de Ministra de Justicia. Cuando los denuncié por crímenes de lesa humanidad, lo hice contra el entonces Presidente Lenin Moreno y la señora María Paula Romo, que era Ministra de Gobierno y Policía.
Sin lugar a dudas, nadie me perdonó por eso, especialmente el Sr. Moreno, que era Presidente de la República, y la propia señora Romo, que controlaba a la policía. Había una relación entre la Fiscal General Diana Salazar, el fiscal, y el gobierno, dado que el fiscal había sido colocado en esa posición por Moreno. Mi caso fue un favor para ellos a cambio de la cita del Fiscal General Salazar.”
El poder, especialmente el gobierno del ex presidente Lenin Moreno, junto con sus secuaces—porque no merecen otro nombre—como María Paula Romo, entonces Ministra de Gobierno, y Osvaldo Jarrín, entonces Ministro de Defensa y el comandante de la Policía Nacional, nunca me perdonarán porque los denuncié por crímenes de lesa humanidad.
Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. Son atemporales. Obviamente, esto los coloca en una situación muy delicada tanto política como globalmente.
En marzo de 2021, los denuncié a la Oficina del Fiscal General del Estado por crímenes de lesa humanidad. El protestas en Octubre 2019 causó un inmenso sufrimiento a las familias ecuatorianas cuando varias personas murieron debido a actos de ejecución extrajudicial. No podemos olvidar esto. La Fuerza Pública realizó acciones muy violentas contra los trabajadores.
FC: “Murieron unas 11 personas, seis de ellas debido a ejecuciones extrajudiciales, y 20 personas perdieron un ojo debido a las acciones violentas del Estado.
VO: Disparar a los manifestantes a los ojos fue y sigue siendo una tendencia, en muchos países del mundo, las fuerzas policiales han sido atrapadas intencionalmente apuntando a los ojos de los manifestantes.
Se determinó que el Estado tenía una práctica o política de represión sistemática dirigida efectivamente a causar daño a aquellas personas que estaban ejerciendo protesta social. Había un objetivo específico y una población específica. Eso nos llevó a establecer la Comisión de Verdad y Justicia que creamos en la Oficina de Defensores del Pueblo.”
VO: Las protestas de 2019 representaron una explosión social en respuesta a la realidad de que el gobierno ecuatoriano se había vuelto bruscamente hacia la derecha, a pesar de que había sido elegido en una plataforma de izquierda. Lenín Moreno traicionó efectivamente a sus votantes al implementar un plan de austeridad fiscal que puso fin a un período de inversión social de una década.
FC: Intentaban enviar un mensaje a cualquier autoridad pública: si procedes a denunciar actos de crímenes de lesa humanidad o cualquier violación grave de los derechos humanos, lo mismo te pasaría a ti como lo hizo con el defensor del pueblo. Por eso me pusieron en prisión.”
VO: “El hecho de que Carrión pasara tres años en la cárcel bajo detención preventiva, sin opción de fianza y sin sentencia, es claramente contrario a cualquier noción de estado de derecho. Es posible que sin la ayuda de su esposa, la abogada Prescilla Schettini, que presionó a las autoridades y a la opinión pública, el caso de Carriónnens aún no estaría resuelto.
Priscila Schettini, abogada, autora
Priscila Schettini: “Siempre supe que mi esposo era inocente.
Hemos tenido evidencia, accedido al archivo del caso y revisado todos los documentos disponibles. Hay videos que demuestran que los documentos fueron falsificados por el Fiscal General del Estado Diana Salazar de Ecuador, y que los informes policiales fueron alterados en complicidad con la Fiscalía. Oficiales de alto rango, como los generales Luna y Tania Varela, que estuvieron presentes el día de los eventos, participaron en la creación de esta situación.
El ex ministro del gobierno, Gabriel Martínez, estaba al tanto de esto desde temprano en la mañana. Además, el ex secretario de la Presidencia, Sr. Jorge Walter, informó a uno de los funcionarios que tenían el pleno apoyo del gobierno para derribar al ex Defensor del Pueblo y destituirlo de su cargo.
Además, hemos encontrado complicidad por parte de la Corte Nacional de Justicia, uno de los tribunales más altos del país. De los 21 jueces disponibles, creo que 20 ya han actuado en este caso.
Mientras trabajamos en el caso, descubrimos que los jueces son nombrados a discreción del presidente de la Corte Nacional, quien controla sus horarios y asigna jueces para asegurar resultados específicos en varias sentencias o resoluciones.
Como resultado, vemos un sistema judicial completamente selectivo y politizado.
Por decir la verdad, hablar y luchar por la inocencia de Freddyad, incluso la propia Fiscal General Diana Salazar solicitó medidas contra mí a un juez para silenciarme.
VO: “El 28 de noviembre de 2023, Salazar filtró información reservada al público, incluida la dirección de la casa de la familia Carrion-Schettini. Ambos estaban protegidos por el programa local de protección de testigos, y su ubicación era estrictamente un secreto, sin embargo, Salazar lo publicó, y siguieron una serie de ataques a la casa
PD: “Tomaron fotografías ocultas de mí. Me han intimidado, me han linchado en los medios y me han atacado físicamente. He presentado más de 13 denuncias ante la Fiscalía y hasta la fecha ninguna ha sido resuelta.
Entraron en mi casa. Han disparado fuera de mi casa, hombres con armas irrumpieron en nuestra casa, destrozaron la ventana de mi auto, me asaltaron y me apuntaron con un arma. Todo esto es parte de una campaña para silenciarnos a mí y a Freddy.
VO: Carrión afirma que el presidente Moreno, y los poderosos intereses geopolíticos y económicos detrás de él, desempeñaron un papel clave para mantenerlo en la cárcel bajo detención preventiva.
Carrión cree que esto sucedió porque, como Defensor del Pueblo, fue testigo de primera mano de lo que consideraba una caza de brujas contra el movimiento Alianza País o “Correísta”, y en algunos casos, comenzó a tomar medidas para defenderlos.”
Freddy Carrión: “El precio que tuve que pagar fue el encarcelamiento durante tres largos años de una manera completamente injusta, Óscar. Con mucho dolor y sufrimiento para mí y mi familia, me encontré completamente separado, silenciado y encerrado en prisión.
VO: Después de dejar la presidencia, Moreno viajó a los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se presentaron pruebas de sus acuerdos corruptos en los Tribunales ecuatorianos, Estados Unidos permitió que Moreno se fuera. Ahora reside en Paraguay bajo la protección del estatus diplomático ecuatoriano.
El próximo juicio político contra A.G. Salazar también la acusa de inacción en el caso, alegando que permitió “impunidad para los perpetradores y obstruyó la justicia para las víctimas de la violencia estatal Otro cargo es por su papel en el encarcelamiento de Freddy Carrión, diciendo:
“La omisión de las fiscalías ha permitido la fabricación de un caso, y la privación de libertad de una persona inocente.”
¿Salvó Salazar al banquero neoliberal Guillermo Lasso de los cargos de narcotráfico?
VO: Durante la última década, cuando el estado ecuatoriano se vio debilitado por las políticas de austeridad, los cárteles criminales internacionales se hicieron cargo de áreas clave del gobierno como puertos, fuerzas de seguridad, tribunales y cárceles. El país opera con dólares estadounidenses y ejerce un control mínimo sobre muchas instituciones, lo que lo convierte en un paraíso para los carteles, no solo por enviar drogas al resto del mundo sino también por lavar sus ganancias ilícitas.
Este aumento de las estructuras criminales y las operaciones de narco solo podría haber sido posible con la complicidad estatal en los niveles más altos. Lenín Moreno y el Fiscal General Salazar fueron fundamentales para desmantelar el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Como consecuencia, muchas instituciones estatales ecuatorianas centradas en la inversión social y la supervisión fueron cerradas o desfinanciadas, lo que llevó al colapso del sistema de justicia penal, que ha estado en curso desde 2019.
En abril, una carta de miembros de los Estados Unidos. El Congreso al presidente Biden destacó la evidencia que sugiere que una investigación antinarcóticos en Ecuador, conocida como el caso ‘León de Troya’, se detuvo debido a la presión del gobierno. De hecho, Rodney Rengel, el oficial de policía a cargo del caso, fue dado de baja de la fuerza como medida disciplinaria y tuvo que ir de incógnito para protegerse a sí mismo y a su familia después de recibir amenazas de muerte.
Anderson Boscan: Así que esto es importante, el gobierno de Lasso inició un proceso disciplinario en su contra. Supongo que el gobierno de Noboa detendría ese proceso disciplinario. Lo hicieron?.
Rodney Rengel, former detective de policía: No, me dieron la espalda. El Estado ecuatoriano me dio la espalda. Todavía estoy bajo tierra, esperando al menos algo de protección para mi familia. Este caso me ha quitado mucho, mi carrera, mi hogar, fue un alto precio a pagar, por investigar este caso y decir la verdad.
Anderson Boscan: ¿Qué le dice su caso a sus antiguos colegas detectives del grupo de trabajo contra las drogas?
Rengel Rodney: “Uff, les dice que miren hacia otro lado, que guarden silencio y no digan nada si alguna vez encuentran a alguien poderoso durante una investigación de drogas, que se hagan a un lado mejor, porque también pueden ser procesados y despedidos por ello.
VO: La investigación de Rengella expuso los tratos comerciales de personas cercanas al ex presidente Lasso con la Mafia Albanesa, o la organización de narcotráfico del Cártel de la Mafia de los Balcanes, que había prevalecido sobre otros grupos y había ganado el control de las rutas de tráfico de cocaína a Londres y el resto de Europa.
El caso de ‘León de Troya’ investigó inicialmente los vínculos entre Danilo Carrera, el cuñado de Lassoas y el empresario Rubén Cheres con Dritan Gjika, un jefe local de la Mafia de los Balcanes que sigue en libertad a pesar de los supuestos esfuerzos de las autoridades para desmantelar su organización.
Sin embargo, informes recientes revelaron que fuentes dentro de la oficina de la Fiscalía General habían avisado a la Mafia de los Balcanes sobre una redada planificada en España. Las autoridades locales todavía permiten que muchas compañías que se sabe que son propiedad de Gjika operen hasta el día de hoy.
Dado que estos cárteles están estrechamente vinculados a las mismas bandas criminales con las que el gobierno está teóricamente en guerra, estos incidentes plantean serias dudas sobre la sinceridad de los gobiernos ecuatorianos al procesar su ‘guerra contra el crimen
En un extraño giro de los acontecimientos, la Fiscal General Diana Salazar rebajó los cargos en el caso ‘León de Troya’ de narcotráfico al crimen organizado, en un caso en el que participaron muchas figuras poderosas, incluido el ex presidente Guillermo Lasso.
Salazar también abrió un segundo caso, llamado ‘Pampa,’ usando la misma evidencia. Pero en última instancia, solo procesó a operadores de nivel bajo y medio de la Mafia de los Balcanes y el estado, la mayoría de los cuales todavía están en libertad y operando. Estos casos proporcionaron una ventana a una posible manipulación política de la justicia.”
Rengel: “No entiendo por qué una investigación que comenzó como un caso de narcotráfico, se desvió como un caso de tráfico de influencias, y luego se abrió un nuevo caso, “pampa”, sobre narcotráfico.
¿Por qué algunos de los sospechosos en el caso fueron separados de otros en los casos “Encuentro” y “Pampa”? Al igual que el cuñado de Guillermo Lasso y otros como él para ser puesto en el caso del crimen organizado, con sentencias más bajas.
Y A.G. Salazar luego colocó a otros operadores de bajo nivel en el caso del narcotráfico, con sentencias más duras. Ella dividió a los sospechosos y dividió las investigaciones. Pero ambas investigaciones provienen exactamente del mismo caso, el “caso Leon de troya”.”
VO: “Ronny Aleaga, ex congresista y ex amigo personal del Fiscal General Salazar, es ahora un fugitivo que buscó refugio en Venezuela para escapar de lo que él llama ‘persecución política y muerte segura en una prisión ecuatoriana.’
La “Aleaga Leaks” proporciona una mirada más profunda a cómo el Fiscal General Salazar protegió al banquero neoliberal y al ex presidente Guillermo Lasso de un importante caso de narcotráfico que involucra a la Mafia de los Balcanes, los cárteles mexicanos y el Estado ecuatoriano.
Ronny Aleaga es acusado por la Fiscal General Diana Salazar de ser parte de una estructura del crimen organizado. Según la acusación, Aleaga trabajó con Leandro Norero, un narcotraficante que fue asesinado recientemente en prisión.
Si se demuestra que las acusaciones son ciertas, Aleaga habría actuado como operador político de una organización criminal que se infiltró en las instituciones democráticas y los partidos políticos ecuatorianos. Esta infiltración supuestamente llegó a los congresistas tanto del derechista Partido Social Cristiano como del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana.
Salazar y Aleaga tuvieron una estrecha amistad durante años, y Aleaga afirmó que grabó sus comunicaciones usando un segundo teléfono, para ‘propósitos de seguro.’ Estas grabaciones, verificadas y notariadas por Digital Forensics Ahora, una agencia de análisis forense de datos con sede en Florida, contiene mil quinientos chats de la aplicación Confide.
La “Aleaga Leaks” reveló algunos de los secretos más oscuros del poder, incluido el manipulación geopolítica de los sistemas de justicia para influir en la política local.”
Rony Aleaga, ex congresista, Revolución Ciudadana
Rony Aleaga: “En septiembre de 2023, antes de la segunda vuelta electoral en Ecuador, [Salazar] tuvo que procesar el caso León de Troya por narcotráfico y cambió el delito penal, [del narcotráfico a] crimen organizado y tráfico de influencias, que no tiene nada que ver con lo sucedido, es un delito más leve, para familiares del entonces Presidente de la República, Guillermo Lasso quienes estaban siendo acusados.
Ella cambió el tipo criminal del caso. Pero no solo eso, dijo “No voy a procesar [El séquito de Lassoasses] ahora debido a las elecciones [2023] No voy a beneficiar a la [Revolución Ciudadana].”
VO: Los siguientes son algunos de los chats con el Fiscal General Salazar grabados por Aleaga. Cuando se le preguntó sobre los chats, el Fiscal General Salazar declaró que su “atención no se desviará de los casos,” pero no negó explícitamente la veracidad de los chats. La Procuraduría General de la República se negó a utilizar los chats como evidencia en cualquier caso, cuestionando la credibilidad de la agencia forense y la cadena de custodia de la evidencia.
“Porque no hay narcotráfico allí. No hay narcotráfico en “Leon de Troya”. Comercialización de influencias. De hecho, voy a procesar este, después de las elecciones, para evitar ayudar a [Revolución Ciudadana]. Guillermo Lasso lo sabe.”
RA: “Imagina a un Fiscal General tomando ese enfoque en ese momento, en un tema político, cuando lo que tiene que hacer la Fiscalía es investigar el delito y castigar a los presuntamente responsables o culpables de ese delito, Ella no lo hizo.”
VO: Las políticas de austeridad impuestas durante casi una década han paralizado partes del estado, creando áreas fuera del control estatal. Estas áreas descuidadas se han convertido en caldo de cultivo para bandas criminales que trabajan con carteles de narco multimillonarios como el Cartel de Sinaloa, CJNG y la Mafia Albanesa.
Este aumento de las estructuras criminales y las operaciones de narco solo ha sido posible con complicidad estatal, en los niveles más altos.
RA: “La Fiscal General Diana Salazar cambió los cargos penales porque involucró a los familiares del presidente en ejercicio, permitiendo que estas bandas criminales se atrincheraran en Ecuador.
Han permitido que estas mafias se atrincheren. El caso León de Troya vincula claramente a la mafia albanesa y al ex Ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien está estrechamente vinculado al actual Presidente Daniel Noboa. Manzano, un alto ejecutivo de Noboa Corporation, abrió cuotas para las exportaciones de banano a Europa durante su mandato.
¿Y sabes quién se benefició de esas cuotas? Empresas fantasmas asociadas a la mafia albanesa. Estas compañías supuestamente exportan plátanos, pero los puertos europeos con frecuencia encuentran drogas ocultas en los envíos de banano ecuatorianos, incluidos los de las propias compañías del Presidente Noboaa.”
El caso también es preocupante para la Fiscal General Salazar, ya que se cree que alertó a Aleaga o, al menos, mantuvo un contacto cercano y compartió información confidencial con uno de los principales sospechosos de un caso bajo su jurisdicción.
Afortunadamente para ti no te atreviste a preguntarme nada sobre el juez. Porque, de lo contrario, te habría procesado.
Porque te pidieron que me lo dijeras. Para “La chica negra” que supuestamente era tu amante.
¿Estás dispuesto a ir a la cárcel? Porque estoy tratando de evitar eso.
La DEA lo sabe todo, ese es el problema. Tenemos que incluir todo en la investigación. No podemos saltarnos nada.
¿Tienes una escolta policial ahora? Presta atención, tus escoltas policiales registran cada uno de tus movimientos.
No te preocupes. Te estoy diciendo lo que estamos encontrando. Hasta que encontré elementos y le dije “leave”.
Confía en mí.
VO: Aleaga afirma que pudo escapar del país porque Salazar le avisó, justo antes de que se firmara su orden de arresto.
Influir en las elecciones para defender los intereses de Estados Unidos
VO: El 9 de agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado cuando salía de una manifestación política, pocos días antes de las elecciones generales. Hasta ese momento, la elección tuvo una clara líder: Luisa Gonzales, del Movimiento Revolución Ciudadana, quien lideró por 12 puntos y a punto de ganar en la primera vuelta con más del 50% de los votos.
Antes de su asesinato en 2023, se confirmaron las sospechas de que el candidato presidencial Fernando Villavicencio estaba en la nómina de Estados Unidos. Como informó Grayzone en 2021, fue uno de los muchos líderes sociales y periodistas que habían recibido fondos NED durante más de una década en un intento por apuntalar a la oposición de los gobiernos de Correa. Los mensajes filtrados de Aleagaa podrían proporcionar una confirmación de primera mano.
Inmediatamente después del asesinato, las principales noticias de TV y los políticos de derecha comenzaron a culpar al Movimiento Revolución Ciudadana y a Rafael Correa por el asesinato. El movimiento nunca se recuperó en las urnas y perdió las elecciones.
La responsabilidad del asesinato parecía recaer en Los Lobos, el brazo de aplicación de la mafia de los Balcanes. Ocho presuntos asesinos fueron detenidos de inmediato, pero todos ellos fueron asesinados rápidamente una vez que lo fueron de alguna manera, colocado en una prisión controlada por ...Los Lobos.”
“Quieren la cabeza de Rafael Correa.”
“Imagine, asesinaron a Fernando Villavicencio, quien, según [Diana Salazar]’ palabras, era un informante para el gobierno de los Estados Unidos. Es por eso que ofrecieron, en una recompensa histórica, $5 millones. El embajador de Estados Unidos y el secretario de estado ofrecieron $5 millones de información que condujo a la captura de los asesinos de Villavicencio.”
“Lo que es más, [los estadounidenses] iban a llevar a los sospechosos a Nueva York, porque mataron a un informante del Gobierno de Estados Unidos”
Es por eso que [los estadounidenses] están heridos. No harían tanto, ni siquiera por mí.
No trabajo para ellos, [Villavicencio] lo hizo.
“Pero ten cuidado, fue la banda criminal de Los Lobos quien mató a Villavicencio.
Hay un grupo de trabajo de la Unión Europea que investiga a los albaneses.
Esto es pesado. Hay 3 oficinas del FBI investigando esto. Su tecnología es impresionante.
Se trata de teléfonos. Por eso hay tanta información. Quieren la cabeza de Rafael Correa.
Dicen que [Revolución Ciudadana] se está levantando en las piscinas. Sí Rafael Correa. [Los estadounidenses] saben que si [Revolución Ciudadana] gana las elecciones, todos los [tratados bilaterales] están muertos.
Aleaga Rony
“Esto ocurrió con la complicidad e implicación del embajador de Estados Unidos. Durante una cena en la embajada con el Fiscal General, ya sabían y discutían quiénes eran los asesinos, específicamente el grupo criminal de Los Lobos. Sin embargo, no revelaron públicamente esta información mientras hubo un linchamiento mediático contra la organización política Revolución Ciudadana, acusándonos [por el asesinato].”
Me dijeron el lunes por la noche, en Estados Unidos. Residencia de Embajadores. Tan pronto como me fui, le pedí a un Abogado de mi oficina, la Oficina del Fiscal General, que comenzara a trabajar, cooperando con [los estadounidenses], pero los sospechosos fueron asesinados.
VO: A pesar de saber quién había matado a Villavicencio, Salazar se lo guardó para sí misma, para permitir que se extendiera la narrativa mediática de culpar del asesinato a Revolución Ciudadana.
“La Fiscal General del Estado ecuatoriano, Diana Salazar Méndez, ha sido la precursora de la persecución política. Ella ha actuado como un obispo en un macabro juego de ajedrez, utilizado para perseguir a todos los adversarios políticos de la derecha que se ha apoderado de Ecuador en este momento.
“voy a Washington DC. de verdad, esto está en un nivel realmente alto. Para Maduro, la investigación es por narcotráfico.”
Pero esta no fue la primera vez que Salazar influyó directamente en una elección. En 2021, justo antes de las elecciones, Salazar viajó a Colombia y anunció públicamente que el candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, había recibido dinero del ELN, un grupo guerrillero colombiano.
Estas acusaciones se desvanecieron rápidamente después de que Arauz perdió las elecciones. Una demanda fue finalmente presentada por Arauz contra Francisco Barbosa, el fiscal colombiano, después de que los expertos demostraron que la evidencia utilizada en la acusación pública era falsa.
¿Tomarse el control de todo el sistema judicial?
Utilizando chats del teléfono del fallecido narcotraficante Leandro Norero como evidencia, la Fiscal General ecuatoriana Diana Salazar presentó una serie de extensos casos anticorrupción, que resultaron en la detención de decenas de jueces y trabajadores judiciales. A primera vista, esto parecía ser una medida muy necesaria para un sistema de justicia plagado de corrupción. Pero, ¿podría ser que este caso también se usara como una herramienta para eliminar rivales, tomar el control y asegurar posiciones clave de poder dentro de las tres ramas del estado en nombre de los intereses de los Estados Unidos?
Como siempre, depende de en quién creas. Considere a Wilmer Terán, un ex juez a cargo de la “soborna case” contra el ex presidente Correa, quien fue detenido por órdenes de Diana Salazar en el contexto de un caso masivo que involucró a 900 personas.
Terán presentó sus propias charlas con Mayra Salazar, algunos sectores de la asamblea exigieron una investigación porque “Estos casos podrían llevar a delitos de tráfico de influencias, fraude procesal, malversación, conflicto de intereses e interferencia directa en el Consejo Judicial.”
Terán había cruzado a uno de los operadores de Salazar, el Juez Walter Macías, a quien Terán, entonces Presidente del Poder Judicial, había dado de baja disciplinariamente.
A pesar de que muchos jueces lo avalan, e incluso una carta oficial del Consejo Judicial que apoya a Terán y llama a la operación masiva un “golpe político contra la rama judicial,” la casa de Terán fue allanada, y fue enviado a confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad.
Cuando un panel de jueces competente dictaminó sobre una moción para transferir a Terán a una prisión de menor nivel de seguridad “donde pueda tener las condiciones para trabajar en su defensa,” su oficina fue allanada, y también fueron acusados de corrupción. Terán se había presentado recientemente bajo juramento en el Congreso para detallar cómo Salazar lo presionó a él y a otros enviando emisarios para obtener un veredicto de culpabilidad para Correa.
Actualmente, Salazar espera el comienzo de su juicio político. Sabiendo que tiene las alianzas políticas y los votos para evitar cualquier sanción significativa, tiene el control firme de la Fiscalía General mientras etiqueta públicamente a sus adversarios políticos como “narcos.”
Es bastante inédito que una Fiscal General ejerza tanta influencia sobre las tres ramas del estado y jueces, abriendo investigaciones a voluntad sobre opositores políticos que permanecen abiertos durante años sin una causa clara hasta que se encuentre uno, e influyendo en las elecciones.
El poder de una Fiscal General, apoyada por la derecha política, los Estados Unidos, su embajada y los medios de comunicación, se han tomado el control de la política ecuatoriana.
El medio The Grayzone publicó un reportaje en el que repasa las acciones de la Fiscalía General del Estado, en casos de connotación nacional como el Caso Encuentro, el Caso Ina Papers, el Caso Sobornos; así como el rol de su titular, Diana Salazar.
En sus primeras líneas, la nota periodística sostiene que «la Fiscalía es un aliado clave del gobierno de Estados Unidos, que utilizó la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales como arma para procesar selectivamente a los jefes de Estado de Ecuador, persiguiendo brutalmente a Rafael Correa y su movimiento Revolución Ciudadana».
«La Fiscal General Diana Salazar ha liderado recientemente lo que muchos críticos describen como una «cacería de brujas» contra el Movimiento Revolución Ciudadana, de tendencia izquierdista, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción y el narcotráfico», dice el texto.
Pero no es el único reportaje que observa el accionar de la fiscal Diana Salazar.
Intercept Brasil y Drop Site, medios de comunicación internacionales, revelaron presuntos chats entre la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y Ronnny Aleaga.
Según la investigación de estos portales, habría existido un plan para perjudicar a la izquierda ecuatoriana.
Volviendo al trabajo de The Grayzone, que se materializó en un video publicado en su canal de YouTube, de 34 minutos, existirían «chats secretos filtrados», obtenidos por este medio, que exponen cómo la fiscal filtró información a un sujeto de una investigación en curso, socavando el procesamiento de asociados de los presidentes actuales y anteriores de Ecuador alineados con Estados Unidos, y actuó en estrecha colaboración con el gobierno de los EEUU».
Para desarrollar el reportaje, el medio plantea varias preguntas como:
«Luego de dos años más de investigación por parte de la Fiscalía General, y a pesar de los cargos presentados por soborno contra Moreno y algunos de sus familiares, ninguno de los 25 sospechosos fue detenido», dicta el texto.
De hecho, dice, Rodney Rengel, el policía a cargo del caso, fue dado de baja de la fuerza como medida disciplinaria y tuvo que pasar de incógnito para protegerse a sí mismo y a su familia después de recibir amenazas de muerte.
En este sentido, cita una declaración de Rengel, que dice:
“En septiembre de 2023, antes de la segunda vuelta electoral en Ecuador, [Salazar] tuvo que judicializar el caso León de Troya por narcotráfico y cambió el tipo penal, [de narcotráfico a] crimen organizado y tráfico de influencias, que no tiene nada que ver con lo que pasó, es un delito más leve, para familiares del entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, que estaban siendo acusados».
The Grayzone enfatiza también que «el caso León de Troya vincula claramente a la mafia albanesa con el exministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien tiene estrechos vínculos con el actual presidente Daniel Noboa. Manzano, alto ejecutivo de la Corporación Noboa, abrió durante su mandato cupos para la exportación de banano a Europa».
«¿Y saben quiénes se beneficiaron de esas cuotas? Empresas fantasmas asociadas a la mafia albanesa. Esas empresas supuestamente exportan banano, pero en los puertos europeos es frecuente encontrar droga escondida en los cargamentos de banano ecuatoriano, incluso de las propias empresas del presidente Noboa”, agrega el reportaje.
El asesinato del excandidato Fernando Villavicencio es otro de los casos que alude la nota y dice que «a pesar de saber quién había asesinado a Villavicencio, la Procuradora General Salazar se lo guardó para sí, para permitir que se extendiera la narrativa mediática de culpar a Revolución Ciudadana del asesinato».
Este trabajo también contextualiza estos casos con la solicitud de juicio político que se presentó en contra de la fiscal Diana Salazar, y que se tramitará en octubre de este 2024, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
«Actualmente, Salazar espera el inicio de su juicio político. Sabiendo que cuenta con las alianzas políticas y los votos para evitar cualquier sanción significativa, se mantiene firme en el control de la Fiscalía General de la República mientras etiqueta públicamente a sus adversarios políticos como “narcos”, plantea el reportaje.
Lee la nota completa aquí:
VIDEO: Chats secretos exponen década de intromisión de EE.UU. en Ecuador
En sus primeras líneas, la nota periodística sostiene que «la Fiscalía es un aliado clave del gobierno de Estados Unidos, que utilizó la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales como arma para procesar selectivamente a los jefes de Estado de Ecuador, persiguiendo brutalmente a Rafael Correa y su movimiento Revolución Ciudadana».
«La Fiscal General Diana Salazar ha liderado recientemente lo que muchos críticos describen como una «cacería de brujas» contra el Movimiento Revolución Ciudadana, de tendencia izquierdista, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción y el narcotráfico», dice el texto.
Pero no es el único reportaje que observa el accionar de la fiscal Diana Salazar.
Intercept Brasil y Drop Site, medios de comunicación internacionales, revelaron presuntos chats entre la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y Ronnny Aleaga.
Según la investigación de estos portales, habría existido un plan para perjudicar a la izquierda ecuatoriana.
Volviendo al trabajo de The Grayzone, que se materializó en un video publicado en su canal de YouTube, de 34 minutos, existirían «chats secretos filtrados», obtenidos por este medio, que exponen cómo la fiscal filtró información a un sujeto de una investigación en curso, socavando el procesamiento de asociados de los presidentes actuales y anteriores de Ecuador alineados con Estados Unidos, y actuó en estrecha colaboración con el gobierno de los EEUU».
Para desarrollar el reportaje, el medio plantea varias preguntas como:
- ¿Fue el caso Correa un caso sólido?
- ¿Por qué el caso de Lenín Moreno tarda tanto?
«Luego de dos años más de investigación por parte de la Fiscalía General, y a pesar de los cargos presentados por soborno contra Moreno y algunos de sus familiares, ninguno de los 25 sospechosos fue detenido», dicta el texto.
- ¿Salvó Salazar al banquero neoliberal Guillermo Lasso de los cargos de narcotráfico?
De hecho, dice, Rodney Rengel, el policía a cargo del caso, fue dado de baja de la fuerza como medida disciplinaria y tuvo que pasar de incógnito para protegerse a sí mismo y a su familia después de recibir amenazas de muerte.
En este sentido, cita una declaración de Rengel, que dice:
“En septiembre de 2023, antes de la segunda vuelta electoral en Ecuador, [Salazar] tuvo que judicializar el caso León de Troya por narcotráfico y cambió el tipo penal, [de narcotráfico a] crimen organizado y tráfico de influencias, que no tiene nada que ver con lo que pasó, es un delito más leve, para familiares del entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, que estaban siendo acusados».
The Grayzone enfatiza también que «el caso León de Troya vincula claramente a la mafia albanesa con el exministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien tiene estrechos vínculos con el actual presidente Daniel Noboa. Manzano, alto ejecutivo de la Corporación Noboa, abrió durante su mandato cupos para la exportación de banano a Europa».
«¿Y saben quiénes se beneficiaron de esas cuotas? Empresas fantasmas asociadas a la mafia albanesa. Esas empresas supuestamente exportan banano, pero en los puertos europeos es frecuente encontrar droga escondida en los cargamentos de banano ecuatoriano, incluso de las propias empresas del presidente Noboa”, agrega el reportaje.
El asesinato del excandidato Fernando Villavicencio es otro de los casos que alude la nota y dice que «a pesar de saber quién había asesinado a Villavicencio, la Procuradora General Salazar se lo guardó para sí, para permitir que se extendiera la narrativa mediática de culpar a Revolución Ciudadana del asesinato».
Este trabajo también contextualiza estos casos con la solicitud de juicio político que se presentó en contra de la fiscal Diana Salazar, y que se tramitará en octubre de este 2024, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
«Actualmente, Salazar espera el inicio de su juicio político. Sabiendo que cuenta con las alianzas políticas y los votos para evitar cualquier sanción significativa, se mantiene firme en el control de la Fiscalía General de la República mientras etiqueta públicamente a sus adversarios políticos como “narcos”, plantea el reportaje.
Lee la nota completa aquí:
VIDEO: Chats secretos exponen década de intromisión de EE.UU. en Ecuador
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Rafael Correa comenta la injerencia de EEUU para desprestigiar a la izquierda política de Ecuador
El portal de noticias independiente The Greyzone ha publicado este jueves una investigación que apunta a la implicación de Estados Unidos en atentados contra partidarios de fuerzas de izquierda en Ecuador. La investigación revela chats secretos de la fiscal ecuatoriana Diana Salazar con un aliado clave de Washington para ayudar a dar forma a la narrativa pública de que el movimiento del expresidente Rafael Correa era presuntamente responsable del asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2023. ENTREVISTA COMPLETA: https://vk.com/video-61174019_456273365 |
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31 de agosto de 2024
2 de septiembre de 2024
Experto asegura que las cárceles latinoamericanas son el “infierno”
Radio Noticias Venezuela Por María José Núñez
En la emisión del programa Voces sobre la Mesa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) del pasado viernes 30 de agosto, se puso al descubierto la cruda realidad de las cárceles en América Latina: un sistema plagado de violencia, corrupción y abandono estatal.
Los expertos entrevistados, Karol Noroña y Romel Jurado, describieron un panorama desolador en el sistema de justicia, donde los individuos “más vulnerables” que acabaron metidos en la delincuencia están tras las rejas mientras los criminales de “cuello blanco”, aquellos con poder e influencia, permanecen impunes.
Voces sobre la Mesa se transmite cada semana a través de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría en Venezuela.
Masacres, tortura y abandono: la vida en las cárceles latinoamericanas en medio de una sobrepoblación
En Ecuador, las masacres carcelarias, la tortura y la falta de acceso a servicios básicos como salud y alimentación son el pan de cada día, según reseñaron los expertos ecuatorianos.
La militarización de las cárceles y la política de “mano dura” contra el crimen organizado han generado un ambiente de violencia extrema. Explicaron que los presos se ven obligados a pagar por su propia supervivencia o convertirse en esclavos de las bandas criminales que controlan los centros penitenciarios.
Esta es una realidad que también se ve en el resto de países de América Latina, donde parece verse una guerra interna de armas y poder, aunque en cada país hay contextos diferentes. Así lo dijo la periodista y defensora de los derechos humanos, Noroña.
La periodista contó que hay una falta de acceso a la salud enorme, tanto así que calificó de “precario” el sistema de salud para las personas privadas de libertad, aunado a los cientos de casos de torturas en las cárceles latinoamericanas.
“Eso sigue ocurriendo y quiénes sufren estás vulneraciones es el gran resto de la población penitenciaria”, dijo en relación a la alta “violencia de crimen organizado” en Ecuador que se ha documentado a través de las 200 denuncias por tortura, violencia sexual contra mujeres y mujeres transexuales. Éste grupo de mujeres cis y mujeres transgénero son las vulneradas y expuestas a la violencia, según ambos expertos.
“La expansión de la población carcelaria y la sobrepoblación carcelaria genera unos efectos de violencia brutales porque los servicios de rehabilitación no alcanzan a todos. Luego está la deficiencia dramática de la política de rehabilitación”, dijo Jurado, quien es defensor de los derechos humanos, doctor en Jurisprudencia y consultor en políticas públicas.
“Hay una expansión sostenida del crimen organizado en América Latina y eso también hace que las sociedad asuman políticas criminales basadas en la mano dura”, sostuvo.
La corrupción y la impunidad alimentan el ciclo de violencia
La corrupción y la impunidad son el caldo de cultivo de esta crisis carcelaria.
Para Jurado, los verdaderos responsables del crimen organizado, los banqueros que lavan dinero, los empresarios que transportan droga, los jueces y policías corruptos, permanecen libres y protegidos por sus redes de poder. Mientras tanto, los más pobres y vulnerables son reclutados por estas organizaciones criminales, convirtiéndose en carne de cañón.
“¿Por qué los más vulnerables son los que acaban en las cárceles? Porque la política que combate el crimen es selectiva. No sé está denunciando y combatiendo, ni apresando, ni incautando los bienes de los banqueros que lavan el dinero del narcotráfico y otras actividades ilícitas de este país y toda Latinoamérica. No están apresando a los empresarios y las empresas que sirven de mecanismo de transporte de droga… no se está sancionando a los jueces que garantizan inmunidad a los miembros de bandas de crimen organizado, no sé está sancionado e investigando a los policías que participan en estas organizaciones delincuenciales. Todos los que están a salvo pero participan en el crimen organizado son los de cuello blanco, los que tienen poder y cobertura. Los más indefensos, más vulnerables son contratados por estas organizaciones criminales que les pagan una suma que les permite vivir la vida a costo de arriesgar la vida y cometer los más fetales criminales. Esas cárceles están totalmente controladas por esas mismas bandas que están afuera”, sostuvo Jurado.
Un llamado a la empatía
Ante esta realidad, el defensor Jurado hizo un llamado a la población latina a recuperar la sensibilidad y la solidaridad con las personas privadas de libertad.
“Más allá de los términos técnicos, yo quisiera hablarle a la ciudadanía: estar en las cárceles ahora es estar en un entorno sobrepoblado; eso implica que no tienes comida porque está saturado y no llega, no tienes un lugar donde dormir, no tienes la tranquilidad para sentirte medianamente a salvo de agresiones, no tienes servicios de vestido ni de salud. Significa que seres humanos como nosotros, de carne y hueso, están expuestos a todos los riesgos que imaginabas y además que si quieres cubrirte de alguno de esos riesgos tienes que tener dinero, todo cuesta y todo es una transacción”, expuso.
“Las personas privadas de libertad tienen unos costos brutales solamente para existir. Además, el que no puede pagar tiene que literalmente convertirse en una especie de siervo para otros o en su cuerpo se paga la falta de recursos. Estamos hablando de una violencia tremenda. El Estado no habla de este tema, no muestra las cifras, no permite el ingreso a los centros de rehabilitación, no permite el contacto con las personas privadas de libertad y hay un sistema de miedo y violencia que inunda todo el sistema carcelario. No son números, son personas de carne y hueso”, añadió Jurado.
“Tenemos que llamar a la sociedad latinoamericana a recuperar la sensibilidad y tener actos de solidaridad, empatía y respeto con esas personas que están viviendo un infierno en estos momentos. Y el peor infierno que me puedo imaginar en la historia de América Latina es estar en una de estas cárceles”, concluyó.
Los expertos entrevistados, Karol Noroña y Romel Jurado, describieron un panorama desolador en el sistema de justicia, donde los individuos “más vulnerables” que acabaron metidos en la delincuencia están tras las rejas mientras los criminales de “cuello blanco”, aquellos con poder e influencia, permanecen impunes.
Voces sobre la Mesa se transmite cada semana a través de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría en Venezuela.
Masacres, tortura y abandono: la vida en las cárceles latinoamericanas en medio de una sobrepoblación
En Ecuador, las masacres carcelarias, la tortura y la falta de acceso a servicios básicos como salud y alimentación son el pan de cada día, según reseñaron los expertos ecuatorianos.
La militarización de las cárceles y la política de “mano dura” contra el crimen organizado han generado un ambiente de violencia extrema. Explicaron que los presos se ven obligados a pagar por su propia supervivencia o convertirse en esclavos de las bandas criminales que controlan los centros penitenciarios.
Esta es una realidad que también se ve en el resto de países de América Latina, donde parece verse una guerra interna de armas y poder, aunque en cada país hay contextos diferentes. Así lo dijo la periodista y defensora de los derechos humanos, Noroña.
La periodista contó que hay una falta de acceso a la salud enorme, tanto así que calificó de “precario” el sistema de salud para las personas privadas de libertad, aunado a los cientos de casos de torturas en las cárceles latinoamericanas.
“Eso sigue ocurriendo y quiénes sufren estás vulneraciones es el gran resto de la población penitenciaria”, dijo en relación a la alta “violencia de crimen organizado” en Ecuador que se ha documentado a través de las 200 denuncias por tortura, violencia sexual contra mujeres y mujeres transexuales. Éste grupo de mujeres cis y mujeres transgénero son las vulneradas y expuestas a la violencia, según ambos expertos.
“La expansión de la población carcelaria y la sobrepoblación carcelaria genera unos efectos de violencia brutales porque los servicios de rehabilitación no alcanzan a todos. Luego está la deficiencia dramática de la política de rehabilitación”, dijo Jurado, quien es defensor de los derechos humanos, doctor en Jurisprudencia y consultor en políticas públicas.
“Hay una expansión sostenida del crimen organizado en América Latina y eso también hace que las sociedad asuman políticas criminales basadas en la mano dura”, sostuvo.
La corrupción y la impunidad alimentan el ciclo de violencia
La corrupción y la impunidad son el caldo de cultivo de esta crisis carcelaria.
Para Jurado, los verdaderos responsables del crimen organizado, los banqueros que lavan dinero, los empresarios que transportan droga, los jueces y policías corruptos, permanecen libres y protegidos por sus redes de poder. Mientras tanto, los más pobres y vulnerables son reclutados por estas organizaciones criminales, convirtiéndose en carne de cañón.
“¿Por qué los más vulnerables son los que acaban en las cárceles? Porque la política que combate el crimen es selectiva. No sé está denunciando y combatiendo, ni apresando, ni incautando los bienes de los banqueros que lavan el dinero del narcotráfico y otras actividades ilícitas de este país y toda Latinoamérica. No están apresando a los empresarios y las empresas que sirven de mecanismo de transporte de droga… no se está sancionando a los jueces que garantizan inmunidad a los miembros de bandas de crimen organizado, no sé está sancionado e investigando a los policías que participan en estas organizaciones delincuenciales. Todos los que están a salvo pero participan en el crimen organizado son los de cuello blanco, los que tienen poder y cobertura. Los más indefensos, más vulnerables son contratados por estas organizaciones criminales que les pagan una suma que les permite vivir la vida a costo de arriesgar la vida y cometer los más fetales criminales. Esas cárceles están totalmente controladas por esas mismas bandas que están afuera”, sostuvo Jurado.
Un llamado a la empatía
Ante esta realidad, el defensor Jurado hizo un llamado a la población latina a recuperar la sensibilidad y la solidaridad con las personas privadas de libertad.
“Más allá de los términos técnicos, yo quisiera hablarle a la ciudadanía: estar en las cárceles ahora es estar en un entorno sobrepoblado; eso implica que no tienes comida porque está saturado y no llega, no tienes un lugar donde dormir, no tienes la tranquilidad para sentirte medianamente a salvo de agresiones, no tienes servicios de vestido ni de salud. Significa que seres humanos como nosotros, de carne y hueso, están expuestos a todos los riesgos que imaginabas y además que si quieres cubrirte de alguno de esos riesgos tienes que tener dinero, todo cuesta y todo es una transacción”, expuso.
“Las personas privadas de libertad tienen unos costos brutales solamente para existir. Además, el que no puede pagar tiene que literalmente convertirse en una especie de siervo para otros o en su cuerpo se paga la falta de recursos. Estamos hablando de una violencia tremenda. El Estado no habla de este tema, no muestra las cifras, no permite el ingreso a los centros de rehabilitación, no permite el contacto con las personas privadas de libertad y hay un sistema de miedo y violencia que inunda todo el sistema carcelario. No son números, son personas de carne y hueso”, añadió Jurado.
“Tenemos que llamar a la sociedad latinoamericana a recuperar la sensibilidad y tener actos de solidaridad, empatía y respeto con esas personas que están viviendo un infierno en estos momentos. Y el peor infierno que me puedo imaginar en la historia de América Latina es estar en una de estas cárceles”, concluyó.
10 de septiembre de 2024