5 de marzo de 2025
Reforma permite el ingreso de buques, aeronaves y vehículos militares de EE.UU. a Galápagos
El Consejo de Gobierno de Galápagos reformó el Reglamento de Ingreso y Control de Vehículos y Maquinaria al archipiélago, un paso clave para que las islas se conviertan en una base militar.
Una polémica decisión del Gobierno de Daniel Noboa ha desatado un intenso debate sobre la soberanía, la seguridad y la protección ambiental en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.
Tras la aprobación del Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular el 10 de diciembre de 2024, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (Cgreg) impulsó una reforma al Reglamento de Ingreso y Control de Vehículos y Maquinaria, la cual facilita el ingreso de buques, aeronaves y vehículos militares estadounidenses a las islas bajo el argumento de cooperación en materia de seguridad.
El proyecto de Seguridad Integral está enmarcado bajo acuerdos de cooperación firmados entre Ecuador y Estados Unidos (EE.UU.) desde los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso y ratificados en la administración de Daniel Noboa.
Esta decisión puso en la mira la soberanía nacional, la protección ambiental y la constitucionalidad del proyecto, en un archipiélago reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
El ajuste legal que facilita el ingreso de vehículos militares
El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) aprobó el 27 de diciembre de 2024 en segundo debate la Reforma Parcial del Reglamento de Ingreso y Control de Vehículos y Maquinaria en Galápagos, de acuerdo a la resolución Nro. 26-CGREG-27-12-2024.
Esta reforma establece un procedimiento abreviado para la autorización del ingreso temporal de vehículos marítimos, aéreos y terrestres en el marco de proyectos de seguridad, alineándose con el Estatuto de las Fuerzas firmado con Estados Unidos.
El acuerdo entre Ecuador y EE.UU sobre el Estatuto de las Fuerzas garantiza que las aeronaves, buques y vehículos militares estadounidenses podrán entrar, salir y moverse libremente en territorio ecuatoriano, exentos de impuestos, inspecciones y tasas portuarias.
Sin embargo, la exoneración de estos costos aún no está aprobada del todo, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe emitir un pronunciamiento al respecto.
Según la resolución del CGREG del 10 de diciembre de 2024, se solicitó al MEF que determine si se eliminarán las tasas de ingreso de vehículos a la provincia de Galápagos en el marco de la cooperación internacional en materia de seguridad.
El Informe Jurídico posterior determinó que, al no existir aún una resolución del MEF sobre la exoneración de tasas, no se aprobó la inclusión de una “Disposición General Novena” en la reforma del reglamento.
Esto significa que, aunque el ingreso de vehículos militares está autorizado, aún no se ha decidido si estarán exentos de pagar tasas.
El camino hacia la militarización
La presencia militar extranjera de Estados Unidos en Ecuador no es un hecho nuevo.
Desde 1999 hasta 2009, la base de Manta funcionó como un enclave militar estadounidense bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
La no renovación del acuerdo por el entonces presidente Rafael Correa y la prohibición expresa de bases extranjeras en la Constitución de 2008 parecían cerrar esta etapa en la historia ecuatoriana.
Sin embargo, en 2018, el Gobierno de Lenín Moreno reactivó las relaciones militares con Washington.
Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, autorizó los sobrevuelos de aviones estadounidenses en la zona del Pacífico, abriendo la puerta a acuerdos de cooperación que culminarían en 2023 con la firma del Estatuto de las Fuerzas (SOFA) durante la administración de Guillermo Lasso.
Mientras que el Gobierno de Daniel Noboa ratificó estos acuerdos en febrero de 2024 y, mediante la resolución Nro. 23-CGREG-10-12-2024 del Consejo de Gobierno de Galápagos, autorizó formalmente la llegada al archipiélago de:
Además se expone que mediante el Servicio de la Guardia Costera, la Casa Blanca colabora con la Armada del Ecuador para interceptar y erradicar el tráfico ilícito de estupefacientes realizado a través de lanchas rápidas y semisumergibles desde las cercanías de Galápagos hacia países de Centroamérica.
Cabe destacar que el documento no especifica la ubicación exacta de las embarcaciones.
Sin embargo, establece que, en caso de ingreso de submarinos a la Reserva Marina de Galápagos, estos deberán permanecer a flote mientras se encuentren dentro del área protegida; bajo ninguna circunstancia se permitirá la navegación sumergida.
Mientras que el desembarco del personal de Estados Unidos en el marco de ejecución del proyecto se lo hará únicamente en las islas pobladas.
El impacto ambiental y la reacción de la comunidad
Galápagos, situada a 965 kilómetros de la costa continental ecuatoriana, es uno de los ecosistemas más frágiles y diversos del planeta.
Declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1978, su biodiversidad ha sido protegida con estrictas regulaciones ambientales.
La autorización de buques y tropas estadounidenses ha encendido las alarmas entre ambientalistas y pobladores.
“El ingreso de barcos militares y la construcción de infraestructura adicional ponen en riesgo el delicado equilibrio de la reserva marina” declaró un representante de una ONG local, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
Además, preocupa la exención de controles ambientales rigurosos a los buques militares, una disposición contemplada en el acuerdo.
La organización Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) denunció que esta medida no solo viola el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe bases militares extranjeras, sino también amenaza con “convertir a Galápagos en un territorio bajo control de Estados Unidos”.
Militarizar Galápagos
La decisión de militarizar Galápagos también ha desatado un debate sobre la soberanía nacional. El ex vicecanciller Fernando Yépez calificó el proyecto como “servilismo colonial”.
“Es inaceptable, vergonzoso, peligroso, indigno servilismo colonial. No hay conciencia de la soberanía nacional, ni de los intereses del Ecuador ni de las experiencias negativas con bases militares extranjeras, siempre de Estados Unidos», dijo.
La reforma constitucional presentada por el gobierno de Noboa en septiembre de 2024 ante la Asamblea Nacional propone eliminar el artículo que prohíbe la instalación de bases extranjeras en el país.
Aunque todavía no ha sido debatida, su sola existencia plantea un escenario de retroceso en las políticas de soberanía adoptadas en la última década, dicen los expertos.
Para muchos, la situación actual guarda paralelismos con el establecimiento de la base de Manta, cuya operación estuvo marcada por controversias y críticas por la falta de control del Estado ecuatoriano sobre las actividades estadounidenses.
Un dilema de seguridad y protección ambiental
La militarización de Galápagos, bajo el argumento de seguridad regional, coloca a Ecuador en un dilema complejo: ‘garantizar’ la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal, pero a costa de la soberanía nacional y la protección de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.
Mientras el gobierno defiende la medida como una estrategia para combatir problemas urgentes, ambientalistas y críticos políticos advierten sobre los riesgos a largo plazo.
De acuerdo con la resolución del Consejo de Gobierno de Galápagos, en el término de 90 días—que aún transcurren—se tendrá el instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos.
Una polémica decisión del Gobierno de Daniel Noboa ha desatado un intenso debate sobre la soberanía, la seguridad y la protección ambiental en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.
Tras la aprobación del Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular el 10 de diciembre de 2024, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (Cgreg) impulsó una reforma al Reglamento de Ingreso y Control de Vehículos y Maquinaria, la cual facilita el ingreso de buques, aeronaves y vehículos militares estadounidenses a las islas bajo el argumento de cooperación en materia de seguridad.
El proyecto de Seguridad Integral está enmarcado bajo acuerdos de cooperación firmados entre Ecuador y Estados Unidos (EE.UU.) desde los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso y ratificados en la administración de Daniel Noboa.
Esta decisión puso en la mira la soberanía nacional, la protección ambiental y la constitucionalidad del proyecto, en un archipiélago reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
El ajuste legal que facilita el ingreso de vehículos militares
El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) aprobó el 27 de diciembre de 2024 en segundo debate la Reforma Parcial del Reglamento de Ingreso y Control de Vehículos y Maquinaria en Galápagos, de acuerdo a la resolución Nro. 26-CGREG-27-12-2024.
Esta reforma establece un procedimiento abreviado para la autorización del ingreso temporal de vehículos marítimos, aéreos y terrestres en el marco de proyectos de seguridad, alineándose con el Estatuto de las Fuerzas firmado con Estados Unidos.
El acuerdo entre Ecuador y EE.UU sobre el Estatuto de las Fuerzas garantiza que las aeronaves, buques y vehículos militares estadounidenses podrán entrar, salir y moverse libremente en territorio ecuatoriano, exentos de impuestos, inspecciones y tasas portuarias.
Sin embargo, la exoneración de estos costos aún no está aprobada del todo, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe emitir un pronunciamiento al respecto.
Según la resolución del CGREG del 10 de diciembre de 2024, se solicitó al MEF que determine si se eliminarán las tasas de ingreso de vehículos a la provincia de Galápagos en el marco de la cooperación internacional en materia de seguridad.
El Informe Jurídico posterior determinó que, al no existir aún una resolución del MEF sobre la exoneración de tasas, no se aprobó la inclusión de una “Disposición General Novena” en la reforma del reglamento.
Esto significa que, aunque el ingreso de vehículos militares está autorizado, aún no se ha decidido si estarán exentos de pagar tasas.
El camino hacia la militarización
La presencia militar extranjera de Estados Unidos en Ecuador no es un hecho nuevo.
Desde 1999 hasta 2009, la base de Manta funcionó como un enclave militar estadounidense bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
La no renovación del acuerdo por el entonces presidente Rafael Correa y la prohibición expresa de bases extranjeras en la Constitución de 2008 parecían cerrar esta etapa en la historia ecuatoriana.
Sin embargo, en 2018, el Gobierno de Lenín Moreno reactivó las relaciones militares con Washington.
Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, autorizó los sobrevuelos de aviones estadounidenses en la zona del Pacífico, abriendo la puerta a acuerdos de cooperación que culminarían en 2023 con la firma del Estatuto de las Fuerzas (SOFA) durante la administración de Guillermo Lasso.
Mientras que el Gobierno de Daniel Noboa ratificó estos acuerdos en febrero de 2024 y, mediante la resolución Nro. 23-CGREG-10-12-2024 del Consejo de Gobierno de Galápagos, autorizó formalmente la llegada al archipiélago de:
- Buques
- Personal militar
- Armamento
- Equipamiento
- Submarinos
- Y de ser el caso la construcción de infraestructura adicional
Además se expone que mediante el Servicio de la Guardia Costera, la Casa Blanca colabora con la Armada del Ecuador para interceptar y erradicar el tráfico ilícito de estupefacientes realizado a través de lanchas rápidas y semisumergibles desde las cercanías de Galápagos hacia países de Centroamérica.
Cabe destacar que el documento no especifica la ubicación exacta de las embarcaciones.
Sin embargo, establece que, en caso de ingreso de submarinos a la Reserva Marina de Galápagos, estos deberán permanecer a flote mientras se encuentren dentro del área protegida; bajo ninguna circunstancia se permitirá la navegación sumergida.
Mientras que el desembarco del personal de Estados Unidos en el marco de ejecución del proyecto se lo hará únicamente en las islas pobladas.
El impacto ambiental y la reacción de la comunidad
Galápagos, situada a 965 kilómetros de la costa continental ecuatoriana, es uno de los ecosistemas más frágiles y diversos del planeta.
Declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1978, su biodiversidad ha sido protegida con estrictas regulaciones ambientales.
La autorización de buques y tropas estadounidenses ha encendido las alarmas entre ambientalistas y pobladores.
“El ingreso de barcos militares y la construcción de infraestructura adicional ponen en riesgo el delicado equilibrio de la reserva marina” declaró un representante de una ONG local, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
Además, preocupa la exención de controles ambientales rigurosos a los buques militares, una disposición contemplada en el acuerdo.
La organización Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) denunció que esta medida no solo viola el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe bases militares extranjeras, sino también amenaza con “convertir a Galápagos en un territorio bajo control de Estados Unidos”.
Militarizar Galápagos
La decisión de militarizar Galápagos también ha desatado un debate sobre la soberanía nacional. El ex vicecanciller Fernando Yépez calificó el proyecto como “servilismo colonial”.
“Es inaceptable, vergonzoso, peligroso, indigno servilismo colonial. No hay conciencia de la soberanía nacional, ni de los intereses del Ecuador ni de las experiencias negativas con bases militares extranjeras, siempre de Estados Unidos», dijo.
La reforma constitucional presentada por el gobierno de Noboa en septiembre de 2024 ante la Asamblea Nacional propone eliminar el artículo que prohíbe la instalación de bases extranjeras en el país.
Aunque todavía no ha sido debatida, su sola existencia plantea un escenario de retroceso en las políticas de soberanía adoptadas en la última década, dicen los expertos.
Para muchos, la situación actual guarda paralelismos con el establecimiento de la base de Manta, cuya operación estuvo marcada por controversias y críticas por la falta de control del Estado ecuatoriano sobre las actividades estadounidenses.
Un dilema de seguridad y protección ambiental
La militarización de Galápagos, bajo el argumento de seguridad regional, coloca a Ecuador en un dilema complejo: ‘garantizar’ la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal, pero a costa de la soberanía nacional y la protección de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.
Mientras el gobierno defiende la medida como una estrategia para combatir problemas urgentes, ambientalistas y críticos políticos advierten sobre los riesgos a largo plazo.
De acuerdo con la resolución del Consejo de Gobierno de Galápagos, en el término de 90 días—que aún transcurren—se tendrá el instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos.
|
|
GALÁPAGOS: EL PORTAAVIONES INVISIBLE
Por Johnny Jara Jaramillo
Las islas Galápagos no solo son un santuario natural, sino también un punto de intersección entre tres fuerzas: la del comercio, la del poder militar y la del mito. Situadas en un triángulo entre Panamá, Colombia y el Ecuador continental, las islas se levantan como un enclave geográfico de valor incalculable: desde ellas se puede vigilar el tránsito marítimo del Pacífico, controlar rutas estratégicas y, en nombre de la seguridad, extender una sombra sobre todo el continente.
No es la primera vez que los Estados Unidos posan sus ojos sobre el archipiélago. Durante la Segunda Guerra Mundial ya se instaló una base en Baltra, bajo el pretexto de proteger el Canal de Panamá. Hoy, ochenta años después, el argumento se repite con otra máscara: el combate al narcotráfico. Pero detrás de ese discurso se esconde una lógica más amplia y silenciosa —la del reposicionamiento geopolítico de Washington en una región que empieza a moverse fuera de su órbita.
Con Colombia distanciada por la política soberana de Gustavo Petro, y con Venezuela consolidando su alianza con China y Rusia, el Ecuador se convierte en el nuevo punto de apoyo de la estrategia estadounidense. Un país debilitado, dividido, sometido a la inestabilidad económica y a la dependencia externa, ofrece el terreno perfecto para una “cooperación” que se disfraza de ayuda. En realidad, el plan no es combatir el narcotráfico, sino reconquistar el Pacífico.
Galápagos sería, entonces, el portaaviones invisible: un observatorio del comercio global, una base de control ante la creciente influencia china, y una plataforma para operaciones militares bajo el paraguas del Comando Sur. Su posición, que antes garantizaba la neutralidad del Ecuador, lo convertiría ahora en un centinela vigilado, un punto desde donde se podría intervenir —militar o políticamente— en la región.
Las consecuencias son previsibles. Un país que entrega su soberanía bajo acuerdos militares pierde, poco a poco, el control sobre su propio destino. La presencia extranjera tiende a reproducirse hacia adentro: más armas, más vigilancia, más “colaboración”. Así comienza la militarización interna, disfrazada de modernización de la seguridad.
La historia enseña que los imperios nunca retroceden: solo cambian de rostro. Y las islas, testigos del origen y de la evolución de la vida, pueden convertirse ahora en testigos de otra transformación: la del país que creyó garantizar su paz abriendo sus puertas al poder ajeno.
Galápagos, que alguna vez representó la diversidad y el equilibrio natural, podría terminar simbolizando la pérdida del equilibrio político, la entrega del territorio y la renuncia a la soberanía. El peligro no está en las bases visibles, sino en la aceptación silenciosa de su necesidad.
Porque la verdadera batalla no se libra en el mar, sino en el sentido de las palabras: cuando “cooperación” quiere decir ocupación, y “seguridad” significa obediencia.
Por Johnny Jara Jaramillo
Las islas Galápagos no solo son un santuario natural, sino también un punto de intersección entre tres fuerzas: la del comercio, la del poder militar y la del mito. Situadas en un triángulo entre Panamá, Colombia y el Ecuador continental, las islas se levantan como un enclave geográfico de valor incalculable: desde ellas se puede vigilar el tránsito marítimo del Pacífico, controlar rutas estratégicas y, en nombre de la seguridad, extender una sombra sobre todo el continente.
No es la primera vez que los Estados Unidos posan sus ojos sobre el archipiélago. Durante la Segunda Guerra Mundial ya se instaló una base en Baltra, bajo el pretexto de proteger el Canal de Panamá. Hoy, ochenta años después, el argumento se repite con otra máscara: el combate al narcotráfico. Pero detrás de ese discurso se esconde una lógica más amplia y silenciosa —la del reposicionamiento geopolítico de Washington en una región que empieza a moverse fuera de su órbita.
Con Colombia distanciada por la política soberana de Gustavo Petro, y con Venezuela consolidando su alianza con China y Rusia, el Ecuador se convierte en el nuevo punto de apoyo de la estrategia estadounidense. Un país debilitado, dividido, sometido a la inestabilidad económica y a la dependencia externa, ofrece el terreno perfecto para una “cooperación” que se disfraza de ayuda. En realidad, el plan no es combatir el narcotráfico, sino reconquistar el Pacífico.
Galápagos sería, entonces, el portaaviones invisible: un observatorio del comercio global, una base de control ante la creciente influencia china, y una plataforma para operaciones militares bajo el paraguas del Comando Sur. Su posición, que antes garantizaba la neutralidad del Ecuador, lo convertiría ahora en un centinela vigilado, un punto desde donde se podría intervenir —militar o políticamente— en la región.
Las consecuencias son previsibles. Un país que entrega su soberanía bajo acuerdos militares pierde, poco a poco, el control sobre su propio destino. La presencia extranjera tiende a reproducirse hacia adentro: más armas, más vigilancia, más “colaboración”. Así comienza la militarización interna, disfrazada de modernización de la seguridad.
La historia enseña que los imperios nunca retroceden: solo cambian de rostro. Y las islas, testigos del origen y de la evolución de la vida, pueden convertirse ahora en testigos de otra transformación: la del país que creyó garantizar su paz abriendo sus puertas al poder ajeno.
Galápagos, que alguna vez representó la diversidad y el equilibrio natural, podría terminar simbolizando la pérdida del equilibrio político, la entrega del territorio y la renuncia a la soberanía. El peligro no está en las bases visibles, sino en la aceptación silenciosa de su necesidad.
Porque la verdadera batalla no se libra en el mar, sino en el sentido de las palabras: cuando “cooperación” quiere decir ocupación, y “seguridad” significa obediencia.
29 de octubre de 2025
|
Cuando Velasco Ibarra dijo NO !!!
NO OTRA VEZ TROPAS YANQUIS EN GALÁPAGOS El domingo 7 de diciembre de 1941, el continente americano estaba consternado por el ataque japonés a Pearl Harbor. En esos días, el Ecuador vivía una gravísima crisis política. La provincia de El Oro estaba invadida por tropas peruanas; agresión con la que Lima trataba de imponer un arreglo limítrofe. Ese ataque peruano en contra de Ecuador no preocupaba mayormente en la región. Eso si, los países americanos se movilizaron rápidamente para “defender la democracia”, amenazada por el ataque nipón. En ese mismo mes, sin que el Estado ecuatoriano hubiera aún concedido oficialmente la autorización, contingentes de la marina y del ejército norteamericano ocuparon posiciones estratégicas en Baltra, en la Islas Galápagos, y también en Salinas, en la Península de Santa Elena. Recién el 24 de enero de 1942 se firmó el convenio para normalizar la presencia de tropas de los EEUU en Salinas y el 2 de febrero en Baltra. Entre estas dos fechas, con la presencia de soldados peruanos en territorio ecuatoriano y con una enorme presión panamericana, el 29 de enero de 1942, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Rio de Janeiro, con el que Ecuador perdió el acceso al Amazonas. Cuando ya se avizoraba el fin de la Guerra Mundial, los EEUU trataron de prolongar la ocupación de esas dos bases por 99 años, con un pago de 20 millones de dólares. El presidente José María Velasco Ibarra NO cedió a las pretensiones de Washington, que ofrecía recursos económicos para ayudar a solventar los graves problemas económicos existentes. Sería el primero de julio de 1946 cuando se retiraron las tropas norteamericanas. |
Las afectaciones al ambiente están documentadas: se conoce que se aplanó una montaña en Baltra; que se provocó la destrucción del hábitat de muchas especies nativas por la construcción de las pistas de aterrizaje, las carreteras y las viviendas para la tropa, así como por los ejercicios bélicos en el archipiélago, e incluso que la presencia de esas tropas contribuyó a la llegada de varias especies extrañas en ese entorno.
Al salir sus soldados dejaron desmanteladas las instalaciones militares y en escombros las construcciones, botando al mar gran parte de los equipos que no pudieron o quisieron retirar. Quedaron también los restos de varios aviones estrellados en el mar de las Galápagos, en cuyo fondo inclusive se han detectado bombas y otros instrumentos de guerra. |
|
|
|
Mediante la resolución Nro. 23-CGREG-10-12-2024, emitida el 10 de diciembre de 2024 por el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, Noboa ya autorizó la presencia de buques de guerra, embarcaciones estatales, aeronaves militares y otros equipos en las Islas Galápagos. Ya prácticamente está la base militar gringa en Baltra.
|
|