16 de septiembre de 2025
Una autopista de cocaína por el Pacífico que a Washington no le conviene ver
Rebelión Hernando Calvo Ospina
Llevaba apenas un mes en la presidencia, cuando Álvaro Uribe Vélez fue a Washington. El miércoles 25 de septiembre 2002 se reuniría con su homólogo George Bush. Cuentan que el día anterior lo llevaron, muy discretamente, al Departamento de Estado, y, que en un salón aparte, a él solito, le mostraron varias cajas que contenían informes de inteligencia y memorandos que lo relacionaban con narcotraficantes del llamado Cartel de Medellín y estructuras del paramilitarismo.
Cuando Uribe Vélez dijo haber entendido el mensaje, lo llevaron donde lo esperaban miembros de su delegación, que se asustaron por su palidez. El National Security Archive hizo públicos unos pocos de esos documentos en julio de 2004.
Si antes de ese día, en Colombia los gringos tenían gran poder, desde aquel septiembre el país quedó arrodillado, a merced de ellos, al punto que la invadieron con sus militares y transnacionales, que se apoderan de lo que quieran. Mientras toda la horrible criminalidad de Uribe fue soportada por Washington, y hasta incentivada. Quedó clarito que el narcotráfico ni su crueldad son un problema para Estados Unidos, cuando sirven a sus intereses estratégicos.
Es que Washington tiene algo muy poderoso para conseguir sus objetivos sin armas: el chantaje con la información, casi siempre personal, íntima, siempre utilizada contra sus aliados, o contra quienes quieren dejar de serlo. Porque contra los que declara enemigos o no confiables, inventa historias, sin importarle que no pueda mostrar pruebas. Ya lo dijo uno de los más grandes ideólogos de ese régimen, Henri Kissinger: «Ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser amigo es fatal».
Bush hijo, y luego Obama, hablaron maravillas de Uribe por lo «cooperador» que era con Estados Unidos, mientras la cocaína entraba a ese país como por tubo, sin dejar de felicitarse por tener una »lucha conjunta contra el narcotráfico y el terrorismo».
Durante el gobierno del presidente Biden los elogios fueron para Daniel Noboa, los que han seguido con el de Trump. Noboa, presidente de Ecuador desde noviembre 2023, nació en Miami, teniendo doble nacionalidad. Hizo estudios superiores en Estados Unidos desde el 2008 hasta el 2022, cuando regresó a su país para involucrarse en política. Su padre, Álvaro Noboa, es el hombre más rico de Ecuador y candidato presidencial en cinco ocasiones. La fortuna de la familia es debida, principalmente, a la producción y exportación de banano, con la empresa Noboa Tranding.
En Ecuador, gran productor y exportador mundial de banano, las principales empresas que lo producen y/o exportan tienen sede en Estados Unidos. Algunas de estas transnacionales funcionan con subsidiarias: UBESA, subsidiaria de Dole Food Company, principal exportadora; Reybanpac subsidiaria de Holding Favorita Fruit Company Ltd; Del Monte Fresh; y Chiquita Brands International.
La otra más importante es la ecuatoriana Noboa Trading, que posée la marca Bonita Banana. Este Grupo controla la cadena completa: producción, comercialización, producción de insumos como cajas de cartón y fertilizantes, hasta la exportación. Noboa Trading pertenece mayoritariamente a Lanfranco Holding S.A., una empresa offshore con sede en Panamá. Los verdaderos dueños y beneficiarios finales de Lanfranco, según documentos filtrados por los Pandora Papers, son Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y su hermano Juan (John) Noboa. Lanfranco Holding posee el 51% de las acciones de Noboa Trading. El otro accionista es Inmobiliaria Zeus S.A., vinculada a miembros de la familia Noboa, como el presidente Noboa.
Reportes periodísticos y estudios, como el informe de la Comisión Europea publicado en 2025, aseguran que la mayoría de la cocaína incautada en Europa venía en cargamentos de banano ecuatoriano. La Comisión asegura que el 57% de los contenedores que salieron del puerto de Guayaquil, principal puerto ecuatoriano, han traído la droga en medio de esa fruta. Más de la mitad de cocaína incautada en Ecuador, que se dirigía a Europa y Estados Unidos, se realizó en ese puerto, también transportada entre plátanos.
Por ejemplo, el mayor decomiso en la historia de España fue de 13 toneladas de cocaína ocultas en cajas de banano ecuatoriano, el 14 de octubre de 2024, en el puerto de Algeciras. El barco había partido de Guayaquil.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha señalado, en su Informe Mundial sobre Drogas 2025, que Colombia continúa siendo el epicentro de la producción de hoja de coca y cocaína. Dice que la mayor parte del tráfico de cocaína (87%) hacia Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa se moviliza por el Pacífico. Parte desde Colombia, pero principalmente sale de Ecuador. Y un 8% por el Caribe colombiano.
Aunque existen denuncias específicas que vinculan a empresas que controlan la cadena de exportación de banano en Ecuador con el tráfico de cocaína, incluyendo la Noboa Tranding, las investigaciones judiciales no han prosperado. El motivo central es porque los fiscales responsables son, curiosamente, removidos regularmente. El nuevo nombrado debe empezar casi de cero.
A pesar de ello, y repitiendo casi textual las frases de elogio que se le hacían al muy comprobado narco-paramilitar Alvaro Uribe, el 5 de septiembre pasado, el secretario de estado Marco Rubio sostuvo en Quito que Estados Unidos es uno de los grandes aliados de Ecuador en materia de seguridad, comercio y cooperación. Mientras la canciller Gabriela Sommerfeld dejó muy en claro que Ecuador está dispuesto a alinearse con las prioridades de su principal socio: «Los objetivos que se planteó el presidente Daniel Noboa para su mandato son exactamente a los que tiene el presidente Trump».
También la canciller celebró los acuerdos alcanzados con la visita del secretario de Estado, entre los que constan 13,5 millones de dólares destinados a combatir las «amenazas narcoterroristas», y otros seis millones en drones que reforzará a la Fuerza Naval. Ya en julio las Fuerzas Armadas de Ecuador habían recibido equipos tecnológicos para el control fronterizo terrestre y en altamar valorados en ocho millones de dólares, por parte de Estados Unidos, que ayudarán a «fortalecer las capacidades» militares en la lucha contra el narcotráfico, aseguró el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo.
Ante esos aportes militares, la canciller Sommerfeld dijo que Ecuador había accedido a una petición clave de Marco Rubio: recibir migrantes que sean expulsados de Estados Unidos, como «tercer país seguro», como una «muestra de agradecimiento»: «Ecuador va a apoyar a Estados Unidos en eso, es algo simbólico, algo importante para nuestro socio».
Durante la rueda de prensa, un periodista le recordó a Rubio que el informe de la agencia especializada de la ONU sobre drogas era claro en señalar que casi el 90% de la cocaína salía por el Pacífico, principalmente por el país que estaba visitando. Sin extenderse, el periodista le preguntó el por qué se hacía casi un bloqueo naval a Venezuela, cuando por allá sólo salía solo el 5%, y era cocaína que pasaba desde Colombia. No alcanzó a decirle, ni otro periodista se atrevió, que el informe de la ONU destaca que Venezuela no es un actor principal en la producción o tráfico de drogas ilícitas en la región, siendo territorio consolidado como libre de cultivos ilícitos.
Y llegaron los rayos y truenos en la respuesta de Marco Rubio: «Dicen que Venezuela no está envuelta en el tráfico de drogas porque Naciones Unidas dice que no lo está. ¡Pero no me importa lo que dice ONU! ¡Porque la ONU no sabe lo que está diciendo! Maduro está acusado por un gran jurado del distrito sur de Nueva York. (…) No existe duda de que Maduro es un narcotraficante». Así desacreditó los informes internacionales sobre el narcotráfico y justificaba las acciones unilaterales de su gobierno, en este caso militares.
Lo cierto es que hasta el día de hoy la justicia estadounidense no ha presentado ninguna prueba fehaciente contra el presidente Maduro ni contra otro alto dirigente de esa nación bolivariana.
Quizás unos 25 millones de dólares le ha entregado el régimen estadounidense al gobierno del presidente Noboa, en este 2025, para que luche contra la principal ruta del tráfico de cocaína, que, según la BBC, en el 2021 ya era «una autopista de cocaína hacia Estados Unidos y Europa».
Esos casi 25 millones de dólares deben alcanzar para que se combata a las mafias extranjeras, que incluye a grupos italianos, albaneses, colombianos y mexicanos, que han ido ocupando más territorio cada año. Y que nadie da razón de cómo ponen tantas toneladas de cocaína entre los bananos, principalmente, pues también sale entre cargas de camarones y otros productos de exportación.
Son escasos 25 millones de dólares para esa titánica labor. Mientras que para mantener el asedio militar a Venezuela, por ser, según Washington, el principal centro de la cocaína del universo y sus alrededores, se utilizan 8 acorazados, 2.400 misiles, casi 8 mil marines y hasta un submarino atómico, que cuestan al contribuyente estadounidense, cada día, entre 7 y 10 millones de dólares. Y ya llevan frente a las costas bolivarianas más de un mes, donde sólo han logrado hundir una lancha con un misil. Hagan cuentas.
Para terminar, por ahora. Cierto es que esos 25 millones de dólares bien administrados, serían muy efectivos con tan solo vigilar estrechamente a las exportadoras de banano, empezando por la empresa de ese gran «cooperador», el presidente Noboa, como lo trató Marco Rubio entre abrazos.
Y entre abrazos, a Noboa lo tienen bien agarrado. Como tuvieron a Uribe. Pobre Ecuador.
Fuente: https://venezuela-news.com/autopista-cocaina-pacifico-washington-no-conviene-ver-hernando-calvo/
Cuando Uribe Vélez dijo haber entendido el mensaje, lo llevaron donde lo esperaban miembros de su delegación, que se asustaron por su palidez. El National Security Archive hizo públicos unos pocos de esos documentos en julio de 2004.
Si antes de ese día, en Colombia los gringos tenían gran poder, desde aquel septiembre el país quedó arrodillado, a merced de ellos, al punto que la invadieron con sus militares y transnacionales, que se apoderan de lo que quieran. Mientras toda la horrible criminalidad de Uribe fue soportada por Washington, y hasta incentivada. Quedó clarito que el narcotráfico ni su crueldad son un problema para Estados Unidos, cuando sirven a sus intereses estratégicos.
Es que Washington tiene algo muy poderoso para conseguir sus objetivos sin armas: el chantaje con la información, casi siempre personal, íntima, siempre utilizada contra sus aliados, o contra quienes quieren dejar de serlo. Porque contra los que declara enemigos o no confiables, inventa historias, sin importarle que no pueda mostrar pruebas. Ya lo dijo uno de los más grandes ideólogos de ese régimen, Henri Kissinger: «Ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser amigo es fatal».
Bush hijo, y luego Obama, hablaron maravillas de Uribe por lo «cooperador» que era con Estados Unidos, mientras la cocaína entraba a ese país como por tubo, sin dejar de felicitarse por tener una »lucha conjunta contra el narcotráfico y el terrorismo».
Durante el gobierno del presidente Biden los elogios fueron para Daniel Noboa, los que han seguido con el de Trump. Noboa, presidente de Ecuador desde noviembre 2023, nació en Miami, teniendo doble nacionalidad. Hizo estudios superiores en Estados Unidos desde el 2008 hasta el 2022, cuando regresó a su país para involucrarse en política. Su padre, Álvaro Noboa, es el hombre más rico de Ecuador y candidato presidencial en cinco ocasiones. La fortuna de la familia es debida, principalmente, a la producción y exportación de banano, con la empresa Noboa Tranding.
En Ecuador, gran productor y exportador mundial de banano, las principales empresas que lo producen y/o exportan tienen sede en Estados Unidos. Algunas de estas transnacionales funcionan con subsidiarias: UBESA, subsidiaria de Dole Food Company, principal exportadora; Reybanpac subsidiaria de Holding Favorita Fruit Company Ltd; Del Monte Fresh; y Chiquita Brands International.
La otra más importante es la ecuatoriana Noboa Trading, que posée la marca Bonita Banana. Este Grupo controla la cadena completa: producción, comercialización, producción de insumos como cajas de cartón y fertilizantes, hasta la exportación. Noboa Trading pertenece mayoritariamente a Lanfranco Holding S.A., una empresa offshore con sede en Panamá. Los verdaderos dueños y beneficiarios finales de Lanfranco, según documentos filtrados por los Pandora Papers, son Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y su hermano Juan (John) Noboa. Lanfranco Holding posee el 51% de las acciones de Noboa Trading. El otro accionista es Inmobiliaria Zeus S.A., vinculada a miembros de la familia Noboa, como el presidente Noboa.
Reportes periodísticos y estudios, como el informe de la Comisión Europea publicado en 2025, aseguran que la mayoría de la cocaína incautada en Europa venía en cargamentos de banano ecuatoriano. La Comisión asegura que el 57% de los contenedores que salieron del puerto de Guayaquil, principal puerto ecuatoriano, han traído la droga en medio de esa fruta. Más de la mitad de cocaína incautada en Ecuador, que se dirigía a Europa y Estados Unidos, se realizó en ese puerto, también transportada entre plátanos.
Por ejemplo, el mayor decomiso en la historia de España fue de 13 toneladas de cocaína ocultas en cajas de banano ecuatoriano, el 14 de octubre de 2024, en el puerto de Algeciras. El barco había partido de Guayaquil.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha señalado, en su Informe Mundial sobre Drogas 2025, que Colombia continúa siendo el epicentro de la producción de hoja de coca y cocaína. Dice que la mayor parte del tráfico de cocaína (87%) hacia Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa se moviliza por el Pacífico. Parte desde Colombia, pero principalmente sale de Ecuador. Y un 8% por el Caribe colombiano.
Aunque existen denuncias específicas que vinculan a empresas que controlan la cadena de exportación de banano en Ecuador con el tráfico de cocaína, incluyendo la Noboa Tranding, las investigaciones judiciales no han prosperado. El motivo central es porque los fiscales responsables son, curiosamente, removidos regularmente. El nuevo nombrado debe empezar casi de cero.
A pesar de ello, y repitiendo casi textual las frases de elogio que se le hacían al muy comprobado narco-paramilitar Alvaro Uribe, el 5 de septiembre pasado, el secretario de estado Marco Rubio sostuvo en Quito que Estados Unidos es uno de los grandes aliados de Ecuador en materia de seguridad, comercio y cooperación. Mientras la canciller Gabriela Sommerfeld dejó muy en claro que Ecuador está dispuesto a alinearse con las prioridades de su principal socio: «Los objetivos que se planteó el presidente Daniel Noboa para su mandato son exactamente a los que tiene el presidente Trump».
También la canciller celebró los acuerdos alcanzados con la visita del secretario de Estado, entre los que constan 13,5 millones de dólares destinados a combatir las «amenazas narcoterroristas», y otros seis millones en drones que reforzará a la Fuerza Naval. Ya en julio las Fuerzas Armadas de Ecuador habían recibido equipos tecnológicos para el control fronterizo terrestre y en altamar valorados en ocho millones de dólares, por parte de Estados Unidos, que ayudarán a «fortalecer las capacidades» militares en la lucha contra el narcotráfico, aseguró el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo.
Ante esos aportes militares, la canciller Sommerfeld dijo que Ecuador había accedido a una petición clave de Marco Rubio: recibir migrantes que sean expulsados de Estados Unidos, como «tercer país seguro», como una «muestra de agradecimiento»: «Ecuador va a apoyar a Estados Unidos en eso, es algo simbólico, algo importante para nuestro socio».
Durante la rueda de prensa, un periodista le recordó a Rubio que el informe de la agencia especializada de la ONU sobre drogas era claro en señalar que casi el 90% de la cocaína salía por el Pacífico, principalmente por el país que estaba visitando. Sin extenderse, el periodista le preguntó el por qué se hacía casi un bloqueo naval a Venezuela, cuando por allá sólo salía solo el 5%, y era cocaína que pasaba desde Colombia. No alcanzó a decirle, ni otro periodista se atrevió, que el informe de la ONU destaca que Venezuela no es un actor principal en la producción o tráfico de drogas ilícitas en la región, siendo territorio consolidado como libre de cultivos ilícitos.
Y llegaron los rayos y truenos en la respuesta de Marco Rubio: «Dicen que Venezuela no está envuelta en el tráfico de drogas porque Naciones Unidas dice que no lo está. ¡Pero no me importa lo que dice ONU! ¡Porque la ONU no sabe lo que está diciendo! Maduro está acusado por un gran jurado del distrito sur de Nueva York. (…) No existe duda de que Maduro es un narcotraficante». Así desacreditó los informes internacionales sobre el narcotráfico y justificaba las acciones unilaterales de su gobierno, en este caso militares.
Lo cierto es que hasta el día de hoy la justicia estadounidense no ha presentado ninguna prueba fehaciente contra el presidente Maduro ni contra otro alto dirigente de esa nación bolivariana.
Quizás unos 25 millones de dólares le ha entregado el régimen estadounidense al gobierno del presidente Noboa, en este 2025, para que luche contra la principal ruta del tráfico de cocaína, que, según la BBC, en el 2021 ya era «una autopista de cocaína hacia Estados Unidos y Europa».
Esos casi 25 millones de dólares deben alcanzar para que se combata a las mafias extranjeras, que incluye a grupos italianos, albaneses, colombianos y mexicanos, que han ido ocupando más territorio cada año. Y que nadie da razón de cómo ponen tantas toneladas de cocaína entre los bananos, principalmente, pues también sale entre cargas de camarones y otros productos de exportación.
Son escasos 25 millones de dólares para esa titánica labor. Mientras que para mantener el asedio militar a Venezuela, por ser, según Washington, el principal centro de la cocaína del universo y sus alrededores, se utilizan 8 acorazados, 2.400 misiles, casi 8 mil marines y hasta un submarino atómico, que cuestan al contribuyente estadounidense, cada día, entre 7 y 10 millones de dólares. Y ya llevan frente a las costas bolivarianas más de un mes, donde sólo han logrado hundir una lancha con un misil. Hagan cuentas.
Para terminar, por ahora. Cierto es que esos 25 millones de dólares bien administrados, serían muy efectivos con tan solo vigilar estrechamente a las exportadoras de banano, empezando por la empresa de ese gran «cooperador», el presidente Noboa, como lo trató Marco Rubio entre abrazos.
Y entre abrazos, a Noboa lo tienen bien agarrado. Como tuvieron a Uribe. Pobre Ecuador.
Fuente: https://venezuela-news.com/autopista-cocaina-pacifico-washington-no-conviene-ver-hernando-calvo/
19 de septiembre de 2025
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Rusia incauta cargamento de cocaína récord proveniente de Ecuador en barco que transportaba plátanos.
Las autoridades rusas anunciaron este viernes la incautación del mayor cargamento de cocaína en la historia del país, un alijo masivo de más de 1.7 toneladas. El Servicio Federal de Seguridad informó que la droga, valorada en unos 240 millones de dólares, llegó a bordo de un buque procedente de Ecuador que transportaba plátanos, de la compañía Cool Emerald. |
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Rutas de la droga identificadas por la misma DEA. Venezuela y Cuba no están en esas rutas. (Rybar)
Declaraciones de Pablo Beltrán entre finales de agosto y principios de septiembre de 2025
El retorno del imperialismo de la guerra contra las drogas
La prioridad de Trump no son las drogas. Son los recursos de América Latina.
AntiWar.com Por Edward Hunt
La administración Trump está intensificando las guerras antidrogas de Estados Unidos en América Latina como una cobertura para el imperialismo.
Mientras la administración dirige un despliegue militar en el Caribe, matando a personas a quienes afirma que son narcotraficantes, se prepara para intervenir en países latinoamericanos con el propósito de abrir sus mercados a las empresas estadounidenses. La prioridad de la administración es acceder a los recursos de América Latina, un enfoque central de su política exterior, tal como lo han indicado los funcionarios de más alto nivel.
“Cada vez más, en tema geopolítico tras tema geopolítico, el acceso a materias primas y a la capacidad industrial está en el núcleo tanto de las decisiones que estamos tomando como de las áreas que estamos priorizando”, dijo en junio el secretario de Estado Marco Rubio.
Imperialismo de la guerra contra las drogas
Una de las principales contribuciones de Estados Unidos a la historia del imperialismo es el imperialismo de la guerra contra las drogas. Desarrollado como parte de la llamada “guerra contra las drogas”, que la administración Nixon comenzó en la década de 1970 y que la administración Reagan expandió en los años 1980, el imperialismo de la guerra contra las drogas ha sido uno de los principales medios mediante los cuales Estados Unidos ha intervenido en América Latina.
A fines de los 80, Estados Unidos estableció el estándar de este tipo de imperialismo en Panamá. Tras desacreditar a Manuel Noriega con cargos de narcotráfico, funcionarios en Washington organizaron una intervención militar para destituir al gobernante panameño.
Bajo la dirección de la administración de George H. W. Bush, el ejército estadounidense invadió Panamá, capturó a Noriega y lo llevó a Estados Unidos, donde fue juzgado, condenado e encarcelado por cargos de drogas. Los funcionarios estadounidenses presentaron la operación como parte de la guerra contra las drogas, pero su preocupación principal era instalar un gobierno afín que actuara en beneficio de los intereses de EEUU, Washington valoraba Panamá por su ubicación y por el Canal de Panamá, un nodo crítico para el comercio estadounidense.
En las décadas siguientes, Estados Unidos ejerció otras formas de imperialismo antidrogas en América Latina. En el año 2000, la administración de Bill Clinton implementó el Plan Colombia, un programa de apoyo militar estadounidense al gobierno colombiano. Se presentó como un programa de lucha contra el narcotráfico, pero su objetivo real fue fortalecer al ejército colombiano en su guerra contra los revolucionarios de izquierda, en especial las FARC.
En 2007, la administración de George W. Bush impulsó un programa similar en México. Con la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense permitió que México intensificara su guerra contra los cárteles. Washington vio el programa como una manera de estrechar lazos con el ejército mexicano y enfrentar a los narcotraficantes, quienes dificultaban el funcionamiento de las empresas estadounidenses en el país.
Múltiples administraciones enfrentaron fuertes críticas por estos programas, especialmente a medida que la violencia relacionada con las drogas aumentó en Colombia y México. Una comisión de la verdad en Colombia estimó que 450.000 personas fueron asesinadas en ese país entre 1985 y 2018, con el 80 % de las víctimas siendo civiles. En México, ha habido cientos de miles de muertes relacionadas con las drogas, con cifras que siguen aumentando en decenas de miles cada año.
Aunque la mayoría de los funcionarios estadounidenses insistieron en que las organizaciones criminales latinoamericanas eran responsables de la violencia, algunos empezaron a cuestionar el enfoque de Washington. Se preguntaban si las guerras antidrogas respaldadas por EEUU no estaban ignorando las causas de fondo, como la demanda estadounidense de drogas.
“Como estadounidenses deberíamos avergonzarnos de que hayamos hecho casi nada para controlar la demanda de drogas”, dijo en 2017 John Kelly, secretario de Seguridad Nacional. “Y señalamos con el dedo a la gente del sur y les decimos que deben hacer más contra la producción y el tráfico de drogas.”
En años recientes, algunos críticos incluso han calificado las guerras antidrogas como un fracaso. Décadas de operaciones militares patrocinadas por Estados Unidos, señalaron, han traído una violencia terrible a América Latina sin detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
“Las drogas siguen fluyendo, y estadounidenses y latinoamericanos siguen muriendo”, dijo Shannon O’Neil, quien presidió una comisión de política antidrogas mandatada por el Congreso, en 2020. “Algo no está funcionando.”
El abrazo de Trump al imperialismo de la guerra contra las drogas
A pesar de reconocer en Washington que las guerras antidrogas no combaten las drogas, la administración Trump las está usando para justificar operaciones militares en toda América Latina.
La Casa Blanca sentó las bases para una versión intensificada del imperialismo antidrogas poco después de asumir el cargo. El primer día, Trump emitió una orden ejecutiva designando a los cárteles como organizaciones terroristas, afirmando que “representan una amenaza inusual y extraordinaria” y declarando una emergencia nacional. El Departamento de Estado rápidamente siguió etiquetando a los cárteles y otras organizaciones criminales como terroristas.
En julio, Trump ordenó en secreto al Pentágono comenzar a atacar a los cárteles.
A principios de este mes, el ejército estadounidense comenzó a implementar esas órdenes lanzando un ataque con dron contra una lancha rápida en el Caribe con 11 personas a bordo. Los funcionarios acusaron a los pasajeros de ser narcotraficantes venezolanos, pero los críticos cuestionaron la versión de la administración y calificaron sus acciones de ilegales. Algunos incluso acusaron al gobierno de asesinato.
Trump y Rubio desacreditaron la justificación al dar versiones distintas sobre el destino de la lancha. Mientras Rubio decía que se dirigía a Trinidad, Trump aseguró que iba a Estados Unidos. Luego Rubio cambió su historia para coincidir con la del presidente.
Los críticos también han puesto en duda que las acciones respondan a preocupaciones genuinas por las drogas. Uno de sus argumentos principales es que la participación de Venezuela en el narcotráfico ha sido exagerada.
Cuando Rubio fue cuestionado sobre el ataque, desestimó informes que minimizaban el rol de Venezuela, incluidos los de Naciones Unidas. “No me importa lo que diga la ONU”, respondió.
Trump mostró el mismo desdén al anunciar en redes sociales, el lunes, que había ordenado otro ataque contra un barco en el Caribe, donde murieron tres personas. “¡ESTÉN ADVERTIDOS!”, escribió. “¡LOS ESTAMOS CAZANDO!”
Durante años, de hecho, varios altos funcionarios de la administración Trump han estado ansiosos de que EEUU desempeñe un papel más agresivo en América Latina, no para contrarrestar drogas, sino para obtener acceso a los recursos de la región.
Es sabido que Trump valora a Venezuela por albergar las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
“Ese es el país con el que deberíamos ir a la guerra”, habría dicho en 2017. “Tienen todo ese petróleo y están justo en nuestra puerta trasera.”
Varios altos funcionarios de su primera administración compartían esa visión. En 2018, el entonces secretario de Defensa James Mattis comentó que los líderes venezolanos “se sientan sobre enormes reservas de petróleo.”
Cuando en 2019 la administración Trump respaldó a la oposición venezolana en un intento fallido de derrocar al gobierno, varios funcionarios presumieron del potencial del petróleo venezolano como un beneficio para los inversionistas estadounidenses.
“Es un país con un recurso increíble de petróleo, el mayor del mundo”, dijo entonces Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela. “Con un cambio de liderazgo y de política económica, habrá mucha gente lista para invertir, y creo que el Banco Mundial y el FMI estarán listos para ayudar a encender ese motor.”
Desde que inició su segundo mandato, Trump ha seguido pensando en el petróleo venezolano, aun cuando ha cambiado el personal de su administración.
“Vas a tener a un tipo sentado sobre mucho petróleo bajo sus pies”, dijo en febrero, refiriéndose a Nicolás Maduro. “Esa no es una buena situación.”
Motivos ulteriores
Mientras la administración Trump ha avanzado con la expansión de las operaciones militares en el Caribe, con especial atención en Venezuela, ha usado un argumento familiar. Al igual que gobiernos anteriores, ha afirmado que va a la guerra contra las drogas.
“Desde el primer día de mi administración declaramos una guerra total contra los vendedores, contrabandistas, traficantes y cárteles”, dijo Trump en julio, refiriéndose a su orden ejecutiva de designarlos como organizaciones terroristas.
Los funcionarios han respaldado este enfoque. Rubio, al frente, ha insistido en la necesidad de acciones militares contra los narcotraficantes.
“El presidente de Estados Unidos va a librar una guerra contra las organizaciones narcoterroristas”, declaró este mes.
Aun así, los propios funcionarios han dado señales de motivos ulteriores. Rubio ha reconocido que busca crear condiciones que permitan operar mejor a las empresas estadounidenses en América Latina.
“Es casi imposible atraer inversión extranjera a un país sin seguridad”, dijo en una visita reciente a Ecuador, donde reconoció negociaciones en curso sobre un acuerdo comercial y una base militar.
En efecto, la administración Trump ha dejado claro que se centra en crear nuevas oportunidades para las empresas e inversionistas estadounidenses en la región. Preocupada por el acercamiento de los países latinoamericanos a China, está usando las drogas como excusa para un papel más agresivo en América Latina.
En resumen, lo que hace la administración Trump es librar una guerra contra las drogas como cobertura para abrir los mercados latinoamericanos a las empresas estadounidenses. Siguiendo un libreto ya conocido, está implementando el imperialismo de la guerra contra las drogas.
Mientras la administración dirige un despliegue militar en el Caribe, matando a personas a quienes afirma que son narcotraficantes, se prepara para intervenir en países latinoamericanos con el propósito de abrir sus mercados a las empresas estadounidenses. La prioridad de la administración es acceder a los recursos de América Latina, un enfoque central de su política exterior, tal como lo han indicado los funcionarios de más alto nivel.
“Cada vez más, en tema geopolítico tras tema geopolítico, el acceso a materias primas y a la capacidad industrial está en el núcleo tanto de las decisiones que estamos tomando como de las áreas que estamos priorizando”, dijo en junio el secretario de Estado Marco Rubio.
Imperialismo de la guerra contra las drogas
Una de las principales contribuciones de Estados Unidos a la historia del imperialismo es el imperialismo de la guerra contra las drogas. Desarrollado como parte de la llamada “guerra contra las drogas”, que la administración Nixon comenzó en la década de 1970 y que la administración Reagan expandió en los años 1980, el imperialismo de la guerra contra las drogas ha sido uno de los principales medios mediante los cuales Estados Unidos ha intervenido en América Latina.
A fines de los 80, Estados Unidos estableció el estándar de este tipo de imperialismo en Panamá. Tras desacreditar a Manuel Noriega con cargos de narcotráfico, funcionarios en Washington organizaron una intervención militar para destituir al gobernante panameño.
Bajo la dirección de la administración de George H. W. Bush, el ejército estadounidense invadió Panamá, capturó a Noriega y lo llevó a Estados Unidos, donde fue juzgado, condenado e encarcelado por cargos de drogas. Los funcionarios estadounidenses presentaron la operación como parte de la guerra contra las drogas, pero su preocupación principal era instalar un gobierno afín que actuara en beneficio de los intereses de EEUU, Washington valoraba Panamá por su ubicación y por el Canal de Panamá, un nodo crítico para el comercio estadounidense.
En las décadas siguientes, Estados Unidos ejerció otras formas de imperialismo antidrogas en América Latina. En el año 2000, la administración de Bill Clinton implementó el Plan Colombia, un programa de apoyo militar estadounidense al gobierno colombiano. Se presentó como un programa de lucha contra el narcotráfico, pero su objetivo real fue fortalecer al ejército colombiano en su guerra contra los revolucionarios de izquierda, en especial las FARC.
En 2007, la administración de George W. Bush impulsó un programa similar en México. Con la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense permitió que México intensificara su guerra contra los cárteles. Washington vio el programa como una manera de estrechar lazos con el ejército mexicano y enfrentar a los narcotraficantes, quienes dificultaban el funcionamiento de las empresas estadounidenses en el país.
Múltiples administraciones enfrentaron fuertes críticas por estos programas, especialmente a medida que la violencia relacionada con las drogas aumentó en Colombia y México. Una comisión de la verdad en Colombia estimó que 450.000 personas fueron asesinadas en ese país entre 1985 y 2018, con el 80 % de las víctimas siendo civiles. En México, ha habido cientos de miles de muertes relacionadas con las drogas, con cifras que siguen aumentando en decenas de miles cada año.
Aunque la mayoría de los funcionarios estadounidenses insistieron en que las organizaciones criminales latinoamericanas eran responsables de la violencia, algunos empezaron a cuestionar el enfoque de Washington. Se preguntaban si las guerras antidrogas respaldadas por EEUU no estaban ignorando las causas de fondo, como la demanda estadounidense de drogas.
“Como estadounidenses deberíamos avergonzarnos de que hayamos hecho casi nada para controlar la demanda de drogas”, dijo en 2017 John Kelly, secretario de Seguridad Nacional. “Y señalamos con el dedo a la gente del sur y les decimos que deben hacer más contra la producción y el tráfico de drogas.”
En años recientes, algunos críticos incluso han calificado las guerras antidrogas como un fracaso. Décadas de operaciones militares patrocinadas por Estados Unidos, señalaron, han traído una violencia terrible a América Latina sin detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
“Las drogas siguen fluyendo, y estadounidenses y latinoamericanos siguen muriendo”, dijo Shannon O’Neil, quien presidió una comisión de política antidrogas mandatada por el Congreso, en 2020. “Algo no está funcionando.”
El abrazo de Trump al imperialismo de la guerra contra las drogas
A pesar de reconocer en Washington que las guerras antidrogas no combaten las drogas, la administración Trump las está usando para justificar operaciones militares en toda América Latina.
La Casa Blanca sentó las bases para una versión intensificada del imperialismo antidrogas poco después de asumir el cargo. El primer día, Trump emitió una orden ejecutiva designando a los cárteles como organizaciones terroristas, afirmando que “representan una amenaza inusual y extraordinaria” y declarando una emergencia nacional. El Departamento de Estado rápidamente siguió etiquetando a los cárteles y otras organizaciones criminales como terroristas.
En julio, Trump ordenó en secreto al Pentágono comenzar a atacar a los cárteles.
A principios de este mes, el ejército estadounidense comenzó a implementar esas órdenes lanzando un ataque con dron contra una lancha rápida en el Caribe con 11 personas a bordo. Los funcionarios acusaron a los pasajeros de ser narcotraficantes venezolanos, pero los críticos cuestionaron la versión de la administración y calificaron sus acciones de ilegales. Algunos incluso acusaron al gobierno de asesinato.
Trump y Rubio desacreditaron la justificación al dar versiones distintas sobre el destino de la lancha. Mientras Rubio decía que se dirigía a Trinidad, Trump aseguró que iba a Estados Unidos. Luego Rubio cambió su historia para coincidir con la del presidente.
Los críticos también han puesto en duda que las acciones respondan a preocupaciones genuinas por las drogas. Uno de sus argumentos principales es que la participación de Venezuela en el narcotráfico ha sido exagerada.
Cuando Rubio fue cuestionado sobre el ataque, desestimó informes que minimizaban el rol de Venezuela, incluidos los de Naciones Unidas. “No me importa lo que diga la ONU”, respondió.
Trump mostró el mismo desdén al anunciar en redes sociales, el lunes, que había ordenado otro ataque contra un barco en el Caribe, donde murieron tres personas. “¡ESTÉN ADVERTIDOS!”, escribió. “¡LOS ESTAMOS CAZANDO!”
Durante años, de hecho, varios altos funcionarios de la administración Trump han estado ansiosos de que EEUU desempeñe un papel más agresivo en América Latina, no para contrarrestar drogas, sino para obtener acceso a los recursos de la región.
Es sabido que Trump valora a Venezuela por albergar las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
“Ese es el país con el que deberíamos ir a la guerra”, habría dicho en 2017. “Tienen todo ese petróleo y están justo en nuestra puerta trasera.”
Varios altos funcionarios de su primera administración compartían esa visión. En 2018, el entonces secretario de Defensa James Mattis comentó que los líderes venezolanos “se sientan sobre enormes reservas de petróleo.”
Cuando en 2019 la administración Trump respaldó a la oposición venezolana en un intento fallido de derrocar al gobierno, varios funcionarios presumieron del potencial del petróleo venezolano como un beneficio para los inversionistas estadounidenses.
“Es un país con un recurso increíble de petróleo, el mayor del mundo”, dijo entonces Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela. “Con un cambio de liderazgo y de política económica, habrá mucha gente lista para invertir, y creo que el Banco Mundial y el FMI estarán listos para ayudar a encender ese motor.”
Desde que inició su segundo mandato, Trump ha seguido pensando en el petróleo venezolano, aun cuando ha cambiado el personal de su administración.
“Vas a tener a un tipo sentado sobre mucho petróleo bajo sus pies”, dijo en febrero, refiriéndose a Nicolás Maduro. “Esa no es una buena situación.”
Motivos ulteriores
Mientras la administración Trump ha avanzado con la expansión de las operaciones militares en el Caribe, con especial atención en Venezuela, ha usado un argumento familiar. Al igual que gobiernos anteriores, ha afirmado que va a la guerra contra las drogas.
“Desde el primer día de mi administración declaramos una guerra total contra los vendedores, contrabandistas, traficantes y cárteles”, dijo Trump en julio, refiriéndose a su orden ejecutiva de designarlos como organizaciones terroristas.
Los funcionarios han respaldado este enfoque. Rubio, al frente, ha insistido en la necesidad de acciones militares contra los narcotraficantes.
“El presidente de Estados Unidos va a librar una guerra contra las organizaciones narcoterroristas”, declaró este mes.
Aun así, los propios funcionarios han dado señales de motivos ulteriores. Rubio ha reconocido que busca crear condiciones que permitan operar mejor a las empresas estadounidenses en América Latina.
“Es casi imposible atraer inversión extranjera a un país sin seguridad”, dijo en una visita reciente a Ecuador, donde reconoció negociaciones en curso sobre un acuerdo comercial y una base militar.
En efecto, la administración Trump ha dejado claro que se centra en crear nuevas oportunidades para las empresas e inversionistas estadounidenses en la región. Preocupada por el acercamiento de los países latinoamericanos a China, está usando las drogas como excusa para un papel más agresivo en América Latina.
En resumen, lo que hace la administración Trump es librar una guerra contra las drogas como cobertura para abrir los mercados latinoamericanos a las empresas estadounidenses. Siguiendo un libreto ya conocido, está implementando el imperialismo de la guerra contra las drogas.
Edward Hunt escribe sobre guerra e imperio. Tiene un doctorado en Estudios Estadounidenses del College of William & Mary. Reimpreso con autorización de Foreign Policy In Focus.
22 d septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025
30 de septiembre de 2025
1 de octubre de 2025
19 de octubre de 2025
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Trump arremete contra el presidente colombiano Gustavo Petro.
Trump: El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta firmemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EEUU que no son más que una estafa a largo plazo. A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, NI CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O SUBSIDIOS, YA NO SE REALIZARÁN A COLOMBIA. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud nueva hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será por las buenas. 
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Mensaje del presidente Gustavo Petro el día de ayer en relación a los ataques de Trump contra civiles en el Caribe.
"Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela y Guyana, la codicia petrolera es la que está detrás de los misiles sobre pescadores. Hay pescadores de Trinidad y Tobago que murieron asesinados. Hay un video de una lancha con los motores levantado y que estaba quieta, a la que le cayó un misil. Hay pescadores jóvenes que salieron de sus casa en Santa Marta y no han vuelto, sus familiares los están buscando. Le pido a quienes tengan familiares que no estén retornando donde hay puertos que avisen a las autoridades. Colombia aprobó la resolución de que toda política de drogas debe estar sujeta al DDHH. El Almirante Alvin de EEUU, si renunció porque no quiere ser cómplice de un crimen de guerra, bienvenido". |
20 de octubre de 2025
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El discurso de Trump es muy distinto a la realidad
Mientras Donald Trump estigmatiza a los migrantes, señalándolos de ser los responsables de agravar la crisis de droga en Estados Unidos, los datos del gobierno federal lo contradicen. Cuatro de cada cinco narcotraficantes condenados eran ciudadanos estadounidenses, según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos durante el año fiscal 2024. “Los estadounidenses predominan en todas las condenas por tráfico de drogas, no solo por fentanilo”, explica el CATO Institute, que analizó las estadísticas. Los ciudadanos estadounidenses representaron el 78 % de estas condenas a nivel nacional. Trump ordenó realizar acciones militares y bombardeos en aguas cercanas al territorio venezolano con el argumento —sin sustento ni pruebas— de combatir a los cárteles del narcotráfico. |
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