Aportes al proyecto de
Código Orgánico Integral Penal
en la lucha contra la delincuencia organizada
Holger Paúl Córdova Vinueza
Junio 2013
Junio 2013
El debate actual sobre el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP) ofrece varias oportunidades a la sociedad para plantear otras respuestas y asumir las alternativas necesarias sobre temas de gran importancia como el combate a la delincuencia organizada.
No es posible pensar que este propósito se agota con reformas o con un nuevo código sustantivo. Se debe considerar que es necesario diseñar una arquitectura de políticas públicas contra la delincuencia organizada, acompañadas de dos aspectos cruciales, que sin su realización el esfuerzo queda incompleto, y son los siguientes: a) Fortalecer el sistema penal para definir un modelo de gestión en el que sus operadores y actores cuenten con herramientas procesales simples para efectivizar sus esfuerzos en atender eficazmente todos los delitos relacionados para enfrentar la delincuencia organizada; y, b) Aprobar, en el corto plazo, una ley contra la delincuencia organizada, en el que se puedan establecer aspectos relevantes como las atribuciones institucionales, sistemas, instrumentos de política pública y metodologías para la investigación y procesamiento de los delitos cometidos por este tipo de delincuencia –por ejemplo, 1) Las articulaciones institucionales de una unidad especializada en investigar el manejo de recursos financieros de grupos delincuenciales organizados; 2) Los procedimientos para prevenir el uso ilícito de esos recursos; 3) La definición de modalidades operativas que respondan a estos tiempos para facilitar las investigaciones. Así como las coordinaciones necesarias con la legislación penal para robustecer las formas de sanción y ejecución de las penas. |
Esta ley deberá tener la debida precaución de no caer en afectaciones a derechos de eventuales víctimas y procesados que puedan pertenecer al citado orden criminal, o en facultades discrecionales que desnaturalicen el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como ha sido el caso de la experiencia mexicana. El desafío está en avanzar hacia una ley especial, que no vaya a crear la sensación de amenaza constante en la sociedad, sino de generar los instrumentos institucionales y sustantivos necesarios para encontrar y demostrar la peligrosidad criminal de todos quienes son investigados.
En consecuencia, la lucha contra la delincuencia organizada no se reduce solamente a las modificaciones que se puedan incluir en el COIP. Pero si conviene precisar que los nuevos tipos penales, la revisión de los actuales y su fortalecimiento deben girar en torno a buscar respuestas efectivas y un mejor funcionamiento del sistema procesal penal con relación al carácter constitucional del Estado, los derechos y garantías de los ciudadanos, pero también asumir que el nuevo Código pueda aportar mejores condiciones a las políticas públicas para enfrentar el fenómeno delincuencial organizado y sus consideraciones de orden criminológico, social, económico y hasta político, que deben tener presentes esas políticas para una mejor implementación. Por aquello, es indispensable proponer que este nuevo instrumento legal pueda encontrar visiones integrales para facilitar y cooperar con las políticas públicas en materia de seguridad y derechos humanos, que cuentan como uno de sus objetivos la lucha contra el crimen organizado, que requiere respuestas sistémicas y no fragmentadas. El proyecto de COIP contiene ciertos avances en la lucha contra la delincuencia organizada, sobre lo cual no voy a detenerme en esta ocasión, sino en proponer algunas observaciones sobre los aspectos pendientes que contribuyan a ese objetivo. 
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