Comandos ecuatorianos entrenan en Israel
NOTA CENAE: De acuerdo a nuestras averiguaciones, la nota de este medio israelí -Aurora- "Comandos ecuatorianos entrenan en Israel" está sobredimensionada. La relación establecida entre Israel y las FF.AA ecuatorianas NO tiene caracter político-estratégico y se reduce a un nexo técnico con proveedores de material especializado para unidades de Fuerzas Especiales, de por medio intereses del complejo militar-industrial.
En este caso un pequeño grupo de Fuerzas Especiales ecuatorianas están probando el mencionado material. (15/septiembre/2019)
En este caso un pequeño grupo de Fuerzas Especiales ecuatorianas están probando el mencionado material. (15/septiembre/2019)
Aurora 12 de septiembre de 2019
Marine ecuatoriano en maniobras Foto: John Rivera Departamento de Defensa de EE.UU. Wikimedia Domino Público
Fuerzas especiales ecuatorianas se entrenan en Israel en el marco de un reacercamiento discreto entre los estamentos de seguridad de ambos países, que busca la modernización de las Fuerzas Armadas y que restaura, de facto, la estrecha colaboración que tuvieron hace más de dos décadas.
Las fuerzas especiales que están recibiendo entrenamiento son grupos de lucha "antiterrorista", con el fin de potenciar sus habilidades de cara a amenazas futuras y reforzar capacidades para evitar sucesos como los del año pasado en los que un grupo disidente de las FARC mató a cuatro militares y cinco civiles en una cadena de atentados y secuestros.
"Con el ejemplo de lo que ocurrió, tenemos que prepararnos para el futuro", dijo en entrevista el ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, quien precisó que se trata de cursos de "prevención de terrorismo".
Con ese fin, "unidades elite del Ejército" se entrenan "en España e Israel", un país este último con el que se habían roto las relaciones de seguridad en 2010.
El deterioro comenzó a raíz del abordaje a una flotilla de activistas turcos que se dirigía a Gaza y se agravó en 2014, con la última guerra entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamás, eventos que llevaron al entonces presidente, Rafael Correa, a llamar a consultas a su embajador.
Pero Ecuador vive "ahora un ambiente de cooperación internacional que antes no existía", según Jarrín, en el que "la política gubernamental es de apertura a los países (..) que corresponden", y destacó la cooperación con "Inglaterra, España, Israel, EE.UU. y China".
"Hemos realizado cursos de especialización, estamos formando unidades que nos permitan desempeñarnos en situaciones de crimen organizado que se desarrollen con terrorismo", precisó sobre los cursos en España e Israel.
Desde los ataques del grupo disidente de las FARC Oliver Sinisterra en la primera mitad de 2018, Ecuador ha volcado todos sus esfuerzos en proteger su frontera norte -para impedir el narcotráfico- y vigilar su espacio marítimo por el que sale la droga, así como la pesca ilegal.
Para ello ha requerido asistencia de diversos países, proceso en el que se enmarca la reanudación de sus relaciones de seguridad con Israel.
"En el último año se ha producido una mejoría en la relación entre nuestro estamento militar y el de Ecuador. Este cambio representa una aspecto más de la mejoría general de las relaciones bilaterales", confirmó la Embajada israelí en Quito.
Y agregó que sus relaciones son "históricas", y que, "a lo largo de los años" han "cooperado en muchos campos, tanto en los civiles como en los militares".
Otras fuentes oficiales israelíes describieron la existencia de una "floreciente relación" con el país andino, aunque declinaron entrar en detalles por secreto militar y porque se trata de un "fenómeno incipiente".
Pero destacan que, en el último año, Ecuador ha adquirido sistemas de defensa israelíes por "hasta 30 millones de dólares" y se ha puesto fin a la crisis bilateral durante los últimos siete años del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Así lo constata también la ficha de Israel en el Ministerio de Exteriores ecuatoriano: "En la actualidad los temas de cooperación bilateral más relevantes son los relativos al desarrollo agrícola, ciberseguridad y defensa".
El apoyo en ciberseguridad fue desvelado el pasado abril, después de que Ecuador sufriera un ataque cibernético tras poner fin al asilo del fundador de Wikileaks, Julian Assange, aunque dos meses antes Jarrín ya había notificado que se esperaba un cargamento de municiones desde Israel para las fuerzas en la frontera con Colombia.
La última adquisición ecuatoriana a Israel data de 2009: seis drones de reconocimiento marítimo a las IAI que quedaron inoperativos y cuya rehabilitación fue planteada a Israel, el año pasado, como una suerte de "condición" para cualquier relación futura.
"Están en funcionamiento ya, los pusimos en operación", confirmó Jarrín.
Después de esa venta, el Ministerio israelí de Defensa decretó un "embargo" a Ecuador ante el temor de que sus sistemas cayeran en manos de Irán a través de la estrecha alianza ideológica que Correa mantenía con Venezuela.
Una restricción levantada recientemente para toda una gama de productos, aunque "sigue vigente para los más clasificados" de tecnología avanzada, según fuentes israelíes.
Canalizado a través de sus Fuerzas Armadas y de empresas privadas, en el reacercamiento ha sido crucial el nombramiento en 2018 de Jarrín, un ex general que tuvo formación académica en Israel y que fue director de operaciones en la guerra del Cenepa en 1995.
Tras aquella contienda, aún en medio del embargo internacional a las partes beligerantes, Israel repuso componentes y misiles a Ecuador para sus aviones Kfir.
También ha influido el acercamiento a Washington del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien, sin embargo, se abstuvo de convocar al representante israelí a una reunión en abril de 2018 con embajadores extranjeros para pedirles ayuda por el deterioro de la seguridad en la frontera norte.
Con Israel, las diligencias fueron mucho más discretas, pero "no son pocos" los representantes israelíes de la seguridad que han visitado Ecuador este último año o que, incluso, han habilitado algún tipo de representación en Quito.
Un ejemplo, y no es el único, fue la participación de una docena de firmas israelíes en la modesta "Primera Feria de Desarrollo Tecnológico para la Defensa", celebrada en junio en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. EFE y Aurora
Las fuerzas especiales que están recibiendo entrenamiento son grupos de lucha "antiterrorista", con el fin de potenciar sus habilidades de cara a amenazas futuras y reforzar capacidades para evitar sucesos como los del año pasado en los que un grupo disidente de las FARC mató a cuatro militares y cinco civiles en una cadena de atentados y secuestros.
"Con el ejemplo de lo que ocurrió, tenemos que prepararnos para el futuro", dijo en entrevista el ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, quien precisó que se trata de cursos de "prevención de terrorismo".
Con ese fin, "unidades elite del Ejército" se entrenan "en España e Israel", un país este último con el que se habían roto las relaciones de seguridad en 2010.
El deterioro comenzó a raíz del abordaje a una flotilla de activistas turcos que se dirigía a Gaza y se agravó en 2014, con la última guerra entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamás, eventos que llevaron al entonces presidente, Rafael Correa, a llamar a consultas a su embajador.
Pero Ecuador vive "ahora un ambiente de cooperación internacional que antes no existía", según Jarrín, en el que "la política gubernamental es de apertura a los países (..) que corresponden", y destacó la cooperación con "Inglaterra, España, Israel, EE.UU. y China".
"Hemos realizado cursos de especialización, estamos formando unidades que nos permitan desempeñarnos en situaciones de crimen organizado que se desarrollen con terrorismo", precisó sobre los cursos en España e Israel.
Desde los ataques del grupo disidente de las FARC Oliver Sinisterra en la primera mitad de 2018, Ecuador ha volcado todos sus esfuerzos en proteger su frontera norte -para impedir el narcotráfico- y vigilar su espacio marítimo por el que sale la droga, así como la pesca ilegal.
Para ello ha requerido asistencia de diversos países, proceso en el que se enmarca la reanudación de sus relaciones de seguridad con Israel.
"En el último año se ha producido una mejoría en la relación entre nuestro estamento militar y el de Ecuador. Este cambio representa una aspecto más de la mejoría general de las relaciones bilaterales", confirmó la Embajada israelí en Quito.
Y agregó que sus relaciones son "históricas", y que, "a lo largo de los años" han "cooperado en muchos campos, tanto en los civiles como en los militares".
Otras fuentes oficiales israelíes describieron la existencia de una "floreciente relación" con el país andino, aunque declinaron entrar en detalles por secreto militar y porque se trata de un "fenómeno incipiente".
Pero destacan que, en el último año, Ecuador ha adquirido sistemas de defensa israelíes por "hasta 30 millones de dólares" y se ha puesto fin a la crisis bilateral durante los últimos siete años del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Así lo constata también la ficha de Israel en el Ministerio de Exteriores ecuatoriano: "En la actualidad los temas de cooperación bilateral más relevantes son los relativos al desarrollo agrícola, ciberseguridad y defensa".
El apoyo en ciberseguridad fue desvelado el pasado abril, después de que Ecuador sufriera un ataque cibernético tras poner fin al asilo del fundador de Wikileaks, Julian Assange, aunque dos meses antes Jarrín ya había notificado que se esperaba un cargamento de municiones desde Israel para las fuerzas en la frontera con Colombia.
La última adquisición ecuatoriana a Israel data de 2009: seis drones de reconocimiento marítimo a las IAI que quedaron inoperativos y cuya rehabilitación fue planteada a Israel, el año pasado, como una suerte de "condición" para cualquier relación futura.
"Están en funcionamiento ya, los pusimos en operación", confirmó Jarrín.
Después de esa venta, el Ministerio israelí de Defensa decretó un "embargo" a Ecuador ante el temor de que sus sistemas cayeran en manos de Irán a través de la estrecha alianza ideológica que Correa mantenía con Venezuela.
Una restricción levantada recientemente para toda una gama de productos, aunque "sigue vigente para los más clasificados" de tecnología avanzada, según fuentes israelíes.
Canalizado a través de sus Fuerzas Armadas y de empresas privadas, en el reacercamiento ha sido crucial el nombramiento en 2018 de Jarrín, un ex general que tuvo formación académica en Israel y que fue director de operaciones en la guerra del Cenepa en 1995.
Tras aquella contienda, aún en medio del embargo internacional a las partes beligerantes, Israel repuso componentes y misiles a Ecuador para sus aviones Kfir.
También ha influido el acercamiento a Washington del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien, sin embargo, se abstuvo de convocar al representante israelí a una reunión en abril de 2018 con embajadores extranjeros para pedirles ayuda por el deterioro de la seguridad en la frontera norte.
Con Israel, las diligencias fueron mucho más discretas, pero "no son pocos" los representantes israelíes de la seguridad que han visitado Ecuador este último año o que, incluso, han habilitado algún tipo de representación en Quito.
Un ejemplo, y no es el único, fue la participación de una docena de firmas israelíes en la modesta "Primera Feria de Desarrollo Tecnológico para la Defensa", celebrada en junio en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. EFE y Aurora
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José Ariza: El siguiente reportaje documenta la participacion desde la decada del 60 y 70 de mercenarios israelies en la conformacion de los grupos paramilitares, no solo en Colombia, sino en toda la region y el mundo, fueron ellos los inventores del metodo de la motosierra y del picado de victimas para no dejar rastro, que era su tecnologia de terror en esas epocas, ahora en cambio son, entre otras, el seguimiento cibernetico y la persecusion mediatica y juridica y la eliminacion selectiva de los objetivos considerados militares en su esquema de guerra continua contra los pueblos.
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Si no puede aceder al Link; aquí descargue el reporte sobre Klein:
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16 de septiembre de 2019
"Nuevas amenazas", argumentos falaces para que las FF.AA. actúen en seguridad interna
La doctrina militar gana terreno en América latina
Agencias gubernamentales estadounidenses sostienen que el crimen organizado transnacional pone en peligro las democracias latinoamericanas. El problema es que la región está desunida, explica el CELS.
El catálogo de argumentos con el que Estados Unidos busca intervenir en las políticas de los países latinoamericanos se actualiza constantemente. Como si fuera uno más de los tantos guiones hollywoodenses que se estrenan año a año, ahora algunas de sus agencias gubernamentales, como el Comando Sur de las Fuerzas Armadas (FFAA) y sus lobistas en la región, elaboraron y difundieron la doctrina de las “nuevas amenazas”. Ante la ausencia de conflictos bélicos en la región, la amenaza a los Estados proviene ahora del crimen organizado transnacional, en particular actividades ligadas al tráfico de drogas y a fenómenos como “la pobreza”, “las migraciones”, y “el populismo”, sostiene un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), titulado “La guerra interna” .
En los últimos años, Estados Unidos insisten en sumar al terrorismo a este grupo. De esta manera se vuelve borroso el límite entre “defensa nacional”, que concierne a las FF.AA., y “seguridad interna”, a cargo de las fuerzas de policía locales, para llegar a una militarización de la seguridad. Esto no sólo implica la intervención directa de las FFAA, sino también la formación militar de los organismos encargados de la seguridad interior, como las fuerzas de policía, mediante cursos y otras modalidades de entrenamientos, brindados por especialistas norteamericanos.
“Ninguno de los problemas que constituyen el paradigma de las “nuevas amenazas” deben ser abordados de manera militar”, dijo en diálogo con PáginaI12, Manuel Trufó, Coordinador del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS. ¿Pero por qué? “Son muchas las razones, pero principalmente porque cuando las policías comienzan a actuar supeditadas a fuerzas militares aumentan su letalidad. Es decir, no solamente hay más muertos porque hay militares interviniendo directamente, sino que los propios policías matan más cuando están bajo la órbita del funcionamiento de los militares”, explica Trufó. La realidad de Río de Janeiro es escalofriante sobre este aspecto. En febrero de 2018 la ciudad entregó la gestión de la seguridad a los militares, que tomaron el control operativo de las policías y desplegaron tropas en las favelas. En seis meses de actuación (hasta junio del 2018) se produjeron 895 muertes por acción de las fuerzas estatales, cuando en el mismo período de 2013 (año en el que empieza a contabilizarse un ascenso de las muertes) la policía había matado a 236 personas. Esto representa un aumento de la letalidad policial del 278 por ciento en sólo cinco años.
Las autoridades comúnmente se apoyan en datos sobre altos niveles de violencia para justificar la intromisión militar. “Pero esa intervención está muy lejos de disminuir la violencia. Al revés, la retroalimenta. Lo que se presenta como la supuesta solución pasa a ser una parte central de un problema mucho más grande”, dice el especialista del CELS. Eso está ocurriendo en estos momentos en Uruguay. “Hasta ahora era un país donde se venía marcando la diferencia entre seguridad y defensa de manera bastante clara. Pero en el último año hubo una suba en al tasa homicidios que generó una especie de “pánico moral” en algunos sectores de la población. Eso llevó al absurdo de que algunos grupos de presión hayan juntado una cantidad de firmas suficientes como para que se llame a un referéndum para consultar si las FFAA tienen que participar o no en seguridad interior”, explica Trufó. La iniciativa, impulsada por el senador del opositor Partido Nacional, Jorge Larrañaga, logró reunir 407.000 firmas, y en la elección presidencial de octubre también se decidirá si 2000 militares intervienen en seguridad pública.
El uso de servicios de inteligencia es otro de los elementos que compone el cuadro. “Con la excusa de que hay “nuevas amenazas” se potencia una lógica del secreto y el funcionamiento sin control o ilegal de los servicios inteligencia”, explicó Trufó. En Chile esto quedó expuesto con lo que se llamó la Operación Huracán, una investigación iniciada por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches. Se los acusó de estar supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile. En enero de 2018 el Ministerio Público Fiscal determinó que la unidad de carabineros encargada de investigar el caso alteró las pruebas que incriminaban a los mapuches, manipulando mensajes de sus teléfonos celulares. “También en Chile los Carabineros se están militarizando. La creación del Comando Jungla da cuenta de esto”, informó el miembro del CELS. Miembros de ese Grupo Táctico de Carabineros asesinaron en 2018 al referente mapuche Camilo Catrillanca con un tiro por la espalda.
La semana pasada, una comitiva policial que trasladaba a un líder narco fue atacada a balazos cerca de Asunción, Paraguay. Supuestos miembros del Comando Vermelho de Brasil efectuaron el golpe para rescatar a Jorge Samudio González, alias Samura, miembro del grupo. El hecho le sirvió al presidente paraguayo, Miguel Abdo Benítez, para enviar al congreso una modificación de una enmienda constitucional que permitiría a las FFAA participar en la lucha contra grupos criminales y mafias organizadas. “Esta lucha genera adversarios, que cuentan con más armamentos y mejor logística que las fuerzas policiales”, dijo Abdo Benítez y también se refirió a una “batalla desigual”. “El punitivismo como solución a los problemas de la violencia es la receta que se viene aplicando desde hace décadas y no da resultados. Sin embargo, tiene cierta eficacia en no hacerse responsable de su propio fracaso. Se sigue presentando como si no se hubiera aplicado nunca y en realidad es lo que se viene usando desde siempre. Lo que pasa es que la militarización, que es el punto extremo del punitivismo, tiene cierto rédito político también. Estados Unidos plantea esta estrategia, pero también hay actores locales que encuentran en ella un capital político para capitalizar internamente”, explica el especialista del CELS.
Eso nos pone ante un tema espinoso. ¿Cuánto hay de imposición y cuánto de iniciativa propia en los países latinoamericanos para aplicar las recetas del militarismo estadounidense? “Hay un juego de los dos lados. Estados Unidos opera sobre las FFAA y de seguridad locales a lo largo de los años. Va cultivando, digamos, gente de confianza en ellas, y esas personas son las que después promueven que algunos de sus funcionarios y efectivos vayan a entrenarse y formarse allá, y así se va realimentando ese circuito”, sostiene Trufó. “El problema es que América Latina está completamente desunida. Si había algún tipo de unidad de criterio naciente hace unos años, eso hoy ya no existe. Obviamente la negociación bilateral país por país siempre favorece Estados Unidos. No está negociando con un bloque, y así, siempre lleva las de ganar”, concluye Trufó. Lo paradójico de la política estadounidense de militarización social es que no la aplican en su propio país. Allá la demarcación entre seguridad y defensa es bien clara. “Haz lo que te digo, pero no lo que yo hago”, toda una declaración de principios.
Informe: Juan Manuel Boccacci
En los últimos años, Estados Unidos insisten en sumar al terrorismo a este grupo. De esta manera se vuelve borroso el límite entre “defensa nacional”, que concierne a las FF.AA., y “seguridad interna”, a cargo de las fuerzas de policía locales, para llegar a una militarización de la seguridad. Esto no sólo implica la intervención directa de las FFAA, sino también la formación militar de los organismos encargados de la seguridad interior, como las fuerzas de policía, mediante cursos y otras modalidades de entrenamientos, brindados por especialistas norteamericanos.
“Ninguno de los problemas que constituyen el paradigma de las “nuevas amenazas” deben ser abordados de manera militar”, dijo en diálogo con PáginaI12, Manuel Trufó, Coordinador del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS. ¿Pero por qué? “Son muchas las razones, pero principalmente porque cuando las policías comienzan a actuar supeditadas a fuerzas militares aumentan su letalidad. Es decir, no solamente hay más muertos porque hay militares interviniendo directamente, sino que los propios policías matan más cuando están bajo la órbita del funcionamiento de los militares”, explica Trufó. La realidad de Río de Janeiro es escalofriante sobre este aspecto. En febrero de 2018 la ciudad entregó la gestión de la seguridad a los militares, que tomaron el control operativo de las policías y desplegaron tropas en las favelas. En seis meses de actuación (hasta junio del 2018) se produjeron 895 muertes por acción de las fuerzas estatales, cuando en el mismo período de 2013 (año en el que empieza a contabilizarse un ascenso de las muertes) la policía había matado a 236 personas. Esto representa un aumento de la letalidad policial del 278 por ciento en sólo cinco años.
Las autoridades comúnmente se apoyan en datos sobre altos niveles de violencia para justificar la intromisión militar. “Pero esa intervención está muy lejos de disminuir la violencia. Al revés, la retroalimenta. Lo que se presenta como la supuesta solución pasa a ser una parte central de un problema mucho más grande”, dice el especialista del CELS. Eso está ocurriendo en estos momentos en Uruguay. “Hasta ahora era un país donde se venía marcando la diferencia entre seguridad y defensa de manera bastante clara. Pero en el último año hubo una suba en al tasa homicidios que generó una especie de “pánico moral” en algunos sectores de la población. Eso llevó al absurdo de que algunos grupos de presión hayan juntado una cantidad de firmas suficientes como para que se llame a un referéndum para consultar si las FFAA tienen que participar o no en seguridad interior”, explica Trufó. La iniciativa, impulsada por el senador del opositor Partido Nacional, Jorge Larrañaga, logró reunir 407.000 firmas, y en la elección presidencial de octubre también se decidirá si 2000 militares intervienen en seguridad pública.
El uso de servicios de inteligencia es otro de los elementos que compone el cuadro. “Con la excusa de que hay “nuevas amenazas” se potencia una lógica del secreto y el funcionamiento sin control o ilegal de los servicios inteligencia”, explicó Trufó. En Chile esto quedó expuesto con lo que se llamó la Operación Huracán, una investigación iniciada por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches. Se los acusó de estar supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile. En enero de 2018 el Ministerio Público Fiscal determinó que la unidad de carabineros encargada de investigar el caso alteró las pruebas que incriminaban a los mapuches, manipulando mensajes de sus teléfonos celulares. “También en Chile los Carabineros se están militarizando. La creación del Comando Jungla da cuenta de esto”, informó el miembro del CELS. Miembros de ese Grupo Táctico de Carabineros asesinaron en 2018 al referente mapuche Camilo Catrillanca con un tiro por la espalda.
La semana pasada, una comitiva policial que trasladaba a un líder narco fue atacada a balazos cerca de Asunción, Paraguay. Supuestos miembros del Comando Vermelho de Brasil efectuaron el golpe para rescatar a Jorge Samudio González, alias Samura, miembro del grupo. El hecho le sirvió al presidente paraguayo, Miguel Abdo Benítez, para enviar al congreso una modificación de una enmienda constitucional que permitiría a las FFAA participar en la lucha contra grupos criminales y mafias organizadas. “Esta lucha genera adversarios, que cuentan con más armamentos y mejor logística que las fuerzas policiales”, dijo Abdo Benítez y también se refirió a una “batalla desigual”. “El punitivismo como solución a los problemas de la violencia es la receta que se viene aplicando desde hace décadas y no da resultados. Sin embargo, tiene cierta eficacia en no hacerse responsable de su propio fracaso. Se sigue presentando como si no se hubiera aplicado nunca y en realidad es lo que se viene usando desde siempre. Lo que pasa es que la militarización, que es el punto extremo del punitivismo, tiene cierto rédito político también. Estados Unidos plantea esta estrategia, pero también hay actores locales que encuentran en ella un capital político para capitalizar internamente”, explica el especialista del CELS.
Eso nos pone ante un tema espinoso. ¿Cuánto hay de imposición y cuánto de iniciativa propia en los países latinoamericanos para aplicar las recetas del militarismo estadounidense? “Hay un juego de los dos lados. Estados Unidos opera sobre las FFAA y de seguridad locales a lo largo de los años. Va cultivando, digamos, gente de confianza en ellas, y esas personas son las que después promueven que algunos de sus funcionarios y efectivos vayan a entrenarse y formarse allá, y así se va realimentando ese circuito”, sostiene Trufó. “El problema es que América Latina está completamente desunida. Si había algún tipo de unidad de criterio naciente hace unos años, eso hoy ya no existe. Obviamente la negociación bilateral país por país siempre favorece Estados Unidos. No está negociando con un bloque, y así, siempre lleva las de ganar”, concluye Trufó. Lo paradójico de la política estadounidense de militarización social es que no la aplican en su propio país. Allá la demarcación entre seguridad y defensa es bien clara. “Haz lo que te digo, pero no lo que yo hago”, toda una declaración de principios.
Informe: Juan Manuel Boccacci
25 des eptiembre de 2019