Combate a incursión mercenaria en Venezuela
CENAE Mario Ramos 4 de abril de 2021
Una de las ‘nuevas’ estrategias gringas de guerra es crear condiciones que permitan la rápida intervención de un tercero, precisamente porque en la búsqueda de destruir los países y procesos que se oponen a ser vasallos de su hegemonía, no encuentran en los pueblos a injerir el necesario apoyo político interno para justificar una supuesta intervención humanitaria (usar a la población civil como escudo humano), o vender la matriz de opinión a nivel internacional, de que se ha desatado una supuesta guerra civil. Esto lo hicieron en Siria, y aún hay gente que cree que ahí hay una guerra civil, cuando en realidad se produjo una invasión de diversos grupos armados, entrenados y financiados (una variable es el narcotráfico) por los servicios de inteligencia occidentales. Grupos que inclusive en determinados momentos de la guerra se han dado bala entre ellos, por la disputa, entre otras razones, de la torta del dinero que llega del exterior, es decir, la guerra también se convierte en un negocio para quienes mueven los hilos de esos grupos armados.
Las acciones violentas -que según la definición del Ministro de Defensa venezolano Padrino López-, llevaron a cabo los GRIACOLT (Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas), buscaron entre otras pretensiones, generar rédito propagandístico, es decir, adquirieron cierto matiz de propaganda armada con el objetivo de divulgar la idea de que se ha desatado una especie guerra civil o protesta armada contra el gobierno bolivariano en determinada zona del país, con el objetivo de crear una cabeza de playa (consolidar campamentos mercenarios dentro de Venezuela), que es lo que necesitan para facilitar la intervención de un tercero. Esto no fue permitido gracias a la efectiva respuesta de las FANB y a la correcta orientación política del presidente Maduro de cero tolerancia a la injerencia de cualquier grupo armado procedente de Colombia, llame como se llame. Por su sumisión absoluta al imperialismo yanqui, el gobierno colombiano juega a la ruleta rusa, y no es consciente de todos los demonios que se desprenderán sobre su fanatismo al abrir la caja de Pandora. Se olvidan que Colombia ya no es una cabeza de playa estable; que el Grupo de Lima que avivo una intervención, ahora es una secta prácticamente inexistente; que el COVID 19 ha generado crisis interna en varios países latinoamericanos, |
por tanto a determinados gobiernos lo que menos les interesa es mover más el avispero; y algo muy importante, el factor Guaidó, con el que se buscó dar la imagen de la existencia de un gobierno paralelo, ha desaparecido en la realidad; es decir, sin capacidad política, su capacidad militar queda en gran medida neutralizada, por más que se sienta envalentonado con el apoyo –más que apoyo, ser usado como tonto útil- del imperialismo yanqui.
Como vemos, el plan diseñado contra Venezuela no es conseguir grandes objetivos estratégicos, como se podría pensar en una guerra o batalla convencional, sino los mínimos necesarios para justificar la intervención de un tercero. En ese marco, la máxima aspiración es balcanizar el país, generar caos, como lo hicieron en Libia, por ejemplo. Pero los latinoamericanos tenemos a favor que somos una cultura más sofisticada, el pensamiento occidental es binario y cuantitativo. El gobierno bolivariano y las FANB habrán tomado nota de las experiencias que han generado las últimas guerras desatadas por los gringos en Yemen (donde existe gran cantidad de mercenarios colombianos), Siria y Libia. Estas tienen que procesarse para el escenario concreto y enfrentar como se debe al proxy colombiano. La población venezolana que abarca toda la línea de frontera tiene que prepararse con mayor especialidad, para defender su tierra, sus propiedades, su paz. Las FANB sin descuidar lo convencional, tiene que dar fuerza a la creación de unidades muy especializadas, que son las que dan éxito. |
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5 de abril de 2021
¡EN VIVO! MENTIRAS Y VERDADES SOBRE LOS ATAQUES EN APURE
EN LÍNEA CON @BRICSPSUV
Publicado el 5 de abril de 2021
* HERNANDO CALVO - Periodista colombiano (desde Francia)
* MADELEIN GARCÍA - Corresponsal TeleSur - Venezuela
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7 de abril de 2021
9 de abril de 2021
La decisión del ministro del Tribunal Supremo Federal - STF, Luís Barroso, de no renovar el HC 184828, interpuesta por el congresista Paulo Pimenta, en mayo de 2020, que impidió la expulsión del legítimo cuerpo diplomático y consular de la República Bolivariana de Venezuela de Brasil, en determinar que diplomáticos, cónsules y demás funcionarios de la Cancillería venezolana deben buscar a la Policía Federal y registrarse como extranjeros en Brasil tiene nuestro más duro rechazo.
Al mismo tiempo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro envía más oxígeno para salvar vidas en Brasil, asistiendo a la Red de Salud en Amapá, Pará, Roraima y Acre, luego de ser instrumental en Amazonas, el Estado brasileño sigue negando el reconocimiento a los verdaderos representantes. de Venezuela, ya sea del gobierno constitucional o de sus representantes en Brasil. En el momento en que más de 4 mil brasileños mueren en un día por Covid-19, por falta de una política de salud seria y respetuosa con la ciencia, la decisión del ministro Barroso traiciona la historia de la política exterior brasileña, reforzando el comportamiento como provocador desarrollado. por el gobierno brasileño en la región, actuando como un verdadero enemigo de la paz, del respeto a la soberanía de otros pueblos, y de alentar la discordia y enemistad entre pueblos tradicionalmente soberanos y amigos. |
Pedimos al STF que revise la posición adoptada por el mantenimiento del cuerpo diplomático y consular de Venezuela en Brasil, especialmente ante la devastadora pandemia que ha provocado la pérdida de cientos de miles de vidas.
Pedimos al STF que haga cumplir la Convención de Viena otorgando a la hermana nación el derecho a tener un cuerpo de funcionarios en Brasil, independientemente de la posición política del gobierno brasileño, para mantener relaciones comerciales entre los dos países y brindar asistencia a los venezolanos que residen en los padres. Pedimos que el STF no se convierta en cómplice de la política genocida en marcha en Brasil, ni fomente la enemistad entre naciones vecinas, objetivo del gobierno federal. Brasilia - DF, 8 de abril de 2021 |
Versión en portugués:
A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, Luís Barroso, em não renovar o HC 184828, impetrado pelo deputado Paulo Pimenta, em maio de 2020, que impediu a expulsão do legitimo corpo diplomático e consular da República Bolivariana da Venezuela do Brasil, ao determinar que que os diplomatas, cônsules e demais servidores da Chancelaria venezuelana procurem a Polícia Federal e se registrem como estrangeiros no Brasil tem o nosso mais duro repúdio.
Ao mesmo tempo que o governo do presidente Nicolás Maduro envia mais oxigênio para salvar vidas no Brasil, auxiliando a Rede de Saúde no Amapá, Pará, Roraima e Acre, depois de ter sido fundamental no Amazonas, o Estado brasileiro segue negando o reconhecimento aos verdadeiros representantes da Venezuela, seja do governo Constitucional ou de seus representantes no Brasil.
No momento em que mais de 4 mil brasileiros morrem em um dia devido a Covid-19, em face da falta de uma política sanitária séria e que respeite a ciência, a decisão do ministro Barroso trai a história da política exterior brasileira, reforçando o comportamento de provocador desenvolvido pelo governo brasileiro na região ao agir como verdadeiro inimigo da paz, do respeito à soberania de outros povos e ao incentivar a discórdia e a inimizade entre povos tradicionalmente soberanos e amigos.
Pedimos ao STF que reveja a posição tomada mantendo o corpo diplomático e consular da Venezuela no Brasil, especialmente diante da devastadora pandemia que tem causado perdas de centenas de milhares de vidas.
Pedimos ao STF que faça cumprir a Convenção de Viena dando o direito a nação irmã de ter um corpo de funcionários no Brasil, independentemente da posição política do governo brasileiro, para manter as relações comerciais entre os dois países e realizar o atendimento aos venezuelanos residentes no país.
Pedimos que o STF não se torne cúmplice da política genocida em curso no Brasil, nem incentive a inimizade entre as nações vizinhas, o objetivo do governo federal.
Brasília – DF, 08 de abril de 2021
A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, Luís Barroso, em não renovar o HC 184828, impetrado pelo deputado Paulo Pimenta, em maio de 2020, que impediu a expulsão do legitimo corpo diplomático e consular da República Bolivariana da Venezuela do Brasil, ao determinar que que os diplomatas, cônsules e demais servidores da Chancelaria venezuelana procurem a Polícia Federal e se registrem como estrangeiros no Brasil tem o nosso mais duro repúdio.
Ao mesmo tempo que o governo do presidente Nicolás Maduro envia mais oxigênio para salvar vidas no Brasil, auxiliando a Rede de Saúde no Amapá, Pará, Roraima e Acre, depois de ter sido fundamental no Amazonas, o Estado brasileiro segue negando o reconhecimento aos verdadeiros representantes da Venezuela, seja do governo Constitucional ou de seus representantes no Brasil.
No momento em que mais de 4 mil brasileiros morrem em um dia devido a Covid-19, em face da falta de uma política sanitária séria e que respeite a ciência, a decisão do ministro Barroso trai a história da política exterior brasileira, reforçando o comportamento de provocador desenvolvido pelo governo brasileiro na região ao agir como verdadeiro inimigo da paz, do respeito à soberania de outros povos e ao incentivar a discórdia e a inimizade entre povos tradicionalmente soberanos e amigos.
Pedimos ao STF que reveja a posição tomada mantendo o corpo diplomático e consular da Venezuela no Brasil, especialmente diante da devastadora pandemia que tem causado perdas de centenas de milhares de vidas.
Pedimos ao STF que faça cumprir a Convenção de Viena dando o direito a nação irmã de ter um corpo de funcionários no Brasil, independentemente da posição política do governo brasileiro, para manter as relações comerciais entre os dois países e realizar o atendimento aos venezuelanos residentes no país.
Pedimos que o STF não se torne cúmplice da política genocida em curso no Brasil, nem incentive a inimizade entre as nações vizinhas, o objetivo do governo federal.
Brasília – DF, 08 de abril de 2021
13 de abril de 2021