18 de septiembre de 2023
El gobierno de Lasso es un aliado privilegiado de la administración Biden
Ecuador, Estados Unidos y la doctrina Monroe
La presencia de EEUU en el país sudamericano es tan ostensible que va mucho más allá de los tratados de cooperación o la cuestionada Ley de Asociación
Página 12 Gustavo Veiga
Imagen AFP
El futuro de Ecuador no solo se definirá en las urnas el próximo 15 de octubre. También está sujeto a lo que ocurra con la llamada Ley de Asociación con Estados Unidos de 2022. Una norma votada en el Congreso de EEUU con vicios de la doctrina Monroe. Especie de recetario colonialista que incluye cómo enfrentar “la influencia extranjera negativa” (textual). El proyecto ideado por un halcón republicano, Marco Rubio y otro demócrata, Bob Menéndez, demuestra que los dos partidos tienen una mirada unívoca en política exterior. Pusieron su atención en un país jaqueado por cárteles del narcotráfico y bandas criminales locales que se transformó en una oportunidad para desempolvar el llamado Plan Colombia, pero esta vez, aplicado a su vecino.
La iniciativa que ya fue rechazada por la Asamblea Nacional ecuatoriana en junio del año pasado, se enlaza con un memorando de entendimiento firmado el 19 de julio entre los gobiernos de Joe Biden y Guillermo Lasso para fortalecer la capacidad militar de las fuerzas armadas ecuatorianas. Pero además, amplía la gran influencia de Washington en el terreno que a través de su embajada en Quito, la CIA y la DEA es cada vez más notoria.
La Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador delega en el secretario de Estado – hoy Antony Blinken – “una estrategia” y la implantación de “programas relacionados para aumentar la capacidad del sistema de Justicia y de las autoridades (…) para combatir las economías ilícitas, la corrupción y las organizaciones criminales transnacionales”. Si se tratara de una norma interna para EEUU pasaría inadvertida. Pero está destinada a otra nación, se aprobó en el Congreso norteamericano el 15 de diciembre pasado -cuatro días antes de una visita de Lasso a Biden- y pese a que la había rechazado el poder legislativo en Quito.
La ley se presentó en Washington durante una conferencia de prensa conjunta de la que participaron Lasso, Menéndez y la embajadora de Ecuador en EEUU, Ivonne A–Baki. El senador estadounidense dio su percepción contracorriente sobre lo que pasa en el país sudamericano: “ha emergido como un modelo en América Latina y el Caribe por sus esfuerzos continuos para fortalecer la gobernabilidad democrática y los derechos humanos, promover un crecimiento económico inclusivo que beneficie a todos sus ciudadanos y tomar medidas para fortalecer la seguridad, el Estado de derecho y la protección del medio ambiente”. La cancillería que conducía en ese momento Juan Carlos Holguín le festejó la ocurrencia: “Es la primera vez que una propuesta legislativa (del Senado de EEUU) se enfoca exclusivamente en las relaciones con Ecuador…”.
Como toda iniciativa surgida del Congreso busca “promover los intereses fundamentales de seguridad nacional de Estados Unidos” pero con el curioso argumento de combatir la “influencia extranjera negativa”. Para James Monroe era “América para los americanos” hace 200 años cuando miraba a Europa como adversario geopolítico. ¿Acaso Menéndez, Rubio y los demás senadores que votaron la ley ahora piensen básicamente en China y Rusia?
La presencia de EEUU en Ecuador es tan ostensible que va mucho más allá de los tratados de cooperación o la Ley de Asociación. Mediante el argumento de respaldar políticas de preservación del medio ambiente, Washington repite una política geoestratégica que cruza ya tres siglos. En 1883, el Senado estadounidense declaró a las islas Galápagos como “tierra de nadie” y cuestionó la soberanía ecuatoriana sobre el archipiélago. En 1910 Estados Unidos quiso arrendar por 99 años las islas a cambio de 15 millones de dólares pero la oferta fue rechazada. Durante la Segunda Guerra Mundial, la potencia volvió a la carga y ocupó militarmente Galápagos. Terminado el conflicto bélico, EEUU prolongó su permanencia hasta diciembre de 1948 y provocó un gran daño ambiental por la construcción de la pista de aterrizaje en una de las islas, Baltra.
Muchos años después y ya durante el gobierno de Lenin Moreno se favoreció el regreso de Estados Unidos al lugar, gracias a un tratado para realizar vuelos militares. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, llegó a decir en 2019 que Galápagos era “un portaviones natural” para justificar la presencia de aviones espías de EEUU, convirtiendo a Ecuador en un base de operaciones del Comando Sur que consolidó el presidente Lasso.
El argumento actual para justificar esa política ya no es el imperio japonés después del ataque a Pearl Harbor. Se trata de una explicación repetida: la amenaza del narcotráfico. El país retrocedió a fines de los años 90 cuando el expresidente Jamil Mahuad le entregó la base de Manta a Estados Unidos que otro exmandatario, Rafael Correa, consiguió desalojar en septiembre de 2009.
Muy activo, el actual embajador de EEUU en Ecuador, Michael Fitzpatrick, tiene un alto perfil como todo representante de Washington en un país muy sensible a sus intereses. Ecuador se transformó en una nueva oportunidad -como antes Colombia- para justificar la presencia en la región con todo tipo de recursos. El gobierno de Lasso se sostiene hasta hoy como aliado privilegiado de la administración Biden. La DEA es un instrumento clave de ese respaldo con el declamado objetivo de contener al narcotráfico que controla varios enclaves en el país.
El 19 de julio pasado se suscribió un memorando de entendimiento con el objetivo de robustecer la capacidad operativa de las fuerzas armadas de Ecuador. Casi un mes después, el 17 de agosto, el presidente ecuatoriano posteó en X, la ex Twitter: “He ratificado el Acuerdo de Cooperación con Estados Unidos para la interceptación aérea. El objetivo es contar con más apoyo en la lucha contra el crimen transnacional, con asistencia financiera, equipos para su capacidad operativa, mantenimiento, capacitación, así como soporte logístico, de comando, control y comunicaciones. Necesitamos de este apoyo para fortalecer la seguridad nacional, para que nuestra Fuerza Aérea tenga mejores equipos, destrezas e información para rastrear a las aeronaves de las organizaciones criminales. Tenemos que estar más preparados y ser más fuertes. El crimen organizado no nos va a detener”.
No sólo la amenaza del narco justifica la permanencia de EEUU en el país. Un propósito más inofensivo como la protección del medioambiente y la política contra el cambio climático, mediante acuerdos financiados por la USAID, la Word Wildlife Found (WWF) y el ministerio de Ambiente local, apunta a enfrentar la pesca ilegal en el Océano Pacífico que baña el litoral ecuatoriano y las costas de las islas Galápagos.
Siempre cooperando al servicio de las causas justas, Washington se propone “trabajar con otros socios democráticos para mantener un Hemisferio Occidental próspero, políticamente estable y democrático que sea resistente a la influencia extranjera negativa”, como sostiene el proyecto de republicanos y demócratas en el Congreso que se votó en 2022. Una nada sutil injerencia legislativa que intenta condicionar la vida de un país soberano. Se agrega a otras iniciativas militaristas con mala reputación en nuestra América irredenta. La diplomacia de las cañoneras, la política del gran garrote, los golpes de Estado, los golpes blandos… Todo comenzó con la doctrina Monroe que el 2 de diciembre próximo cumplirá 200 años.
La iniciativa que ya fue rechazada por la Asamblea Nacional ecuatoriana en junio del año pasado, se enlaza con un memorando de entendimiento firmado el 19 de julio entre los gobiernos de Joe Biden y Guillermo Lasso para fortalecer la capacidad militar de las fuerzas armadas ecuatorianas. Pero además, amplía la gran influencia de Washington en el terreno que a través de su embajada en Quito, la CIA y la DEA es cada vez más notoria.
La Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador delega en el secretario de Estado – hoy Antony Blinken – “una estrategia” y la implantación de “programas relacionados para aumentar la capacidad del sistema de Justicia y de las autoridades (…) para combatir las economías ilícitas, la corrupción y las organizaciones criminales transnacionales”. Si se tratara de una norma interna para EEUU pasaría inadvertida. Pero está destinada a otra nación, se aprobó en el Congreso norteamericano el 15 de diciembre pasado -cuatro días antes de una visita de Lasso a Biden- y pese a que la había rechazado el poder legislativo en Quito.
La ley se presentó en Washington durante una conferencia de prensa conjunta de la que participaron Lasso, Menéndez y la embajadora de Ecuador en EEUU, Ivonne A–Baki. El senador estadounidense dio su percepción contracorriente sobre lo que pasa en el país sudamericano: “ha emergido como un modelo en América Latina y el Caribe por sus esfuerzos continuos para fortalecer la gobernabilidad democrática y los derechos humanos, promover un crecimiento económico inclusivo que beneficie a todos sus ciudadanos y tomar medidas para fortalecer la seguridad, el Estado de derecho y la protección del medio ambiente”. La cancillería que conducía en ese momento Juan Carlos Holguín le festejó la ocurrencia: “Es la primera vez que una propuesta legislativa (del Senado de EEUU) se enfoca exclusivamente en las relaciones con Ecuador…”.
Como toda iniciativa surgida del Congreso busca “promover los intereses fundamentales de seguridad nacional de Estados Unidos” pero con el curioso argumento de combatir la “influencia extranjera negativa”. Para James Monroe era “América para los americanos” hace 200 años cuando miraba a Europa como adversario geopolítico. ¿Acaso Menéndez, Rubio y los demás senadores que votaron la ley ahora piensen básicamente en China y Rusia?
La presencia de EEUU en Ecuador es tan ostensible que va mucho más allá de los tratados de cooperación o la Ley de Asociación. Mediante el argumento de respaldar políticas de preservación del medio ambiente, Washington repite una política geoestratégica que cruza ya tres siglos. En 1883, el Senado estadounidense declaró a las islas Galápagos como “tierra de nadie” y cuestionó la soberanía ecuatoriana sobre el archipiélago. En 1910 Estados Unidos quiso arrendar por 99 años las islas a cambio de 15 millones de dólares pero la oferta fue rechazada. Durante la Segunda Guerra Mundial, la potencia volvió a la carga y ocupó militarmente Galápagos. Terminado el conflicto bélico, EEUU prolongó su permanencia hasta diciembre de 1948 y provocó un gran daño ambiental por la construcción de la pista de aterrizaje en una de las islas, Baltra.
Muchos años después y ya durante el gobierno de Lenin Moreno se favoreció el regreso de Estados Unidos al lugar, gracias a un tratado para realizar vuelos militares. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, llegó a decir en 2019 que Galápagos era “un portaviones natural” para justificar la presencia de aviones espías de EEUU, convirtiendo a Ecuador en un base de operaciones del Comando Sur que consolidó el presidente Lasso.
El argumento actual para justificar esa política ya no es el imperio japonés después del ataque a Pearl Harbor. Se trata de una explicación repetida: la amenaza del narcotráfico. El país retrocedió a fines de los años 90 cuando el expresidente Jamil Mahuad le entregó la base de Manta a Estados Unidos que otro exmandatario, Rafael Correa, consiguió desalojar en septiembre de 2009.
Muy activo, el actual embajador de EEUU en Ecuador, Michael Fitzpatrick, tiene un alto perfil como todo representante de Washington en un país muy sensible a sus intereses. Ecuador se transformó en una nueva oportunidad -como antes Colombia- para justificar la presencia en la región con todo tipo de recursos. El gobierno de Lasso se sostiene hasta hoy como aliado privilegiado de la administración Biden. La DEA es un instrumento clave de ese respaldo con el declamado objetivo de contener al narcotráfico que controla varios enclaves en el país.
El 19 de julio pasado se suscribió un memorando de entendimiento con el objetivo de robustecer la capacidad operativa de las fuerzas armadas de Ecuador. Casi un mes después, el 17 de agosto, el presidente ecuatoriano posteó en X, la ex Twitter: “He ratificado el Acuerdo de Cooperación con Estados Unidos para la interceptación aérea. El objetivo es contar con más apoyo en la lucha contra el crimen transnacional, con asistencia financiera, equipos para su capacidad operativa, mantenimiento, capacitación, así como soporte logístico, de comando, control y comunicaciones. Necesitamos de este apoyo para fortalecer la seguridad nacional, para que nuestra Fuerza Aérea tenga mejores equipos, destrezas e información para rastrear a las aeronaves de las organizaciones criminales. Tenemos que estar más preparados y ser más fuertes. El crimen organizado no nos va a detener”.
No sólo la amenaza del narco justifica la permanencia de EEUU en el país. Un propósito más inofensivo como la protección del medioambiente y la política contra el cambio climático, mediante acuerdos financiados por la USAID, la Word Wildlife Found (WWF) y el ministerio de Ambiente local, apunta a enfrentar la pesca ilegal en el Océano Pacífico que baña el litoral ecuatoriano y las costas de las islas Galápagos.
Siempre cooperando al servicio de las causas justas, Washington se propone “trabajar con otros socios democráticos para mantener un Hemisferio Occidental próspero, políticamente estable y democrático que sea resistente a la influencia extranjera negativa”, como sostiene el proyecto de republicanos y demócratas en el Congreso que se votó en 2022. Una nada sutil injerencia legislativa que intenta condicionar la vida de un país soberano. Se agrega a otras iniciativas militaristas con mala reputación en nuestra América irredenta. La diplomacia de las cañoneras, la política del gran garrote, los golpes de Estado, los golpes blandos… Todo comenzó con la doctrina Monroe que el 2 de diciembre próximo cumplirá 200 años.
23 de septiembre de 2023
Bob Menéndez, amigo de Guillermo Lasso y Lenín Moreno, acusado por recibir sobornos
Bob Menéndez con Lenín Moreno, Guillermo Lasso. Y la investigación en su contra.
En medio del juicio político en su contra, en abril, Guillermo Lasso recibió a Robert Menéndez y a otros dos senadores de Estados Unidos. En Carondelet, el demócrata anticubano, le dijo al Presidente que EE.UU. siempre apoyará a líderes democráticos. Ahora, Menéndez y su esposa están acusados de recibir cientos de miles de dólares en sobornos.
Según CCN es la segunda vez, en 10 años, que Menéndez enfrenta cargos del Departamento de Justicia. Antes lo acusaron de conspiración, soborno y fraude de servicios honestos relacionados con supuestos favores personales.
El presidente Lasso es muy cercano a Robert, conocido como Bob Menéndez. En octubre del 2022, el senador ya estuvo en Ecuador. Entonces, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., Menéndez “reconoció el liderazgo de Lasso”, por supuestamente haber tomado decisiones para llevar hacia adelante a Ecuador.
Ahora, Menéndez está en medio de un escándalo de corrupción. El viernes 22 de septiembre, él y su esposa Nadine Arslanian fueron acusados de haber recibido cientos de miles de dólares, a cambio de influencia del senador.
Menéndez, de 69 años, está en el Senado desde el 2006 y quería ir por la reelección en el 2024. En esta ocasión fue acusado de ayudar secretamente al Gobierno de Egipto, pese a las dudas del gobierno estadounidense en torno al respeto a los derechos humanos de ese país. También de impedir un juicio penal contra un amigo a cambio de lingotes de oro y dinero en efectivo.
Los investigadores encontraron lingotes de oro por más de 100 000 dólares en su casa, según Los Angeles Times. Así como más de 480 000 dólares en efectivo, ocultos en armarios, una caja fuerte e incluso en sobres con su nombre hallados en chaquetas. Además descubrieron búsquedas en Google, para conocer el precio del kilogramo de oro. También ubicaron el ADN de uno de los hombres que lo sobornó.
Guillaume Long, excanciller de Ecuador, así como Ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, recordó que Lasso pierde un aliado en Washington. Y recordó que Menéndez conoce bien al Ecuador.
“Recibió abundante financiamiento político por parte de los Isaías, como lo denunció en su momento el New York Times. Ensalzado por varios políticos, diplomáticos y medios de comunicación en Ecuador, Menéndez, presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, siempre fue el amigo demócrata de la derecha ecuatoriana (y latinoamericana) en Washington. Lenín Moreno lo condecoró con la Orden Nacional al Mérito. Y la relación con Lasso ha sido muy estrecha”.
Confirmado.net
Según CCN es la segunda vez, en 10 años, que Menéndez enfrenta cargos del Departamento de Justicia. Antes lo acusaron de conspiración, soborno y fraude de servicios honestos relacionados con supuestos favores personales.
El presidente Lasso es muy cercano a Robert, conocido como Bob Menéndez. En octubre del 2022, el senador ya estuvo en Ecuador. Entonces, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., Menéndez “reconoció el liderazgo de Lasso”, por supuestamente haber tomado decisiones para llevar hacia adelante a Ecuador.
Ahora, Menéndez está en medio de un escándalo de corrupción. El viernes 22 de septiembre, él y su esposa Nadine Arslanian fueron acusados de haber recibido cientos de miles de dólares, a cambio de influencia del senador.
Menéndez, de 69 años, está en el Senado desde el 2006 y quería ir por la reelección en el 2024. En esta ocasión fue acusado de ayudar secretamente al Gobierno de Egipto, pese a las dudas del gobierno estadounidense en torno al respeto a los derechos humanos de ese país. También de impedir un juicio penal contra un amigo a cambio de lingotes de oro y dinero en efectivo.
Los investigadores encontraron lingotes de oro por más de 100 000 dólares en su casa, según Los Angeles Times. Así como más de 480 000 dólares en efectivo, ocultos en armarios, una caja fuerte e incluso en sobres con su nombre hallados en chaquetas. Además descubrieron búsquedas en Google, para conocer el precio del kilogramo de oro. También ubicaron el ADN de uno de los hombres que lo sobornó.
Guillaume Long, excanciller de Ecuador, así como Ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, recordó que Lasso pierde un aliado en Washington. Y recordó que Menéndez conoce bien al Ecuador.
“Recibió abundante financiamiento político por parte de los Isaías, como lo denunció en su momento el New York Times. Ensalzado por varios políticos, diplomáticos y medios de comunicación en Ecuador, Menéndez, presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, siempre fue el amigo demócrata de la derecha ecuatoriana (y latinoamericana) en Washington. Lenín Moreno lo condecoró con la Orden Nacional al Mérito. Y la relación con Lasso ha sido muy estrecha”.
Confirmado.net
25 de septiembre de 2023
30 de septiembre de 2023
¿Lasso y Biden llegaron a acuerdos para enviar militares a Ecuador?
Según la periodista Anna Giaritelli, reportera de seguridad nacional de Washigton Observer, Estados Unidos llega silenciosamente a un acuerdo para enviar militares a Ecuador en medio de la explosión del cartel de la droga.
(Traducción textual del texto de Washigton Observer)
Punto Noticias. La administración Biden ha firmado, discretamente, acuerdos con Ecuador que permitirá a Estados Unidos enviar fuerzas militares, tanto en tierra como frente a las costas del país sudamericano, que se ha visto muy afectado por los cárteles de la droga que operan en la región.
Miembros selectos del Congreso fueron informados durante una reunión informativa privada en el Capitolio con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso el miércoles.
Lasso estuvo en Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y firmar dos acuerdos, según el representante Dan Crenshaw (R-TX), quien estuvo presente en la reunión y habló con el Washington Examiner el jueves.
«Estaban anunciando y firmando un acuerdo con Estados Unidos», dijo Crenshaw, líder del Grupo de Trabajo del Congreso para Combatir los Cárteles de la Droga Mexicanos.
El Departamento de Estado no ha hecho públicos los acuerdos en ninguno de los más de 30 comunicados de prensa emitidos desde el miércoles, pero un portavoz del Estado confirmó al Washington Examiner. Se conoce que el viernes se habían firmado los acuerdos sobre el estado de las fuerzas y acuerdos de aplicación de la ley marítima.
A la firma asistieron altos representantes de la rama militar del Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Defensa. El acuerdo marítimo permite que buques militares estadounidenses estén presentes en las aguas frente a la costa noroeste de América del Sur, que los cárteles de la droga colombianos utilizan para transportar cocaína.
La capacidad de trasladar embarcaciones militares al área «fortalecerá las actividades cooperativas de aplicación de la ley y creará capacidad mutua para prevenir y combatir la actividad marítima transnacional ilícita», según State.
El segundo acuerdo fue menos común, según Adam Isacson, quien dirige la supervisión de defensa en la Oficina de Washington para América Latina y ha trabajado en temas latinoamericanos desde 1994.
Los acuerdos sobre el estado de las fuerzas describen los términos según los cuales los miembros de un ejército extranjero, en este caso el Departamento de Defensa, pueden operar o se espera que se comporten mientras se encuentran en otro país.
«Eso no significa que lo estemos haciendo, pero significa que podemos y significa que nos están dando una señal muy clara de que quieren que nos involucremos más», dijo Crenshaw.
La Guardia Costera, una rama militar que es la única que depende del DHS, ha desplegado sus barcos cortadores en las regiones de Atlanta, el Pacífico y el Caribe durante años para interceptar cargamentos de contrabando de drogas en aguas internacionales.
«Hay simplemente un río de cocaína que pasa por las Islas Galápagos», dijo Isacson. «Creo que están restableciendo más bien una base en la base de Manta. Teníamos una base de operaciones avanzada allí en la década de 1990».
El 20 de septiembre, el guardacostas Confidence regresó a su puerto base en Florida luego de un despliegue antinarcóticos de dos meses en el Caribe y descargó 12.100 libras de cocaína valoradas en $160 millones incautadas en cooperación con agencias asociadas. Diecisiete presuntos narcotraficantes fueron arrestados y remitidos al Departamento de Justicia para su procesamiento.
La Guardia Costera trabaja con los aviones de Operaciones Aéreas y Marinas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU que vigilan desde el cielo actividades de navegación inusuales, a las que luego los cortadores responden en el agua. Los cortadores regresan varias veces al mes con cargamentos de drogas valorados típicamente entre 50 y 200 millones de dólares cada uno.
Aunque Estados Unidos ha celebrado numerosos acuerdos sobre el estatus de fuerzas con países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, los acuerdos en el hemisferio occidental son mucho menos comunes.
Estados Unidos firmó acuerdos con Costa Rica en 1983, Nicaragua en 1998 y El Salvador en 2007, según un análisis de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado en 2012. Los documentos más recientes no estaban disponibles en línea.
Documento en inglés:
https://www.washingtonexaminer.com/policy/foreign/us-deal-military-ecuador-drug-cartel-explosion
(Traducción textual del texto de Washigton Observer)
Punto Noticias. La administración Biden ha firmado, discretamente, acuerdos con Ecuador que permitirá a Estados Unidos enviar fuerzas militares, tanto en tierra como frente a las costas del país sudamericano, que se ha visto muy afectado por los cárteles de la droga que operan en la región.
Miembros selectos del Congreso fueron informados durante una reunión informativa privada en el Capitolio con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso el miércoles.
Lasso estuvo en Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y firmar dos acuerdos, según el representante Dan Crenshaw (R-TX), quien estuvo presente en la reunión y habló con el Washington Examiner el jueves.
«Estaban anunciando y firmando un acuerdo con Estados Unidos», dijo Crenshaw, líder del Grupo de Trabajo del Congreso para Combatir los Cárteles de la Droga Mexicanos.
El Departamento de Estado no ha hecho públicos los acuerdos en ninguno de los más de 30 comunicados de prensa emitidos desde el miércoles, pero un portavoz del Estado confirmó al Washington Examiner. Se conoce que el viernes se habían firmado los acuerdos sobre el estado de las fuerzas y acuerdos de aplicación de la ley marítima.
A la firma asistieron altos representantes de la rama militar del Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Defensa. El acuerdo marítimo permite que buques militares estadounidenses estén presentes en las aguas frente a la costa noroeste de América del Sur, que los cárteles de la droga colombianos utilizan para transportar cocaína.
La capacidad de trasladar embarcaciones militares al área «fortalecerá las actividades cooperativas de aplicación de la ley y creará capacidad mutua para prevenir y combatir la actividad marítima transnacional ilícita», según State.
El segundo acuerdo fue menos común, según Adam Isacson, quien dirige la supervisión de defensa en la Oficina de Washington para América Latina y ha trabajado en temas latinoamericanos desde 1994.
Los acuerdos sobre el estado de las fuerzas describen los términos según los cuales los miembros de un ejército extranjero, en este caso el Departamento de Defensa, pueden operar o se espera que se comporten mientras se encuentran en otro país.
«Eso no significa que lo estemos haciendo, pero significa que podemos y significa que nos están dando una señal muy clara de que quieren que nos involucremos más», dijo Crenshaw.
La Guardia Costera, una rama militar que es la única que depende del DHS, ha desplegado sus barcos cortadores en las regiones de Atlanta, el Pacífico y el Caribe durante años para interceptar cargamentos de contrabando de drogas en aguas internacionales.
«Hay simplemente un río de cocaína que pasa por las Islas Galápagos», dijo Isacson. «Creo que están restableciendo más bien una base en la base de Manta. Teníamos una base de operaciones avanzada allí en la década de 1990».
El 20 de septiembre, el guardacostas Confidence regresó a su puerto base en Florida luego de un despliegue antinarcóticos de dos meses en el Caribe y descargó 12.100 libras de cocaína valoradas en $160 millones incautadas en cooperación con agencias asociadas. Diecisiete presuntos narcotraficantes fueron arrestados y remitidos al Departamento de Justicia para su procesamiento.
La Guardia Costera trabaja con los aviones de Operaciones Aéreas y Marinas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU que vigilan desde el cielo actividades de navegación inusuales, a las que luego los cortadores responden en el agua. Los cortadores regresan varias veces al mes con cargamentos de drogas valorados típicamente entre 50 y 200 millones de dólares cada uno.
Aunque Estados Unidos ha celebrado numerosos acuerdos sobre el estatus de fuerzas con países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, los acuerdos en el hemisferio occidental son mucho menos comunes.
Estados Unidos firmó acuerdos con Costa Rica en 1983, Nicaragua en 1998 y El Salvador en 2007, según un análisis de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado en 2012. Los documentos más recientes no estaban disponibles en línea.
Documento en inglés:
https://www.washingtonexaminer.com/policy/foreign/us-deal-military-ecuador-drug-cartel-explosion
3 de octubre de 2023
El canciller ecuatoriano Gustavo Manrique confirmó que las tropas estadounidenses podrán ingresar al país sudamericano por periodos cortos para realizar operativos antidrogas y contra la pesca ilegal, el tráfico de combustible y la trata de personas.
4 de octubre de 2023
6 de octubre de 2023