El CELA se pronuncia sobre la Fuerza de Tarea Conjunta, América Crece y otros engaños
Centro de Estudios Latinoamericanos - CELA 7 de octubre de 2020
En los últimos meses hemos sido testigos de una serie de acciones coordinadas por el gobierno de Estados Unidos de América (EEUU) para profundizar su control sobre el Estado panameño en complicidad con la actual administración. Buscan establecer condiciones para el dominio económico del capital estadounidense que percibe como amenaza, a su ya debilitada hegemonía, la creciente participación de la República Popular de China (RPCh) en las economías de la región. Es preocupante, que mientras EEUU anuncia los nuevos “acuerdos” con Panamá, el gobierno nacional se mantiene mudo frente a esta invasión institucional. Y es vergonzoso que, para seguir esta farsa, los panameños tienen que prestar atención a los comunicados del invasor, en lugar de los pronunciamientos de su administración.
El pasado 17 de agosto, el presidente Laurentino Cortizo recibió a un grupo de presión estadounidense integrado por el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien; el comandante del Comando Sur, Craig Faller; el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver-Carone (próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo-BID) y de Adam Boehler, director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. Bajo el “Marco Estratégico de Hemisferio Occidental”, presentaron al presidente panameño varios acuerdos, preparados de antemano en Washington, para ser firmados ese mismo día.
Los panameños desconocen los detalles de los acuerdos, pero la poca información disponible indica que son claros y sencillos: A cambio de una donación de 50 ventiladores, $4.4 millones en fondos para el sistema de salud y el “reconocimiento a los esfuerzos por salir de las listas grises”, Panamá abrirá sus instituciones a una “Fuerza de Tareas Conjuntas”, liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que monitoreará e investigará las actividades financieras dentro del país para, supuestamente, “detectar casos de corrupción y lavado de dinero”.
EEUU, además, logró ampliar el acuerdo “América Crece,” firmado en 2018 con el gobierno de Varela, para impulsar y facilitar inversiones y participación en proyectos de infraestructura y otros. Aprovechándose de los beneficios de la problemática Ley de Asociaciones Publicas-Privadas, EEUU impone un paquete de instrumentos para garantizar un campo de negocios ventajoso para sus intereses, en detrimento de sus competidores y, por ende, del país. Por supuesto, sus promotores caracterizan la extorsión con frases piadosas, tales como este pobre cliché: “Estados Unidos trabaja en estrecha colaboración con Panamá para promover la democracia y la seguridad, expandir el comercio, la inversión y combatir el COVID-19”
Esta retórica es risible. El gobierno de EEUU es uno de los más corruptos del mundo, avala la desestabilización regional y los golpes de estado, su respuesta al COVID-19 ha sido un fracaso y está dirigido por un presidente que se enorgullece de ser un mentiroso patológico. Por otro lado, no podemos eludir que se esconde una realidad más tenebrosa. Y es que el equipo de O’Brien, al salir de Panamá la tarde del 17 de agosto, voló directamente a Bogotá donde se reunió con el gobierno uribista para concretar acuerdos similares, pero con énfasis en programas y acciones que buscan socavar aún más los acuerdos de paz en ese país y promover un golpe de Estado en la vecina Venezuela.
Recordemos que O’Brien partió desde Florida hacia Panamá y Colombia el 17 de agosto, un día después de presentar la estrategia de EEUU en un evento reeleccionista de Trump con donantes de ultra-derecha, cuyo histórico desprecio por la democracia latinoamericana, los acuerdos de paz en Colombia y la soberanía de países rebeldes al imperio, es bien conocido. Es un secreto a voces que estas fuerzas, aliadas con los mafiosos de la Casa Blanca y del Palacio Nariño, son adeptas al uso del terrorismo, a la vigilancia ilegal, el gansterismo, la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos. El mensaje seguramente fue reforzado con la llamada telefónica del Secretario de Estado Mike Pompeo al presidente Cortizo, el 21 de septiembre. Aunque tampoco se ha informado sobre su contenido, no es difícil entender el significado del silencio del Palacio de las Garzas. Al “trabajar en estrecha colaboración” y con “socios” como estos, el gobierno panameño queda muy mal parado y se hace cómplice de una desgracia regional anunciada.
Aunque impone sus intereses por medios coercitivos, EEUU es todavía capaz de recurrir, con alguna torpeza, a los dispositivos del “poder suave”. Tal es el caso de la recién anunciada “American Center” en la Ciudad del Saber, inaugurada por el asesor de negocios de la embajada norteamericana, el pasado 26 de septiembre. Con sus anunciadas pretensiones educativas y culturales, el nuevo centro es bastante parecido a los Institutos Confucianos de la RPCh, tan odiados por el gobierno de EEUU ¡Huele a robo intelectual e hipocresía!
A Panamá le toca un camino diferente al de hegemonías decadentes y mafias regionales; uno independiente y soberano. El momento es crítico y exige un nuevo actor hegemónico popular capaz de rectificar el peligroso curso del estado-nación. Mientras tanto, como zorro en gallinero, el “socio del norte” se prepara para hacer de las suyas en Panamá y en la región. La pregunta de los pueblos críticos y rebeldes es: ¿Quién le abrió la puerta?
Panamá, 29 de septiembre de 2020
El pasado 17 de agosto, el presidente Laurentino Cortizo recibió a un grupo de presión estadounidense integrado por el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien; el comandante del Comando Sur, Craig Faller; el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver-Carone (próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo-BID) y de Adam Boehler, director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. Bajo el “Marco Estratégico de Hemisferio Occidental”, presentaron al presidente panameño varios acuerdos, preparados de antemano en Washington, para ser firmados ese mismo día.
Los panameños desconocen los detalles de los acuerdos, pero la poca información disponible indica que son claros y sencillos: A cambio de una donación de 50 ventiladores, $4.4 millones en fondos para el sistema de salud y el “reconocimiento a los esfuerzos por salir de las listas grises”, Panamá abrirá sus instituciones a una “Fuerza de Tareas Conjuntas”, liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que monitoreará e investigará las actividades financieras dentro del país para, supuestamente, “detectar casos de corrupción y lavado de dinero”.
EEUU, además, logró ampliar el acuerdo “América Crece,” firmado en 2018 con el gobierno de Varela, para impulsar y facilitar inversiones y participación en proyectos de infraestructura y otros. Aprovechándose de los beneficios de la problemática Ley de Asociaciones Publicas-Privadas, EEUU impone un paquete de instrumentos para garantizar un campo de negocios ventajoso para sus intereses, en detrimento de sus competidores y, por ende, del país. Por supuesto, sus promotores caracterizan la extorsión con frases piadosas, tales como este pobre cliché: “Estados Unidos trabaja en estrecha colaboración con Panamá para promover la democracia y la seguridad, expandir el comercio, la inversión y combatir el COVID-19”
Esta retórica es risible. El gobierno de EEUU es uno de los más corruptos del mundo, avala la desestabilización regional y los golpes de estado, su respuesta al COVID-19 ha sido un fracaso y está dirigido por un presidente que se enorgullece de ser un mentiroso patológico. Por otro lado, no podemos eludir que se esconde una realidad más tenebrosa. Y es que el equipo de O’Brien, al salir de Panamá la tarde del 17 de agosto, voló directamente a Bogotá donde se reunió con el gobierno uribista para concretar acuerdos similares, pero con énfasis en programas y acciones que buscan socavar aún más los acuerdos de paz en ese país y promover un golpe de Estado en la vecina Venezuela.
Recordemos que O’Brien partió desde Florida hacia Panamá y Colombia el 17 de agosto, un día después de presentar la estrategia de EEUU en un evento reeleccionista de Trump con donantes de ultra-derecha, cuyo histórico desprecio por la democracia latinoamericana, los acuerdos de paz en Colombia y la soberanía de países rebeldes al imperio, es bien conocido. Es un secreto a voces que estas fuerzas, aliadas con los mafiosos de la Casa Blanca y del Palacio Nariño, son adeptas al uso del terrorismo, a la vigilancia ilegal, el gansterismo, la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos. El mensaje seguramente fue reforzado con la llamada telefónica del Secretario de Estado Mike Pompeo al presidente Cortizo, el 21 de septiembre. Aunque tampoco se ha informado sobre su contenido, no es difícil entender el significado del silencio del Palacio de las Garzas. Al “trabajar en estrecha colaboración” y con “socios” como estos, el gobierno panameño queda muy mal parado y se hace cómplice de una desgracia regional anunciada.
Aunque impone sus intereses por medios coercitivos, EEUU es todavía capaz de recurrir, con alguna torpeza, a los dispositivos del “poder suave”. Tal es el caso de la recién anunciada “American Center” en la Ciudad del Saber, inaugurada por el asesor de negocios de la embajada norteamericana, el pasado 26 de septiembre. Con sus anunciadas pretensiones educativas y culturales, el nuevo centro es bastante parecido a los Institutos Confucianos de la RPCh, tan odiados por el gobierno de EEUU ¡Huele a robo intelectual e hipocresía!
A Panamá le toca un camino diferente al de hegemonías decadentes y mafias regionales; uno independiente y soberano. El momento es crítico y exige un nuevo actor hegemónico popular capaz de rectificar el peligroso curso del estado-nación. Mientras tanto, como zorro en gallinero, el “socio del norte” se prepara para hacer de las suyas en Panamá y en la región. La pregunta de los pueblos críticos y rebeldes es: ¿Quién le abrió la puerta?
Panamá, 29 de septiembre de 2020