El país se incendia, y Duque golpeará la JEP para "hacer trizas la Paz"
PCC Patricia Lara Salive 10 de marzo de 2019
- Se le está incendiando el país, Presidente.
“Todos los días faltan dos o tres niños y no se vuelve a saber de ellos”, dice un profesor de Cáceres, municipio del Bajo Cauca antioqueño, cuyas calles de casas pintadas de colores, ahora, están casi desiertas porque su gente huye o se encierra por miedo a la violencia generada por la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas y los Caparrapos, que no son más que antiguos paramilitares mal desmovilizados, quienes hoy trabajan para los carteles mexicanos de la droga. En esa disputa territorial también interviene ahora, con menor intensidad y poder, el ELN.
“Todos los días faltan dos o tres niños y no se vuelve a saber de ellos”, dice un profesor de Cáceres, municipio del Bajo Cauca antioqueño, cuyas calles de casas pintadas de colores, ahora, están casi desiertas porque su gente huye o se encierra por miedo a la violencia generada por la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas y los Caparrapos, que no son más que antiguos paramilitares mal desmovilizados, quienes hoy trabajan para los carteles mexicanos de la droga. En esa disputa territorial también interviene ahora, con menor intensidad y poder, el ELN.
Gráfica.- Iván Duque. Foto: EFE
“Hay orden de reclutar a nuestros niños desde los 11 años; estoy amenazada; nos han dejado solos; llevamos 19 homicidios este año”, dice, sollozando, una mujer de la Mesa de Víctimas.
Y un maestro afirma: “me siento preso; mis hijos no salen a la calle, no tengo vecinos, la única representación del gobierno somos los docentes, la jornada escolar ha sido recortada; se ha ido más del 33 por ciento de estudiantes; ¿qué hago con mis hijos?; estoy pidiendo traslado; no soporto más el estrés…” Entonces, este acuerpado profesor se derrumba y, en medio del llanto, exclama: “¡yo no quiero ver más que maten a mis alumnos! ¡No quiero que manden 2.000 o 3.000 policías! ¡Quiero que manden tres que sean honestos!”
Esa tragedia no ocurre sólo en Cáceres: durante un recorrido que hicimos con Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo (casi la única instancia institucional que escucha a esta gente y hace lo posible por transmitirle su desesperación al gobierno, a base de hacer llamadas a altos funcionarios, Presidente de la República incluido, y de emitir alertas tempranas a las que pocas bolas les paran), también la escuchamos de gente de otros municipios del Bajo Cauca, tanto en Córdoba como en Antioquia: San José de Uré, Montelíbano, Caucasia, Apartado, Puerto Libertador, Ayapel, Tarazá, Puerto Claver, Puerto López y El Bagre.
Allí matan a los líderes sociales... ¿Y por qué los matan? Porque promueven la sustitución de cultivos ilícitos, o los acusan de ser sapos, o saludan a alguien que pueda ser cercano a alguno que pertenezca a un grupo y lo asesinan los amigos del otro, o traspasan la barrera invisible más tarde de la hora señalada, o cargan celular donde no deben, o se niegan a pagar extorsiones, o promueven la restitución de tierras, o los matan por nada... Y en medio de esa situación, la mayoría desconfía de la Policía: “sólo una señora en la plaza nos vende”, me dijo un agente. “Los policías tenemos que peluquearnos entre nosotros porque nadie nos peluquea”, agregó.
“La gente habla mucho de que hay connivencia entre los grupos y la policía”, afirmó un experto que nos acompañó en el recorrido.
“Desde la misma estructura del Estado se fomenta la impunidad; muchos alcaldes del Bajo Cauca están presos”, comentó un personero.
Semejante drama no se limita al Bajo Cauca. Se extiende como mancha de aceite en otras cuatro regiones del país: Buenaventura, Chocó (Costa Pacífica y Alto y Bajo Baudó), Catatumbo y Tumaco. Y se repite en menor medida en los Llanos Orientales.
Y, mientras tanto, el Presidente Duque anda dedicado a Guaidó, a llevarnos al borde de la guerra con Venezuela, a volver irreversible el proceso con el ELN y a cavilar sobre cómo acaba con lo que sí funciona: la paz con las FARC y la JEP.
(Y a todas estas, los periodistas, ¿en qué país vivimos? ¿Dónde estamos?).
Nota: Por seguridad, omito los nombres de los entrevistados. (1° de marzo de 2019)
- ¡Aun puede evitar el caos, Presidente!
“¿Quién podrá decirle a Duque que si objeta la ley estatutaria de la JEP (*) pierde la gobernabilidad?”, comentó en una tertulia reciente un conocedor de los intríngulis de la política.
Se refería a la reacción adversa que ese hecho generaría en las agrupaciones estudiantiles y sindicales que realizarían múltiples protestas, en los partidos independientes y de izquierda, y en otros como el Liberal, el Verde y sectores de Cambio Radical y de la U, los cuales seguramente negarían las objeciones al llegar al Congreso, y le propinarían a Duque una derrota política descomunal.
“Si el Presidente objeta la ley, además se echaría encima la comunidad internacional que apoya los acuerdos”, interrumpió otro analista.
“Y muy probablemente provocaría la intervención de la Corte Penal Internacional, que ha apoyado de manera contundente a la JEP”, comentó otro asistente.
“Y perdería popularidad porque en el país es más popular la JEP que Duque y que Uribe”, afirmó un tertuliante, refiriéndose a un reciente sondeo del Centro Nacional de Consultoría, según el cual la JEP tiene 58% de opinión favorable, mientras que Duque tiene 52 y Uribe 44.
“Y generaría un impacto muy negativo en los desmovilizados que ya están muy tristes y ven amenazada su seguridad jurídica, que es lo que más les importa”, dijo una funcionaria que acababa de visitar las zonas de desmovilización.
Y golpearía a la Corte Constitucional y provocaría un choque de trenes, (pensé yo), porque como afirmó en la revista Semana Gloria Ortíz, Presidenta de esa Corte, “la comunidad jurídica debe evaluar si un reparo de inconveniencia como este puede afectar la cosa juzgada”.
Y las objeciones no servirían de nada porque así el Congreso las aprobara, seguramente la Corte reafirmaría su posición y las volvería a tumbar, (seguí pensando).
Y se echaría encima a gran parte de los militares que están encantados con la JEP, como lo demuestra el que 1.500 de ellos, agrupados en la Fundación Fuimos Héroes, le hayan pedido a Duque que no objete la ley, con el argumento de que esa jurisdicción les ha permitido, a muchos militares acusados de cometer delitos durante el conflicto, obtener libertad condicional. (Ya hay 1.957 militares y ex militares que han firmado actas de compromiso con la JEP).
Y heriría aún más a las víctimas, pues al acabar la JEP o al golpearla tan duramente, haría casi imposible que ellas conocieran la verdad de lo que ocurrió con sus muertos, desaparecidos y secuestrados y tuvieran garantías de justicia, reparación y no repetición.
Y regaría con gasolina la brasa encendida que es este país, porque muchos, quizás la mayoría de los desmovilizados, frustrados y angustiados, se unirían a los desertores de las FARC, al ELN o las Bacrim que les ofrecen pagarles un millón mensual.
Entonces, ¿cuál puede ser la conveniencia política de que Duque objete, total o parcialmente, la ley estatutaria de la JEP?¿Tiene algún sentido que corra semejante riesgo político e institucional sólo por complacer a su partido minoritario, al Senador Uribe y al Fiscal General que no sabe qué nueva treta inventarse para torpedear los acuerdos de paz?
¡No! El Presidente tiene la obligación de hacer hasta lo imposible para garantizar que este país que ha sufrido tanto, no regrese a la guerra.
Por ello, es un deber moral suyo, y de todos los colombianos, rodear a la JEP y hacerle sentir a su Presidenta, Patricia Linares, una jurista honesta, capaz y ponderada, que la apoyamos, la respetamos y que estamos con ella.
Y un maestro afirma: “me siento preso; mis hijos no salen a la calle, no tengo vecinos, la única representación del gobierno somos los docentes, la jornada escolar ha sido recortada; se ha ido más del 33 por ciento de estudiantes; ¿qué hago con mis hijos?; estoy pidiendo traslado; no soporto más el estrés…” Entonces, este acuerpado profesor se derrumba y, en medio del llanto, exclama: “¡yo no quiero ver más que maten a mis alumnos! ¡No quiero que manden 2.000 o 3.000 policías! ¡Quiero que manden tres que sean honestos!”
Esa tragedia no ocurre sólo en Cáceres: durante un recorrido que hicimos con Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo (casi la única instancia institucional que escucha a esta gente y hace lo posible por transmitirle su desesperación al gobierno, a base de hacer llamadas a altos funcionarios, Presidente de la República incluido, y de emitir alertas tempranas a las que pocas bolas les paran), también la escuchamos de gente de otros municipios del Bajo Cauca, tanto en Córdoba como en Antioquia: San José de Uré, Montelíbano, Caucasia, Apartado, Puerto Libertador, Ayapel, Tarazá, Puerto Claver, Puerto López y El Bagre.
Allí matan a los líderes sociales... ¿Y por qué los matan? Porque promueven la sustitución de cultivos ilícitos, o los acusan de ser sapos, o saludan a alguien que pueda ser cercano a alguno que pertenezca a un grupo y lo asesinan los amigos del otro, o traspasan la barrera invisible más tarde de la hora señalada, o cargan celular donde no deben, o se niegan a pagar extorsiones, o promueven la restitución de tierras, o los matan por nada... Y en medio de esa situación, la mayoría desconfía de la Policía: “sólo una señora en la plaza nos vende”, me dijo un agente. “Los policías tenemos que peluquearnos entre nosotros porque nadie nos peluquea”, agregó.
“La gente habla mucho de que hay connivencia entre los grupos y la policía”, afirmó un experto que nos acompañó en el recorrido.
“Desde la misma estructura del Estado se fomenta la impunidad; muchos alcaldes del Bajo Cauca están presos”, comentó un personero.
Semejante drama no se limita al Bajo Cauca. Se extiende como mancha de aceite en otras cuatro regiones del país: Buenaventura, Chocó (Costa Pacífica y Alto y Bajo Baudó), Catatumbo y Tumaco. Y se repite en menor medida en los Llanos Orientales.
Y, mientras tanto, el Presidente Duque anda dedicado a Guaidó, a llevarnos al borde de la guerra con Venezuela, a volver irreversible el proceso con el ELN y a cavilar sobre cómo acaba con lo que sí funciona: la paz con las FARC y la JEP.
(Y a todas estas, los periodistas, ¿en qué país vivimos? ¿Dónde estamos?).
Nota: Por seguridad, omito los nombres de los entrevistados. (1° de marzo de 2019)
- ¡Aun puede evitar el caos, Presidente!
“¿Quién podrá decirle a Duque que si objeta la ley estatutaria de la JEP (*) pierde la gobernabilidad?”, comentó en una tertulia reciente un conocedor de los intríngulis de la política.
Se refería a la reacción adversa que ese hecho generaría en las agrupaciones estudiantiles y sindicales que realizarían múltiples protestas, en los partidos independientes y de izquierda, y en otros como el Liberal, el Verde y sectores de Cambio Radical y de la U, los cuales seguramente negarían las objeciones al llegar al Congreso, y le propinarían a Duque una derrota política descomunal.
“Si el Presidente objeta la ley, además se echaría encima la comunidad internacional que apoya los acuerdos”, interrumpió otro analista.
“Y muy probablemente provocaría la intervención de la Corte Penal Internacional, que ha apoyado de manera contundente a la JEP”, comentó otro asistente.
“Y perdería popularidad porque en el país es más popular la JEP que Duque y que Uribe”, afirmó un tertuliante, refiriéndose a un reciente sondeo del Centro Nacional de Consultoría, según el cual la JEP tiene 58% de opinión favorable, mientras que Duque tiene 52 y Uribe 44.
“Y generaría un impacto muy negativo en los desmovilizados que ya están muy tristes y ven amenazada su seguridad jurídica, que es lo que más les importa”, dijo una funcionaria que acababa de visitar las zonas de desmovilización.
Y golpearía a la Corte Constitucional y provocaría un choque de trenes, (pensé yo), porque como afirmó en la revista Semana Gloria Ortíz, Presidenta de esa Corte, “la comunidad jurídica debe evaluar si un reparo de inconveniencia como este puede afectar la cosa juzgada”.
Y las objeciones no servirían de nada porque así el Congreso las aprobara, seguramente la Corte reafirmaría su posición y las volvería a tumbar, (seguí pensando).
Y se echaría encima a gran parte de los militares que están encantados con la JEP, como lo demuestra el que 1.500 de ellos, agrupados en la Fundación Fuimos Héroes, le hayan pedido a Duque que no objete la ley, con el argumento de que esa jurisdicción les ha permitido, a muchos militares acusados de cometer delitos durante el conflicto, obtener libertad condicional. (Ya hay 1.957 militares y ex militares que han firmado actas de compromiso con la JEP).
Y heriría aún más a las víctimas, pues al acabar la JEP o al golpearla tan duramente, haría casi imposible que ellas conocieran la verdad de lo que ocurrió con sus muertos, desaparecidos y secuestrados y tuvieran garantías de justicia, reparación y no repetición.
Y regaría con gasolina la brasa encendida que es este país, porque muchos, quizás la mayoría de los desmovilizados, frustrados y angustiados, se unirían a los desertores de las FARC, al ELN o las Bacrim que les ofrecen pagarles un millón mensual.
Entonces, ¿cuál puede ser la conveniencia política de que Duque objete, total o parcialmente, la ley estatutaria de la JEP?¿Tiene algún sentido que corra semejante riesgo político e institucional sólo por complacer a su partido minoritario, al Senador Uribe y al Fiscal General que no sabe qué nueva treta inventarse para torpedear los acuerdos de paz?
¡No! El Presidente tiene la obligación de hacer hasta lo imposible para garantizar que este país que ha sufrido tanto, no regrese a la guerra.
Por ello, es un deber moral suyo, y de todos los colombianos, rodear a la JEP y hacerle sentir a su Presidenta, Patricia Linares, una jurista honesta, capaz y ponderada, que la apoyamos, la respetamos y que estamos con ella.
(*) JEP: Sistema de Justicia Especial para la Paz
Addendum Videos:
Que es la JEP, Bien explicado
https://www.youtube.com/watch?v=yBGQZDnUF8Q
Gobierno objeta ley reglamentaria de la JEP
https://www.youtube.com/watch?v=zZhTY6DlBlM
La Dupla Guaidó Duque y su Montaje, el peor Ridículo de Político alguno de los Últimos Tiempos
https://www.youtube.com/watch?v=VqO5aZGSs5g
Países garantes advierten consecuencias de objetar ley de la JEP
https://www.youtube.com/watch?v=dKEPRLIexz4
El complot contra la JEP
https://www.youtube.com/watch?v=wU5B6Ea9evc
Colombia:por vencer, plazo para sancionar la Ley Estatutaria de la JEP
https://www.youtube.com/watch?v=P_eIx07i9hM
Colombia: Duque debe aprobar o no Ley de la JEP antes del 11 de marzo
https://www.youtube.com/watch?v=C5_SlrgoksA
Fuentes:
https://www.patricialarasalive.com/el-espectador
www.patricialarasalive.com
Addendum Videos:
Que es la JEP, Bien explicado
https://www.youtube.com/watch?v=yBGQZDnUF8Q
Gobierno objeta ley reglamentaria de la JEP
https://www.youtube.com/watch?v=zZhTY6DlBlM
La Dupla Guaidó Duque y su Montaje, el peor Ridículo de Político alguno de los Últimos Tiempos
https://www.youtube.com/watch?v=VqO5aZGSs5g
Países garantes advierten consecuencias de objetar ley de la JEP
https://www.youtube.com/watch?v=dKEPRLIexz4
El complot contra la JEP
https://www.youtube.com/watch?v=wU5B6Ea9evc
Colombia:por vencer, plazo para sancionar la Ley Estatutaria de la JEP
https://www.youtube.com/watch?v=P_eIx07i9hM
Colombia: Duque debe aprobar o no Ley de la JEP antes del 11 de marzo
https://www.youtube.com/watch?v=C5_SlrgoksA
Fuentes:
https://www.patricialarasalive.com/el-espectador
www.patricialarasalive.com
11 de marzo de 2019
Bogotá D. C., 11 de marzo de 2019.
Señor
António Guterrez
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York
Apreciado señor Secretario:
El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.
El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado.
El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación” .
De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz” .
En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo" .
A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica.
El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones” .
Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP.
Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de tiempo atrás que los miembros de la Fuerza Pública no tienen garantías de imparcialidad en la JEP. Tanto el Acuerdo de Paz como la Constitución Política de Colombia establecen el carácter inescindible de la JEP, por lo que ésta sería la única competente para investigar, juzgar y sancionar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en desarrollo del conflicto armado. Si bien es cierto que la Constitución también dice que al interior de la JEP el tratamiento de los miembros de las fuerzas armadas deberá ser simétrico, equilibrado, equitativo, simultaneo, y diferenciado en algunos aspectos, la Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad-hoc encargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos.
Para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas. Como ejemplo de los riesgos que lleva consigo la actitud del presidente Duque, vale la pena recordar que es en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto.
Señor Secretario:
Quienes suscribimos esta comunicación somos integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboramos el Acuerdo de Paz; congresistas que hacemos parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos por la paz y la reconciliación nacional. Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva.
PS. Remitimos copia del presente escrito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Atentamente,
Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz
Señor
António Guterrez
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York
Apreciado señor Secretario:
El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.
El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado.
El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación” .
De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz” .
En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo" .
A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica.
El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones” .
Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP.
Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de tiempo atrás que los miembros de la Fuerza Pública no tienen garantías de imparcialidad en la JEP. Tanto el Acuerdo de Paz como la Constitución Política de Colombia establecen el carácter inescindible de la JEP, por lo que ésta sería la única competente para investigar, juzgar y sancionar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en desarrollo del conflicto armado. Si bien es cierto que la Constitución también dice que al interior de la JEP el tratamiento de los miembros de las fuerzas armadas deberá ser simétrico, equilibrado, equitativo, simultaneo, y diferenciado en algunos aspectos, la Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad-hoc encargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos.
Para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas. Como ejemplo de los riesgos que lleva consigo la actitud del presidente Duque, vale la pena recordar que es en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto.
Señor Secretario:
Quienes suscribimos esta comunicación somos integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboramos el Acuerdo de Paz; congresistas que hacemos parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos por la paz y la reconciliación nacional. Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva.
PS. Remitimos copia del presente escrito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Atentamente,
Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz
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- Humberto de la Calle Lombana
Exjefe del equipo de paz y exvicepresidente de la República - María Ángela Holguín Exnegociadora de paz y excanciller de la República - Juan Fernando Cristo Bustos Exnegociador de paz y exministro del Interior - Rafael Pardo Exnegociador de paz y exministro - Frank Pearl Exnegociador de paz y exalto comisionado para la paz - Roy Leonardo Barreras Montealegre Exnegociador de paz y senador Partido U Equipo Negociador de FARC en los Diálogos por la Paz - Rodrigo Londoño Echeverri Presidente del partido FARC - Pablo Catatumbo Exnegociador de paz y senador del partido FARC - Pastor Alape Exnegociador de paz y dirigente del partido FARC - Julián Gallo Cubillos Exnegociador de paz y senador partido FARC - Victoria Sandino Exnegociadora de paz y senadora del partido FARC - Marcos Calarcá Exnegociador de paz y representante del partido FARC - Rodrigo Granda Escobar Exnegociador de paz y dirigente partido FARC Otras personalidades que suscriben: - Abad Colorado Jesús Periodista y fotógrafo documental - Antequera José Activista defensor de derechos humanos - Arévalo Julián Decano Facultad de Economía Universidad Externado - Arias Wilson Senador Polo Democrático Alternativo - Avella Esquivel Aida Yolanda Senadora Coalición Lista de la Decencia - Ávila Martínez Ariel Subdirector Fundación Paz y Reconciliación - Barrios Alejandra Directora Misión de Observación Electoral (MOE) - Bejarano Guzmán Ramiro Columnista de opinión y abogado - Bernal Luz Marina Líder de las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’ - Bolívar Gustavo Senador Coalición Lista de la Decencia - Borja Díaz Wilson Alfonso Exrepresentante a la Cámara y dirigente político - Botero Catalina Exrelatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA y abogada - Cabrera Mauricio Economista - Cala Suarez Jairo Reinaldo Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - FARC - Cárdenas Jhon Jairo Representante Partido U - Carrascal Mafe Activista política - Castilla Alberto Senador Polo Democrático Alternativo - Castillejo Alejandro Docente Universidad de Los Andes - Celis Luis Eduardo Analista en temas de paz y conflicto armado - Cepeda Castro Iván Senador Polo Democrático Alternativo - Cerón Ángela Defensora de Derechos Humanos - Cristo Bustos Andrés Senador Partido Liberal - De Gamboa Camila Profesora universitaria - Díaz Uribe Eduardo Exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos - Duque Lisandro Director de cine y columnista de opinión - Dussan Jaime Exsenador de la República y dirigente político - Escobar Ángela María Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales - Estupiñan Liliana Profesora universitaria - Fries Martínez Bertha Lucia Víctima del atentado al Club EL Nogal - Galán Juan Manuel Exsenador y dirigente político - Garcés Córdoba Mariana Exministra de Cultura - García Lidio Arturo Senador Partido Liberal - García Peña Daniel Exalto comisionado para la paz y columnista de opinión - García Realpe Guillermo Senador Partido Liberal Colombiano - Gaviria Alejandro Exministro de Salud - Gil Andrés Presidente Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - Gil Savastano Laura Gabriela Directora Portal La Línea del Medio - Goebertus Estrada Juanita María Representante Partido Alianza Verde - Gómez Londoño Luis Ernesto Exviceministro del Interior - González Arana Roberto Historiador y profesor universitario - González Benedicto de Jesús Representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - González Posso Camilo Exministro e investigador - González Roberto Profesor universitario - Henao Juan Carlos Expresidente de la Corte Constitucional |
- Herrera Botta Adriana
Empresaria - Hommes Rudolf Exministro de Hacienda y columnista de opinión - Juviano Catherine Periodista y activista social - Kohon Mariela Exasesora de la delegación de paz de las FARC y exdirectora de Justice for Colombia - Lara Salive Patricia Escritora y columnista - Leal Buitrago Francisco Profesor e investigador universitario - León Magdalena Socióloga y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional - Leyva Durán Álvaro Exministro y exconstituyente - López Alexander Senador Polo Democrático Alternativo - López Montaño Cecilia Exministra de Trabajo - López Obregón Clara Exministra de Trabajo - López Claudia Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenadora - Lozada Vargas Juan Carlos Representante Partido Liberal Colombiano - Lozano Correa Angélica Lisbeth Senadora Partido Alianza Verde - Mantilla Ignacio Exrector de la Universidad Nacional de Colombia - Márquez Mina Francia Elena Integrante del Proceso de Comunidades Negras y Ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente - Martínez Diego Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz - Marulanda Gómez Luis Iván Senador Partido Alianza Verde - Medina Henry General (r) - Miranda Peña Katherine Representante Partido Alianza Verde - Mockus Antanas Senador Partido Alianza Verde - Monsalve Darío de Jesús Arzobispo de Cali - Muñoz Lopera León Fredy Representante Partido Alianza Verde - Navarro Antonio Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenador - Navas Talero Germán Representante Polo Democrático Alternativo - Orejuela Libardo Exrector de la Universidad Libre del Valle - Pardo Alberto Director MundiPaz - Paz Carlos Arcesio Empresario - Parra Gabriela Periodista - Pizarro Rodríguez María José Representante Partido Alianza Verde - Quintero Calle Daniel Exviceministro - Racero Mayorca David Ricardo Representante Partido Alianza Verde - Ramírez Sandra Senadora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - Restrepo Álvaro Director del Colegio del Cuerpo - Reyes Alvarado Yesid Exministro de Justicia - Ríos José Noé Exviceministro y exnegociador de paz con el ELN - Rivera Flórez Guillermo Exministro del Interior - Robledo Gómez Ángela María Representante Colombia Humana - Robledo Jorge Enrique Senador Polo Democrático Alternativo - Rodríguez Roosvelt Senador Partido de la U - Rojas Jorge E. Exsecretario de Integración Social - Romero Marco Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes - Rozo Rengifo Juan Sebastián Exministro de TICS - Sáez de Ibarra María Belén Directora de Patrimonio de la Universidad Nacional - Salcedo Doris Escultora - Saldarriaga Óscar Académico e investigador de la Universidad Javeriana - Sanabria Luis Emil Director de Redepaz - Sanguino Páez Antonio Senador Partido Alianza Verde - Sánchez Gonzalo Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario - Sánchez María Eugenia Casa de la Mujer - Sánchez Olga Amparo Casa de la Mujer - Sanín José Luciano Director de Viva la Ciudadanía - Santiago Enrique Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz - Serpa Horacio José Senador Partido Liberal - Socarrás Reales Fredys Miguel Exviceministro de Trabajo - Toloza Francisco Javier Exvocero de paz - Ungar Bleier Elizabeth Exdirectora de Transparencia por Colombia - Valencia Agudelo León Director Fundación Paz y Reconciliación - Vargas Velásquez Alejo Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional - Velasco Luis Fernando Senador Partido Liberal |
12 de marzo de 2019
13 de marzo de 2019
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Se comunica que las decisiones tomadas durante la mañana por parte del CRIC son:
Si el martes 12 de marzo, a las cinco de la tarde no se ha hecho presente el presidente de la República en Monterílla (el Pital) Caldono, inmediatamente se procederá a taponar las vías en sitios como: La María-Morales-Suárez-Toribio-Jambalo-Coconuco-Silvia-La Agustina-El Pital, simultáneamente Lo anterior con la intención de que se provicionen de gasolina y todo lo necesario. Los indígenas están preparados para resistir mes y medio en la vía. |
Buenas noches, en estos momentos se presenta cierre total de la vía panamericana entre Popayan y Cali, en diferentes tramos viales asi: km 47 vereda el descanso del municipio de Caldono, km 52 vereda El Rosal de Caldono, km 56+750 vereda el Llanito de Santander de Quilichao y km 58 vereda La Agustina de Santander, con vehículos atravesados.
Y ya está cerrada la Vía Panamericana. Fuente: redes sociales |
Historia:
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14 de marzo de 2019
Comisión de Garantías y Derechos Humanos
Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.
ALERTA TEMPRANA
Pueblos indígenas y comunidades y campesinas del Cauca y el suroccidente en Minga Social en grave riesgo por inminente trato militar a la protesta social
Departamento del Cauca,
La Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Teniendo en cuenta que:
• Desde el día 10 de marzo de 2019, iniciamos el proceso de movilización pacífica, y nos congregamos en los Municipios de Santander de Quilichao (Corregimiento Mondomo), Caldono (Corregimiento el Pital) y Cajibio (El Cairo).
• El día de hoy esperamos la visita del señor presidente de la Republica, y recibimos a una delgacion del gobierno nacional en cabeza de la Ministra del Interior
• Durante el proceso de concentración de la Minga Social, Fuerza Pública realiza actos de hostigamiento en contra de comuneros indígenas y campesinos.
• Ante la concentración y despliegue ofensivo de miles de agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y fuerzas especiales del Ejército Nacional sobre los sitios de concentración de comunidades campesinas e indígenas.
• Las informaciones recibidas sobre la pérdida de competencia en el manejo del orden público por parte de las autoridades civiles del Departamento.
• El control del orden público en cabeza del Ministro de Defensa.
• Los antecedentes en el trato militar a la protesta social por parte del Estado Colombiano que han dejado miles de compañeros y compañeras asesinados, heridos o privados de la libertad por la acción de agentes Estatales.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional por las violaciones a los derechos constitucionales y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que puedan cometer los integrantes de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia en contra de la vida, integridad y libertad personal de las comunidades campesinas e indígenas movilizadas.
El dialogo es la ruta.
12 de marzo de 2019
Tejido Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN Chxab Wala Kiwe
Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”
Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.
#MingaSocialSuroccidente2019
Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.
ALERTA TEMPRANA
Pueblos indígenas y comunidades y campesinas del Cauca y el suroccidente en Minga Social en grave riesgo por inminente trato militar a la protesta social
Departamento del Cauca,
La Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Teniendo en cuenta que:
• Desde el día 10 de marzo de 2019, iniciamos el proceso de movilización pacífica, y nos congregamos en los Municipios de Santander de Quilichao (Corregimiento Mondomo), Caldono (Corregimiento el Pital) y Cajibio (El Cairo).
• El día de hoy esperamos la visita del señor presidente de la Republica, y recibimos a una delgacion del gobierno nacional en cabeza de la Ministra del Interior
• Durante el proceso de concentración de la Minga Social, Fuerza Pública realiza actos de hostigamiento en contra de comuneros indígenas y campesinos.
• Ante la concentración y despliegue ofensivo de miles de agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y fuerzas especiales del Ejército Nacional sobre los sitios de concentración de comunidades campesinas e indígenas.
• Las informaciones recibidas sobre la pérdida de competencia en el manejo del orden público por parte de las autoridades civiles del Departamento.
• El control del orden público en cabeza del Ministro de Defensa.
• Los antecedentes en el trato militar a la protesta social por parte del Estado Colombiano que han dejado miles de compañeros y compañeras asesinados, heridos o privados de la libertad por la acción de agentes Estatales.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional por las violaciones a los derechos constitucionales y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que puedan cometer los integrantes de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia en contra de la vida, integridad y libertad personal de las comunidades campesinas e indígenas movilizadas.
El dialogo es la ruta.
12 de marzo de 2019
Tejido Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN Chxab Wala Kiwe
Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”
Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.
#MingaSocialSuroccidente2019
Por: Iván Márquez
No es la consolidación de paz el objetivo del Uribismo en el poder, sino la conspiración permanente contra ella. En tiempos de post acuerdo es el miedo a la verdad y al desplome del búnker de su impunidad lo que impulsa sus desatinadas decisiones. En otras palabras le tienen miedo a la verdad del General Rito Alejo del Río, a la de más de dos mil militares que se acogieron a la JEP, a la verdad que quieren aportar cientos de empresarios y para politicos, y a la verdad de las víctimas del conflicto y de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Lo que está detrás de las objeciones del Presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, es entonces, un pánico terrible a la verdad y al eventual derrumbe de la impunidad. Uribe y su facción política saben muy bien que a pesar de que excluyeron de la Jurisdicción Especial a los terceros involucrados en el conflicto en contravía de lo pactado, no les será fácil escapar de la escena del crimen. Durante sus gobiernos, por ejemplo, se provocaron mas de 3 millones 500 mil victimas (el 41% del total de victimas en 50 años de guerra), y se emitió la Directiva 029 del ministerio de defensa, que desencadenó los falsos positivos y la muerte de miles de jóvenes inocentes. La cúpula política, junto a empresarios, terratenientes y otros, son los verdaderos determinadores de la violencia, los autores detrás del autor.
Valdría la pena ahora preguntarnos por qué no dejaron prosperar la Unidad Especial del punto 74 de la JEP que debía ocuparse de los casos de paramilitarismo. Son 100 mil los ciudadanos asesinados por esa máquina de muerte… Ya es hora que el Fiscal explique por qué no dejó funcionar esa Unidad.
Aquí lo que se debe objetar es la guerra, no la paz, presidente Duque. La paz es el derecho síntesis porque garantiza la vida. Sin vida, derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, el agua, la salud, el trabajo, se disuelven en el aire, se quedan sin objeto.
Cuando un Gobierno incumple la Constitución y desconoce y desacata los fallos de la Corte interponiendo falsas inconveniencias politicas, e ignora la división y autonomía de las ramas del poder, es porque ha iniciado la marcha hacia el infierno de la tiranía.
Teniendo en cuenta que el Acuerdo de Paz ya fue hecho trizas y sus aspectos esenciales hundidos o denegados por el anterior Congreso, y observando el panorama desolador de la falta de implementación, las actuales objeciones de Duque a la estatutaria -cumpliendo obedientemente el dictado de Sarmiento Angulo a traves del Fiscal Martínez- para ser precisos, no buscan destruir la paz sino demoler sus ruinas.
Nuestras preocupaciones impresas en cartas dirigidas a la Segunda Misión de Naciones Unidas, a los países garantes, a la Comisión de Paz del Senado, a la Jurisdicción Especial para la Paz, al Secretario General de la ONU Antonio Gutérrez dando cuenta del taciturno hundimiento de la paz de Colombia, ya pueden empezar a considerarse como constancias históricas.
Esta cadena de sucesos desafortunados de traición a lo acordado, a los principios de pacta sunt servanda y de buena fe, llenaron de desconfianza a los excombatientes, incluyendo los de la fuerza pública, a los que ahora pretenden intimidar con inseguridad jurídica para que mantengan sus bocas cerradas y no hablen nunca de la responsabilidad principal en el conflicto de la cúpula política y los poderosos.
Las objeciones son maniobras de engaño del Estado para eludir su responsabilidad de reparar a las víctimas del conflicto; para instituir el absurdo de que haya dos jurisdicciones investigando sobre los mismos hechos; Llenar la nueva Jurisdicción con millones de casos para hacerla inoperante; y para que se pueda extraditar sin pruebas a comandantes guerrilleros para saciar así su sed de venganza. Esto último fue lo que hizo Uribe con Simón Trinidad a quien extraditó a los Estados Unidos, sin ser solicitado por esa potencia, mediante un sucio montaje judicial. Simón terminó condenado a 60 años de cárcel por un delito inventado a última hora, que ni siquiera hacía parte del montaje inicial.
El gobierno de Duque es una desgracia para Colombia que arrastra la peor crisis humanitaria de la region. Negar el derecho a la paz es una aberración -y de las peores- si lo que se busca es borrar el más hermoso anhelo humano sólo para ahuyentar el miedo a la verdad que siente una casta política que ejerce el poder desde la violencia. Nada justifica hacer trizas un Acuerdo de Paz para que un grupo minúsculo de privilegiados siga flotando apaciblemente en el éter de la impunidad.
A la calle; hay que salir a la calle a defender el derecho a la paz.
Marzo 14 de 2019
No es la consolidación de paz el objetivo del Uribismo en el poder, sino la conspiración permanente contra ella. En tiempos de post acuerdo es el miedo a la verdad y al desplome del búnker de su impunidad lo que impulsa sus desatinadas decisiones. En otras palabras le tienen miedo a la verdad del General Rito Alejo del Río, a la de más de dos mil militares que se acogieron a la JEP, a la verdad que quieren aportar cientos de empresarios y para politicos, y a la verdad de las víctimas del conflicto y de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Lo que está detrás de las objeciones del Presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, es entonces, un pánico terrible a la verdad y al eventual derrumbe de la impunidad. Uribe y su facción política saben muy bien que a pesar de que excluyeron de la Jurisdicción Especial a los terceros involucrados en el conflicto en contravía de lo pactado, no les será fácil escapar de la escena del crimen. Durante sus gobiernos, por ejemplo, se provocaron mas de 3 millones 500 mil victimas (el 41% del total de victimas en 50 años de guerra), y se emitió la Directiva 029 del ministerio de defensa, que desencadenó los falsos positivos y la muerte de miles de jóvenes inocentes. La cúpula política, junto a empresarios, terratenientes y otros, son los verdaderos determinadores de la violencia, los autores detrás del autor.
Valdría la pena ahora preguntarnos por qué no dejaron prosperar la Unidad Especial del punto 74 de la JEP que debía ocuparse de los casos de paramilitarismo. Son 100 mil los ciudadanos asesinados por esa máquina de muerte… Ya es hora que el Fiscal explique por qué no dejó funcionar esa Unidad.
Aquí lo que se debe objetar es la guerra, no la paz, presidente Duque. La paz es el derecho síntesis porque garantiza la vida. Sin vida, derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, el agua, la salud, el trabajo, se disuelven en el aire, se quedan sin objeto.
Cuando un Gobierno incumple la Constitución y desconoce y desacata los fallos de la Corte interponiendo falsas inconveniencias politicas, e ignora la división y autonomía de las ramas del poder, es porque ha iniciado la marcha hacia el infierno de la tiranía.
Teniendo en cuenta que el Acuerdo de Paz ya fue hecho trizas y sus aspectos esenciales hundidos o denegados por el anterior Congreso, y observando el panorama desolador de la falta de implementación, las actuales objeciones de Duque a la estatutaria -cumpliendo obedientemente el dictado de Sarmiento Angulo a traves del Fiscal Martínez- para ser precisos, no buscan destruir la paz sino demoler sus ruinas.
Nuestras preocupaciones impresas en cartas dirigidas a la Segunda Misión de Naciones Unidas, a los países garantes, a la Comisión de Paz del Senado, a la Jurisdicción Especial para la Paz, al Secretario General de la ONU Antonio Gutérrez dando cuenta del taciturno hundimiento de la paz de Colombia, ya pueden empezar a considerarse como constancias históricas.
Esta cadena de sucesos desafortunados de traición a lo acordado, a los principios de pacta sunt servanda y de buena fe, llenaron de desconfianza a los excombatientes, incluyendo los de la fuerza pública, a los que ahora pretenden intimidar con inseguridad jurídica para que mantengan sus bocas cerradas y no hablen nunca de la responsabilidad principal en el conflicto de la cúpula política y los poderosos.
Las objeciones son maniobras de engaño del Estado para eludir su responsabilidad de reparar a las víctimas del conflicto; para instituir el absurdo de que haya dos jurisdicciones investigando sobre los mismos hechos; Llenar la nueva Jurisdicción con millones de casos para hacerla inoperante; y para que se pueda extraditar sin pruebas a comandantes guerrilleros para saciar así su sed de venganza. Esto último fue lo que hizo Uribe con Simón Trinidad a quien extraditó a los Estados Unidos, sin ser solicitado por esa potencia, mediante un sucio montaje judicial. Simón terminó condenado a 60 años de cárcel por un delito inventado a última hora, que ni siquiera hacía parte del montaje inicial.
El gobierno de Duque es una desgracia para Colombia que arrastra la peor crisis humanitaria de la region. Negar el derecho a la paz es una aberración -y de las peores- si lo que se busca es borrar el más hermoso anhelo humano sólo para ahuyentar el miedo a la verdad que siente una casta política que ejerce el poder desde la violencia. Nada justifica hacer trizas un Acuerdo de Paz para que un grupo minúsculo de privilegiados siga flotando apaciblemente en el éter de la impunidad.
A la calle; hay que salir a la calle a defender el derecho a la paz.
Marzo 14 de 2019
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1 de abril de 2019