La comedia que puede convertirse en tragedia
CENAE Mario Ramos 21 de agosto de 2020
El final nunca es el final
Los antiguos griegos tenían un modelo genérico para resolver el conflicto, establecieron la comedia y la tragedia, que no es la simple distinción entre lo divertido y el desastre. Cuando el sector dirigente y la sociedad establecían una relación positiva, eso era comedia, cuando los protagonistas del cambio o del progreso, o como quieran llamarlo, quedaban derrotados, eso era tragedia.
Si invertimos esta idea griega, podríamos decir que los ‘estrategas’ del gobierno de Nebot-Lasso-Moreno andan divertidos porque todo, o casi todo les ha salido bien. Ganaron el siete veces sí, con el cual desinstitucionalizaron la República para hacer y deshacer de ella, y satisfacer sus voraces apetitos; se inventaron una crisis económica para justificar el retorno del FMI y dar paso a una economía especulativa, donde algunos han visto crecer exponencialmente su riqueza mal habida; en fin, datos y hechos abundan y nos indican que el pueblo ecuatoriano se quedó sin Patria y sin protección en medio de una crisis sanitaria que también la usaron para sus actos de corrupción. Ahora que estamos en medio de un proceso electoral, los directores de esa falsa comedia o de su comedia, han hecho de las suyas. Han buscado por todos los medios impedir la participación del correísmo en la vigente lid electoral. Sin embargo, superando todos los escollos inimaginables, al parecer, van a lograr inscribir su binomio: Andrés Arauz para presidente y Rafael Correa para vicepresidente, decimos al parecer, porque estos comediantes vivarachos buscan dar trámite urgente a una sentencia en firme que permita retirarle al expresidente Correa sus derechos políticos, y por lo tanto, impedirle seguir en el proceso electoral. De ocurrir esto, el correísmo tendrá suponemos su Plan B. Cuando definitivamente el correísmo logre inscribir su binomio, en ese partido político prestado, nos preguntamos: Qué ‘sorpresa’ nos tienen preparados los vivarachos. ¿Acaso el fraude electoral? De hecho han buscado hacer fraude antes del partido, para de ese modo evitarse la molestia de hacerlo durante la elección y con eso pretender mostrar una elección legítima y darle mínimas bases de gobernabilidad al próximo gobierno. Claro, los ‘estrategas’ de esa falsa comedia saben que abusar de la suerte es peligroso, porque se arriesgan a que su comedia finalmente se transforme en tragedia…pero para ellos. |
Ejemplos en la historia no faltan, y la insurrección de Octubre del 2019, fue el primer aviso. Cuando reyes y oligarquías abusan de su suerte, terminan perdiendo la cabeza, como sucedió en la Revolución Francesa, o simplemente desaparecen, como sucedió con la dinastía Románov, en la Revolución Rusa.
Hay una corriente o escuela anglosajona que cree que las ciencias políticas son como las ciencias naturales, en consecuencia piensan que los fenómenos se pueden predecir y que todo se puede medir, la verdad es que cuando interviene el factor humano, esto es imposible porque operan actores con voluntad propia, hay una cosa que se llama libre albedrío. Por eso, los “estrategas” que usan la teoría de juegos, suelen equivocarse, las condiciones y soluciones son demasiadas, y si usan un software para ayudarse en la toma de decisiones, ya la vida real les habrá arrollado. Se debe tener presente el trabajo de Nassim Taleb, sobre la importancia de los acontecimientos inesperados, los que llamó ‘Cisnes Negros’. La derecha haría mal en confiar en la ‘voluntad divina’ de cierta embajada, que a fin de cuentas es la titiritera, para resolver sus carencias estratégicas. Esa derecha debería reconocer, a propósito de ‘pandemias’, que vive entubada, se mantiene viva no gracias a sus virtudes, sino a la vida artificial que le otorgan determinados actores. Independientemente de lo que finalmente suceda en las elecciones del 2021, el recurso de Marx sigue siendo eternamente válido, establecer conciencia de clase como medio para convertir un interés común en fuerza política y poner en marcha una auténtica comedia popular. |
24 de agosto de 2020
Entrevista en teleSUR:
El analista político, Mario Ramos, en entrevista para teleSUR, explicó que "en anteriores elecciones de Ecuador, cuando disputó la presidencia Rafael Correa, casi se repitió el mismo escenario: en una esquina había 10 ó 15 candidatos y en otra esquina estaba sólo Correa. Hoy se puede repetir lo mismo, más bien esa dispersión de la derecha puede facilitar que se gane en primera vuelta". teleSUR
El analista político, Mario Ramos, en entrevista para teleSUR, explicó que "en anteriores elecciones de Ecuador, cuando disputó la presidencia Rafael Correa, casi se repitió el mismo escenario: en una esquina había 10 ó 15 candidatos y en otra esquina estaba sólo Correa. Hoy se puede repetir lo mismo, más bien esa dispersión de la derecha puede facilitar que se gane en primera vuelta". teleSUR
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28 de agosto de 2020
Washington vigila para que Evo y Correa no consigan retornar como lo hizo Cristina
Por Jorge Elbaum |
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2 de septiembre de 2020
3 de septiembre de 2020
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7 de septiembre de 2020
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14 de septiembre de 2020
16 de septiembre de 2020
Pleno del CNE dejó sin efecto la inscripción de cuatro movimientos políticos
Punto Noticias.- En sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), instalado este miércoles 16 de septiembre de 2020, se resolvió dejar sin efecto la inscripción de cuatro movimientos políticos, entre ellos: Movimiento Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Libertad es Pueblo y el Movimiento Justicia Social.
Con tres votos a favor de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, el Pleno dejó sin efecto la inscripción del Movimiento Fuerza Compromiso Social (Lista 5), lista que participa en alianza junto a Centro Democrático, para las elecciones presidenciales de 2021.
Ante esta resolución, el expresidente Rafael Correa se pronunció a través de su cuenta de Twitter y calificó de fraude a esta decisión. «Es evidente, desesperados por su segura derrota en las urnas», expresó.
Los tres funcionarios también votaron a favor de la eliminación del movimiento Juntos podemos (Lista 33), que tiene como precandidatos al exprefecto de Azuay Paúl Carrasco, como presidente y a Frank Vargas como vicepresidente.
El Pleno del CNE resolvió dejar sin efecto la inscripción del Movimiento Libertad es Pueblo (Lista 9) que pretende participar de manera oficial para los comicios de 2021, con el binomio conformado por Esteban Quirola (presidente) y Juan Carlos Machuca (vicepresidente).
Asimismo, la inscripción del Movimiento Justicia Social, que busca inscribir al hermano del expresidente Rafael Correa, Fabricio Correa, como presidente y a Marcia Yazbek como su binomio, quedó sin efecto, tras comprobarse irregularidades en las firmas que presentaron para su registro.
Pese a esta resolución que pretende eliminar a estas cuatro organizaciones políticas, los movimientos aún tienen el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Fuente: CNE
Con tres votos a favor de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, el Pleno dejó sin efecto la inscripción del Movimiento Fuerza Compromiso Social (Lista 5), lista que participa en alianza junto a Centro Democrático, para las elecciones presidenciales de 2021.
Ante esta resolución, el expresidente Rafael Correa se pronunció a través de su cuenta de Twitter y calificó de fraude a esta decisión. «Es evidente, desesperados por su segura derrota en las urnas», expresó.
Los tres funcionarios también votaron a favor de la eliminación del movimiento Juntos podemos (Lista 33), que tiene como precandidatos al exprefecto de Azuay Paúl Carrasco, como presidente y a Frank Vargas como vicepresidente.
El Pleno del CNE resolvió dejar sin efecto la inscripción del Movimiento Libertad es Pueblo (Lista 9) que pretende participar de manera oficial para los comicios de 2021, con el binomio conformado por Esteban Quirola (presidente) y Juan Carlos Machuca (vicepresidente).
Asimismo, la inscripción del Movimiento Justicia Social, que busca inscribir al hermano del expresidente Rafael Correa, Fabricio Correa, como presidente y a Marcia Yazbek como su binomio, quedó sin efecto, tras comprobarse irregularidades en las firmas que presentaron para su registro.
Pese a esta resolución que pretende eliminar a estas cuatro organizaciones políticas, los movimientos aún tienen el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Fuente: CNE
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17 de septiembre de 2020
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29 de septiembre de 2020
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Danilo Zurita Ruales Director Jurídico del CNE quien acaba de presentar su renuncia
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Una empresa de seguridad española espió los teléfonos de dos hijas de Rafael Correa
La compañía instaló ‘troyanos’ en sus teléfonos móviles y piratearon sus cuentas de Facebook y Messenger, según una querella del expresidente de Ecuador
La empresa de seguridad española UC Global S.L. espió durante años a dos hijas del expresidente de Ecuador Rafael Correa e instaló troyanos, sistema que permite el robo de datos confidenciales, en sus teléfonos móviles iPhone, según la documentación aportada en la querella que ha presentado en la Audiencia Nacional el político ecuatoriano contra el exmilitar David Morales, dueño de la compañía por presuntos delitos contra la intimidad y revelación de secretos.Sofía Correa estudiaba en Lyon (Francia) y su hermana Anne comenzaba su formación universitaria en la ciudad francesa de Poitiers. De madre belga y lengua francófona, las dos habían obtenido becas del Gobierno francés cuando comenzaron a recibir seguridad de la compañía española contratada por el Servicio de Protección Presidencial de Ecuador (SPP). El servicio resultaba para el Gobierno ecuatoriano “más rentable” que desplazar a Francia un equipo permanente de seguridad ecuatoriano.
UC Global S. L. firmó un contrato con el SPP y comenzó a prestar sus servicios de vigilancia y escolta en las dos ciudades francesas a finales de 2014. Al mismo tiempo, la empresa de Morales daba seguridad al entonces presidente ecuatoriano en sus viajes por Europa. La querella afirma que tanto Correa como sus hijas “desconocían la subcontratación” y se referían a estos servicios como “la seguridad de los españoles”.
En octubre de 2014, las dos jóvenes recibieron dos iPhone con la excusa de que tenían un sistema de geolocalización para saber dónde estaban en cada momento. La querella, admitida a trámite, afirma que ambos teléfonos móviles tenían dos troyanos de Tradesegur incorporados “que permitían el control absoluto de ambos [dispositivos] desde la sede de UC Global S. L.” en Jerez de la Frontera (Cádiz). Un año más tarde se les facilitaron dos iPhone nuevos, más modernos, con el sistema Flexispy, una aplicación espía que monitorea las conversaciones. En ambas ocasiones se les ocultó a ellas y a sus padres esta circunstancia, según la denuncia que tramita el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional.
La familia empezó a sospechar del comportamiento de los escoltas. La querella describe la reunión que mantuvieron la esposa de Correa, los tres hijos del matrimonio, el dueño de UC Global S. L. y uno de los trabajadores de la empresa en la que preguntaron si los teléfonos móviles tenían algún sistema de intromisión. El exmilitar Morales negó que los dispositivos estuvieran pirateados.
“UC Global S. L. comenzó a recolectar información de ambas, especialmente vinculada al padre, entonces presidente, y se accedió a sus cuentas de correo electrónico, así como a su Facebook y Messenger”, señala la querella que aporta las facturas de la compra de los iPhone con troyanos y 41 grabaciones de conversaciones telefónicas captadas a través de esos dispositivos y descubiertas en el ordenador de Michel Wallemacq, un trabajador belga de la empresa. La denuncia presume que estaban en su poder por dominar el francés y el español, idiomas en los que se comunicaban las hijas de Correa.
Cuando en 2017 Rafael Correa dejó la presidencia de Ecuador se trasladó a Bélgica y la empresa de seguridad de Morales le dio seguridad en ese país. En 2019 el expresidente prescindió de sus servicios al sospechar que estaba siendo espiado. “Los operadores le confesaron que Morales les reclamaba informes sobre sus reuniones o datos personales. Especialmente en lo relacionado con el asilo a Julian Assange [en la Embajada de Ecuador en Londres] del que Correa fue hombre decisivo. Algunos se negaron”, dice la querella.
La denuncia contra Morales aporta también una conversación, del 9 de agosto de 2017 en la plataforma Telegram, en la que Morales indica a uno de sus trabajadores si podía introducir troyanos en los dispositivos electrónicos del expresidente. “Ok. Si vais a tocar sus ordenadores ¿es posible hacer lo mismo que tenemos para los teléfonos?”, pregunta en un correo electrónico a uno de sus empleados. La querella incluye un informe del dueño de UC Global S.L. sobre reuniones de Correa, al que denominaban en clave Romeo, en Bruselas, así como información sobre los números de serie su iPad y ordenador portátil.
Estrategia
Un testigo protegido, extrabajador de la empresa de seguridad, ha aportado una conversación de Morales en el que se jactaba de trasladar supuestamente información privada de Correa a Lenin Moreno, actual presidente de Ecuador, y su adversario político. “En relación con las actividades que ha desarrollado Romeo... los informes que hemos ido desarrollando para el SPP [Servicio de Protección de Presidencia], sería bueno que una trabajadora G. O. pueda entregarlos en su reunión con Presidencia”, dice un correo fechado el 8 de abril de 2018 dirigido a uno de sus empleados. “La estrategia es hacer ver que podemos generar este tipo de información y por ello somos útiles para Presidencia”, explicó en otra comunicación.
Morales fue detenido hace un año, quedó en libertad provisional y está siendo investigado en la Audiencia Nacional por espiar las reuniones de Assange con sus abogados en la Embajada de Ecuador en Londres, donde el fundador de WikiLeaks permaneció confinado durante siete años. El caso fue destapado en 2019 por una investigación de EL PAÍS. UC Global S.L. era la encargada de la vigilancia y seguridad de la legación diplomática y fue contratada por el Gobierno de Rafael Correa.
UC Global S. L. firmó un contrato con el SPP y comenzó a prestar sus servicios de vigilancia y escolta en las dos ciudades francesas a finales de 2014. Al mismo tiempo, la empresa de Morales daba seguridad al entonces presidente ecuatoriano en sus viajes por Europa. La querella afirma que tanto Correa como sus hijas “desconocían la subcontratación” y se referían a estos servicios como “la seguridad de los españoles”.
En octubre de 2014, las dos jóvenes recibieron dos iPhone con la excusa de que tenían un sistema de geolocalización para saber dónde estaban en cada momento. La querella, admitida a trámite, afirma que ambos teléfonos móviles tenían dos troyanos de Tradesegur incorporados “que permitían el control absoluto de ambos [dispositivos] desde la sede de UC Global S. L.” en Jerez de la Frontera (Cádiz). Un año más tarde se les facilitaron dos iPhone nuevos, más modernos, con el sistema Flexispy, una aplicación espía que monitorea las conversaciones. En ambas ocasiones se les ocultó a ellas y a sus padres esta circunstancia, según la denuncia que tramita el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional.
La familia empezó a sospechar del comportamiento de los escoltas. La querella describe la reunión que mantuvieron la esposa de Correa, los tres hijos del matrimonio, el dueño de UC Global S. L. y uno de los trabajadores de la empresa en la que preguntaron si los teléfonos móviles tenían algún sistema de intromisión. El exmilitar Morales negó que los dispositivos estuvieran pirateados.
“UC Global S. L. comenzó a recolectar información de ambas, especialmente vinculada al padre, entonces presidente, y se accedió a sus cuentas de correo electrónico, así como a su Facebook y Messenger”, señala la querella que aporta las facturas de la compra de los iPhone con troyanos y 41 grabaciones de conversaciones telefónicas captadas a través de esos dispositivos y descubiertas en el ordenador de Michel Wallemacq, un trabajador belga de la empresa. La denuncia presume que estaban en su poder por dominar el francés y el español, idiomas en los que se comunicaban las hijas de Correa.
Cuando en 2017 Rafael Correa dejó la presidencia de Ecuador se trasladó a Bélgica y la empresa de seguridad de Morales le dio seguridad en ese país. En 2019 el expresidente prescindió de sus servicios al sospechar que estaba siendo espiado. “Los operadores le confesaron que Morales les reclamaba informes sobre sus reuniones o datos personales. Especialmente en lo relacionado con el asilo a Julian Assange [en la Embajada de Ecuador en Londres] del que Correa fue hombre decisivo. Algunos se negaron”, dice la querella.
La denuncia contra Morales aporta también una conversación, del 9 de agosto de 2017 en la plataforma Telegram, en la que Morales indica a uno de sus trabajadores si podía introducir troyanos en los dispositivos electrónicos del expresidente. “Ok. Si vais a tocar sus ordenadores ¿es posible hacer lo mismo que tenemos para los teléfonos?”, pregunta en un correo electrónico a uno de sus empleados. La querella incluye un informe del dueño de UC Global S.L. sobre reuniones de Correa, al que denominaban en clave Romeo, en Bruselas, así como información sobre los números de serie su iPad y ordenador portátil.
Estrategia
Un testigo protegido, extrabajador de la empresa de seguridad, ha aportado una conversación de Morales en el que se jactaba de trasladar supuestamente información privada de Correa a Lenin Moreno, actual presidente de Ecuador, y su adversario político. “En relación con las actividades que ha desarrollado Romeo... los informes que hemos ido desarrollando para el SPP [Servicio de Protección de Presidencia], sería bueno que una trabajadora G. O. pueda entregarlos en su reunión con Presidencia”, dice un correo fechado el 8 de abril de 2018 dirigido a uno de sus empleados. “La estrategia es hacer ver que podemos generar este tipo de información y por ello somos útiles para Presidencia”, explicó en otra comunicación.
Morales fue detenido hace un año, quedó en libertad provisional y está siendo investigado en la Audiencia Nacional por espiar las reuniones de Assange con sus abogados en la Embajada de Ecuador en Londres, donde el fundador de WikiLeaks permaneció confinado durante siete años. El caso fue destapado en 2019 por una investigación de EL PAÍS. UC Global S.L. era la encargada de la vigilancia y seguridad de la legación diplomática y fue contratada por el Gobierno de Rafael Correa.
30 de septiembre de 2020
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1 de octubre de 2020
Entrevista en TeleSUR
Programa: Es Noticia con Tatiana Pérez
Tema: Elecciones en Ecuador
Programa: Es Noticia con Tatiana Pérez
Tema: Elecciones en Ecuador
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2 de octubre de 2020
5 de octubre de 2020
6 de octubre de 2020
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8 de octubre de 2020
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14 de octubre de 2020
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18 de octubre de 2020
21 de octubre de 2020
Quito, 21 oct (La Calle).- Hace pocos minutos terminó una reunión virtual dirigida por el ex director de Inteligencia del Ecuador y excandidato del Partido Social Cristiano (PSC), Mario Pazmiño. En ella propuso la organización de brigadas paramilitares para apoyar a la fuerza pública para “poner en su lugar a los desadaptados que se movilicen en Quito”.
“Debemos concentrar una fuerza ciudadana delante de las iglesias. Si es que son 200 personas ellos no van a tener la fuerza necesaria para enfrentar. Hay doy factores: la ciudadanía y la Policía, que juntos, deben enfrentar a los desadaptados (…) Hay que ubicar a los líderes, hacerles un seguimiento, pasar esa información a la Policía y entregarlos. Tómenles fotografías”, aconsejo el militar retirado.
Pazmiño confesó haber activado esta organización paramilitar desde inicios de octubre y que lo ha hecho todos los días. “Tenemos que organizarnos, buscar líderes que dirijan gente y expliquen a la gente lo que quieren hacer estos sediciosos”, dijo Pazmiño.
Indicaciones de Pazmiño
Estas reuniones apuntar a combatir desde la propia ciudadanía a la movilización social anunciada por distintos sectores populares, y que se convocó para este jueves en varias provincias del país.
Pazmiño recomendó a los participantes utilizar parlantes en las iglesias, cerrar las puertas de estos lugares y llamar a la comunidad a defenderlos. “Eso faltó en Chile, se debe anunciar que se aproxima una manifestación para motivar a los feligreses para que salgan a cuidar los templos religiosos”, dijo el militar.
El ex militar, acusado de haber colaborado para frustrar un operativo antinarcóticos, dijo que coordinó con el concejal Bernardo Abad las acciones de seguridad para “precautelar el orden en la ciudad”. Abad tiene fuertes vínculos con los grupos de derecha y es más que un simpatizante de los grupos skinheads del Ecuador.
“Estos desadaptados deben saber que estamos con la fuerza pública. Debemos organizar grupos de vigilancia, que brinden su apoyo a la policía, fuerzas de choque que puedan activarse inmediatamente, que enfrenten a los manifestantes. Si la policía y los militares están desbordados debemos apoyarlos como ciudadanos”, agregó Pazmiño.
“Los indígenas vinieron, hicieron lo que quisieron. Lo único bueno que hicieron fue dejar medio limpiando el parque del Arbolito. Ellos creen que pueden venir a Quito lo que sea e irse tranquilos”, dijo en referencia al dirigente del movimiento indígena del Cotopaxi.
Otros asistentes
Entre los asistentes a la reunión además de Pazmiño, estaban Juan Francisco León quien fungía como moderador de la reunión. El ciudadano es ingeniero comercial y en su participación indicó preocupación por la poca asistencia de personas en la sala. “Es un tema de egos a nivel de quiteño notables mi estimado coronel (a Mario Pazmiño). Creen que uno va a brillar más que otro y jóvenes”, dijo.
“Es un reto lo que usted acaba de dar, desde el mismo barrio es fregado coordinar. Hay egos de barrio y estos terroristas, subversivos saben que estamos así. Polarizados”, agregó. Otros nombres como García Moreno (probablemente un seudónimo, César Benitez, Manuel Santamaria, Daniel Ullauri, Antonia Salazar, Diego León, Erick Escobar y por supuesto Mario Pazmiño.
El acuerdo
El grupo acordó grabar los rostros de los manifestantes. “Debemos grabar el incidente, diciendo, estoy en este lugar y ojalá tener los rostros de los desadaptados. Los quiteños no permitimos que vengan a destruir la ciudad. Queremos trabajo, seguridad, justicia. Esto es lo que necesitamos”.
“Debemos concentrar una fuerza ciudadana delante de las iglesias. Si es que son 200 personas ellos no van a tener la fuerza necesaria para enfrentar. Hay doy factores: la ciudadanía y la Policía, que juntos, deben enfrentar a los desadaptados (…) Hay que ubicar a los líderes, hacerles un seguimiento, pasar esa información a la Policía y entregarlos. Tómenles fotografías”, aconsejo el militar retirado.
Pazmiño confesó haber activado esta organización paramilitar desde inicios de octubre y que lo ha hecho todos los días. “Tenemos que organizarnos, buscar líderes que dirijan gente y expliquen a la gente lo que quieren hacer estos sediciosos”, dijo Pazmiño.
Indicaciones de Pazmiño
Estas reuniones apuntar a combatir desde la propia ciudadanía a la movilización social anunciada por distintos sectores populares, y que se convocó para este jueves en varias provincias del país.
Pazmiño recomendó a los participantes utilizar parlantes en las iglesias, cerrar las puertas de estos lugares y llamar a la comunidad a defenderlos. “Eso faltó en Chile, se debe anunciar que se aproxima una manifestación para motivar a los feligreses para que salgan a cuidar los templos religiosos”, dijo el militar.
El ex militar, acusado de haber colaborado para frustrar un operativo antinarcóticos, dijo que coordinó con el concejal Bernardo Abad las acciones de seguridad para “precautelar el orden en la ciudad”. Abad tiene fuertes vínculos con los grupos de derecha y es más que un simpatizante de los grupos skinheads del Ecuador.
“Estos desadaptados deben saber que estamos con la fuerza pública. Debemos organizar grupos de vigilancia, que brinden su apoyo a la policía, fuerzas de choque que puedan activarse inmediatamente, que enfrenten a los manifestantes. Si la policía y los militares están desbordados debemos apoyarlos como ciudadanos”, agregó Pazmiño.
“Los indígenas vinieron, hicieron lo que quisieron. Lo único bueno que hicieron fue dejar medio limpiando el parque del Arbolito. Ellos creen que pueden venir a Quito lo que sea e irse tranquilos”, dijo en referencia al dirigente del movimiento indígena del Cotopaxi.
Otros asistentes
Entre los asistentes a la reunión además de Pazmiño, estaban Juan Francisco León quien fungía como moderador de la reunión. El ciudadano es ingeniero comercial y en su participación indicó preocupación por la poca asistencia de personas en la sala. “Es un tema de egos a nivel de quiteño notables mi estimado coronel (a Mario Pazmiño). Creen que uno va a brillar más que otro y jóvenes”, dijo.
“Es un reto lo que usted acaba de dar, desde el mismo barrio es fregado coordinar. Hay egos de barrio y estos terroristas, subversivos saben que estamos así. Polarizados”, agregó. Otros nombres como García Moreno (probablemente un seudónimo, César Benitez, Manuel Santamaria, Daniel Ullauri, Antonia Salazar, Diego León, Erick Escobar y por supuesto Mario Pazmiño.
El acuerdo
El grupo acordó grabar los rostros de los manifestantes. “Debemos grabar el incidente, diciendo, estoy en este lugar y ojalá tener los rostros de los desadaptados. Los quiteños no permitimos que vengan a destruir la ciudad. Queremos trabajo, seguridad, justicia. Esto es lo que necesitamos”.
22 de octubre de 2020
27 de octubre de 2020
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29 de octubre de 2020
30 de octubre de 2020
6 de noviembre de 2020
María Paula Romo y el mando policial ponen en riesgo los recursos del ISSPOL, denuncian policías en servicio pasivo
Vocal del ISSPOL exige a la ministra de Gobierno que transparente las denuncias presentadas ente la Fiscalía
La manera como las autoridades manejan el caso sobre un posible perjuicio de USD 532 millones de recursos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), ha generado malestar al interior de la institución policial.Un informe del general en servicio pasivo y vocal principal del ISSPOL, Fausto Vázconez, al que tuvimos acceso, revela el malestar en contra de la gestión de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
El alto oficial retirado asegura que la información otorgada a los vocales por parte de Romo y por el director del ISSPOL, Jorge Villarroel, es “limitada y poco creíble”.
Para conocer detalles, solicitó una reunión con la ministra de Gobierno y con los exdirectores del ISSPOL. Romo aceptó el pedido y fijó el lugar del encuentro, pero nunca se cumplió, denuncia Vázconez.
Además, pidió de manera escrita y verbal que se entregue la documentación sobre las denuncias que presentó Romo ante la Fiscalía, lo que fue negado en una sesión de directorio con el argumento de que forman parte de un proceso legal.
Pero este no es el único criterio del malestar que existe entre los 70.000 afiliados al ISSPOL, entre policías en servicio activo y pasivo.
Rodrigo Heredia, policía retirado y experto en Derecho, hace serias advertencias. Asegura que las denuncias que presentó la ministra de Gobierno ante la Fiscalía no están debidamente fundamentadas.
“Si un buen abogado defiende a la parte contraria, puede ganar fácilmente y hasta pueden pedir indemnización al ISSPOL”, señala Heredia.
Cuestiona que no se hayan solicitado peritajes técnicos contables a las transacciones financieras realizadas por la institución policial, contemplados en el Código Integral Penal como diligencias denominadas actos urgentes.
Heredia exige a la ministra de Gobierno acciones más efectivas, en lugar de dedicarse a “rueditas de prensa y entrevistas en medios de comunicación”, en donde afirma que los recursos de la Policía están garantizados.
Denuncia que el total de las inversiones realizadas ascienden a los USD 800 millones y que si no se recupera ese dinero, podría provocar la quiebra del ISSPOL.
Además, considera que es contradictorio que la propia ministra y el subsecretario de Policía, Patricio Pazmiño, fueron quienes nombraron a los directivos del ISSPOL y ahora sean ellos quienes los denuncian.
En el campo civil también existen inconsistencias, que no han sido aclaradas por las autoridades. José Ibáñez exgerente de la casa de valores Valpacífico, denunció el 26 de septiembre de 2018 un posible peculado en las inversiones de reporto o recompra de bonos, realizadas por Seguros Sucre y por el ISSPOL.
Valpacífico pertenece a la Corporación Financiera Nacional y es accionista de Decevale, la empresa que estaba encargada de custodiar las inversiones del ISSPOL y que hace pocas semanas fue intervenida por la Superintedencia de Compañías.
La denuncia de Ibáñez se dio cuando María Paula Romo ya era ministra de Gobierno. Sin embargo, esa cartera de Estado, la Superintendencia de Compañías, la Contraloría y la Fiscalía, no actuaron.
Por el contrario, Ibáñez fue separado del cargo por presiones del entonces Intendente de Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, Carlos Murillo, mientras que la Fiscalía archivó el caso.
“El motivo de mi destitución fue por haber presentado las denuncias”, recuerda Ibáñez, quien lamenta que las autoridades no hayan tomado acciones para esclarecer las posibles irregularidades.
María Paula Romo ha intentado posicionar la versión de que las inversiones con presuntas irregularidades se realizaron en el gobierno anterior, entre los años 2014 y 2016.
Sin embargo, no ha dicho nada sobre los USD 346 millones que se invirtieron en el ISSPOL en lo que va del gobierno de Lenin Moreno.
Solo en la gestión de Romo, como presidenta del directorio del ISSPOL, se han invertido USD 155,5 millones, recursos de los cuales se desconoce cuál es su situación.
El alto oficial retirado asegura que la información otorgada a los vocales por parte de Romo y por el director del ISSPOL, Jorge Villarroel, es “limitada y poco creíble”.
Para conocer detalles, solicitó una reunión con la ministra de Gobierno y con los exdirectores del ISSPOL. Romo aceptó el pedido y fijó el lugar del encuentro, pero nunca se cumplió, denuncia Vázconez.
Además, pidió de manera escrita y verbal que se entregue la documentación sobre las denuncias que presentó Romo ante la Fiscalía, lo que fue negado en una sesión de directorio con el argumento de que forman parte de un proceso legal.
Pero este no es el único criterio del malestar que existe entre los 70.000 afiliados al ISSPOL, entre policías en servicio activo y pasivo.
Rodrigo Heredia, policía retirado y experto en Derecho, hace serias advertencias. Asegura que las denuncias que presentó la ministra de Gobierno ante la Fiscalía no están debidamente fundamentadas.
“Si un buen abogado defiende a la parte contraria, puede ganar fácilmente y hasta pueden pedir indemnización al ISSPOL”, señala Heredia.
Cuestiona que no se hayan solicitado peritajes técnicos contables a las transacciones financieras realizadas por la institución policial, contemplados en el Código Integral Penal como diligencias denominadas actos urgentes.
Heredia exige a la ministra de Gobierno acciones más efectivas, en lugar de dedicarse a “rueditas de prensa y entrevistas en medios de comunicación”, en donde afirma que los recursos de la Policía están garantizados.
Denuncia que el total de las inversiones realizadas ascienden a los USD 800 millones y que si no se recupera ese dinero, podría provocar la quiebra del ISSPOL.
Además, considera que es contradictorio que la propia ministra y el subsecretario de Policía, Patricio Pazmiño, fueron quienes nombraron a los directivos del ISSPOL y ahora sean ellos quienes los denuncian.
En el campo civil también existen inconsistencias, que no han sido aclaradas por las autoridades. José Ibáñez exgerente de la casa de valores Valpacífico, denunció el 26 de septiembre de 2018 un posible peculado en las inversiones de reporto o recompra de bonos, realizadas por Seguros Sucre y por el ISSPOL.
Valpacífico pertenece a la Corporación Financiera Nacional y es accionista de Decevale, la empresa que estaba encargada de custodiar las inversiones del ISSPOL y que hace pocas semanas fue intervenida por la Superintedencia de Compañías.
La denuncia de Ibáñez se dio cuando María Paula Romo ya era ministra de Gobierno. Sin embargo, esa cartera de Estado, la Superintendencia de Compañías, la Contraloría y la Fiscalía, no actuaron.
Por el contrario, Ibáñez fue separado del cargo por presiones del entonces Intendente de Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, Carlos Murillo, mientras que la Fiscalía archivó el caso.
“El motivo de mi destitución fue por haber presentado las denuncias”, recuerda Ibáñez, quien lamenta que las autoridades no hayan tomado acciones para esclarecer las posibles irregularidades.
María Paula Romo ha intentado posicionar la versión de que las inversiones con presuntas irregularidades se realizaron en el gobierno anterior, entre los años 2014 y 2016.
Sin embargo, no ha dicho nada sobre los USD 346 millones que se invirtieron en el ISSPOL en lo que va del gobierno de Lenin Moreno.
Solo en la gestión de Romo, como presidenta del directorio del ISSPOL, se han invertido USD 155,5 millones, recursos de los cuales se desconoce cuál es su situación.
17 de noviembre de 2020
18 de noviembre de 2020
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24 de noviembre de 2020
Virgilio Hernández | Falta de Resolución del TCE sobre el binomio de UNES
25 de noviembre de 2020
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1 de diciembre de 2020
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4 de diciembre de 2020
Desenmascarando a los aliados del peor gobierno de la historia
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8 de ciciembre de 2020
10 de diciembre de 2020
14 de diciembre de 2020
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20 de diciembre de 2020
21 de diciembre de 2020
22 de diciembre de 2020
Un análisis riguroso de las declaratorias de Estado de Emergencia desde octubre de 2019, nos muestra que el objetivo principal del Gobierno siempre ha sido "inmovilizar" a la ciudadanía para asegurar la permanencia del gobierno o para aprobar una ley impopular, usando la pandemia como escudo en 2020.
También puede ser para justificar una eventual postergacion de la elecciones, sobre lo cual los propios consejeros del CNE tienen criterios opuestos. También se ha lanzado la hipótesis de tratar de frenar el crecimiento del candidato Arauz que, ante el bloqueo de la mayoría de canales televisión de señal abierta, se decidió a hacer una campaña en territorio para llegar a los votantes de las zonas rurales y urbanas populares. Despliegue en territorio que el candidato Lasso hace muy poco por temor a contagiarse de Covid y por las dificultades que tiene para caminar, que son públicas. Fuente: Redes Sociales |
Decreto Ejecutivo No. 1217 Declaratoria del Estado de Excepción
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