Víctor de Currea Lugo, especialista en conflictos armados: “No hay un consenso sobre la paz y la guerra en Colombia”
NODAL Por Luca Guillén 15 de enero de 2018
Entrevista a Víctor de Currea Lugo, especialista en conflictos armados
Esta semana se cumplieron 101 días del cese al fuego pactado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Se esperaba una prorroga del acuerdo pero la mesa de diálogo que busca acordar la paz fue suspendida por ataques a infraestructuras petroleras. “Es una mesa que está herida”, dice el analista colombiano Víctor Currea Lugo. “El ELN no tuvo en cuenta el clamor social y se impuso una línea guerrerista”, agrega. Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con la exguerrilla de las FARC-EP, con quienes hace un año se alcanzó un histórico acuerdo de paz después de más medio siglo de conflicto. La ex guerrilla transformada en partido político expresó sus inconformidades con los resultados obtenidos, y acusa al gobierno de inclumplir los acuerdos.
En un año de elecciones presidenciales, NODAL habló de la actual coyuntura colombiana con Víctor de Currea Lugo, especialista en conflictos armados y procesos de paz. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y autor de los libros “Y la sangre llegó al Nilo. Crónicas desde la guerra” (2017) y “De otras guerras y de otras paces” (2014), entre otros.
-Ayer debía iniciar la quinta ronda de diálogos por la paz entre el gobierno y el ELN. Sin embargo, el encuentro quedó suspendido ¿Cuál es su evaluación de este proceso?
El proceso entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano venía dando unos resultados parciales pero, al fin y al cabo, positivos como era el cese al fuego y un espacio de participación de la sociedad. Pero la ruptura del cese al fuego y la reactivación de las acciones armadas por parte del ELN colocaron el proceso en cuarentena. Realmente es doloroso porque los colombianos aspirábamos a que después de que se logró un avance en la paz con las FARC, la negociación con el ELN apuntaría a lo que hemos llamado la paz completa. Es decir, lograr que otro grupo de trascendencia nacional como es el ELN también participara de este proceso de paz.
Reconocemos que el gobierno también ha cometido errores, como el hecho de que la fuerza pública ha participado en alguno de los incidentes violatorios del cese al fuego. Asimismo, reconocemos que hay una valía en la agenda que ha planteado el ELN, pero ninguna de esas cosas son suficientes para explicar la situación actual. Desde la sociedad mandamos siete cartas donde participaban activistas, mujeres, empresarios, comunidades negras, comunidades indígenas, gente de las zonas rurales, académicos, todos diciendo al ELN y al gobierno que prolongaran el cese al fuego porque es mejor negociar en medio de un cese de hostilidades. La participación de la sociedad no se va a dar en medio del miedo de los combates.
Desafortunadamente toca decirlo así, el ELN no tuvo en cuenta este clamor social y se impuso una línea guerrerista que hay dentro de esa organización. Y, en vez de aceptar continuar negociando en medio del cese, optaron por saltar de nuevo a las hostilidades. Si bien es cierto que la mesa de diálogo no se levanta, porque tanto el gobierno como el ELN han insistido en continuarla, es una mesa que está herida, que cojea, y disminuye su ya poca legitimidad frente a la sociedad colombiana.
-¿Cómo puede influir el desarrollo de este proceso en un año de elecciones presidenciales?
Prácticamente estamos en la recta final de las elecciones presidenciales, pero también parlamentarias. En ese contexto, el tema de la paz y de la guerra no implican un consenso nacional, sino que son parte del debate político. Los candidatos usan la bandera de la guerra o de la paz a conveniencia, dependiendo del público que tengan y la posible cantidad de votos que recojan o que pierdan frente a estas banderas.
De está manera, la paz aparece como un discurso fragmentado, como un discurso instrumental de acuerdo al vaivén político. Pero con la decisión del ELN de volver al conflicto armado, sin renunciar a las negociaciones, sí que se afecta seriamente el panorama a favor de la paz. Quiere decir que estas acciones van a significar sumarle voces y sumarle votos, que es lo más grave, a los candidatos de la derecha y de la extrema derecha que están a favor de la guerra.
Las razones y los argumentos a favor de la paz disminuyen por las decisiones del Ejercito de Liberación Nacional y, por lo tanto, el problema es que esto contribuye a la radicalización del país, a una cultura más de derecha, a un culto a la guerra de quienes precisamente no sufren ni hacen la guerra. Y esto le suma votos a la extrema derecha.
-El nuevo partido político de la FARC se muestra inconforme frente a la implementación de los acuerdos de paz alcanzados con el gobierno. ¿Cómo analiza el cumplimiento de estos acuerdos? ¿cómo juega a nivel de la política local?
Hay dos niveles, por un lado es cierto que el gobierno ha incumplido desde la firma de los acuerdos que hizo con las FARC y en los compromisos que adquiría que benefician a la sociedad en general.
Porque muchas de las cosas que aparecen en los acuerdos de La Habana ya están contempladas en nuestra Constitución Política, se refiere aquello que un Estado decente social de derecho debería garantizar a las sociedades. Con o sin negociación con las FARC. En ese sentido, hay un incumplimiento muy grande, un abandono del campo, una falta de política para acompañar a los campesinos y que no se vean obligados a cultivar coca. Un cerramiento de los espacios políticos. Un desconocimiento de los derechos de las víctimas.
Pero por otro lado, es el incumplimiento directo a la gente de las FARC que se movilizó, concentró sus tropas, entregó las armas, entregó el dinero, desmovilizó los niños, pero por parte del gobierno no ha habido, ni siquiera, el desarrollo legal que permite eso. Es más, en Colombia el documento nacional de identidad se llama “cédula”, hubo una oferta de darle cédulas a todos los guerrilleros. Pero todavía hay muchos guerrilleros que no tienen este documento. Con lo cuál, no pueden abrir ni siquiera una cuenta bancaria, ni ser contratados.
El abandono en que han estado los ex combatientes de las FARC en las zonas donde están concentrados es tan grande, que se calcula que el 55% ya ha desertado. Algunos regresaron a sus hogares a buscarse la vida, pero también hay más de mil de ellos que se han conformado en organizaciones armadas. Con lo cuál, tenemos un nuevo proceso de guerra que se va estableciendo en el territorio nacional.
Eso tiene implicaciones porque además el país está, a nivel urbano y en una gran mayoría, contrario a las FARC. Entonces es incapaz de ver los incumplimientos del gobierno. Cualquier acción que el gobierno haga a favor de las FARC, según lo pactado en los acuerdos, es presentada en los medios de comunicación como que se les está regalando el país a las FARC. Realmente lo único que se le ha entregado a las FARC son 37 tumbas de ex combatientes y de familiares de ellos que han sido asesinados.
-Los comicios presidenciales de mayo contarán por primera vez con la presencia del partido de las ex FARC-EP, hoy Fuerza alternativa Revolucionaria del Común. ¿Qué efectos puede tener en la competencia presidencial? ¿Cómo impacta en el resto de las fuerza?
El problema de la participación de la organización, ahora partido político FARC, en las elecciones tiene dos niveles: por un lado, es la incapacidad que ha tenido para entender la política colombiana. No cambiaron el nombre, siguen llamándose FARC, colocan a uno de sus más cuestionados comandantes como candidato presidencial. Siguen manejando unas formas bastante estalinistas en su relación con la población civil. Con lo cual, lo que preocupa es que no airea la construcción de una nueva alternativa dentro de la izquierda. No airea el ahondamiento en la democracia y genera un discurso que no logra calar en las necesidades que tiene el país de buscar nuevos caminos y alternativas políticas.
Desafortunadamente, uno siente que el paso de las armas a la política, que requiere también un cambio de pensamiento, un cambio de lógica, un cambio de discursos, no se da. Y lo que se prevé es que la votación por las FARC en las próximas elecciones va a ser marginal, en términos del contexto político. Y es una tristeza porque una alianza de fuerzas de izquierda que retomara las banderas de la paz y las agendas que se aprobaron, podría dar lugar a ciertos cambios democráticos e importantes para el país. Pero, lamentablemente, esto se quedó en las ilusiones.
En un año de elecciones presidenciales, NODAL habló de la actual coyuntura colombiana con Víctor de Currea Lugo, especialista en conflictos armados y procesos de paz. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y autor de los libros “Y la sangre llegó al Nilo. Crónicas desde la guerra” (2017) y “De otras guerras y de otras paces” (2014), entre otros.
-Ayer debía iniciar la quinta ronda de diálogos por la paz entre el gobierno y el ELN. Sin embargo, el encuentro quedó suspendido ¿Cuál es su evaluación de este proceso?
El proceso entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano venía dando unos resultados parciales pero, al fin y al cabo, positivos como era el cese al fuego y un espacio de participación de la sociedad. Pero la ruptura del cese al fuego y la reactivación de las acciones armadas por parte del ELN colocaron el proceso en cuarentena. Realmente es doloroso porque los colombianos aspirábamos a que después de que se logró un avance en la paz con las FARC, la negociación con el ELN apuntaría a lo que hemos llamado la paz completa. Es decir, lograr que otro grupo de trascendencia nacional como es el ELN también participara de este proceso de paz.
Reconocemos que el gobierno también ha cometido errores, como el hecho de que la fuerza pública ha participado en alguno de los incidentes violatorios del cese al fuego. Asimismo, reconocemos que hay una valía en la agenda que ha planteado el ELN, pero ninguna de esas cosas son suficientes para explicar la situación actual. Desde la sociedad mandamos siete cartas donde participaban activistas, mujeres, empresarios, comunidades negras, comunidades indígenas, gente de las zonas rurales, académicos, todos diciendo al ELN y al gobierno que prolongaran el cese al fuego porque es mejor negociar en medio de un cese de hostilidades. La participación de la sociedad no se va a dar en medio del miedo de los combates.
Desafortunadamente toca decirlo así, el ELN no tuvo en cuenta este clamor social y se impuso una línea guerrerista que hay dentro de esa organización. Y, en vez de aceptar continuar negociando en medio del cese, optaron por saltar de nuevo a las hostilidades. Si bien es cierto que la mesa de diálogo no se levanta, porque tanto el gobierno como el ELN han insistido en continuarla, es una mesa que está herida, que cojea, y disminuye su ya poca legitimidad frente a la sociedad colombiana.
-¿Cómo puede influir el desarrollo de este proceso en un año de elecciones presidenciales?
Prácticamente estamos en la recta final de las elecciones presidenciales, pero también parlamentarias. En ese contexto, el tema de la paz y de la guerra no implican un consenso nacional, sino que son parte del debate político. Los candidatos usan la bandera de la guerra o de la paz a conveniencia, dependiendo del público que tengan y la posible cantidad de votos que recojan o que pierdan frente a estas banderas.
De está manera, la paz aparece como un discurso fragmentado, como un discurso instrumental de acuerdo al vaivén político. Pero con la decisión del ELN de volver al conflicto armado, sin renunciar a las negociaciones, sí que se afecta seriamente el panorama a favor de la paz. Quiere decir que estas acciones van a significar sumarle voces y sumarle votos, que es lo más grave, a los candidatos de la derecha y de la extrema derecha que están a favor de la guerra.
Las razones y los argumentos a favor de la paz disminuyen por las decisiones del Ejercito de Liberación Nacional y, por lo tanto, el problema es que esto contribuye a la radicalización del país, a una cultura más de derecha, a un culto a la guerra de quienes precisamente no sufren ni hacen la guerra. Y esto le suma votos a la extrema derecha.
-El nuevo partido político de la FARC se muestra inconforme frente a la implementación de los acuerdos de paz alcanzados con el gobierno. ¿Cómo analiza el cumplimiento de estos acuerdos? ¿cómo juega a nivel de la política local?
Hay dos niveles, por un lado es cierto que el gobierno ha incumplido desde la firma de los acuerdos que hizo con las FARC y en los compromisos que adquiría que benefician a la sociedad en general.
Porque muchas de las cosas que aparecen en los acuerdos de La Habana ya están contempladas en nuestra Constitución Política, se refiere aquello que un Estado decente social de derecho debería garantizar a las sociedades. Con o sin negociación con las FARC. En ese sentido, hay un incumplimiento muy grande, un abandono del campo, una falta de política para acompañar a los campesinos y que no se vean obligados a cultivar coca. Un cerramiento de los espacios políticos. Un desconocimiento de los derechos de las víctimas.
Pero por otro lado, es el incumplimiento directo a la gente de las FARC que se movilizó, concentró sus tropas, entregó las armas, entregó el dinero, desmovilizó los niños, pero por parte del gobierno no ha habido, ni siquiera, el desarrollo legal que permite eso. Es más, en Colombia el documento nacional de identidad se llama “cédula”, hubo una oferta de darle cédulas a todos los guerrilleros. Pero todavía hay muchos guerrilleros que no tienen este documento. Con lo cuál, no pueden abrir ni siquiera una cuenta bancaria, ni ser contratados.
El abandono en que han estado los ex combatientes de las FARC en las zonas donde están concentrados es tan grande, que se calcula que el 55% ya ha desertado. Algunos regresaron a sus hogares a buscarse la vida, pero también hay más de mil de ellos que se han conformado en organizaciones armadas. Con lo cuál, tenemos un nuevo proceso de guerra que se va estableciendo en el territorio nacional.
Eso tiene implicaciones porque además el país está, a nivel urbano y en una gran mayoría, contrario a las FARC. Entonces es incapaz de ver los incumplimientos del gobierno. Cualquier acción que el gobierno haga a favor de las FARC, según lo pactado en los acuerdos, es presentada en los medios de comunicación como que se les está regalando el país a las FARC. Realmente lo único que se le ha entregado a las FARC son 37 tumbas de ex combatientes y de familiares de ellos que han sido asesinados.
-Los comicios presidenciales de mayo contarán por primera vez con la presencia del partido de las ex FARC-EP, hoy Fuerza alternativa Revolucionaria del Común. ¿Qué efectos puede tener en la competencia presidencial? ¿Cómo impacta en el resto de las fuerza?
El problema de la participación de la organización, ahora partido político FARC, en las elecciones tiene dos niveles: por un lado, es la incapacidad que ha tenido para entender la política colombiana. No cambiaron el nombre, siguen llamándose FARC, colocan a uno de sus más cuestionados comandantes como candidato presidencial. Siguen manejando unas formas bastante estalinistas en su relación con la población civil. Con lo cual, lo que preocupa es que no airea la construcción de una nueva alternativa dentro de la izquierda. No airea el ahondamiento en la democracia y genera un discurso que no logra calar en las necesidades que tiene el país de buscar nuevos caminos y alternativas políticas.
Desafortunadamente, uno siente que el paso de las armas a la política, que requiere también un cambio de pensamiento, un cambio de lógica, un cambio de discursos, no se da. Y lo que se prevé es que la votación por las FARC en las próximas elecciones va a ser marginal, en términos del contexto político. Y es una tristeza porque una alianza de fuerzas de izquierda que retomara las banderas de la paz y las agendas que se aprobaron, podría dar lugar a ciertos cambios democráticos e importantes para el país. Pero, lamentablemente, esto se quedó en las ilusiones.
17 de enero de 2018
18 de enero de 2018
Se ha cobrado la vida de más de doscientos líderes sociales a manos de grupos paramilitares en dos años
Las amenazas se dan en medio de la situación crítica que vive Colombia en materia de Derechos Humanos
REMAP
Este lunes, 15 de enero, en la ciudad de Cali varias organizaciones sociales, sindicales y políticas recibieron un panfleto firmado por el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) donde afirman que van a “volar” las sedes de Marcha Patriótica, el Partido Comunista y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), entre otras.
“Les vamos a volar todas esas sedes que utilizan como fachada para delinquir, anunciamos que se avecinan más muertes, como las que ya hemos venido realizando en diferentes municipios”, sentencia el panfleto.
Las amenazas son extensivas a municipios de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, proferidas por el “ Estado Mayor Bloque Suroriental del Pacifico” de este grupo paramilitar, el cual dice no descansará “hasta eliminar” a quienes integran las siguientes organizaciones: CUT Valle, Movice, Nomades, CUT Cauca, Cabildo Cerro Tijeras, Partido Comunista, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, CGT, y CTC.
De igual manera también amenaza a los siguientes sindicalistas, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos: Walter Agredo, Wilson Saenz, José Milciades Sánchez, Antonio Gutiérrez, Omar Romero, Rosalba Castillo, Adelina Vasquez, Diego Escobar, Meraldiño Caviche, Hernán Arciniegas, Enrique Guetio, Feliciano Valencia, entre otros.
Frente el panfleto, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) manifestó que se encuentra adelantando las denuncias y acciones pertinentes. Del mismo modo informó que continuará trabajando por la paz.
“Nuestra respuesta ante las recientes amenazas será seguir caminando en nuestra labor con más amor y convicción por hacer de Santiago de Cali y el Valle del Cauca territorios de paz, territorios en los que se respeten y garanticen los derechos de todos y todas, territorios de implementación de los acuerdos de paz, así juntos unidos lograr la justicia social de la nueva Colombia”, expresa el comunicado de la FARC.
Las amenazas se dan en medio de la situación crítica que vive Colombia en materia de Derechos Humanos que ha cobrado la vida de más de doscientos líderes sociales a manos de grupos paramilitares en dos años, situación que se agrava porque el Gobierno niega la existencia del paramlitarismo en Colombia y no toma acciones efectivas para garantizar la vida de la oposición política, según han manifestado distintas organizaciones internacionales y nacionales.
Este lunes, 15 de enero, en la ciudad de Cali varias organizaciones sociales, sindicales y políticas recibieron un panfleto firmado por el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) donde afirman que van a “volar” las sedes de Marcha Patriótica, el Partido Comunista y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), entre otras.
“Les vamos a volar todas esas sedes que utilizan como fachada para delinquir, anunciamos que se avecinan más muertes, como las que ya hemos venido realizando en diferentes municipios”, sentencia el panfleto.
Las amenazas son extensivas a municipios de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, proferidas por el “ Estado Mayor Bloque Suroriental del Pacifico” de este grupo paramilitar, el cual dice no descansará “hasta eliminar” a quienes integran las siguientes organizaciones: CUT Valle, Movice, Nomades, CUT Cauca, Cabildo Cerro Tijeras, Partido Comunista, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, CGT, y CTC.
De igual manera también amenaza a los siguientes sindicalistas, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos: Walter Agredo, Wilson Saenz, José Milciades Sánchez, Antonio Gutiérrez, Omar Romero, Rosalba Castillo, Adelina Vasquez, Diego Escobar, Meraldiño Caviche, Hernán Arciniegas, Enrique Guetio, Feliciano Valencia, entre otros.
Frente el panfleto, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) manifestó que se encuentra adelantando las denuncias y acciones pertinentes. Del mismo modo informó que continuará trabajando por la paz.
“Nuestra respuesta ante las recientes amenazas será seguir caminando en nuestra labor con más amor y convicción por hacer de Santiago de Cali y el Valle del Cauca territorios de paz, territorios en los que se respeten y garanticen los derechos de todos y todas, territorios de implementación de los acuerdos de paz, así juntos unidos lograr la justicia social de la nueva Colombia”, expresa el comunicado de la FARC.
Las amenazas se dan en medio de la situación crítica que vive Colombia en materia de Derechos Humanos que ha cobrado la vida de más de doscientos líderes sociales a manos de grupos paramilitares en dos años, situación que se agrava porque el Gobierno niega la existencia del paramlitarismo en Colombia y no toma acciones efectivas para garantizar la vida de la oposición política, según han manifestado distintas organizaciones internacionales y nacionales.
ONU condena asesinato de dos integrantes del Partido Político FARC en campaña electoral en Antioquia
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