12 de junio de 2023
Galápagos ¿entre jaque o mate?
Historia y Presente Juan J. Paz y Miño Cepeda
Las islas Galápagos son famosas en todo el mundo. Aún quienes no la han visitado conocen sobre su fauna y las asocian a Charles Darwin, quien las visitó en 1835 y realizó allí las investigaciones que le permitieron formular su teoría sobre el origen de las especies. No todos saben que pertenecen a la República del Ecuador, que fueron descubiertas por Tomás de Berlanga en 1535 y que fue Juan José Flores, el primer presidente en la historia republicana del país, quien tomó posesión soberana de las islas el 12 de febrero de 1832.
Las Galápagos comprenden 13 grandes islas, 9 medianas y más de 100 islotes. Desde la época colonial fueron usadas por piratas, cuya historia la rescata Sebastián Donoso Bustamante en su libro Piratas en Galápagos: 1680-1720. Algunos colonos que se establecieron en el siglo XVII se interesaron en la explotación de grasas y aceites. Entre mitos y exotismos, las islas siguieron aisladas. Pero desde Darwin, la presencia inglesa marcó sus nombres, pues cada isla tuvo alguno que se conservó largamente (Albemarle, Narborough, Indefatigable, James, etc.), hasta que se impusieron las denominaciones nacionales (Isabela, Fernandina, Santa Cruz, San Salvador, etc.). A comienzos del siglo XX el colono Manuel Julián Cobos, considerado el “emperador” en Galápagos, estableció un ingenio azucarero. También existió una colonia penal. Hoy el Archipiélago constituye una provincia, con administración especial, crecida población y cuya base económica es el turismo, que el Estado ha procurado controlar. La Unesco declaró a las islas como Patrimonio Natural de la Humanidad (1979), aunque tiene altos riesgos medioambientales.
Las alejadas islas Galápagos y su casi nula significación económica para los gobiernos del Ecuador en el siglo XIX, hicieron pensar en la posibilidad de arrendarlas e incluso venderlas. También fue acusado de esa posición el caudillo liberal-radical Eloy Alfaro. Pero él mismo relata, en Historia del Ferrocarril del Sur, que en 1895, todavía como Jefe Supremo, recibió la propuesta de cinco millones de Libras Esterlinas por el Archipiélago, que rechazó; que en 1898 le ofrecieron 300 millones de francos por las mismas islas y que también lo rechazó; que, además, dio un informe reservado sobre ello al Congreso, que sirvió para acallar a los conspiradores que, sin embargo, continuaron oponiéndose al ferrocarril; y que nuevamente volvió a recibir ofertas sobre las Galápagos a fines de su segunda administración. En Consejo de Ministros se resolvió consultar en cada provincia la opinión de los “vecinos principales” y Alfaro pasó una circular a los gobernadores, en la que pidió: “Mi deseo sería, si fuera posible, oír la opinión de todos los ecuatorianos, á fin de proceder con el dictamen y acuerdo de las mayorías”, sin exceptuar á ningún partido político, para consultarles sobre el arrendamiento de las islas. Esa circular, dice Alfaro, incendió a los confabuladores, azuzados por la prensa de oposición. Sin embargo, Alfaro cortó todas las reacciones, aclarando que la supuesta negociación no se realizaría. “Con esta contestación de mi parte, se desatendió el Gobierno en el asunto arrendamiento; pero no así los opositores que siguieron propalando rumores falsos que favorecieran sus planes proditorios”.
El Archipiélago, que siempre despertó el interés de Gran Bretaña y Francia, también estuvo en la mira de los Estados Unidos. En 1883 el Senado las consideró “tierra de nadie”; tras la construcción del Canal de Panamá fueron vistas como islas estratégicas para defenderlo; durante la I Guerra Mundial también fueron consideradas; en 1935 se pretendió la “internacionalización” de las islas bajo orientación monroísta; pero fue durante la II Guerra Mundial cuando manu militari los EEUU establecieron una enorme base en la isla Baltra, quedándose allí hasta 1948, aunque hubo, de por medio, un acuerdo reservado con el gobierno de Carlos Arroyo del Río; y durante la larga época de la Guerra Fría, bajo la ideología del americanismo, las Galápagos fueron, sin duda, una región geoestratégica para la posible defensa de la costa sudamericana del Pacífico.
En tiempos contemporáneos ya no solo pesan los intereses geoestratégicos, sino el espíritu de los buenos negocios. La pesca ilegal, que pone en riesgo a Galápagos como patrimonio universal, resulta incontenible. El turismo, cada vez masivo, también tiene riesgos. Y, sin duda, el interés por explotar recursos o extender infraestructuras y construcciones.
Es un tema complejo, que requiere de la decisiva imposición de políticas de Estado. Pero el asunto no funciona como el ideal busca. Durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) se denunció la posibilidad de convertir nuevamente al Archipiélago en una base de acceso militar para los EEUU, algo que no se aclaró totalmente (https://bit.ly/2KrfCMJ ).
Su sucesor, Guillermo Lasso, expidió el 9 de mayo (2023) el Decreto 735 con cuatro páginas de “Considerandos”, en los cuales se argumenta y justifica, que “se contempla el establecimiento de la corporación sin fines de lucro ¨GALAPAGOS LIFE FUND¨ (GLF), cuyo objeto es promover el mantenimiento, crecimiento y seguridad del capital natural de las Islas Galápagos y sus ecosistemas marinos mediante la concesión de subvenciones o la financiación de proyectos de organizaciones, agencias gubernamentales y otras entidades para proyectos medioambientales y de desarrollo sostenible pertinentes, teniendo en cuenta cuestiones de biodiversidad, sociales, económicas, de sostenibilidad y de cambio climático y pignorando activos para garantizar préstamos y otras obligaciones en apoyo de dicho propósito, en cumplimiento del marco normativo nacional”. Se crea un Directorio, en el que participan 4 ministerios y el Consejo de Gobierno de Galápagos, que decidirá sobre el uso de los “Fondos de Cooperación”.
Pero ha sido el blog JACOBIN, el que ha puesto una alerta al Ecuador y al mundo (https://shorturl.at/pquA7). De acuerdo con el artículo de Justin Villamil, Ecuador reduce la deuda en mas de mil millones de dólares y proporciona alrededor de $12 millones al año para los esfuerzos de conservación en Galápagos, así como $5,4 millones adicionales para generar una dotación permanente, todo durante los próximos dieciocho años. Un asunto que luce “histórico” y loable. Pero agrega el autor que los detalles son menos halagüeños: los fondos de conservación serán gastados por un fideicomiso especial llamado Galapagos Life Fund, una compañía de responsabilidad limitada registrada en Delaware, dirigida por once directores: cinco del gobierno de Ecuador y seis externos. Y Villamil anticipa su conclusión: “Ecuador ha cedido el control soberano de las Islas Galápagos a un fideicomiso independiente con sede en los Estados Unidos”.
En forma apresurada, el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación, ha tenido que salir a defender el fideicomiso y atacar las críticas, centrando su argumento en que Ecuador no ha cedido ningún tipo de control sobre la soberanía nacional de las Galápagos; que GLF es una “entidad privada”, cuyas inversiones provienen de fundaciones y no de fondos públicos; que en el Directorio hay 8 nacionales y 3 extranjeros; y que el fondo queda “fuera de influencias políticas” (https://shorturl.at/cMSU9 // https://shorturl.at/arCJN). Admitiendo la aclaración, la transparencia no está garantizada y mucho menos en una entidad privada que se superpone a las capacidades del Estado y su obligada institucionalidad. ¿Qué pensar sobre un fideicomiso constituido en Delaware, Estado considerado como “paraíso fiscal” (https://shorturl.at/epx24)? La posibilidad de que esta tendencia y la orientación económica “libertaria” y empresarial cambien en agosto de 2023, gracias a las elecciones forzadas por la “muerte cruzada”, es un asunto incierto.
Las Galápagos comprenden 13 grandes islas, 9 medianas y más de 100 islotes. Desde la época colonial fueron usadas por piratas, cuya historia la rescata Sebastián Donoso Bustamante en su libro Piratas en Galápagos: 1680-1720. Algunos colonos que se establecieron en el siglo XVII se interesaron en la explotación de grasas y aceites. Entre mitos y exotismos, las islas siguieron aisladas. Pero desde Darwin, la presencia inglesa marcó sus nombres, pues cada isla tuvo alguno que se conservó largamente (Albemarle, Narborough, Indefatigable, James, etc.), hasta que se impusieron las denominaciones nacionales (Isabela, Fernandina, Santa Cruz, San Salvador, etc.). A comienzos del siglo XX el colono Manuel Julián Cobos, considerado el “emperador” en Galápagos, estableció un ingenio azucarero. También existió una colonia penal. Hoy el Archipiélago constituye una provincia, con administración especial, crecida población y cuya base económica es el turismo, que el Estado ha procurado controlar. La Unesco declaró a las islas como Patrimonio Natural de la Humanidad (1979), aunque tiene altos riesgos medioambientales.
Las alejadas islas Galápagos y su casi nula significación económica para los gobiernos del Ecuador en el siglo XIX, hicieron pensar en la posibilidad de arrendarlas e incluso venderlas. También fue acusado de esa posición el caudillo liberal-radical Eloy Alfaro. Pero él mismo relata, en Historia del Ferrocarril del Sur, que en 1895, todavía como Jefe Supremo, recibió la propuesta de cinco millones de Libras Esterlinas por el Archipiélago, que rechazó; que en 1898 le ofrecieron 300 millones de francos por las mismas islas y que también lo rechazó; que, además, dio un informe reservado sobre ello al Congreso, que sirvió para acallar a los conspiradores que, sin embargo, continuaron oponiéndose al ferrocarril; y que nuevamente volvió a recibir ofertas sobre las Galápagos a fines de su segunda administración. En Consejo de Ministros se resolvió consultar en cada provincia la opinión de los “vecinos principales” y Alfaro pasó una circular a los gobernadores, en la que pidió: “Mi deseo sería, si fuera posible, oír la opinión de todos los ecuatorianos, á fin de proceder con el dictamen y acuerdo de las mayorías”, sin exceptuar á ningún partido político, para consultarles sobre el arrendamiento de las islas. Esa circular, dice Alfaro, incendió a los confabuladores, azuzados por la prensa de oposición. Sin embargo, Alfaro cortó todas las reacciones, aclarando que la supuesta negociación no se realizaría. “Con esta contestación de mi parte, se desatendió el Gobierno en el asunto arrendamiento; pero no así los opositores que siguieron propalando rumores falsos que favorecieran sus planes proditorios”.
El Archipiélago, que siempre despertó el interés de Gran Bretaña y Francia, también estuvo en la mira de los Estados Unidos. En 1883 el Senado las consideró “tierra de nadie”; tras la construcción del Canal de Panamá fueron vistas como islas estratégicas para defenderlo; durante la I Guerra Mundial también fueron consideradas; en 1935 se pretendió la “internacionalización” de las islas bajo orientación monroísta; pero fue durante la II Guerra Mundial cuando manu militari los EEUU establecieron una enorme base en la isla Baltra, quedándose allí hasta 1948, aunque hubo, de por medio, un acuerdo reservado con el gobierno de Carlos Arroyo del Río; y durante la larga época de la Guerra Fría, bajo la ideología del americanismo, las Galápagos fueron, sin duda, una región geoestratégica para la posible defensa de la costa sudamericana del Pacífico.
En tiempos contemporáneos ya no solo pesan los intereses geoestratégicos, sino el espíritu de los buenos negocios. La pesca ilegal, que pone en riesgo a Galápagos como patrimonio universal, resulta incontenible. El turismo, cada vez masivo, también tiene riesgos. Y, sin duda, el interés por explotar recursos o extender infraestructuras y construcciones.
Es un tema complejo, que requiere de la decisiva imposición de políticas de Estado. Pero el asunto no funciona como el ideal busca. Durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) se denunció la posibilidad de convertir nuevamente al Archipiélago en una base de acceso militar para los EEUU, algo que no se aclaró totalmente (https://bit.ly/2KrfCMJ ).
Su sucesor, Guillermo Lasso, expidió el 9 de mayo (2023) el Decreto 735 con cuatro páginas de “Considerandos”, en los cuales se argumenta y justifica, que “se contempla el establecimiento de la corporación sin fines de lucro ¨GALAPAGOS LIFE FUND¨ (GLF), cuyo objeto es promover el mantenimiento, crecimiento y seguridad del capital natural de las Islas Galápagos y sus ecosistemas marinos mediante la concesión de subvenciones o la financiación de proyectos de organizaciones, agencias gubernamentales y otras entidades para proyectos medioambientales y de desarrollo sostenible pertinentes, teniendo en cuenta cuestiones de biodiversidad, sociales, económicas, de sostenibilidad y de cambio climático y pignorando activos para garantizar préstamos y otras obligaciones en apoyo de dicho propósito, en cumplimiento del marco normativo nacional”. Se crea un Directorio, en el que participan 4 ministerios y el Consejo de Gobierno de Galápagos, que decidirá sobre el uso de los “Fondos de Cooperación”.
Pero ha sido el blog JACOBIN, el que ha puesto una alerta al Ecuador y al mundo (https://shorturl.at/pquA7). De acuerdo con el artículo de Justin Villamil, Ecuador reduce la deuda en mas de mil millones de dólares y proporciona alrededor de $12 millones al año para los esfuerzos de conservación en Galápagos, así como $5,4 millones adicionales para generar una dotación permanente, todo durante los próximos dieciocho años. Un asunto que luce “histórico” y loable. Pero agrega el autor que los detalles son menos halagüeños: los fondos de conservación serán gastados por un fideicomiso especial llamado Galapagos Life Fund, una compañía de responsabilidad limitada registrada en Delaware, dirigida por once directores: cinco del gobierno de Ecuador y seis externos. Y Villamil anticipa su conclusión: “Ecuador ha cedido el control soberano de las Islas Galápagos a un fideicomiso independiente con sede en los Estados Unidos”.
En forma apresurada, el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación, ha tenido que salir a defender el fideicomiso y atacar las críticas, centrando su argumento en que Ecuador no ha cedido ningún tipo de control sobre la soberanía nacional de las Galápagos; que GLF es una “entidad privada”, cuyas inversiones provienen de fundaciones y no de fondos públicos; que en el Directorio hay 8 nacionales y 3 extranjeros; y que el fondo queda “fuera de influencias políticas” (https://shorturl.at/cMSU9 // https://shorturl.at/arCJN). Admitiendo la aclaración, la transparencia no está garantizada y mucho menos en una entidad privada que se superpone a las capacidades del Estado y su obligada institucionalidad. ¿Qué pensar sobre un fideicomiso constituido en Delaware, Estado considerado como “paraíso fiscal” (https://shorturl.at/epx24)? La posibilidad de que esta tendencia y la orientación económica “libertaria” y empresarial cambien en agosto de 2023, gracias a las elecciones forzadas por la “muerte cruzada”, es un asunto incierto.
El acuerdo de bonos "azules" de Ecuador no salvará a Galápagos
A cambio de una reducción de la deuda nacional, Ecuador ha cedido el control soberano de las Islas Galápagos a un fideicomiso independiente con sede en los Estados Unidos. El fideicomiso promete invertir de manera sostenible, pero nadie puede hacer que se cumpla.
Jacobin by JUSTIN VILLAMIL
A principios de mayo, una colección de ambientalistas, bancos, bufetes de abogados e inversionistas celebraron un acuerdo financiero para ayudar a salvar las Islas Galápagos. Puede que haya sido prematuro.
El acuerdo, una conversión de deuda por naturaleza que es la más grande de su tipo en la historia, coloca a Ecuador en la difícil posición de cambiar el control soberano sobre una región sensible por un alivio menor de la deuda.
A cambio, las islas han recibido garantías blandas de proyectos imprecisos que llevará a cabo un fideicomiso constituido en Delaware con dinero ecuatoriano.
La demanda explosiva de finanzas verdes ha dado un impulso mundial de soluciones que pueden ser buenas para el mundo y rentables. Pero los críticos dicen que si los bonos “azules” de Ecuador son un indicio, estamos lejos de ese objetivo.
“Esto es esencialmente dinero ecuatoriano que se usa para los ecuatorianos, pero hemos cedido la administración a actores privados”, dijo Daniel Ortega Pacheco, exministro de Medio Ambiente de Ecuador y actual director de un instituto de investigación en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).
“Ha habido muchas críticas a las finanzas ESG [ambientales, sociales y de gobernanza], y llamar a estos bonos azules socava toda una tendencia de trabajo sobre este tema”.
Sobre el papel, el acuerdo se ve muy bien. Reduce la carga de la deuda de Ecuador en más de mil millones de dólares y proporciona alrededor de $12 millones al año para los esfuerzos de conservación en Galápagos, así como $5,4 millones adicionales para generar una dotación permanente, todo durante los próximos dieciocho años. Sin embargo, los detalles son menos halagüeños.
Soberanía
Según el acuerdo, los fondos de conservación serán gastados por un fideicomiso especial llamado Galapagos Life Fund (GLF), una compañía de responsabilidad limitada registrada en Delaware. Está dirigido por once directores: cinco del gobierno de Ecuador y seis externos que van desde administradores de inversiones con fines de lucro, Administradores de Fondos Climáticos (a través de una subsidiaria) hasta representantes de las industrias locales de turismo y pesca. Una organización no gubernamental (ONG) también tiene un asiento en la mesa, actualmente y durante al menos los próximos dos años ocupado por Pew Bertarelli Ocean Legacy Project.
El fideicomiso escuchará las solicitudes de financiamiento de proyectos locales y desembolsará el dinero en consecuencia. La idea es invertir en proyectos que hagan crecer la economía de las Islas Galápagos, dominadas por la pesca y el turismo, mientras se protegen los océanos vulnerables de una región famosa por su biodiversidad.
Este patrimonio ecológico es tan importante que está consagrado en la Constitución ecuatoriana, que garantiza a los ciudadanos de la nación el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y protege contra daños ambientales.
Las islas también son un asunto de soberanía para el Ecuador. Debido a ellos, la nación comparte una frontera marítima con Costa Rica, y Ecuador tiene jurisdicción soberana exclusiva sobre el mar hasta al menos doscientas millas náuticas desde sus fronteras (tal vez por esa razón, el Ministerio de Defensa de Ecuador tiene un asiento en el GLF confianza).
Ortega Pacheco dice que hay alternativas con un control y supervisión más estrictos por parte de las autoridades ecuatorianas o al menos un proceso con mucha más transparencia. Pero la nación latinoamericana, tambaleándose por la pandemia, devastada por un terremoto e inundaciones a principios de este año, y con una deuda de más de $ 60 mil millones, tiene pocas opciones buenas.
La precariedad económica más la inestabilidad política (el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional para evitar un voto de juicio político y no se presentará a las próximas elecciones) significa que el país no es exactamente un mercado favorito. Moody's Investors Service, que califica la solvencia de la deuda, colocó una calificación crediticia "basura" Caa3 en los bonos del gobierno de Ecuador en una señal de que es muy probable que la nación entre en incumplimiento. Por el contrario, el Bono Marino de Galápagos, emitido a través de un vehículo de propósito especial irlandés, tiene una calificación Aa2, la tercera más alta posible y dieciséis niveles por encima de la de Ecuador.
Para asegurar ese financiamiento más barato y la reducción de la deuda, Ecuador debe confiar en las buenas intenciones de un directorio donde la nación solo tiene el control minoritario. El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador no respondió a las llamadas y mensajes solicitando comentarios.
En un país desarrollado “esto sería impensable”, dijo Ortega Pacheco en una entrevista realizada en Guayaquil, Ecuador. “Pero como está en Ecuador, bueno, es porque tienen instituciones débiles, siempre hay una lógica Norte-Sur que guía este tipo de pensamiento”.
Objetivos nebulosos
Todo eso podría ser más fácil de digerir si el fideicomiso GLF tuviera un mandato claro. Los bonos verdes a veces están vinculados a proyectos específicos, pero el papel del GLF en Galápagos es vago.
Giuseppe Di Carlo, director del Pew Bertarelli Ocean Legacy Project, dice que el fideicomiso gastará dinero en cuatro pilares: lograr una gestión eficaz, mejorar la pesca, promover el turismo sostenible y fomentar la economía “azul”. Este tipo de fraseo es típico en la industria financiera verde, que se nutre de vagas promesas que protegen tanto a los emisores como a los inversores si en realidad no sucede nada verde.
Di Carlo dice que el fideicomiso GLF aún se está construyendo y que las categorías son vagas porque toda la empresa aún está despegando. Aún así, es consciente de las acusaciones de “lavado verde” que han plagado al resto de la industria.
“El dinero no se puede usar de ninguna otra manera, y cuando la dotación esté completamente financiada, continuará financiando la conservación al mismo nivel”, dijo. “Somos conscientes de las críticas a otras transacciones como esta, y hemos estado tratando de crear formas de hacerlo de manera diferente”.
Di Carlo dice que la estructura del fideicomiso ayudará a este objetivo: los escaños minoritarios de Ecuador garantizarán la aceptación del gobierno, mientras que los actores externos pueden asegurarse de que el dinero se destine a proyectos dignos.
Cumplimiento Cero
Sin embargo, si el dinero no se destina a proyectos dignos, es poco lo que se puede hacer para detenerlo. La única supervisión sobre las actividades de gasto del fideicomiso GLF es el propio fideicomiso GLF. Adrián Garza, el analista de Moody's que calificó los bonos de Galápagos, dice que incluso si el gasto no está alineado con la conservación o si Ecuador retira los fondos para el fideicomiso, es poco probable que los inversionistas que compraron los bonos actúen.
Técnicamente, dice Garza, los inversionistas podrían, después de un largo proceso de financiamiento insuficiente repetido de las actividades de conservación, tal vez exigir el pago inmediato de las obligaciones de Ecuador en un proceso conocido como aceleración. Muchas cosas tendrían que salir mal, y las posibilidades de éxito son tan inciertas que descartó la posibilidad como un riesgo extremadamente pequeño.
“Si Ecuador está haciendo los pagos del préstamo, pero tal vez, hasta cierto punto, está fallando en la otra parte de la ecuación con las actividades de conservación, los tenedores de bonos aún reciben sus pagos”, dijo en una entrevista desde la Ciudad de México. “No tienen un fuerte incentivo para acelerar”.
Para Quinn Curtis, profesor de derecho de la Universidad de Virginia, esta falta de aplicabilidad es el núcleo del problema de los bonos verdes.
“Si los inversionistas son sinceros al querer instrumentos fuertes y creíbles que tengan algo de fuerza, no es terriblemente difícil crearlos”, dijo. “Pero si los inversionistas quieren decir que tienen elementos verdes en su cartera sin ningún riesgo de sacrificar el rendimiento y están dispuestos a aceptar compromisos superficiales para obtener esa etiqueta verde, nos estamos perdiendo la mecánica del mercado que conduciría a esa credibilidad.”
En todo caso, agregó, el fideicomiso independiente de Ecuador es algo así como una mejora. La mayoría de las ofertas ni siquiera tienen eso. “Este mercado podría generar instrumentos más creíbles”, dijo. “La pregunta es: ¿quiere?”
Aún así, las perspectivas son cada vez más sombrías para un rincón del mundo que ha sido famoso por su biodiversidad desde que un joven Charles Darwin pisó las islas por primera vez en 1835. Los conservacionistas esperan que el acuerdo de deuda masiva al menos logre algo.
“Todas estas cosas necesitan financiación, y los medios convencionales de recaudación de fondos no van a ser suficientes. Tiene que venir de los gobiernos, tiene que venir de las finanzas de alguna manera, necesitamos encontrar formas de hacer que funcione”, dijo Tom O'Hara, vocero del Galapagos Conservation Trust en Londres. “Es solo que debe asegurarse de que realmente funcione y no es solo una ráfaga de comunicados de prensa y luego, diez años después, el dinero no llega”.
El acuerdo, una conversión de deuda por naturaleza que es la más grande de su tipo en la historia, coloca a Ecuador en la difícil posición de cambiar el control soberano sobre una región sensible por un alivio menor de la deuda.
A cambio, las islas han recibido garantías blandas de proyectos imprecisos que llevará a cabo un fideicomiso constituido en Delaware con dinero ecuatoriano.
La demanda explosiva de finanzas verdes ha dado un impulso mundial de soluciones que pueden ser buenas para el mundo y rentables. Pero los críticos dicen que si los bonos “azules” de Ecuador son un indicio, estamos lejos de ese objetivo.
“Esto es esencialmente dinero ecuatoriano que se usa para los ecuatorianos, pero hemos cedido la administración a actores privados”, dijo Daniel Ortega Pacheco, exministro de Medio Ambiente de Ecuador y actual director de un instituto de investigación en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).
“Ha habido muchas críticas a las finanzas ESG [ambientales, sociales y de gobernanza], y llamar a estos bonos azules socava toda una tendencia de trabajo sobre este tema”.
Sobre el papel, el acuerdo se ve muy bien. Reduce la carga de la deuda de Ecuador en más de mil millones de dólares y proporciona alrededor de $12 millones al año para los esfuerzos de conservación en Galápagos, así como $5,4 millones adicionales para generar una dotación permanente, todo durante los próximos dieciocho años. Sin embargo, los detalles son menos halagüeños.
Soberanía
Según el acuerdo, los fondos de conservación serán gastados por un fideicomiso especial llamado Galapagos Life Fund (GLF), una compañía de responsabilidad limitada registrada en Delaware. Está dirigido por once directores: cinco del gobierno de Ecuador y seis externos que van desde administradores de inversiones con fines de lucro, Administradores de Fondos Climáticos (a través de una subsidiaria) hasta representantes de las industrias locales de turismo y pesca. Una organización no gubernamental (ONG) también tiene un asiento en la mesa, actualmente y durante al menos los próximos dos años ocupado por Pew Bertarelli Ocean Legacy Project.
El fideicomiso escuchará las solicitudes de financiamiento de proyectos locales y desembolsará el dinero en consecuencia. La idea es invertir en proyectos que hagan crecer la economía de las Islas Galápagos, dominadas por la pesca y el turismo, mientras se protegen los océanos vulnerables de una región famosa por su biodiversidad.
Este patrimonio ecológico es tan importante que está consagrado en la Constitución ecuatoriana, que garantiza a los ciudadanos de la nación el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y protege contra daños ambientales.
Las islas también son un asunto de soberanía para el Ecuador. Debido a ellos, la nación comparte una frontera marítima con Costa Rica, y Ecuador tiene jurisdicción soberana exclusiva sobre el mar hasta al menos doscientas millas náuticas desde sus fronteras (tal vez por esa razón, el Ministerio de Defensa de Ecuador tiene un asiento en el GLF confianza).
Ortega Pacheco dice que hay alternativas con un control y supervisión más estrictos por parte de las autoridades ecuatorianas o al menos un proceso con mucha más transparencia. Pero la nación latinoamericana, tambaleándose por la pandemia, devastada por un terremoto e inundaciones a principios de este año, y con una deuda de más de $ 60 mil millones, tiene pocas opciones buenas.
La precariedad económica más la inestabilidad política (el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional para evitar un voto de juicio político y no se presentará a las próximas elecciones) significa que el país no es exactamente un mercado favorito. Moody's Investors Service, que califica la solvencia de la deuda, colocó una calificación crediticia "basura" Caa3 en los bonos del gobierno de Ecuador en una señal de que es muy probable que la nación entre en incumplimiento. Por el contrario, el Bono Marino de Galápagos, emitido a través de un vehículo de propósito especial irlandés, tiene una calificación Aa2, la tercera más alta posible y dieciséis niveles por encima de la de Ecuador.
Para asegurar ese financiamiento más barato y la reducción de la deuda, Ecuador debe confiar en las buenas intenciones de un directorio donde la nación solo tiene el control minoritario. El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador no respondió a las llamadas y mensajes solicitando comentarios.
En un país desarrollado “esto sería impensable”, dijo Ortega Pacheco en una entrevista realizada en Guayaquil, Ecuador. “Pero como está en Ecuador, bueno, es porque tienen instituciones débiles, siempre hay una lógica Norte-Sur que guía este tipo de pensamiento”.
Objetivos nebulosos
Todo eso podría ser más fácil de digerir si el fideicomiso GLF tuviera un mandato claro. Los bonos verdes a veces están vinculados a proyectos específicos, pero el papel del GLF en Galápagos es vago.
Giuseppe Di Carlo, director del Pew Bertarelli Ocean Legacy Project, dice que el fideicomiso gastará dinero en cuatro pilares: lograr una gestión eficaz, mejorar la pesca, promover el turismo sostenible y fomentar la economía “azul”. Este tipo de fraseo es típico en la industria financiera verde, que se nutre de vagas promesas que protegen tanto a los emisores como a los inversores si en realidad no sucede nada verde.
Di Carlo dice que el fideicomiso GLF aún se está construyendo y que las categorías son vagas porque toda la empresa aún está despegando. Aún así, es consciente de las acusaciones de “lavado verde” que han plagado al resto de la industria.
“El dinero no se puede usar de ninguna otra manera, y cuando la dotación esté completamente financiada, continuará financiando la conservación al mismo nivel”, dijo. “Somos conscientes de las críticas a otras transacciones como esta, y hemos estado tratando de crear formas de hacerlo de manera diferente”.
Di Carlo dice que la estructura del fideicomiso ayudará a este objetivo: los escaños minoritarios de Ecuador garantizarán la aceptación del gobierno, mientras que los actores externos pueden asegurarse de que el dinero se destine a proyectos dignos.
Cumplimiento Cero
Sin embargo, si el dinero no se destina a proyectos dignos, es poco lo que se puede hacer para detenerlo. La única supervisión sobre las actividades de gasto del fideicomiso GLF es el propio fideicomiso GLF. Adrián Garza, el analista de Moody's que calificó los bonos de Galápagos, dice que incluso si el gasto no está alineado con la conservación o si Ecuador retira los fondos para el fideicomiso, es poco probable que los inversionistas que compraron los bonos actúen.
Técnicamente, dice Garza, los inversionistas podrían, después de un largo proceso de financiamiento insuficiente repetido de las actividades de conservación, tal vez exigir el pago inmediato de las obligaciones de Ecuador en un proceso conocido como aceleración. Muchas cosas tendrían que salir mal, y las posibilidades de éxito son tan inciertas que descartó la posibilidad como un riesgo extremadamente pequeño.
“Si Ecuador está haciendo los pagos del préstamo, pero tal vez, hasta cierto punto, está fallando en la otra parte de la ecuación con las actividades de conservación, los tenedores de bonos aún reciben sus pagos”, dijo en una entrevista desde la Ciudad de México. “No tienen un fuerte incentivo para acelerar”.
Para Quinn Curtis, profesor de derecho de la Universidad de Virginia, esta falta de aplicabilidad es el núcleo del problema de los bonos verdes.
“Si los inversionistas son sinceros al querer instrumentos fuertes y creíbles que tengan algo de fuerza, no es terriblemente difícil crearlos”, dijo. “Pero si los inversionistas quieren decir que tienen elementos verdes en su cartera sin ningún riesgo de sacrificar el rendimiento y están dispuestos a aceptar compromisos superficiales para obtener esa etiqueta verde, nos estamos perdiendo la mecánica del mercado que conduciría a esa credibilidad.”
En todo caso, agregó, el fideicomiso independiente de Ecuador es algo así como una mejora. La mayoría de las ofertas ni siquiera tienen eso. “Este mercado podría generar instrumentos más creíbles”, dijo. “La pregunta es: ¿quiere?”
Aún así, las perspectivas son cada vez más sombrías para un rincón del mundo que ha sido famoso por su biodiversidad desde que un joven Charles Darwin pisó las islas por primera vez en 1835. Los conservacionistas esperan que el acuerdo de deuda masiva al menos logre algo.
“Todas estas cosas necesitan financiación, y los medios convencionales de recaudación de fondos no van a ser suficientes. Tiene que venir de los gobiernos, tiene que venir de las finanzas de alguna manera, necesitamos encontrar formas de hacer que funcione”, dijo Tom O'Hara, vocero del Galapagos Conservation Trust en Londres. “Es solo que debe asegurarse de que realmente funcione y no es solo una ráfaga de comunicados de prensa y luego, diez años después, el dinero no llega”.
Notas relacionadas:
15 de junio de 2023
- Más de 220 organizaciones, académicos, activistas ambientalistas y analistas de la sociedad civil que trabajan en temáticas de deuda y justicia climática en distintos países y regiones del mundo, firman posicionamiento que alerta sobre potenciales riesgos sobre el canje de deuda por naturaleza que involucra las reservas de las Islas Galápagos de Ecuador.
- La transacción financiera realizada exhibe problemas de falta de integridad, transparencia y socava la soberanía de Ecuador sobre la sostenibilidad fiscal y la protección de la biodiversidad.
26 de junio de 2023