12 de abril de 2024
LLAMAMIENTO SOBRE MILITARIZACIÓN Y VULNERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Documento llevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y presentado en la Asamblea Nacional de Ecuador.
Desde enero 2024, el presidente Daniel Noboa ha declarado al Ecuador en ‘conflicto armado interno’, lo que conlleva una virtual cesión del Estado de Derecho y una escalada de la militarización. El argumento principal ha sido la lucha contra el terrorismo, concepto en el que se ha incluido a la delincuencia organizada y otras formas de delincuencia, que usualmente son parte del ámbito penal.
Desde hace 7 años, el país está afectado por una incursión del crimen organizado, que ha encontrado varios nichos de actuación, entre ellos en actividades vinculadas al capital financiero, al sector exportador y otras áreas relacionadas con negocios ilícitos, que requieren de medidas urgentes y focalizadas por parte del gobierno. No obstante, la respuesta adoptada no sólo ha envuelto al país entero en una lógica bélica, sino también en decisiones anticonstitucionales que tienen implicancias internacionales, a la vez que se evidencian significativas vulneraciones de los derechos humanos, especialmente de los sectores más empobrecidos.
Los gobiernos de la República del Ecuador y de Estados Unidos de América han suscrito los Acuerdos relativos al “Estatuto de las Fuerzas” y de “Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas” ( 6 de octubre de 2023), adoptados sin la correspondiente validación del Parlamento, con el subterfugio de una precipitada aprobación de la Corte Constitucional (11 de enero de 2024) realizado con la salvedad del voto de tres jueces y con señalamientos de que esa aprobación es contraria a principios fundamentales del derecho internacional, tales como: los de igualdad soberana y de respeto a la independencia política e integridad territorial de los Estados; la no intervención en los asuntos propios de la jurisdicción interna de los Estados; el derecho de autodeterminación de los pueblos y otros.
Ante esa situación la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y la Asociación Americana de Juristas Continental exponen lo siguiente:
1.- Repudiamos los Acuerdos sobre el “Estatuto de las Fuerzas” y de “Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas” suscritos entre los gobiernos de la República del Ecuador y de Estados Unidos de América, por ser contrarios a la Constitución ecuatoriana y porque vulneran su soberanía. Para que un tratado internacional tenga plena validez y eficacia jurídica su contenido debe tener una causa y un objeto lícito y posible; debe contemplar derechos y obligaciones mutuamente pactados por las partes en pie de igualdad, de manera tal que el acuerdo establezca entre ellas unos compromisos honorables que encuentren plena expresión en la realización del bien común, en el mutuo beneficio, en la complementariedad de sus capacidades, que se refleje en la justa y equitativa distribución de prerrogativas y responsabilidades que sean la expresión de los intereses legítimos de cada una de las Partes claramente representados en la convención bilateral.
2.- Llamamos al respeto de la Constitución ecuatoriana que prescribe que para legtimar un acuerdo de esta naturaleza se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional (parlamento), que es el mayor órgano de representación.
3.- Señalamos que los mencionados Acuerdos firmados por el expresidente, Guillermo Lasso, y ratificados por el actual, Daniel Noboa, lejos de contribuir a la construcción de unos vínculos bilaterales fundados en el mutuo respeto y reconocimiento de la respectiva personalidad jurídica que se deben entre sí los Estados soberanos, más bien enturbian las relaciones entre las partes y siembran serias dudas sobre el curso que tomarán en el futuro las relaciones ecuatoriano-estadounidenses.
4.- Llamamos la atención sobre que estos Acuerdos se apartan de los principios y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, que reconocen la igualdad de derechos entre naciones grandes y pequeñas, aspecto que deja entrever que las relaciones bilaterales tampoco tendrán en cuenta la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
5.- Los Acuerdos son asimétricos y colocan al Ecuador al servicio de los intereses estratégicos de Estados Unidos, con total indiferencia por sus propios intereses geoestratégicos. Así, Ecuador adquiere la obligación de poner su territorio nacional a disposición de las fuerzas armadas estadounidenses y sus contratistas, sin que las autoridades ecuatorianas tengan intervención alguna o control sobre las actividades que las fuerzas armadas extranjeras realicen en el territorio nacional, su mar territorial o espacio aéreo. Es más, el personal civil y militar norteamericano tendrá estatus diplomático y se encuentra fuera de la autoridad, control y jurisdicción de las leyes ecuatorianas.
6.- Denunciamos que con el ardid de la seguridad y la lucha contra la delincuencia, los gobiernos de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa, con una evidente actuación perniciosa y antipatriótica, han vulnerado la Constitución ecuatoriana y puesto en riesgo la soberanía nacional. Asimismo, alarma grandemente la liviandad con la que los jueces de la Corte Constitucional han abordado y resuelto una cuestión de tanta importancia para la conservación del Estado ecuatoriano y el bienestar y seguridad de su pueblo.
7.- Alertamos sobre el silencio de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que tienen el mandato constitucional de hacer respetar la soberanía nacional, bajo una filosofía y espíritu patriótico. Su anuencia con los citados acuerdos militares coloca al país ante una suerte de ocupación nunca antes vista, ni siquiera cuando actuó la denominada Base de Manta, presente hasta 2009.
8.- Llamamos la atención de la Comunidad Internacional sobre la militarización del Ecuador y sobre las violaciones de los derechos humanos que resultan de las actuaciones gubernamentales, de autoridades y actores carentes de afecto por la patria ecuatoriana y señalamos su responsabilidad sobre las consecuencias que se desprendan de su negligencia en la negociación, firma y aprobación del ominoso pacto militar con Estados Unidos y de hecho con sus aliados en el mundo.
Quito y Nueva York, 13 de marzo de 2024
Desde hace 7 años, el país está afectado por una incursión del crimen organizado, que ha encontrado varios nichos de actuación, entre ellos en actividades vinculadas al capital financiero, al sector exportador y otras áreas relacionadas con negocios ilícitos, que requieren de medidas urgentes y focalizadas por parte del gobierno. No obstante, la respuesta adoptada no sólo ha envuelto al país entero en una lógica bélica, sino también en decisiones anticonstitucionales que tienen implicancias internacionales, a la vez que se evidencian significativas vulneraciones de los derechos humanos, especialmente de los sectores más empobrecidos.
Los gobiernos de la República del Ecuador y de Estados Unidos de América han suscrito los Acuerdos relativos al “Estatuto de las Fuerzas” y de “Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas” ( 6 de octubre de 2023), adoptados sin la correspondiente validación del Parlamento, con el subterfugio de una precipitada aprobación de la Corte Constitucional (11 de enero de 2024) realizado con la salvedad del voto de tres jueces y con señalamientos de que esa aprobación es contraria a principios fundamentales del derecho internacional, tales como: los de igualdad soberana y de respeto a la independencia política e integridad territorial de los Estados; la no intervención en los asuntos propios de la jurisdicción interna de los Estados; el derecho de autodeterminación de los pueblos y otros.
Ante esa situación la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y la Asociación Americana de Juristas Continental exponen lo siguiente:
1.- Repudiamos los Acuerdos sobre el “Estatuto de las Fuerzas” y de “Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas” suscritos entre los gobiernos de la República del Ecuador y de Estados Unidos de América, por ser contrarios a la Constitución ecuatoriana y porque vulneran su soberanía. Para que un tratado internacional tenga plena validez y eficacia jurídica su contenido debe tener una causa y un objeto lícito y posible; debe contemplar derechos y obligaciones mutuamente pactados por las partes en pie de igualdad, de manera tal que el acuerdo establezca entre ellas unos compromisos honorables que encuentren plena expresión en la realización del bien común, en el mutuo beneficio, en la complementariedad de sus capacidades, que se refleje en la justa y equitativa distribución de prerrogativas y responsabilidades que sean la expresión de los intereses legítimos de cada una de las Partes claramente representados en la convención bilateral.
2.- Llamamos al respeto de la Constitución ecuatoriana que prescribe que para legtimar un acuerdo de esta naturaleza se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional (parlamento), que es el mayor órgano de representación.
3.- Señalamos que los mencionados Acuerdos firmados por el expresidente, Guillermo Lasso, y ratificados por el actual, Daniel Noboa, lejos de contribuir a la construcción de unos vínculos bilaterales fundados en el mutuo respeto y reconocimiento de la respectiva personalidad jurídica que se deben entre sí los Estados soberanos, más bien enturbian las relaciones entre las partes y siembran serias dudas sobre el curso que tomarán en el futuro las relaciones ecuatoriano-estadounidenses.
4.- Llamamos la atención sobre que estos Acuerdos se apartan de los principios y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, que reconocen la igualdad de derechos entre naciones grandes y pequeñas, aspecto que deja entrever que las relaciones bilaterales tampoco tendrán en cuenta la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
5.- Los Acuerdos son asimétricos y colocan al Ecuador al servicio de los intereses estratégicos de Estados Unidos, con total indiferencia por sus propios intereses geoestratégicos. Así, Ecuador adquiere la obligación de poner su territorio nacional a disposición de las fuerzas armadas estadounidenses y sus contratistas, sin que las autoridades ecuatorianas tengan intervención alguna o control sobre las actividades que las fuerzas armadas extranjeras realicen en el territorio nacional, su mar territorial o espacio aéreo. Es más, el personal civil y militar norteamericano tendrá estatus diplomático y se encuentra fuera de la autoridad, control y jurisdicción de las leyes ecuatorianas.
6.- Denunciamos que con el ardid de la seguridad y la lucha contra la delincuencia, los gobiernos de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa, con una evidente actuación perniciosa y antipatriótica, han vulnerado la Constitución ecuatoriana y puesto en riesgo la soberanía nacional. Asimismo, alarma grandemente la liviandad con la que los jueces de la Corte Constitucional han abordado y resuelto una cuestión de tanta importancia para la conservación del Estado ecuatoriano y el bienestar y seguridad de su pueblo.
7.- Alertamos sobre el silencio de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que tienen el mandato constitucional de hacer respetar la soberanía nacional, bajo una filosofía y espíritu patriótico. Su anuencia con los citados acuerdos militares coloca al país ante una suerte de ocupación nunca antes vista, ni siquiera cuando actuó la denominada Base de Manta, presente hasta 2009.
8.- Llamamos la atención de la Comunidad Internacional sobre la militarización del Ecuador y sobre las violaciones de los derechos humanos que resultan de las actuaciones gubernamentales, de autoridades y actores carentes de afecto por la patria ecuatoriana y señalamos su responsabilidad sobre las consecuencias que se desprendan de su negligencia en la negociación, firma y aprobación del ominoso pacto militar con Estados Unidos y de hecho con sus aliados en el mundo.
Quito y Nueva York, 13 de marzo de 2024
#Ecuador || @EcRedh y la Asociación Americana de Juristas alertaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU los efectos de la militarización y la presencia de tropas extranjeras en el país.
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La Estrategia Militar de ESTADOS UNIDOS en el Pacífico Sur |
Sale JALIFE, revela plan de EEUU ECUADOR. Presidente toma decisión, esto se pone serio. |
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16 de abril de 2024
Nicaragua condena asalto a la embajada de México en Ecuador: "Acto neofascista, de dictado imperial"
18 de abril de 2024
20 de abril de 2024
23 de abril de 2024
7 de mayo de 2024
El asalto a la Embajada de México en Ecuador fue diseñado en Washington
Según fuentes radicadas en Washington, en condición de anonimato, el asalto del gobierno de Ecuador a la Embajada de México en Quito fue una operación dirigida y apoyada tras bastidores por el gobierno de Estados Unidos
El Ciudadano Por Katu Arkonada
El principal objetivo era crear una estrategia político electoral orientada a reforzar la imagen del Presidente Noboa de cara a la consulta popular del 21 de abril, así como enviar un mensaje al Partido Revolución Ciudadana.
El segundo objetivo era enrarecer las elecciones en México, donde el partido Morena lleva la delantera, promoviendo líneas de ataque y crisis a Andrés Manuel López Obrador desde los medios y fuerzas de oposición.
El tercer objetivo, es mantener el estado de tensión en la región, para evitar que organismos como la CELAC logren reactivarse, complementando la ofensiva de las nuevas derechas latinoamericanas, que esperan el triunfo de Trump para pasar (aún más) a la ofensiva.
Como cuarto objetivo del asalto a la Embajada, el objetivo era intimidar a la oposición, en especial a Revolución Ciudadana buscando con ello trasladar el mensaje de que el gobierno está dispuesto a cruzar cualquier línea roja para aplastar al correísmo y hacerlos desaparecer como fuerza política.
El asalto a la Embajada de México en Ecuador contó con el consentimiento previo de la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, y la CIA.
Le trasladaron al Presidente de Ecuador que, una posible fuga inminente de Jorge Glas, similar a lo ocurrido en 2023 con la ex Ministra correista María de los Ángeles Duarte, quien se encontraba refugiada en la Embajada de Argentina, pondría en ridículo su gobierno y sepultaría su aspiración de reelección, con una derrota casi segura en la consulta popular.
La estación CIA en Ecuador preparó de antemano, en conjunto con unidades de élite ecuatorianas, el operativo de captura del ex Vicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México.
Previo al operativo, la estación de la CIA en Quito compartió con el gobierno de Ecuador toda la información disponible de la Embajada de México, y el lugar exacto donde estaba Jorge Glas. Información adquirida desde aplicaciones secretas de escucha y filmación instalados ilegalmente en la Embajada de México.
Horas antes de la incursión en la Embajada de México, el Presidente de Ecuador Daniel Noboa se reunió en secreto con el Embajador de Estados Unidos, quién le dio su respaldo y anuencia para que ejecutara la acción.
El equipo militar de asalto estuvo integrado por efectivos y asesores extranjeros, que intervinieron usando capuchas y uniformes sin insignias oficiales, al mismo tiempo que la Embajada de Ecuador en Estados Unidos se mantuvo en constante comunicación con el Departamento de Estado durante el desarrollo del operativo.
Actualmente, existe una alineación y subordinación del gobierno de Ecuador con Estados Unidos, nada de ejecuta en el país sin la aprobación de su Embajador. Ecuador acordó con Estados Unidos, independientemente de que públicamente los haya “regañado”, que la potencia imperialista iba a emplear su capacidad de contención para que el asunto no escalara a mayores, y evitar que tenga implicaciones económicas y se apliquen sanciones contra Ecuador. Estados Unidos por su parte le garantizó a Noboa, junto a sus aliados regionales y europeos, que se limitará el impacto negativo, tanto político como económico.
Internacionalmente, ha quedado en evidencia la incompetencia de los responsables de la política exterior ecuatoriana, que no representan a los funcionarios diplomáticos de su cancillería. De hecho, la propia Ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, proviene de sectores empresariales ligados al sionismo israelí, sin ninguna vinculación previa con la diplomacia.
El lawfare, o judicialización de la política, está impulsando cambios de envergadura geopolítica en la región. Ejemplo de esto son las acciones de Lenin Moreno cuando promovió a través del poder judicial la persecución política contra Correa y su círculo político más cercano. La misma persecución que se empleó o está empleando contra Dilma y Lula en Brasil, Evo en Bolivia, o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. El objetivo es destruir a los principales líderes y corrientes de izquierda latinoamericanas, dejando el camino libre al ascenso de las nuevas derechas latinoamericanas.
A Noboa y su gobierno no le interesa lo que diga o haga la comunidad internacional, y poco a poco está adoptando un perfil similar al de Bukele, figura por la que Noboa simpatiza. No es casualidad que El Salvador fuera el único país que se abstuvo en la resolución de condena en la OEA.
Ahora mismo, el gobierno de Noboa tiene otras opciones que pudiera implementar en un escenario en el que en la consulta ganó la bukelización del modelo de seguridad, de cara a reforzar su imagen a lo interno y pensando en las elecciones presidenciales del próximo año. Se tiene listo un golpe de efecto en forma de detención del narco “Fito”, para mostrar el compromiso de Noboa en el combate al crimen organizado.
Asimismo, se están evaluando entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador dos asuntos importantes que pudieran tener un impacto negativo:
Por un lado, el cuestionamiento en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Ecuador como país miembro (observador) por violentar el derecho internacional e instigar un conflicto diplomático con otra nación, o que contraviene los fines de ese organismo, consistente en teoría con la preservación de la paz y la seguridad internacional.
Por otro lado, la perdida de prestigio y liderazgo internacional de Ecuador entra en contradicción con el reconocimiento que representa ser anfitrión de la próxima Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará el próximo noviembre en la ciudad de Cuenca.
En cualquier caso, todo parece indicar que más allá de contener estos problemas, hay una decisión de los gobiernos de Estados Unidos y el Ecuador de Noboa, de impedir por todos los medios y a como dé lugar, la victoria de Revolución Ciudadana en las elecciones presidenciales del 9 de febrero de 2025.
El segundo objetivo era enrarecer las elecciones en México, donde el partido Morena lleva la delantera, promoviendo líneas de ataque y crisis a Andrés Manuel López Obrador desde los medios y fuerzas de oposición.
El tercer objetivo, es mantener el estado de tensión en la región, para evitar que organismos como la CELAC logren reactivarse, complementando la ofensiva de las nuevas derechas latinoamericanas, que esperan el triunfo de Trump para pasar (aún más) a la ofensiva.
Como cuarto objetivo del asalto a la Embajada, el objetivo era intimidar a la oposición, en especial a Revolución Ciudadana buscando con ello trasladar el mensaje de que el gobierno está dispuesto a cruzar cualquier línea roja para aplastar al correísmo y hacerlos desaparecer como fuerza política.
El asalto a la Embajada de México en Ecuador contó con el consentimiento previo de la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, y la CIA.
Le trasladaron al Presidente de Ecuador que, una posible fuga inminente de Jorge Glas, similar a lo ocurrido en 2023 con la ex Ministra correista María de los Ángeles Duarte, quien se encontraba refugiada en la Embajada de Argentina, pondría en ridículo su gobierno y sepultaría su aspiración de reelección, con una derrota casi segura en la consulta popular.
La estación CIA en Ecuador preparó de antemano, en conjunto con unidades de élite ecuatorianas, el operativo de captura del ex Vicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México.
Previo al operativo, la estación de la CIA en Quito compartió con el gobierno de Ecuador toda la información disponible de la Embajada de México, y el lugar exacto donde estaba Jorge Glas. Información adquirida desde aplicaciones secretas de escucha y filmación instalados ilegalmente en la Embajada de México.
Horas antes de la incursión en la Embajada de México, el Presidente de Ecuador Daniel Noboa se reunió en secreto con el Embajador de Estados Unidos, quién le dio su respaldo y anuencia para que ejecutara la acción.
El equipo militar de asalto estuvo integrado por efectivos y asesores extranjeros, que intervinieron usando capuchas y uniformes sin insignias oficiales, al mismo tiempo que la Embajada de Ecuador en Estados Unidos se mantuvo en constante comunicación con el Departamento de Estado durante el desarrollo del operativo.
Actualmente, existe una alineación y subordinación del gobierno de Ecuador con Estados Unidos, nada de ejecuta en el país sin la aprobación de su Embajador. Ecuador acordó con Estados Unidos, independientemente de que públicamente los haya “regañado”, que la potencia imperialista iba a emplear su capacidad de contención para que el asunto no escalara a mayores, y evitar que tenga implicaciones económicas y se apliquen sanciones contra Ecuador. Estados Unidos por su parte le garantizó a Noboa, junto a sus aliados regionales y europeos, que se limitará el impacto negativo, tanto político como económico.
Internacionalmente, ha quedado en evidencia la incompetencia de los responsables de la política exterior ecuatoriana, que no representan a los funcionarios diplomáticos de su cancillería. De hecho, la propia Ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, proviene de sectores empresariales ligados al sionismo israelí, sin ninguna vinculación previa con la diplomacia.
El lawfare, o judicialización de la política, está impulsando cambios de envergadura geopolítica en la región. Ejemplo de esto son las acciones de Lenin Moreno cuando promovió a través del poder judicial la persecución política contra Correa y su círculo político más cercano. La misma persecución que se empleó o está empleando contra Dilma y Lula en Brasil, Evo en Bolivia, o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. El objetivo es destruir a los principales líderes y corrientes de izquierda latinoamericanas, dejando el camino libre al ascenso de las nuevas derechas latinoamericanas.
A Noboa y su gobierno no le interesa lo que diga o haga la comunidad internacional, y poco a poco está adoptando un perfil similar al de Bukele, figura por la que Noboa simpatiza. No es casualidad que El Salvador fuera el único país que se abstuvo en la resolución de condena en la OEA.
Ahora mismo, el gobierno de Noboa tiene otras opciones que pudiera implementar en un escenario en el que en la consulta ganó la bukelización del modelo de seguridad, de cara a reforzar su imagen a lo interno y pensando en las elecciones presidenciales del próximo año. Se tiene listo un golpe de efecto en forma de detención del narco “Fito”, para mostrar el compromiso de Noboa en el combate al crimen organizado.
Asimismo, se están evaluando entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador dos asuntos importantes que pudieran tener un impacto negativo:
Por un lado, el cuestionamiento en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Ecuador como país miembro (observador) por violentar el derecho internacional e instigar un conflicto diplomático con otra nación, o que contraviene los fines de ese organismo, consistente en teoría con la preservación de la paz y la seguridad internacional.
Por otro lado, la perdida de prestigio y liderazgo internacional de Ecuador entra en contradicción con el reconocimiento que representa ser anfitrión de la próxima Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará el próximo noviembre en la ciudad de Cuenca.
En cualquier caso, todo parece indicar que más allá de contener estos problemas, hay una decisión de los gobiernos de Estados Unidos y el Ecuador de Noboa, de impedir por todos los medios y a como dé lugar, la victoria de Revolución Ciudadana en las elecciones presidenciales del 9 de febrero de 2025.